Ir a página principal de Iniciativa Socialista
Ir a archivo de documentos

España hoy:

medio ambiente, ciudad y territorio

Arturo Gonzalo Aizpiri


* Arturo Gonzalo Aizpiri es Secretario de Movimientos Sociales de la Federación Socialista Madrileña del PSOE. Ponencia presentada en el IV encuentro sobre el programa electoral socialista: "calidad de vida: una garantía de futuro" y publicada en Iniciativa Socialista con autorización del autor. Agradecemos a Miguel Aguado, de la organización sectorial de Medio ambiente del PSOE, las gestiones realizadas para la publicación de este documento.



 

1. La calidad de vida: el derecho a disfrutar de bienes públicos

En las sociedades modernas la calidad de vida está estrechamente relacionada con la capacidad de los ciudadanos de disfrutar de bienes públicos tales como el agua, el aire o el territorio. La gestión que de estos bienes públicos hace la Administración y la sociedad en su conjunto determina por tanto decisivamente la calidad de vida.

A nuestro juicio, sólo un fuerte compromiso con lo público permite proporcionar calidad de vida a los ciudadanos de forma justa y sostenible.
 

2. La alergia de la derecha a lo público reduce la calidad de vida

Tal compromiso con lo público está ausente del fundamento ideológico de la derecha, en particular de la que representa el Partido Popular. El PP tiene como eje de su proyecto político la privatización de lo público, tanto en lo que se refiere a la actividad económica como a la prestación de servicios básicos y a la administración del territorio y los recursos naturales.

Lamentablemente la privatización de lo público tiene nefastos efectos sobre la calidad de vida, dado que los intereses privados:

- Son incapaces de entender el largo plazo en términos intergeneracionales.

- Se despreocupan de los "efectos colaterales" de su actividad en otros ámbitos de la vida colectiva.

- Introducen desequilibrios territoriales y sociales en función de la capacidad de gasto de quienes de ciudadanos han pasado a ser clientes.

Veremos cómo estos principios generales sirven de contexto a la situación de la calidad de vida en nuestro país tras una legislatura de gobierno del PP en España. Desde luego, en los gobiernos municipales y autonómicos se amplifican muchas veces hasta el esperpento los comportamientos que señalaremos en el Gobierno de la Nación.
 

 3. La derecha no sabe lo que es el territorio

Ante un mapa la izquierda ve personas en un territorio y la derecha suelo urbanizable. Expresamos así una concepción completamente diferente del medio en que se desenvuelve una sociedad, lo que podríamos llamar el "hábitat social". Territorio lleva implícita una fuerte interrelación de recursos y funciones sociales, mientras que suelo urbanizable es una mercancía con valor económico.

Esto explica la nefasta política territorial y de infraestructuras desarrollada por el PP en estos años: para la derecha la prioridad consiste en transferir suelo a los promotores privados, y elevar el valor de estos suelos mediante el planeamiento urbanístico e infraestructural.

La Ley del Suelo es un claro ejemplo de ello. El desprecio por lo público que subyace en ella se manifiesta claramente en dos cuestiones:

- La extensión del suelo potencialmente urbanizable a todo aquel que no esté expresamente preservado por alguna figura de protección ambiental. Sólo el hambre especulativa puede explicar este atentado al medio ambiente y a la aspiración colectiva de ordenar equilibradamente las funciones del territorio.

- La reducción de la cesión obligatoria por parte de los promotores a los ayuntamientos desde el 15 al 10%. Esta medida ha fracasado en su pretendido objetivo de abaratar el precio del suelo y por el contrario ha reducido drásticamente la capacidad de los municipios de construir una "ciudad social".
 

4. Las "ciudades populares": caos y especulación

El fracaso del PP de hacer una "ciudad social" es notorio en los municipios donde la derecha ha gobernado durante algún tiempo, desde luego es paradigmático el caso de la ciudad de Madrid como ejemplo del concepto urbano del PP. Como elementos definitorios de este concepto podemos señalar:

- La ciudad se subordina a tres grandes bloques de intereses privados: los propietarios o promotores de suelo, las grandes empresas constructoras y el automóvil.

- Por ello, la ciudad diseña crecimientos gigantescos desatendiendo los requerimientos dotacionales, infraestructurales y medioambientales de los mismos. La ciudad no se desarrolla, sino que crece para proporcionar negocio y valor añadido a los suelos que se incorporan a ella. Como ejemplo, sirva decir que el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid prevé la construcción de ¡500.000 viviendas!, a pesar de que en la capital existen 160.000 viviendas vacías y suelo ya disponible para construir otras 60.000.

- La prioridad de la puesta en valor de nuevos suelos relega a un segundo plano la revitalización de los centros urbanos y la recualificación de los barrios periféricos humildes. Es incontrovertible que muchas zonas del centro histórico de Madrid y los distritos del sur de la capital presentan una calidad urbana muy inferior a la de los grandes municipios metropolitanos, que hace sólo 20 años eran "ciudades dormitorios" con enormes carencias y hoy son ciudades a secas, por derecho propio, con un nivel dotacional generalmente aceptable y proyectos urbanos equilibrados y bien definidos.

- Relacionado con lo anterior, en la "ciudad popular" lo que tiene valor es el suelo y no la gente. Por ello se acentúan las bolsas urbanas de marginalidad alimentadas por la exclusión social y la hostilidad al fenómeno imparable de la inmigración. Como en otras, en esta cuestión el alcalde de Madrid es una fuente inagotable de vergüenza: ¿recuerdan el desalojo con estivalidad y alevosía de las familias rumanas de Malmea, o su afirmación de que algunas de ellas habían ido a Valencia de vacaciones?

- Las infraestructuras de transporte público o privado que diseña el PP no pretenden dar servicio a los ciudadanos, sino nuevamente revalorizar suelos o directamente hacer viables grandes operaciones urbanísticas. No es suficientemente conocido que en Madrid hay líneas de Metro construidas con estaciones cerradas porque aún no se han urbanizado los barrios previstos para su entorno, cuando hay populosos barrios de la capital que aún carecen de esa infraestructura. En pocas palabras, los madrileños se endeudan para enriquecer a los propietarios y promotores de suelo.

- Consistentemente con lo anterior el interior de las "ciudades populares" se ha rendido como trofeo a los vehículos privados, hasta el punto de que el peatón se ha convertido en una figura incómoda para las autoridades municipales y el ciclista poco menos que en un suicida. La carencia de zonas peatonales en la capital es sencillamente tercermundista.

- Junto a la ocupación de espacio, el ruido y las emisiones al aire que genera el tráfico, otros problemas ambientales típicamente urbanos han sido olvidados por el PP: la limpieza urbana es deficiente, no existen políticas comprometidas de ahorro energético y promoción de energías limpias, los sistemas de recogida selectiva de residuos se implantan con lentitud e ineficiencia. Es sintomática la resistencia de las "ciudades populares" a elaborar Agendas 21 de Desarrollo Sostenible; desde luego los ingredientes básicos de las Agendas 21: visión global y de largo plazo e implicación ciudadana, son ajenos a la cultura de la derecha.
 

5. Vivienda sólo para quien la pueda pagar

El PP quiso hacer creer a los ciudadanos que las facilidades a la urbanización, la reducción de la cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos y la reducción de los tipos de interés resolvería el problema de la vivienda en España. Sin embargo, es un hecho que desde 1996 el IPC de la vivienda ha crecido más que el IPC general; según el Ministerio de Fomento en el último año el precio de la vivienda se ha incrementado en un 10%.

El incremento de los precios se agrava por la ausencia de una política de promoción de vivienda protegida (actualmente se encuentra en el nivel más bajo de la última década) y en alquiler. Las dificultades sociales que causa esta situación son especialmente visibles entre la población joven, que ha visto elevarse la edad media de emancipación hasta los 30 años, la más alta de Europa.
 

6. La parálisis de la Administración Ambiental

En relación a la Administración Ambiental, el flamante Ministerio de Medio Ambiente ha terminado por convertirse en un grave fiasco paralizado por el cambio constante de altos cargos, la escasez de ideas y de recursos presupuestarios y la falta de voluntad y peso político de la Ministra. Además, la hostilidad a los movimientos ecologistas y ciudadanos ha sido notoria.

La parálisis del MIMAM se refiere al incumplimiento tanto de sus propios compromisos (como la Ley de Montes o la Ley de Responsabilidad Civil Medioambiental, tantas veces anunciada por la Ministra) como de las obligaciones de España en el contexto de la Unión Europea; las dos directivas comunitarias de carácter ambiental más decisivas arrastran graves retrasos en su desarrollo en España. En concreto, la nueva Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental debería haber sido implantada en el mes de marzo, y la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (conocida como IPPC), cuyo plazo de trasposición finaliza el 30 de octubre, aún carece de borrador maduro del Proyecto de Ley. Por cierto que esta falta de cumplimiento de la normativa europea se corresponde con una evidente pérdida de presencia de España en materia medioambiental en el ámbito internacional.

Tampoco el Ministerio ha cumplido con las exigencias de la legislación aprobada por el Parlamento: según la Ley de Residuos de 1998 el Proyecto de Ley del régimen fiscal de aceites industriales y lubricantes debería haber sido presentado al Congreso antes del 21 de abril de este año, sin que aún se tenga ninguna noticia de él.

También en relación a los residuos, es notoria la dejación de responsabilidades del Ministerio en el desarrollo de la Ley de Envases y Residuos de Envases. Ni se está produciendo ninguna coordinación de la actuación de los Sistemas Integrados de Gestión en el conjunto del país, ni se ha reunido nunca la Comisión de Seguimiento prevista en la Ley, ni se conoce globalmente la cantidad y el destino de los materiales recuperados.

Por último, es necesario señalar el fracaso del Gobierno del PP en relación al problema ambiental global más acuciante al que se enfrenta la humanidad: el Cambio Climático causado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Al margen de la recreación del Consejo Nacional del Clima y de las grandes declaraciones de la Ministra, nada ha hecho el Gobierno para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de España derivadas del Protocolo de Kioto. Es simplemente escandaloso que aunque según la Comisión Europea España ha superado ya el techo de emisiones autorizado para el año 2.010, no se conoce aún ningún borrador de una Estrategia Nacional contra el Cambio Climático que merezca el nombre.
 

7. Bienes públicos, mercancías privadas: más claro que el agua

Uno de los ámbitos donde la gestión del PP ha sido más negativa sin duda es el de la gestión del agua. Prácticamente concluida la Legislatura, parece claro que el PP no sacará adelante el Plan Hidrológico Nacional, a pesar de los reiterados compromisos al respecto. En esta materia puede afirmarse que el PP se ha limitado a concluir el trabajo de elaboración de los Planes de Cuenca iniciados anteriormente.

La filosofía de poner recursos públicos en manos privadas es patente en la reforma promovida por el Gobierno de la Ley de Aguas, que previsiblemente será aprobada de forma inminente en el Congreso de los Diputados. La principal iniciativa de esta reforma consiste precisamente en la creación de un Mercado del Agua basado en transacciones entre particulares, que sólo a posteriori se comunicarán a la Administración de las cuencas.

Además, se ha dado paso a la iniciativa privada en la construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, lógicamente bajo criterios de rentabilidad económica. Esto tiene consecuencias bien claras:

- Se desatienden aquellos aspectos de la gestión del dominio público hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la mejora ambiental de márgenes y riberas, etc. Estos son justamente los aspectos de mayor contenido ambiental.

- Se introducen desequilibrios territoriales en función del valor añadido que genera el agua en cada región. Las zonas de agricultura y ganadería extensiva, las más necesitadas de consolidar su población rural, estarán a la cola en la lista de prioridades de las obras hidráulicas.

- En definitiva, se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla.
 

8. El balance: hoy mal, evitemos que mañana sea aún peor

Sin catastrofismo ni demagogia podemos afirmar que el Gobierno del PP ha reducido la calidad de vida de la mayoría de los españoles. Esta es una consecuencia inevitable de los supuestos ideológicos de una derecha que desprecia lo público y sacraliza lo privado.

De hecho, creemos que la calidad de vida entendida de forma colectiva es una cuestión de solidaridad entre grupos sociales, territorios y generaciones. Quien no entiende la solidaridad confunde la calidad de vida de todos con el bienestar privado que cada cual puede pagarse.

No obstante, la falta de una mayoría absoluta del PP, la oposición del Partido Socialista y otros grupos políticos y el respeto hacia lo público de la mayor parte de la sociedad española han limitado el retroceso causado por el gobierno de la derecha en los factores clave de la calidad de vida que hemos examinado. Estamos convencidos de que un gobierno y una mayoría parlamentaria socialista tras las próximas Elecciones Generales invertirían la tendencia actual mediante una política de revalorización de lo público con criterios de equidad social, equilibrio territorial y solidaridad intergeneracional.
 
Ir a página principal de Iniciativa Socialista