La ley preciosa do está el bien nuestro, contra una violencia que mata a una o varias mujeres cada semana, y que causa centenares de suicidios, miles de casos de malos tratos, en su gran mayoría no denunciados, y numerosas agresiones sexuales. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que ahora tenemos al alcance de la mano.
Hay quien considera que el proyecto de Ley integral contra la Violencia de Género es discriminatorio hacia los hombres e inconstitucional. No les pedimos un “trágala” ni que se callen. Bienvenido sea el diálogo público que saca esta lacra social de la falsa privacidad de los “hogares cerrados, puertas clausuradas” de los que hablaba André Gide. La violencia de género es violencia política. Quizá la más extendida violencia política a escala planetaria.
Muy recientemente, un prestigioso periodista ha insinuado que la presencia de estos crímenes en primera página de los periódicos respondía a una moda pasajera de los medios de comunicación (“Crímenes en primera página”, Vicente Verdú, El País, 9/7/2004). No es así. Lo que ha hecho “noticiable” el asesinato de una mujer es la creciente, aunque insuficiente, toma de conciencia sobre la gravedad de ese terror machista, de la misma forma que los crímenes etarras recibieron mayor relevancia informativa a partir de la toma de conciencia social que acompañó al asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Los crímenes del terrorismo etarra o fundamentalista, del racismo, de la homofobia o de la violencia de género causan menos muertos que los accidentes de tráfico, pero resulta razonable y necesario que se les dé una dimensión superior, por su  intencionalidad y por los efectos amedrentadores  que tienen en tanto que violencias de odio y dominación. Casi nadie lo pone en cuestión cuando se trata de legislar contra el terrorismo organizado. Pero ese consenso se rompe cuando se habla de la violencia de género, pese a su inequívoca especificidad. Quizá lo que nos separa sea el reconocimiento o negación del carácter singular de la violencia contra las mujeres.
Uno de los campos de batalla de esta polémica se ha situado en el ámbito de lo “linguísticamente correcto”. Lo principal es el contenido de ley. Pero esta querella nominalista tiene más importancia de lo que parece.
La Real Academia Española (92,5% de hombres), que no ha dudado en reconocer términos como “display” o “marketing”, se opone a la utilización de la expresión  “violencia de género”, a la que considera una mala traducción del inglés. En realidad, hemos tenido la suerte de disponer de una palabra propia, “género”, adecuada para recoger, sin adaptaciones forzadas de términos no castellanos, un concepto cuyo estatus específico en las ciencias sociales hace referencia a una construcción social que asigna roles a grupos de individuos según su sexo.
En matemáticas, física, biología, psicología y en todas las disciplinas científicas se utilizan, con significados muy específicos, palabras que ya formaban parte del idioma castellano. Eso no ha creado ningún conflicto. Si hablar de “violencia de género” provoca muchos resquemores es porque estamos hablando de política y de nuestra propia vida.
Política es la preferencia mostrada por la RAE por la expresión “violencia doméstica”. Nosotras mismas la hemos utilizado, pero nos dimos cuenta de que en ella había una ambigüedad fundamental, pues oculta tanto la asimetría fundamental entre la violencia cometida por hombres contra mujeres y la violencia de mujeres contra hombres, como la existencia de un tejido continuo de discriminaciones y violencias contra las mujeres de la que los asesinatos son la más brutal expresión.
Desde la hostilidad explícita o implícita a la Ley contra la violencia de género se nos habla de “dificultades de convivencia”, de “resentimientos”, de “amor, desamor y odio”, de “patologías”, de falta de “formación matrimonial” y “compromiso conyugal”, de “frustraciones sociales”, etc. Fórmulas de las que algunas son abiertamente reaccionarias, otras no dicen absolutamente nada y las restantes pueden tener un interés auxiliar de cara al estudio de algunos aspectos particulares de la violencia o a terapias clínicas. Pero ninguna de ellas toma en cuenta y menos aún explica la violencia de género, la asimetría radical que la expresión “violencia doméstica” oculta.
Esta asimetría tiene que ver con una dominación. Dominación machista o patriarcal, como queramos decirlo. La dominación tiene signo, orientación, y por tanto la violencia también lo tiene. Por eso, el propósito de la Ley contra la Violencia de Género no es hacer frente a la violencia en general, para lo que se dispone de un amplio Código Penal y podrían elaborarse nuevas leyes si se considerase necesario, sino combatir esta violencia en particular. Una vez reconocido esto, es perfectamente legítimo introducir otros elementos, herramientas que pueden ser útiles, por ejemplo, para comprender por qué unos hombres son maltratadores y otros no. Pero hay que partir de la asimetría; sin ella, nada se explica.
Algunos ponen esto en cuestión. Por ejemplo, la Conferencia episcopal liga la violencia de género (expresión que, claro está, los obispos no usan, salvo para condenarla) a la “revolución sexual”. Es decir, para estos clérigos las raíces de esta violencia no son una dominación sino aquello que nosotras consideramos un proceso, largo y desigual, de emancipación. Presentan la violencia contra las mujeres como un fenómeno novedoso, ligado al alejamiento de los “valores familiares” y del “matrimonio cristiano”, a los divorcios, a la autonomía de sexualidad y procreación, etc.
Desde otra óptica, laica o al menos no explícitamente religiosa, se insinúa un mensaje en cierta forma convergente con el de la Conferencia Episcopal, aunque sin culpar a la “revolución sexual” ni formular una explicación alternativa, insistiendo, como hace Vicente Verdú en el artículo antes citado, en que la explicación fundamentada en un “machismo temible” ya no se sostiene, dado que un país como Noruega, que ocupa el primer lugar en todos los rankings internacionales relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, tiene un índice de mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas que casi triplica el existente en España. Sin embargo, quienes se apoyan en ese dato empírico para calificar de superficial y apresurada la Ley contra la Violencia de Género, sin sumarse explícitamente a la tesis vaticanista, son totalmente incapaces de dar una explicación razonable de por qué en España y en Noruega, en México y en Papúa-Nueva Guinea, en Arabia Saudí y Afganistán la “violencia doméstica” es, en esencia, violencia de los hombres contra las mujeres, aunque existan diferencias cualitativas entre unos casos y otros.
Por otra parte, no debe olvidarse que toda revolución tiene su reacción. Incluso allá donde más han avanzado las políticas de igualdad, en muchos casos con la ayuda de leyes de acción positiva que también fueron calificadas de “discriminatorias” por sus críticos, siguen existiendo culturas sociales regresivas y muchos individuos a los que les resulta extraordinariamente difícil adaptarse a la nueva situación, al igual que a muchos blancos estadounidenses racistas se les pudo hacer casi insoportable la presencia de negros en las universidades o en la misma zona de los transportes públicos. Hay hombres que viven como una humillación la autonomía sexual, social y laboral de las mujeres y el cuestionamiento del papel dominante masculino. Pero ellos no tienen derecho a una situación de privilegio sobre las mujeres. No hay excusa.
Resulta muy significativo que en los países más avanzados en cuanto a políticas de igualdad la mayor parte de estos asesinatos tienen lugar en momentos de ruptura o tras ella. Las muertes son muchas, demasiadas, pero sólo un pequeño porcentaje del total de casos de malos tratos que afectan a mujeres. No necesariamente hay más muertes donde hay más malos tratos. Realmente, nosotras no sabemos si el porcentaje de mujeres maltratadas es mayor en Noruega o en España, ni si la diferencia en el índice de mujeres asesinadas se debe a una mayor extensión del maltrato en Noruega, a una reacción machista ante una mayor afirmación de la autonomía de las mujeres o, incluso, a otras peculiaridades de ambas sociedades que puedan influir sobre las cifras absolutas. Pero lo que sí sabemos es que las mujeres son mucho más maltratadas en Arabia Saudita o Afganistán que en España o en Noruega, no a causa de una superioridad “occidental”, sino por la superioridad de la democracia y de los logros alcanzados por la lucha de las mujeres y de aquellos hombres que han sido solidarios. El avance de la autonomía de las mujeres implica la creación de condiciones para una disminución de los malos tratos, pero no garantiza de inmediato la aceptación de la nueva situación por parte de los sectores masculinos más irreconciliables con el cuestionamiento de su poder.
Si la violencia “doméstica” tiene signo negativo para las mujeres, si son millones las mujeres maltratadas, si los asesinatos en los países más avanzados se producen en la mayor parte de los casos porque un hombre no soporta que una mujer ponga fin a su relación, es, precisamente, porque es violencia de dominación, violencia de género en este caso, ligada a un patrón social construido durante siglos, asimétrico y discriminador. Dominación tan asumida por muchos hombres que a algunos les resulta absolutamente insoportable verla cuestionada.
Entiéndase bien: violencia de dominación. Los malos tratos contra las mujeres son tan políticos como los crímenes de ETA y del Ku-Klux-Klan, aunque no sean planificados por una organización. Su “espontaneidad” nos avisa de que son aún más difíciles de erradicar y requieren una acción integral en el ámbito educativo, político, laboral, social y penal, pues están mucho más extendidos y se fundamentan en una ideología tan asumida por demasiados hombres que ni siquiera la viven como tal “ideología”, sino, simplemente, como algo que “es así”, “naturaleza”, ficción que es desenmascarada, precisamente, por su desvelamiento como violencia de género.
Contra una violencia de dominación, una ley que no la reconociese como tal sería una burla. El proyecto de Ley contra la Violencia de Género no discrimina a nadie. Tampoco es exclusiva ni principalmente “penalista”, aunque resulta sorprendente el ferviente discurso “antipunitivo”  que exhiben en este campo algunos juristas y comentaristas muy inclinados a la “mano dura” en otros. La Ley aborda el problema que pretende abordar y lo hace bien, sin que eso excluya que pueda ser mejorada en su tramitación, tomando en cuenta aportaciones específicas como, por citar un ejemplo, algunas de las hechas por Soledad Arnau e Isabel Rosado respecto a la violencia contra mujeres con algún tipo de discapacidad. Pero lo que de ninguna manera vamos a admitir sin resistencia es que el proyecto pierda su norte. Afortunadamente, lo que escuchamos a diversos miembros del Gobierno transmite una posición firme.
Esperamos que así se mantengan. Cuenten, en ese caso, con nuestro apoyo, como lo tienen ahora. Hemos luchado durante demasiado tiempo por una ley semejante para dejar ahora que nos la arrebaten. No nos la regala nadie. La hemos ganado.