País vasco: legalidades y prioridades
Luis M. Sáenz

Iniciativa Socialista, 66, otoño 2002

Sin tiempo para analizar detenidamente antes del cierre de edición la propuesta por el autogobierno y la soberanía presentada por el lehendakari Ibarretxe ante el Parlamento vasco, haré un provisional comentario de urgencia.
1. La propuesta de libre asociación presentada por el lehendakari se ajusta a la legalidad procedimental. Durante su discurso, señaló que "Se atenderá a la vía procedimental contemplada en las normas estatutarias y constitucionales vigentes. En particular, en la Comunidad Autónoma Vasca se seguirá el procedimiento legal de reforma contemplado en el artículo 46 del actual Estatuto de Autonomía". Y cuando afirma que "La ratificación definitiva del proyecto se realizará atendiendo a la mayoría democrática de la sociedad vasca, mediante referéndum", se atiene al citado artículo 46 del Estatuto, aunque antes de llegar a esa fase debe pasar por la aprobación del nuevo texto por las Cortes Generales, lo que no parece probable en el actual contexto político.
2. Aunque el procedimiento es correcto, el contenido de la propuesta es incoherente. Una libre asociación requiere previa secesión, tras la cual ambas partes pueden acordar bilateralmente los términos de su asociación... o no hacerla. Soy partidario de una reforma constitucional que regule el derecho de secesión, pero, desde luego, la reforma del Estatuto sin ese cambio constitucional da solamente para hablar de más o menos competencias, e incluso en ese ámbito podrían ser precisas reformas constitucionales de menor alcance; por ejemplo, quitar al estado la exclusividad de la autorización de refrendos consultivos.
3. Legal e incoherente, pues. Pero, ante todo, la dinámica abierta por el lehendakari vasco es inoportuna, irresponsable y me atrevería a decir que éticamente deficiente.
El gobierno vasco tiene derecho y razón al reclamar el traspaso de todas las competencias previstas en el Estatuto. El nacionalismo vasco tiene derecho a explicar su proyecto para Euskadi y España. A lo que no tiene derecho es a pervertir prioridades ni a poner en marcha un proceso de debate nacional con carácter decisorio sobre un tema de enorme trascendencia, obviando que casi el 50% de la sociedad vasca carece del margen de libertad preciso para abordar en igualdad de condiciones un debate social de tanta envergadura y de tan grandes consecuencias. Los activistas "constitucionalistas" y los representantes del PSOE y del PP están amenazados de muerte. Los locales y los actos de estos partidos han sido declarados por ETA objetivos "militares". El proyecto propuesto por el lehendakari con el apoyo de PNV, EA y EB-IU sólo pude contribuir a ahondar aún más la división de la sociedad vasca.
4. En la Mesa de Arkaute se han tomado medidas dirigidas a proteger a las personas amenazadas. Sin embargo, falta un arrope humano y político. Las recientes declaraciones de Arzalluz son hostiles y burlonas hacia las personas amenazadas. No es la primera vez que Arzalluz hace ironías con la persecución criminal que sufren quienes en Euskadi se mueven políticamente en el ámbito del PSOE o del PP: Pero nunca de forma tan descarnada y brutal, tan cínica y miserable, tan machista y chula. Mientras Arzalluz insulte a las víctimas y Egibar diga que Batasuna ha optado por la vía democrática, contra toda evidencia, el PNV y el gobierno vasco no pueden hablar con credibilidad de autogobierno vasco. Antes debe resolver el PNV el conflicto entre su alma democrática y su alma aranista. Casi siempre ha primado la primera, pero ahora está ganando terreno la segunda. Ayudada por el comportamiento político y el neonacionalismo español del gobierno Aznar, sí. Pero, hoy por hoy, a quienes matan es a los miembros del PP y del PSOE, no a los dirigentes del PNV y menos aún, superado con condenas el episodio tenebroso del GAL, a los de Batasuna. Y eso es decisivo.
5. Es cierto que Ibarretxe prometió que "Esta ratificación definitiva deberá producirse en las condiciones adecuadas para que la sociedad vasca se pueda expresar en libertad en un escenario sin violencia y sin exclusiones". Pero, entonces, ¿por qué poner en marcha un proceso institucional de consultas, darse un plazo de un año para un borrador que volvería a someterse a consultas, luego llevado al Parlamento, etc.? ¿Qué sentido tiene lanzar un “diálogo” en torno a la idea de la "asociación libre”, haciéndolo en un escenario de violencia y exclusiones, para después, visto que ese entorno de violencia está ahí, paralizar los procedimientos de ratificación durante no se sabe cuánto tiempo?
Tal vez se dé por hecho que el proceso de reforma terminaría en unas Cortes Generales españolas que lo rechazarían, ganando un nuevo agravio del Estado con el que seguir alimentando mitologías, y tal vez también se trate de una operación para ganar una parte importante de los votos huérfanos de Batasuna. Me parece admisible que un gobierno autonómico establezca un pulso con el Estado y que el PNV quiera ganar votos procedentes de Batasuna. Pero nunca a costa de resquebrajar aún más el difícil diálogo entre el 90% de la población vasca que rechaza la violencia de ETA. Ibarretxe debería reflexionar a la vista de las primeras consultas iniciadas. Sólo desde ámbitos orgánicamente ligados al nacionalismo vasco está encontrando una respuesta favorable; CC.OO., UGT, los empresarios vascos, los rectores de las universidades vascas, e incluso figuras destacadas del PNV, le han dicho que no siga ahora por esa vía. El proyecto central de la actual estrategia del gobierno vasco no favorece la unidad contra ETA, sino la confrontación entre dos mitades de la población. El intercambio de ideas debe seguir sin limitaciones, pero generar ahora una dinámica decisoria a corto plazo sobre las relaciones entre España y Euskadi es explosivo y socialmente disgregador (y desgarrador).
6. No comparto la manera en que Aznar maneja las relaciones con el Gobierno vasco y estoy convencido de que otro comportamiento del gobierno español podría haber hecho que las cosas no estuvieran exactamente así. Realmente, creo que Aznar prefiere tensar la cuerda con el PNV y apoyarse en la lucha contra ETA para fomentar el nacionalismo español. En nada ayudan a la lucha contra ETA y al entendimiento democrático el bloqueo del desarrollo estatuario pendiente, las absurdas provocaciones de UPN-PP contra el uso de la ikurriña y la enseñanza del euskera en Navarra, la irresponsable paralización de la creación de 200 nuevas plazas en la Ertzaina, la ausencia del PP en la mesa de Arkaute, las referencias a Milosevic. Sigo pensando también que la ley de Partidos es un gravísimo error. En definitiva, se trata de una ley excepcional dirigida a ilegalizar a un partido por actuaciones que no son delictivas, aunque sean despreciables. Por ejemplo, no condenar un atentado, o presentar en una candidatura a un preso procesado por terrorismo, o apoyar una concentración en la puerta de una cárcel. Ese camino me parece arbitrario y anticonstitucional. Ese es, además de las consideraciones sobre consecuencias políticas que puedan hacerse, el verdadero problema de la Ley de Partidos, no el argumento falaz de que ésta niega a los batasunistas el derecho a votar Batasuna, lo que me preocupa tan poco como ante el cierre de un comercio regentado por una mafia criminal me preocuparía "el derecho" a comprar en ese comercio.
He escrito en otra ocasión que es más fácil ganar el combate político y cultural contra una Batasuna legal y cada vez menos votada que contra una Batasuna clandestinizada. Sigo pensándolo, aunque no estoy totalmente seguro, ya que sé que desmantelar la red de clientelismos y de intereses montada en torno al poder institucional -local ante todo- de Batasuna les hará daño. Me resulta difícil calibrar los pros y los contras, aunque sigo prefiriendo que dentro de tres o cuatro años se pueda decir a esta gente "sin pistolas no sois nada, no representáis más que el 7%, o el 8%... de la nación en cuyo nombre habláis y a la que estáis asesinando" que dejar que ellos infundan a jóvenes de 14 ó 15 años la idea de que recurren a la violencia porque no pueden ser partido, no pueden manifestarse, etc. Así que me inclino a pensar que la Ley de Partidos tampoco es oportuna para proteger a las víctimas .y vencer a ETA. Ya veremos.
La vía penal puede usarse correcta o inadecuadamente, pero es otra cosa. De lo que se trata en ella es de demostrar efectivamente que Batasuna y ETA son la misma organización, la misma trama; digo demostrar, no afirmar una convicción moral compartida por muchos o acumular indicios no delictivos. Acusar a Garzón de prevaricación me parece un disparate, aunque preferiría que la suspensión de la actividad de un partido fuese competencia exclusiva del Tribunal Constitucional y que los jueces pudiesen levantar la prohibición gubernamental de manifestaciones pero no prohibir las autorizadas. En realidad no me gusta el auto dictado por Garzón, que tal vez abarque mucho y apriete poco, ni su coincidencia en el tiempo con la puesta en marcha de la Ley de Partidos. Pero si el proceso penal demuestra realmente que determinadas organizaciones políticas son organizaciones delictivas, posiblemente la ilegalización sea la única conclusión legal posible. Aunque, ¡ay si no lo demuestra! Mucho me temo que en ese caso los amigos de ETA serían los más beneficiados.
En todo caso, apoyar la Ley de Partidos o la ilegalización de ETA no es la seña de identidad que caracteriza a quienes realmente quieren derrotar a ETA. Si fuese así, durante muchos años habríamos tenido gobiernos del PSOE y del PP que no querían derrotar a ETA, pues nada parecido hicieron. Posiblemente, no lo consideraron oportuno o encajable en el marco legal. Así que no hay motivo para que los recién conversos hagan dogma de fe con su nueva creencia. Lo esencial es: una solidaridad total, efectiva y no ritual, con las víctimas y personas amenazadas; una defensa incondicional de la libertad y un esfuerzo por alcanzar el entendimiento más amplio posible en torno a las acciones y medidas a tomar para derrotar definitivamente a ETA.