La iniciativa en Euskadi

¿Quién tiene la iniciativa en Euskadi?
José M. Roca

Iniciativa Socialista, 66, otoño 2002

La situación creada en el País Vasco por la prácticamente simultánea aplicación de los dos procedimientos para ilegalizar a Batasuna -la vía penal, emprendida por el juez Garzón, y la vía civil al amparo de Ley de Partidos, emprendida por el Congreso- ha permitido confirmar algunas impresiones previas, ha desmentido actitudes que se daban por supuestas y ha supuesto un drástico giro con respecto a la coyuntura precedente.
Entre las primeras, dos intentos fallidos, un atentado contra la Ertzaintza en Bilbao y otro contra los juzgados de Tolosa, y uno cumplido en Leiza (un muerto y varios heridos), han confirmado que la contestación de ETA ha sido la esperada. Entre las segundas, la respuesta de Batasuna no ha sido la esperada, ni como partido afectado por la ilegalización ni como cabeza visible de un movimiento social.
Como parte directamente afectada por una medida cuya legitimidad discute, sus dirigentes parecen empeñados en dar la razón a Garzón y en mostrar a Batasuna más como un apéndice de ETA que como un partido autónomo. La negativa de los diputados abertzales de secundar la iniciativa del Gobierno vasco de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que les deja fuera de la legalidad parece indicar que o la medida les importa bien poco o bien que no quieren utilizar un recurso legal para defender su permanencia en una legalidad que les ha proporcionado innumerables ventajas y bastante dinero, con lo cual estarían abandonando su papel de partido autónomo y siguiendo a ETA, al ir poniendo a prueba las instituciones hasta lograr su parálisis o su ruptura, y apostando por defenderse con la resistencia de sus allegados. Pero la movilización callejera ha sido casi testimonial y el desalojo de sus sedes y tabernas se ha realizado casi con orden (han resistido menos que los okupas), de modo que se equivocaban o exageraban, quizá con toda intención, quienes vaticinaban que la ilegalización provocaría una desmedida reacción de Batasuna, lo que demuestra que gran parte de la presión intimidatoria que ejercía sobre la sociedad vasca no provenía tanto de su propia capacidad cuanto del abandono de responsabilidades del Gobierno vasco. En todo caso, las iniciativas legales, por rápidas, enérgicas e inesperadas, han creado gran confusión en las filas abertzales, que hasta el momento han basado el grueso de su defensa en exigir a los nacionalistas de EA y del PNV que se resistan a aplicar la ley española, lo cual muestra las dificultades de Batasuna para movilizar a su gente con la eficacia necesaria y también el interesado discurso de los nacionalistas al recomendar paciencia a los no nacionalistas con la excusa de que tomar medidas contra Batasuna supondría empeorar la situación en la calle. Pero, muy lejos de eso, en una coyuntura en que ETA no está en su mejor momento, la táctica de Batasuna reside en acentuar las contradicciones internas del PNV, ayudada por una EA lanzada a la desesperada búsqueda de votos abertzales y por el sindicato ELA/STV, que, una vez más a la vanguardia del soberanismo, está alentando al sector más intransigente del PNV a romper con la legalidad institucional, como ya lo hizo -es suyo el dictamen: el Estatuto está agotado- cuando se trató de justificar el Pacto de Estella.

Las dudas del PNV

Sin embargo esa ruptura con el Estatuto, más fácil de pedir por quien no gobierna que de hacer, le plantea al PNV no pocas dudas sobre sus posibilidades y sobre los riesgos que comporta. El Estatuto de Guernica ha permitido gobernar al PNV durante 20 años de manera ininterrumpida, asumir importantes competencias, no sin duros forcejeos con los gobiernos centrales, siempre cicateros, y euskaldunizar de manera notable (y no siempre amable) la sociedad vasca a través de una porosa red de entidades oficiales y paraoficiales y de generosas subvenciones, y avanzar, así, en la formación de la nación nacionalista, lo que le ha proporcionado una hegemonía casi indiscutida, que ETA ha pretendido vanamente arrebatar. La gobernación de las instituciones vascas, el empleo permanente del discurso victimista, la habilidad para ejercer una constante presión sobre los gobiernos centrales, la utilización de una lealtad siempre dudosa y condicionada a la obtención de recompensas, una calculada ambigüedad sobre sus últimos fines y la opacidad de sus relaciones con ETA han colocado al PNV como una pieza esencial para cualquier solución que se proponga a los problemas de Euskadi y le han permitido hasta ahora llevar la iniciativa sin correr demasiados riesgos. En parte, ha podido resistir el desgaste que supone ejercer el poder durante tanto tiempo porque ha desviado hacia el Estado central las consecuencias de uno de los factores que más erosionan a los gobiernos en tiempos de conflicto: el orden público. En esta materia al Gobierno vasco le ha bastado con aparentar ser neutral y mirar hacia otro lado cuando los abertzales conculcaban la ley y privaban de derechos fundamentales a los vascos no nacionalistas. Durante años, la Ertzaintza, en vez de convertirse en una fuerza pública garante de los derechos de todos los vascos, se ha conformado con actuar como si fuera una fuerza de interposición de la ONU, colocándose entre los defensores de las víctimas y los jaleadores de los verdugos, pero ahora al Gobierno vasco le toca el lado feo de las competencias de orden público: aplicar la ley a un aliado para dejarlo al margen de ella y actuar con dureza contra el movimiento abertzale para acabar con una impunidad tantos años consentida. Y a eso es a lo que Ibarretxe no parece estar dispuesto, porque no le gusta ver cómo los vascos (o sea, los nacionalistas) se rompen la cara entre ellos, cuando ha contemplado impertérrito cómo vascos verdaderos (abertzales) han roto la cara y algo más a vascos no verdaderos, o simples ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca pero no vascos, según una de las brillantes clasificaciones de Arzalluz.
Hasta ahora, una de las piedras angulares del discuso del PNV ha sido afirmar que la derrota de ETA no era posible ni deseable; que la salida policial al tema de la violencia estaba condenada al fracaso y que había que buscar, a través del diálogo, una solución política para ofrecer a ETA una salida airosa (una “pista de aterrizaje”), pero el auto de Garzón obligando al Gobierno vasco a colaborar en la derrota de ETA ha puesto en un brete al PNV y ha agrandado las diferencias entre quienes no pueden admitir que sea el Gobierno vasco el que se enfrente a Batasuna, precinte sus locales e impida sus manifestaciones, y otro sector, minoritario, que no ve con buenos ojos que el PNV pueda colocarse al margen de la legalidad ignorando las resoluciones judiciales.
La puesta en marcha casi simultánea de la doble vía -penal y civil para dejar fuera de la ley a Batasuna ha hecho aflorar una vez más la contradictoria relación que el PNV y EA mantienen con ETA y su entorno, con los que comparten un proyecto de “construcción nacional”, pero de quienes les separa el proyecto derivado de los intereses de su base social (la lucha de clases agazapada tras la lucha nacional).
Los dirigentes del PNV han mostrado su oposición a la Ley de Partidos desde que comenzó su trámite parlamentario (Arzalluz señaló pronto que la Ley era una antesala de los estados de excepción y que se buscaba dejar fuera de la ley a todos los nacionalistas) alegando que apoyaban la persecución de los delitos pero sin dejar fuera de la ley a Batasuna, sin embargo, la calificación que ya habían merecido las actuaciones del juez Garzón (garzonadas, según Arzalluz) indicaba que persistían las reservas con que habían recibido las medidas destinadas a combatir a ETA y a su orla de asociaciones.
En este sentido, el repentino interés mostrado por distintos responsables del Gobierno vasco por la libertad de asociación y de manifestación, supuestamente amenazadas por el auto del juez, que, según el portavoz del Ejecutivo vasco, incrimina a la mayoría de la sociedad vasca, son el complemento retórico del recurso de inconstitucionalidad, de la querella por prevaricación del Gobierno de Ibarretxe contra Garzón y de la decisión de la Mesa de la Cámara vasca de no privar de grupo parlamentario a Batasuna, al considerar nula de pleno derecho la suspensión cautelar del grupo parlamentario abertzale solicitada en el auto del juez.
Así las cosas, parece que, tras un presunto conflicto de competencias, lo que está sobre el tapete es el intento del Gobierno vasco de alterar unilateralmente las jerarquías del sistema jurídico vigente al hacer prevalecer la decisión de un parlamento autonómico (pero con intención soberanista), amparada en una norma particular, un reglamento, sobre una norma de aplicación general, como es el Código Penal, en la que ha apoyado Garzón sus diligencias. Con lo cual, aparte del deseo de entorpecer su aplicación y de crispar la situación, que siguen formando parte de los habituales quehaceres del PNV, la decisión de la cámara autonómica tiene pocas posibilidades de prosperar, pues, como señalaba el catedrático José M. Gómez-Benítez (El País, 26-IX-2002, p. 16): El Código Penal es legislación general, cuya aplicación no puede ser obstruida por normas internas, como son los reglamentos parlamentarios, ya que, si así fuese, los propios Parlamentos y sus parlamentarios podrían declararse ajenos a las leyes generales, utilizando, precisamente, su propia legislación interna. Dicho de forma gráfica, la aplicación del Código Penal no necesita, digamos, el “pase foral”. En consecuencia, ni el reglamento del País Vasco ni ningún otro puede regular los supuestos de suspensión de las asociaciones ilícitas previstos en el Código Penal. La Mesa del Parlamento del País Vasco no necesita, por tanto, habilitación expresa alguna de su Reglamento para aplicar una resolución judicial firme basada en el Código Penal (...) Dentro de la legalidad vigente, el Parlamento del País Vasco tiene, pues, la obligación ineludible de suspender el grupo parlamentario vinculado a Batasuna, ya que ello no menoscaba el ejercicio de las funciones parlamentarias de sus integrantes dentro del Grupo Mixto.

¿Quién tiene la iniciativa?

En apariencia, las dudas en el PNV y su división entre los partidarios de volver al Pacto de Ajuria Enea (Anasagasti) y los de avanzar -sin complejos, según el Consejero de Justicia, Azkárraga (EA)- hacia la independencia (Arzalluz, Egibar) y la intención de Ibarretxe de reformar el Estatuto para caminar hacia ese fin, han dejado la iniciativa en manos de los constitucionalistas del PSOE y del PP, pero sobre todo del PP, que en los últimos años ha puesto sobre la mesa dos asuntos que hasta ahora estaban fuera de toda discusión. El primero de ellos es considerar que, dada la diversidad de la sociedad vasca, dividida, en términos electorales, casi al cincuenta por ciento entre nacionalistas y no nacionalistas, en el País Vasco es tan legítimo un gobierno nacionalista como otro que no lo sea. El segundo asunto puesto en discusión es otro de los tópicos puestos en circulación por los nacionalistas: que el problema del terrorismo sólo admite como solución una negociación política.
En ambas iniciativas y en las medidas en que se han concretado, el PP, acuciado por la prisa de Aznar, que quiere arreglar el mundo antes de marcharse, ha mostrado toda la prepotencia, intransigencia y malos modos que sus dirigentes son capaces de desplegar, llegando incluso a insultar a sus más cercanos aliados (calificar de cobardes a los catalanes es un dislate), pero ello no debe hacer olvidar que, a pesar de las reservas que pueden suscitar algunos artículos de la Ley de Partidos, tales medidas han sido bien recibidas por un sector del electorado vasco, agobiado por la presión de los abertzales, y que han supuesto un intento para cambiar una situación estancada desde hacía mucho tiempo y evidentemente injusta para una parte no desdeñable de la población vasca.
Lo más lamentable es que, por el momento y quizá durante mucho tiempo, la iniciativa política permanezca en manos de la derecha, o mejor dicho, haya pasado de la derecha católica nacionalista euskalduna a la derecha católica nacionalista españolista y que, después de más de dos décadas de gobernación nacionalista, las diversas izquierdas aparezcan más débiles y divididas que nunca sobre este asunto.
Estando así las cosas, a la hora de cerrar el sumario de la revista, diversos movimientos del PNV indican que si bien ha perdido, por el momento, la iniciativa, sus dirigentes no van a permitir que la situación siga así por mucho tiempo. Algo tendrán que decir en el Alderdi Eguna.