Iniciativa Socialista (portada) Contra el terrorismo, más democracia
Joan Saura

Iniciativa Socialista 66, otoño 2002. Joan Saura es diputado de IC-V y presidente de ese partido.

Desde hace unos años venimos asistiendo a un permanente desencuentro entre las fuerzas políticas democráticas en casi todo lo que atañe al terrorismo. A partir de 1997, con la crisis del gobierno plural de Ardanza, el fin del Pacto de Ajuría Enea y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la política vasca se ha articulado en dos grandes frentes: el nacionalista y el no nacionalista o constitucionalista. A partir de ese momento todas las propuestas planteadas han tenido un carácter unilateral. El principal problema del Acuerdo de Lizarra era que no contaba con una parte fundamental de la sociedad vasca, se trataba de un pacto de los nacionalistas más IU. Por su parte el PSOE y el PP difícilmente pueden plantear con realismo una estrategia contra el terrorismo que no cuente con la participación y el apoyo del PNV, EA y IU.
El momento culminante de la estrategia de la tensión liderada por el PP fueron las elecciones vascas de mayo de 2001. El PP y el PSOE fracasaron, el Lehendakari Ibarretxe, con un discurso electoral moderado y abierto salió fortalecido sumando votos provenientes de Batasuna que rechazaron el retorno de ETA a las armas, y de votos moderados temerosos del radicalismo antinacionalista del PP y el PSOE.
El problema de fondo en estos últimos años ha sido la confusión entre los dos ejes de conflicto en Euskadi. A la línea divisoria entre los partidos que rechazan la violencia y aquellos que no la condenan y le dan apoyo, el PP le ha sobrepuesto la divisoria entre los que plantean una solución soberanista para Euskadi y los que defienden el mantenimiento del Estatuto y la Constitución en sus términos actuales. La confusión entre terrorismo y política es constante y ahí en buena medida radica el problema. La línea divisoria establecida por el PP, con el inestimable apoyo del PSOE, no es entre democracia y violencia, sino entre proyectos políticos que en términos democráticos son perfectamente legítimos. La perversión de este planteamiento es que criminaliza el nacionalismo democrático y lo confunde con el terrorismo, cuando precisamente la solución al terrorismo pasa ineludiblemente por el acuerdo con el PNV y EA.
El silogismo que plantea el PP es el siguiente: el terrorismo es un problema político que tiene sus raíces en el nacionalismo con el que tiene objetivos coincidentes, el Gobierno vasco no combate suficientemente el terrorismo, en consecuencia para derrotar a los terroristas hay que derrotar al nacionalismo.
La actuación del PNV también ha tenido un carácter frentista, marcada por el mismo sesgo unilateral. Desde una perspectiva catalanista no puede dejarnos de sorprender la poca atención que presta el nacionalismo vasco a la cohesión social del país como requisito fundamental de cualquier proyecto de construcción nacional. La política del PNV, sin duda claramente contraria al terrorismo, ha tenido por objetivo articular y fortalecer el bloque nacionalista, superando las divisiones en su seno, con el pacto con Euskal Herritarrok en Lizarra, o atrayendo los votos de la izquierda abertzale, con permanentes guiños ideológicos. Sus mensajes y propuestas se han dirigido a una parte de la sociedad vasca, no al conjunto del país. Ahí reside su fuerza, pues le permite sumar los votos necesario para mantenerse en el poder, y su debilidad, al carecer de apoyos fuera del campo nacionalista, restando credibilidad a cualquier proyecto de fortalecimiento del autogobierno vasco o de reforma superadora del actual marco institucional.
Cuando el PNV se ha sentido acorralado, ya sea por la instrumentalización que el PP hizo del movimiento de rechazo al asesinato de Miguel Ángel Blanco, o en estos momentos por la ley de partidos y la actuación del juez Garzón, que amenazan con provocar un enfrentamiento entre nacionalistas partidarios de cumplir la ley y partidarios de desobedecerla, siempre termina planteando la huida hacía delante con propuestas de carácter soberanista, como las planteadas en Lizarra o, recientemente, con la propuesta realizada por Ibarretxe de convertir Euskadi en un Estado libre asociado. El PNV no se ha caracterizado precisamente por una gran sensibilidad hacia los miles de personas que viven amenazados en Euskadi por ETA, ni por el déficit de representatividad política que supone que una parte del espectro político vasco no pueda expresarse y actuar con plena libertad.
La Ley de Partidos Políticos es un peldaño más en esta ya larga escalada de desafíos mutuos y desencuentros. Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) la hemos rechazado por razones jurídicas y políticas, pues dudamos seriamente de su constitucionalidad. El fundamento de la Ley de Partidos, por el cual la mayoría del Congreso de los Diputados aprobó iniciar el proceso de ilegalización de Batasuna, es el silencio y la no condena de esta formación política de los atentados. Por muy rechazable que sea moralmente el silencio ante los crímenes de ETA, no es razón suficiente para ilegalizar a una fuerza política. Ya existen suficientes instrumentos jurídicos en el Código Penal, para poner fuera de la Ley cualquier tipo de organización que utilice medios ilícitos.
No estamos a favor de la impunidad de nadie ante la Ley, tampoco de Batasuna. La vía judicial para la ilegalización es legítima si se aplica con rigor y garantías suficientes. La actuación del juez Garzón carece de estos requisitos. No se puede ser juez, fiscal y parte al mismo tiempo, y es una contradicción dictar un auto de ilegalización de una fuerza política sin encausar a sus dirigentes. La ilegalización ha de tener por objetivo evitar que se continúen realizando actos delictivos, pero no prohibir derechos individuales fundamentales como el derecho de manifestación.
La Ley de Partidos y el discurso del PP en materia de terrorismo se inscriben en un contexto internacional caracterizado por el belicismo antiterrorista de la Administración norteamericana. Probablemente, sin este clima internacional el Gobierno no se hubiera atrevido a promover la ilegalización de un partido que cuenta con el apoyo del 10% de la sociedad vasca.
Además de una chapuza jurídica la Ley de Partidos es un grave error político y una medida inútil contra el terrorismo. Es un error porque cristaliza la división entre las fuerzas políticas democráticas, ninguna medida será eficaz si no cuenta con un amplio apoyo de los partidos democráticos vascos. Las últimas elecciones autonómicas Batasuna perdió la mitad de su electorado precisamente por negarse a condenar la violencia, la ilegalización encubre su decadencia y pérdida de apoyo social, cohesionándola internamente y brindándole un inmerecido protagonismo público.
Y se trata de una medida inútil porque desgraciadamente los atentados van a continuar, con el añadido de que ETA utiliza la ilegalización como argumento para atraerse las simpatías o la comprensión de sectores que en los últimos años se habían distanciado del terrorismo. Batasuna no ha desaparecido, ha pasado a la clandestinidad. Es ingenuo pensar que dejarán de colgar carteles, convocar manifestaciones o mantener su estructura organizativa. Las fuerzas de seguridad tienen un nuevo objetivo, a la compleja tarea de combatir a ETA se le añade el de perseguir las actuaciones de una nueva red ilegal en la que se ha convertido Batasuna.
Observamos con desazón cómo la situación política en Euskadi se crispa aún más, cómo se avanza estación a estación hacia un choque de dos trenes, sin que nada les detenga, contaminando el debate político en toda España. Estamos convencidos que hay sectores sociales, tanto en España como en Euskadi, que no se sienten identificados con el frentismo, que creen que la sociedad es mucho más plural y que no es posible otra solución que el diálogo, la negociación y el pacto.
Las soluciones unilaterales no sirven, como se ha demostrado sobradamente. Para abrir una nueva etapa que supere el actual enfrentamiento es imprescindible restablecer la línea divisoria entre los que condenan la violencia y los que la apoyan. En segundo lugar hay que distinguir el problema de la violencia, del problema de encaje de Euskadi con el Estado o de la no identificación de una parte significativa de la sociedad vasca con el marco constitucional.
La historia ha demostrado con creces que ETA está fuera de la realidad política, los intentos de negociación siempre han terminado mal, las negociaciones de Argel y el Pacto de Lizarra fracasaron por el maximalismo de ETA. Las fuerzas políticas tienen que dejar bien claro que con la violencia no se consigue nada. ETA no representa al pueblo vasco, es una organización sin razón de ser y un obstáculo para plantear alternativas que vayan más allá del marco constitucional. Lo que produce realmente pánico a ETA es convertirse en un problema estrictamente de orden público y no en un problema político.
En segundo lugar la existencia de ETA no puede ser obstáculo para plantear el problema político de fondo que subyace en la situación de Euskadi, el reconocimiento pleno de los derechos nacionales de Euskadi. Sin violencia es legítimo y democrático plantear cualquier proyecto político. El PP y el PSOE no pueden deslegitimar una propuesta por el hecho de ser soberanista, siempre que se exprese por los cauces democráticamente establecidos. Ahora bien, el futuro de un pueblo no pueden decidirlo la mitad más uno de sus ciudadanos, es necesario dialogar, llegar a acuerdos para conformar una identidad nacional compartida y su relación con el resto del Estado, a partir del reconocimiento de la plurinacionalidad. Con la democracia todo es posible, sin la democracia nada.

Barcelona, 1 de octubre de 2002