Por una autoridad
mundial del agua
Riccardo Petrella
Riccardo Petrella, profesor de
la Universidad católica de Louvain. Presidente del Grupo de Lisboa
y consejero de la Comisión Europea. Artículo publicado en francés
por Transversales, diciembre 2000, nº 66, y en castellano en Iniciativa
Socialista nº 60, primavera 2001.
Reconocer al agua como el primer bien común de la humanidad es una
necesidad. Pero este reconocimiento tropieza con un primer problema: la inexistencia
política y jurídica de la humanidad. Todo el mundo reconoce
que la humanidad existe, pero hasta ahora, esto no es suficiente para acordarle
un estatus de sujeto político y jurídico como se supo hacer
para el pueblo o la nación. Estos últimos se consagraron como
sujetos “soberanos” a través de la formación del Estado democrático
y del Estado-nación. Nada de esto -ni siquiera en formas atenuadas-
ha ocurrido con la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas
no es la organización de la humanidad: son los estados miembros los
que tienen los derechos, los votos y los poderes de veto. ¿Cómo
reconocer al agua como un bien común de la humanidad si el titular
de ese bien no es un sujeto político y jurídico reconocido,
titular de derechos y deberes?
La respuesta a este primer problema es un asunto de conciencia y de
voluntad política. Por esto, propongo que la parte más activa
de la sociedad civil mundial se fije como objetivo, no sólo la aprobación
en las resoluciones finales de la Conferencia de las Naciones Unidas de 2002
(“Río + 10”) de los principios según los cuales el agua es un
bien común perteneciente a la humanidad y su acceso es un derecho humano
y social, siendo responsabilidad de la colectividad, sino que se reconozca
también a la propia humanidad, en tanto que tal, por medio de la creación
de una Autoridad Mundial del Agua (AMA) en el seno de la ONU. Ésta
tendría, inicialmente, las mismas funciones que el órgano de
resolución de las diferencias en la OMC (que se respeten por todos
los Estados, empresas y organizaciones los principios de una “Carta de la
humanidad por el agua en el siglo XXI” y actuar en tanto que institución
de arbitraje y resolución de eventuales conflictos), aunque siendo
más democrática, transparente y responsable cara al interés
general: con este fin, debería tomarse en consideración la creación
de un Parlamento mundial del agua.
Movilizar a la opinión pública
El segundo problema concierne al carácter de “bien común”
del agua. Proponer que el agua permanezca o vuelva a ser un servicio público
administrado por instituciones y/o empresas públicas parece poco realista
y casi “políticamente incorrecto”, en una época donde la mayoría
de los países llamados desarrollados han optado por la privatización,
generalizada o parcial, de los servicios del agua. Todos los Estados miembros
de la Unión Europea se disponen a abrir, liberalizar, desregular y,
in fine, privatizar los servicios del agua conforme a los principios constitutivos
del gran mercado único. El margen de maniobra del Gobierno francés
en este tema es muy reducido: mal puede combatir la privatización de
los servicios del agua puesto que Francia es uno de los países más
avanzados en los procesos de privatización, según el sistema
de gestión delegada, y que las principales compañías
mundiales de este sector son francesas.
Contrariamente a lo que piensan la mayor parte de nuestros dirigentes, este
debate no tiene nada de anodino. Privatizar el agua significa que nuestras
sociedades aceptan simbólicamente reducir la vida a una mercancía.
Esta aceptación no resulta chocante, en la medida en que nuestras sociedades
han optado abiertamente por la mercantilización de la vida, cediendo
la propiedad del conjunto de los elementos del capital biológico de
nuestro planeta.
Para avanzar hacia las soluciones, es necesario que las fuerzas progresistas
reencuentren una capacidad autónoma para proponer otra narración
del mundo, centrada en la primacía absoluta del derecho a la vida para
todo ser humano, y otro orden del día. El Foro Social Mundial de Porto
Alegre (finales de enero de 2001) debería constituir un momento importante
de este proceso en vista a los hitos fijados ya por los propios dominadores:
la Cumbre de las Américas (abril de 2001 en Québec), la renegociaciones
del Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS, en el marco
de la OMC) y “Río + 10”.
La acción de sensibilización y movilización de la opinión
pública debe orientarse al descrédito de las políticas
de privatización de los servicios del agua (que giran en torno a la
idea de que el acceso de todos al agua pasa por inversiones gigantescas) y,
por otra parte, impedir que los servicios del agua figuren en la lista de
los servicios mercantiles objeto de negociaciones en el AGCS.
Definir un sistema de financiación
colectiva
El tercer problema concierne a la financiación por parte de la colectividad
del gasto necesario para asegurar el acceso de todo ser humano al agua sana,
de calidad y en cantidad suficiente. Según la tesis que ha llegado
a ser la predominante,el coste de producción del agua consumida debería
recaer sobre el consumidor. Además, se nos dice que este coste de acceso
al agua sana irá aumentando en el futuro. Los poderes públicos
no poseen los recursos necesarios para asegurar las inversiones y no tendrán
la posibilidad de obtenerlos elevando los impuestos suplementarios o incentivando
el ahorro individual. Sólo el sector privado posee los capitales necesarios
o la capacidad de recaudarlos. Esta argumentación es mixtificadora,
porque se funda sobre el postulado de que los ciudadanos son absolutamente
alérgicos a los principios de la financiación colectiva de las
infraestructuras y de los bienes comunes. Asimismo, intenta dar crédito
a la idea de que todo coste para una colectividad humana deber corresponder
a un precio de mercado. Cosa que es falsa: la creación de una escuela
rural tiene un coste para el presupuesto de la colectividad; pero nadie, hasta
ahora, ha pensado que ese coste debería traducirse en un precio a
pagar por los alumnos o por sus padres.
Propongo, pues, que la Autoridad Mundial del Agua sea la encargada de definir
y de llevar a cabo, a todos los niveles (desde la colectividad local hasta
la escala mundial), un sistema colectivo de financiación del coste
necesario para asegurar el acceso de todos a agua sana. La primera etapa debería
corresponder al acceso para uso doméstico (sea por conexión
con las redes de distribución o por acceso a los depósitos o
a otras fuentes colectivas). La cantidad suficiente podría establecerse
en 15 m3/año por persona, es decir, alrededor de 40 litros/día.
No se trata de crear una gigantesca máquina burocrática mundial,
sino de poner en marcha -sobre la base de los principios de autonomía
local, de subsidiariedad, de apoyo mutuo y de solidaridad- estructuras locales,
nacionales y transnacionales (en el ámbito de las grandes cuencas hidrográficas)
de gestión cooperativa de los servicios del agua. Esto en el marco
de un “welfare” social mundial, basado sobre el principio de la primacía
del derecho a la vida para cada uno de nosotros y sobre la prioridad dada
a las condiciones del “vivir juntos”.