José Moisés Martín Carretero

José Moisés Martín Carretero es Director de ACSUR Las Segovias y fue Coordinador del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Convención Europea. Este artículo no refleja necesariamente las opiniones de ACSUR Las Segovias ni del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Convención Europea.

Tanto para denostarlo, como para ensalzar sus valores, el Tratado Constitucional que ha propuesto la Convención Europea ha cobrado el carácter de elemento clave en el debate político de los dos últimos años en el conjunto de Europa. Chirac y Schroeder hacen de la propuesta su bandera y se esfuerzan por imponer su rápida aprobación y puesta en marcha. Otros gabinetes europeos menos entusiastas plantean claras objeciones a sus contenidos. En España, Aznar bloqueó su desarrollo con el apoyo del gobierno de Polonia. Blair acaba de hacer pública su intención de someter el proyecto a referéndum. Mientras tanto, Europa se amplía de 15 a 25 miembros de una sola vez y la sociedad civil y los movimientos sociales de todo el continente se debaten entre el sí entusiasta del movimiento europeo y el no incondicional de un sector importante del movimiento alterglobalizador.
¿Qué hay detrás de este Tratado Constitucional? Las retóricas ayudan poco a un análisis sereno y riguroso tanto de sus contenidos como de sus efectos. Detrás de los grandes discursos europeístas existe una realidad objetiva que hay que atreverse a desvelar.
En la construcción europea sobra propaganda y falta análisis y debate público. Las continuas referencias a los visionarios “padres de Europa” y a la supuesta crisis de liderazgo de los años noventa esconden una visión parcial de lo que representa la construcción europea. Falta memoria para recordar los fracasos que supusieron la Comunidad Europea de la Defensa y la Comunidad Política Europea en los años 50, o los vivos debates que rebajaron los ambiciosos contenidos del Congreso del Movimiento Europeo de 1948 –fruto del cual se llegó a la creación del Consejo de Europa-. En los años 60, mientras se completaba la unión aduanera en tiempo récord, se produjo la conocida crisis de la silla vacía, por la que el gobierno del general De Gaulle se negó a sentarse en el Consejo de Ministros hasta garantizarse el derecho de veto en aquellos asuntos considerados de “importancia vital” para los intereses franceses. Hubo un primer intento de poner en marcha la unión monetaria en los años 70, con el plan Werner. Tras aprobarlo, los gobiernos hicieron caso omiso del programa de acción y el proyecto durmió el sueño de los justos. Son sólo ejemplos. La historia de la construcción europea está llena de aciertos y fracasos, casi por igual. No existió ninguna época dorada en el proceso de la construcción europea.
Los años noventa han sido los años del agotamiento del denominado modelo funcionalista. Con la culminación de la Unión Económica y Monetaria, se culminaba el ciclo de integración económica y el continente se enfrentaba a una auténtica disyuntiva: o bien mantener una Unión Europea meramente económica y comercial –donde el éxito económico ha venido acompañado de un rotundo fracaso social- o bien atreverse a dar pasos en la dirección política. Maastrich fue un primer intento con la creación de los tres pilares. Amsterdam fue una reválida mal aprobada y Niza un rotundo fracaso. Los eurobarómetros de la Comisión Europea señalaban un peligroso descenso del sentimiento europeísta de la población y los diferentes resultados de los referéndum en Dinamarca, Noruega y Francia –donde el sí a Maastrich ganó con un ajustadísimo margen- obligaban a una profunda reflexión sobre la más que evidente desconexión de las instituciones con la sociedad a la que sirven.
Con la ampliación al Este a las puertas, tanto la estructura como el propio apoyo público de la Unión Europea se mostraban claramente insuficientes para poner en equilibrio los intereses de los países centrales con la nueva periferia. El acervo comunitario, plagado de compromisos no escritos, superposiciones legales, delicados equilibrios diplomáticos fruto de décadas de negociaciones, amenazaba con el colapso. La propia Comisión, si no como ejecutivo de la Unión, sí como dinamizador de la integración europea, daba claros signos de desgobierno, con el punto máximo de su crisis en la dimisión, en bloque, de todo el colegio de comisarios durante la primavera de 1999, debido a las investigaciones efectuadas por las evidencias de pésima gestión. Europa llegaba en muy mal estado a su cita más importante.
Al tiempo, el 11 de septiembre nos despertó de una manera dramática a la realidad de la interdependencia global, generando una crisis de seguridad que hace bien poco hemos sufrido en nuestra propia sociedad de una manera sangrante y dolorosa. La lucha contra el terrorismo ha traído consigo un amplio recorte de derechos y libertades en un planeta que no tiene, ni económica ni socialmente, nada que ver con aquél en el que se firmó el Tratado de Roma en 1957. Era imprescindible una revisión en profundidad.

La apuesta de la convención

¿Cómo es posible que, en una era de retroceso democrático y crisis del europeísmo como la que estamos viviendo, se haya sido posible de alcanzar el consenso histórico sin precedentes que representa el Tratado Constitucional?
Esta pregunta, que ronda en la cabeza de muchos y muchas de los que hemos estado acompañando el proceso de la Convención Europea, tiene su propia respuesta: es precisamente por su necesidad histórica. La alternativa a la elaboración de un Tratado Constitucional era la disolución del proyecto de integración europea en un mercado único sazonado con algunas políticas de cooperación intergubernamental. Algo que indudablemente satisfacía a Estados Unidos y al Reino Unido, a una parte de los países del Este y a un sector de la sociedad que mira el proyecto europeo con ojos exclusivamente comerciales. La declaración de Laeken, que da el pistoletazo de salida a la Convención Europea, no es la obra de un conjunto de visionarios idealistas, sino un paso histórico definido por su necesidad. La única razón por la que el Tratado Constitucional se proponía en 2001 y no en 1991 (Maastrich) o antes, era que no había más remedio que realizarlo para garantizar la supervivencia de la Unión Europea.
La Convención Europea se convocó con el fin de ordenar la revisión a ser llevada a cabo. Estos debates, en principio, están delimitados en la propia declaración de Laeken, circunscribiéndose a los siguientes elementos:
En un primer lugar, era necesario reconsiderar los propios contenidos de las políticas de la Unión Europea: políticas económicas y sociales, política exterior y de seguridad, y políticas de interior y justicia. El debate se establecía sobre la reducción, profundización o ampliación de estas políticas, sus contenidos y alcances.
La arquitectura institucional de la Unión Europea debía ser, igualmente, repensada. Una vez agotado el método funcionalista (centrado en integración desde políticas y competencias concretas), la propuesta para lograr una mayor definición del espacio político de la Unión Europea volvía a revivir el clásico y no resuelto debate entre el proyecto federalista (distribución de competencias y poderes entre el ámbito regional, supranacional y el estatal) y el proyecto intergubernamental (devolución del poder a los Estados Miembro e incremento de la cooperación intergubernamental frente al excesivo poder de la Comisión Europea) .
Por otro lado, el propio método de reforma no estaba definido. El tradicional método de reformar sobre los tratados existentes perdía fuerza frente a la posibilidad de redactar, partiendo desde cero, un nuevo tratado simplificado e inteligible por la ciudadanía.
Por último, los propios ritmos y formas de la integración: desde la Europa a la carta –cada estado acuerda participar en las políticas y estructuras que le interesan- que tanto gusta al Reino Unido, el sistema de Cooperaciones Reforzadas Franco-Alemán –sobre la base de un marco común, algunos estados deciden avanzar más en los procesos de integración- o el hasta ahora difícil cumplimiento del “Europa para Todos” –Todos y cada uno de los Estados deben cumplir todos y cada uno de los contenidos del acervo comunitario.
Hasta aquí llegaba el mandato de la Convención: ordenar estos debates a la luz de la ampliación y de las nuevas realidades históricas. El método de la Convención ya había sido ensayado durante la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales, proceso valorado como un éxito frente al rotundo fracaso de la Conferencia Intergubernamental. Un presidium organizaría el debate y un plenario, donde se representarían todas y cada una de las fuentes de legitimidad democrática de la Unión (soberanía estatal a través de los parlamentos nacionales y representantes de los gobiernos, soberanía europea a través del Parlamento Europeo), propondría las soluciones a los dilemas de la Unión tras un año y medio de trabajo.
Se han vertido muchas críticas en relación tanto al método como a la composición de la Convención. Muchas de ellas son asumibles, como su excesiva rigidez o el carácter pragmático y autoritario de su presidente Valery Giscard D’Estaign. Pero otras no son justificables.
La Convención Europea no ha sido una asamblea de notables. Su doble composición, proveniente de las instituciones democráticas nacionales –parlamento y gobiernos- y europeas –parlamento europeo y comisión europea- ha visualizado un hecho incuestionable y es que no existe un demos europeo, sino un conjunto de pueblos de carácter nacional que se articulan en un sistema político novedoso y, también, contradictorio. No había, en el seno de la Convención Europea nadie que no tuviera legitimidad democrática.
Sus trabajos no se han desarrollado a puerta cerrada, sino más bien al contrario. La participación, en forma de aportaciones, de cientos de organizaciones de la sociedad civil al proceso o la obligatoriedad de hacer públicos todos los documentos de trabajo han instaurado una saludable costumbre a la que las negociaciones intergubernamentales tienen alergia. Nunca se había procedido a un debate más transparente y más público en la negociación de ningún tratado, y nunca la sociedad civil tuvo tanta capacidad de influencia –incluyendo, por ejemplo, la puesta en marcha del grupo de trabajo XI, sobre Europa Social.
Por último, la Convención ha trabajado sobre la base del consenso. Esto significaba en un principio que el resultado final podría ser aceptable tanto para las grandes familias políticas europeas como para el conjunto de los estados. La creciente importancia de las negociaciones se hizo visible en las últimas sesiones, en las que los gobiernos fueron representados por los propios ministros de Asuntos Exteriores. Su participación en los debates, de alguna manera, anticipaba la posterior negociación de la Conferencia Intergubernamental.
¿Es la Convención una Asamblea Constituyente? Sin duda, no estaba pensada para ello. La entrega, en julio de 2003, de un texto constitucional prácticamente completo por parte de Giscard D’Estaign, fue, en términos históricos, una decisión inesperada. La Convención, se mutuo acuerdo, había sobrepasado las funciones que se le habían asignado y planteó, en un hecho democrático sin precedentes en la Unión Europea, una propuesta de Tratado Constitucional que los gobiernos debían tomar como base para la Conferencia Intergubernamental.
La innovación y la valentía política que planteaba la Convención encontró, lamentablemente, poco eco en el debate social. Si bien los estados miembros plantearon en la declaración de Laeken la necesidad de ampliar el debate institucional a la opinión pública y a las organizaciones sociales, ha sido relativamente poco el eco existente en la sociedad civil europea. Ahí cabe situar la responsabilidad en los gobiernos de los estados miembros, que salvo en contadas ocasiones –sobre todo en los países de la ampliación- han hecho caso omiso de esta necesidad. Por poner un ejemplo palmario, la ineficacia e inoperancia del Consejo para el Debate de la Unión Europea establecido por el gobierno de Aznar, pese al indudable valor de su presidente, impidió una adecuada canalización de la participación de la sociedad civil del estado español en los debates. La Convención vasca y la Convención catalana (ambas convocadas por los respectivos gobiernos autonómicos), junto con el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Convención Europea, han sido algunas de las pocas luces en la noche negra de la desinformación, el desinterés y la desidia del gobierno Aznar a la hora de informar a la ciudadanía sobre el debate Europeo.
En el entorno más directo de la discusión institucional, el Grupo de Contacto de la Sociedad Civil para la Convención Europea lanzó la campaña Actúa por Europa (Act4Europe), que, articulando a las principales organizaciones sociales de ámbito europeo y a la Confederación Europea de Sindicatos, ha ejercido un seguimiento permanente del trabajo desarrollado y ha canalizado las principales participaciones de las coordinaciones europeas de Cooperación al Desarrollo, ONG del ámbito social, organizaciones ecologistas, etcétera, obteniendo su legitimidad de los miles de organizaciones articuladas en este embrión de sociedad civil europea que son las plataformas no gubernamentales con sede en Bruselas. Su participación ha sido necesaria... pero insuficiente.

¿Cómo evaluar el Tratado constitucional?

La propuesta de la Convención, el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, no es un principio, ni es un final. No sobra constatar esta realidad en un momento en el que las evaluaciones que se hacen parten de una posición de máximos. No nos engañemos: el Tratado Constitucional no es la implementación del socialismo democrático en un solo continente, sino que responde a un criterio complejo y sujeto a numerosas interpretaciones.
Acercarse a la propuesta de la Convención requiere de algunos requisitos previos. En primer lugar, constatar que no es una Constitución, sino un Tratado Constitucional. No puede haber Constitución sin un pueblo soberano y, pese a los innegables avances, es más que evidente que no existe un “pueblo europeo” que legitime democráticamente el proceso. La complejidad de la construcción europea parte de las diferentes soberanías existentes en cada uno de los estados miembros y desde ese punto de vista, el Tratado Constitucional significa una innovación política ante un proceso tan complejo, diverso y contradictorio como es la construcción europea. Por lo tanto, ni en su concepción ni en su contenido puede considerarse, en sentido estricto, como una Constitución.
El Tratado Constitucional no se refiere a toda la vida política desarrollada en los 25 países de la Unión Europea. Así habría ocurrido si el enfoque del Tratado hubiera sido nítidamente federalista. Pero no es así: el Tratado Constitucional parte de un compromiso entre federalistas e intergubernamentalistas, de manera que es federal en un limitado número de competencias y mantiene una parte importante de intergubernamentalismo, en un intento político de definir, como señala Francisco de Aldecoa, un “federalismo intergubernamental”. El Tratado Constitucional, y no huelga decirlo, no sustituye ni una sola provisión constitucional de cada uno de los 25 países miembros de la Unión Europea. Tampoco sustituye al derecho internacional público. Es decir, derechos como el derecho a la autodeterminación, el derecho al aborto, o infinidad de materias, han sido conscientemente excluidas del Tratado por no constituir materia de competencia europea. La única razón para esta realidad ha sido la falta de acuerdo entre los estados miembros a la hora de definir sus ámbitos de soberanía exclusivos.
En efecto, la tarea del Tratado Constitucional es la de complementar a las constituciones nacionales en un ámbito tan complejo, confuso y poco definido como la “esfera europea” de toma de decisiones. La Unión Europea sigue siendo un sistema limitado en cuestión de competencias y atribuciones, y su limitación temática viene además vinculada al difícil equilibrio diplomático entre los diferentes intereses estatales, no siempre complementarios.
No menos importante, el Tratado Constitucional debe ser evaluado en función del tiempo en el que ha sido gestado. Un tiempo de retrocesos democráticos y políticos en el conjunto del planeta, con una importante crisis de crecimiento del sistema económico global y con la situación límite para el sistema de seguridad global que ha supuesto el acto de piratería internacional del ataque y ocupación de Irak. Hacía tiempo que no se vivía una época de tanta incertidumbre política y social en el conjunto del planeta y hacía tiempo, también, que la desafección democrática no alcanzaba cotas tan extremas. Los triunfos de Haider en Austria y el susto de Le Pen en Francia durante las elecciones de 2002 no son sino la punta del iceberg de un momento de incertidumbre que mantiene a nuestras democracias en el filo de la navaja del autoritarismo y del recorte de libertades.
Por último, el Tratado Constitucional no constituye un fin ni un principio, sino un importante paso, quizá el más importante, en el proceso de construcción europea, de manera que un análisis de “foto fija” nos ofrecerá una visión sesgada –a veces pretendidamente sesgada-, mientras que una perspectiva dinámica –en qué se avanza, en qué se retrocede- nos ofrecerá un balance más claro de sus contenidos y cualidades.
Hechas estas consideraciones, ¿qué aspectos son los clave de la propuesta de la Convención?
En primer lugar, y con sus limitaciones, es claro que el Tratado Constitucional dibuja un escenario político europeo más abierto al juego democrático, donde los gobiernos ceden poder, se amplía el rango de votaciones por mayoría cualificada, se consolidan los partidos políticos europeos, el parlamento europeo gana en influencia y en capacidad de decisión, se avanza en los principios de la democracia participativa y se reconoce el diálogo social entre trabajadores y empresarios.
Aun siendo conscientes de que estos avances pueden considerarse insuficientes, lo cierto es que abren las puertas a una acción política y social de alcance europeo y permiten ensanchar el “campo de juego” para incidir en las políticas europeas desde una perspectiva progresista y democrática.
En segundo lugar, se proclama la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se reconoce la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de manera que la Unión, en función de su espacio político, reconoce jurídicamente –políticamente ya lo había hecho con anterioridad- la condición de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea como sujetos de derechos ante las instituciones europeas, en tanto que ciudadanos y ciudadanas de la Unión, y no solamente en tanto que nacionales de los estados miembros. Las modificaciones introducidas en el último momento por el gobierno británico han erosionado la potente propuesta inicial, pero su valor sigue siendo incuestionable.
En tercer lugar, se instituyen unos principios y objetivos de la Unión que, si bien pueden considerarse en cierta medida “simbólicos” (las apelaciones al desarrollo sostenible, la paz, la solidaridad, la no discriminación, etc.) forman los principios éticos y valores fundamentales de la Unión y, como tales, legitiman una acción política tendente a la construcción de otro modelo social. No se puede negar que las diferentes variantes de la izquierda se reconocen en la mayoría de esos principios y objetivos como valores fundamentales.
En cuarto lugar, consolida el acervo comunitario y derrota las posiciones tendentes a convertir la Unión Europea es un mercado único sin políticas de cohesión social. Esta amenaza, que ahora consideramos irrelevante, ha sido decisiva durante todo el proceso de ampliación y todavía está en juego.
En quinto lugar, elimina la estructura de pilares y, al constituir la personalidad jurídica de la UE,  avanza en la configuración de la Unión Europea como un socio global, favoreciendo la coordinación y cooperación en materia de política exterior y la toma en común de posiciones en los ámbitos multilaterales. Mención aparte merece la inclusión de una política de defensa común, que puede tener interpretaciones contradictorias (pero nunca vinculada a la OTAN, como promueven determinadas visiones sesgadas del articulado.)
No todo son bondades en el texto propuesto. Tanto las organizaciones sociales como los propios sindicatos y partidos de la izquierda han señalado numerosas limitaciones en la propuesta de Tratado. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:
Pese a las declaraciones de objetivos y principios, el Tratado Constitucional –y por tanto el modelo de Europa que se desea para el futuro- sigue primando la dimensión económica sobre la dimensión humana y social. En efecto, los instrumentos y políticas previstas en la parte tercera del Tratado no son suficientes para garantizar los objetivos sociales de la Unión Europea tal y como están recogidos en la parte primera. Parece claro que la falta de tiempo y el carácter de consolidación del acervo existente en la tercera parte del Tratado no permitió un trabajo en profundidad a los miembros de la Convención, que apenas tuvieron dos meses para completar la parte sustantiva del Tratado. 
La dimensión de igualdad de género ha quedado muy limitada en la propuesta final. Habría sido deseable la incorporación de un nuevo Título sobre Igualdad entre mujeres y hombres que recogiera las acciones positivas en todos los ámbitos con el fin de conseguir la igualdad real, así como medidas para combatir la violencia contra las mujeres, la promoción de la igualdad en el empleo, vida profesional y la individualización de la protección social.
En relación a los Objetivos de la Unión, y pese a sus avances, deberían haberse incluido términos como el de calidad del trabajo, formación continua, alto nivel de protección social, no discriminación o el de servicios públicos de calidad, a la vez que el establecimiento de un principio de coherencia entre los objetivos de la Unión y sus políticas, y una definición clara del significado de Desarrollo Sostenible. En este tema en especial, se echa en falta un protocolo adicional sobre desarrollo sostenible, tal y como reclamaban las organizaciones ecologistas.
Aunque los avances en política exterior y coordinación de la acción exterior de la Unión son considerables, cabe calificar como un grave error haber rebajado la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria a meros instrumentos de la Política Exterior y de Seguridad Común. Por su importancia, la cooperación al desarrollo debería haber sido caracterizada como una política autónoma, incluyendo sus propios contenidos y objetivos. En la misma línea, la Política Exterior y de Seguridad Común, tal y como aparece definida en la parte tercera, debería estar más centrada en la prevención, resolución y gestión de conflictos desde una perspectiva más comprometida con la paz, de acuerdo con los principios y objetivos expresados para la Unión Europea en la primera parte.
En sexto lugar, y quizá lo más importante, consolida el modelo económico neoliberal y es claramente decepcionante en materia fiscal y presupuestaria, y, muy especialmente, en contenidos sociales. Se puede considerar como una oportunidad perdida el que haya habido algunas materias en las que todavía se propone la unanimidad –entre ellas la política social y fiscal. Este déficit, por sí mismo válido para criticar el conjunto del Tratado, se ha debido fundamentalmente a los desacuerdos entre los estados miembros en estas materias, la correlación de fuerzas en el ámbito económico y social y la potente inserción de las economías europeas en la dinámica de la globalización capitalista
El componente económico del Tratado Constitucional merece un análisis aparte y, sobre todo, matizado, ya que está sujeto a normas de interpretación flexibles. En efecto, el Tratado Constitucional sitúa el modelo europeo como una “economía social de mercado altamente competitiva”; habla de la necesidad de evitar déficits públicos excesivos, pero no los cuantifica, incluye la tendencia al pleno empleo como objetivo, al tiempo que instaura la estabilidad de precios como un principio rector de la política económica... Matices todos ellos que permiten unas u otras políticas en función de los equilibrios de fuerzas en el Consejo y en la Comisión Europea, dentro, claro está, de la más estricta ortodoxia de la economía de mercado neoliberal.
No se instaura un modelo ajeno al ya existente en el conjunto de las economías europeas –el neoliberalismo existía y existe antes y fuera de la Unión Europea- sino que establece mecanismos de coordinación de las políticas económicas, dentro de lo que hoy se reconoce como la ortodoxia de la economía de mercado. Dicho esto, es de justicia constatar que se deberían estirar mucho, muchísimo, las provisiones del Tratado para encontrar fundamento jurídico a una política económica alternativa al neoliberalismo.
Balance sin duda contradictorio. Lo que se avanza en lo político, se consolida en lo económico y se estanca en lo social, donde los estados miembros no quieren perder ni un ápice de su soberanía, para mantener el estado del bienestar –como es el caso de la reticencia sueca- o bien para aprovechar su limitado pero significativo dumping social –como es el caso de los países del sur de Europa.

Ni principio ni fin: por un pacto republicano y democrático para Europa

El Tratado no es una foto fija, sino un paso más en muchas direcciones al mismo tiempo, como todos y cada uno de los momentos clave en los que se ha visto envuelta la construcción europea.
Con su importancia en lo institucional, el Tratado no agota el debate sobre el futuro de la Unión Europea, sino que constituye un momento clave para precisamente abrirlo, desde la movilización social y la extensión democrática, desde la construcción de espacios de ciudadanía –en lo local y en lo estatal, pero ahora también en lo supraestatal- y la promoción de la democracia participativa.
Necesitamos un gran proceso republicano para Europa. La innovación política no se agota en el Tratado Constitucional, sino que éste abre las puertas a una nueva Europa. Una Europa basada en el pacto ciudadano que hace posible la res pública. Una Europa que rechace el eurocentrismo, diversa, mestiza, plural, abierta a identidades con contrastes y huidiza de homogeneizaciones artificiales. Una democrática, solidaria, diversa. Una Europa que de una vez por todas entienda que sus valores, sus ideas, sus tradiciones culturales, son necesarias pero no suficientes para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la humanidad. Una Europa que busque complicidades y no vasallajes. Una Europa que se construya desde, y no contra, sus propios ciudadanos y ciudadanas.
Son miles las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ONG, movimientos sociales, que están construyendo desde su trabajo cotidiano esa otra Europa. Cada vez más, organizaciones locales conforman redes de trabajo europeo, buscando alternativas sociales, culturales, económicas, a los problemas a los que se enfrenta Europa. Es este tejer el lienzo social el que da textura, sabor y color a la Construcción Europea. Allí están los nuevos héroes de la Construcción Europea.
Estas redes, diversas y en muchos casos con intereses contrapuestos son el embrión del demos europeo. Su vitalidad y su fortaleza consiguió reunir a cerca de cien mil personas en las dos primeras ediciones del Foro Social Europeo en Florencia y París, donde se desarrollaron cientos de talleres y seminarios con la participación de miles de organizaciones. Mucho se ha comentado del Foro Social Europeo. Sesenta mil personas no son una mayoría, pero sí un gesto político de primera magnitud, un aviso para los navegantes del europeísmo irredento: la ciudadanía está aquí y quiere opinar, ha terminado el tiempo de los grandes próceres y comenzamos la era de la democracia europea. 
La gran virtud del Foro Social Europeo ha sido lograr dar el pistoletazo de salida para que los movimientos sociales de Europa articulen una movilización pública serena, rigurosa y, sobre todo, amplia, que democratice el debate sobre el Futuro de la Unión Europea, hasta ahora presa de los análisis de los politólogos y de los intereses comerciales.
Mal que les pese a muchos, el Foro Social y la Convención Europea no son procesos antagónicos, sino las dos caras de la misma moneda: una Europa que busca un lugar en un mundo confuso, contradictorio e incierto que ella misma ha contribuido a crear. No es coincidencia que ambos procesos sean simultáneos en el tiempo. Responden a la necesidad de reformular el proyecto europeo, de democratizar un proceso histórico que había llegado a una vía muerta por la vía de la diplomacia.
El Tratado Constitucional planta –de manera insuficiente y contradictoria- las semillas para avanzar en una transformación social en Europa. Así, la extensión democrática que supone el Tratado Constitucional proporciona instrumentos –quizá insuficientes, pero en cualquier caso, necesarios- para armar mejor una estrategia europea de transformación social: desde lo político –partidos europeos, incremento del poder del Parlamento Europeo-, desde lo participativo –referéndum europeo, inclusión de los principios de democracia participativa- y desde lo social –diálogo social, derechos fundamentales. Cómo los utilicemos va a depender de nuestro propio enfoque y de las fuerzas y las ganas que tengamos para contribuir al proceso.
El Tratado Constitucional es un paso corto pero decidido en la dirección correcta, en la dirección del re-equilibrio entre lo diplomático y lo democrático, entre lo económico y lo social. La escala de la acción pasa del Estado Nación a la Unión Europea y ahí todavía hay muchas cosas por definir. Tener un Tratado Constitucional nos va a servir para avanzar en ese discurso republicano que tanto necesitamos en Europa. A pesar de sus limitaciones sociales y económicas. A pesar de sus insuficiencias democráticas. Europa estará más cerca de lo que los ciudadanos y ciudadanas queremos que sea, no en el paraíso socialista, sino en el aquí y ahora del mundo imperfecto desde donde construimos nuestras alternativas.
¿Podremos asumir este reto? No podemos dejar de ser quienes somos y no podemos dejar de llevar sobre nosotros nuestra propia historia compleja y contradictoria. Si somos capaces de rehacer nuestra memoria, si somos capaces de evitar que Europa siga siendo una amenaza para el planeta y para sí misma, estaremos más cerca de ese otro mundo posible que, cada día, es más necesario. El debate está abierto.