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El mundo político y financiero sabe que Argentina está viviendo una profunda crisis institucional. La misma se le ha adjudicado a una severa situación económica que hace que no se pueda salir de la recesión, con el círculo vicioso de la desocupación y el peligro de la cesación de pagos, lo que aumenta la tasa del "riesgo país" que se deba abonar por nuevos endeudamientos para pagar antiguos vencimientos de capital e interés.
Una lectura lineal -e ingenua- deja ver que la crisis económica es la causa de la crisis política institucional. Esto es falso, la relación es a la inversa, vale decir, la crisis política ha arrojado al país a la crisis económica, como lo señaláramos en una nota anterior (Rodriguez Kauth, 2001).
2-MIRADA ECONÓMICA:
Pese a lo dicho, iniciaré el análisis de la situación en el orden inverso al propuesto anteriormente. Argentina es, económicamente, un país paradójico. Muchas riquezas naturaleza con una densidad demográfica envidiable y, sin embargo, pobre económicamente. La pésima distribución de la riqueza ha hecho que en los últimos 30 años se convirtiera en un país empobrecido dónde su población sufre la crueldad de la falta de recursos materiales para subsistir. Las palabras de moda en el vocabulario nacional son: riesgo país, recesión, desocupación (Sevares, 2000; Rodriguez Kauth, 2001b), marginamiento, exclusión social, corrupción (Grondona, 1993; Rodriguez Kauth, 1999), exceso de cargos y gastos políticos, etc. En realidad, todas devienen de una causa: la corrupción, que corroe al tejido social de la población y, en particular, de lo que se conoce como la clase política. Ellos son los que marcan el ritmo en ése quehacer poco salubre para la salud pública de la Nación. Pese a eso, la ciudadanía -salvo pequeños grupos autoritarios- usa su creatividad en sostener las instituciones políticas previstas en la Constitución, a fin de superar sus carencias y encontrar caminos que le ofrezcan fiabilidad y credibilidad en el sistema democrático.
En 1999, el electorado creyó en una "salida mágica" a sus desvelos y penurias eligiendo un nuevo estilo gubernamental que aseguró modificar el modelo parafernálico; más sus deseos no se cumplieron: continúa el miedo a la devaluación de la moneda y los ahorristas locales se refugian en los dólares -aunque pierdan puntos de interés en sus depósitos- y no se ha superado la recesión que lleva más de tres años y hundió al país en la crisis más larga de su historia; en tanto el Estado no logra bajar el gasto público y, consecuentemente, galopa a nuestro lado el Jinete Apocalíptico más temido de la contemporaneidad, el de la desocupación.
La Argentina está endeudada externamente -aproximadamente más de 180 mil millones de dólares- y un PBI muy bajo: es un país pobre. Si se reparte el monto de la deuda externa entre sus habitantes, cada uno debe U$S 3.500 y, el monto total, asciende cada hora en un millón y medio. Pero, tan grave como el endeudamiento externo -aunque los economistas fundamentalistas que pululan por los despachos oficiales pongan el acento de nuestros males en ése punto (1)- es la "deuda interna", a lo que se presta poca atención desde los cenáculos del poder. Pruebas al canto: a) jubilados que sobreviven con 150 dólares mensuales; b) un sistema sanitario que no provee mínimamente las necesidades de la población media y excluída; c) un sistema educativo dónde el 40% de sus docentes viven por debajo de lo que los economistas definieran como "por debajo de la línea de pobreza" (Calcagno, 1994; Rodriguez Kauth, 1998) y -como efecto o como causa- un alto desgranamiento escolar seguido de escaso aprendizaje; d) más del 15% de la población económicamente activa desocupada y, otro tanto, subocupada, según estimaciones oficiales, lo cual suma cerca de un tercio de la población viviendo en condiciones miserables. Esto adquiere mayor gravedad cuando tiene lugar el fenómeno de "privación relativa" (Stouffer, 1949), el que se manifiesta con la parafernalia de lujos en que se mueve la farándula de los políticos que han hecho banalizado su quehacer (Rodriguez Kauth, 1997), merced a un exhibicionismo enfermizo que apunta a rebajar al pueblo a la categoría de triste observador de cómo es humillado (Sade, 1795); e) una profunda recesión económica que (2) ningún economista ortodoxo encuentra la forma de superar, lo que podría salvar buena parte de lo expresado hasta aquí; y e) un estado de sospecha generalizado sobre la "clase política" de corrupta. Este no es un hecho menor, ya que la corrupción afecta al tejido social. Para ejemplificar, valgan los casos del escándalo en la Cámara de Senadores (Rodriguez Kauth, 2001c) por sobornos recibidos para sancionar una ley, los que provinieron del Poder Ejecutivo y en el mismo estaba implicado el propio Juez que tuvo la causa, lo que provocó la renuncia del Vicepresidente Carlos Alvarez; el caso de la "mesa de dinero" (3) en la Tesorería de la Cámara de Diputados de la Nación; y, para concluir con lo más reciente, la asignación de subsidios y pasantías -creadas para desocupados- a estudiantes de Franja Morada (4) lo cual se agrava debido a que desde el Poder se corrompe a lo que se supone es el "futuro" del país: la juventud; y f) caben muchos más ítems, pero no es cuestión de agotar al lector con datos apabullantes de lo que ocurre por aquí y que provocan el fenómeno psicopolítico que nos interesa, ya que la subjetividad -individual y colectiva- se ve atravesada por un estado de malestar crónico.
Esta situación anómala -reflejada en indicadores macroeconómicos como en los bolsillos del pueblo- llevaron a ése estado generalizado de "malestar" (Freud, 1930) en la población. Se manifiesta de muchas maneras, van desde la desconfianza mutua entre las personas hasta un descrédito masivo por "los políticos". El primer tema es de abordaje psicosocial y el segundo es para el análisis psicopolítico, por lo cual nos ocuparemos de él con la profundidad que el caso merece.
3-DATOS PARA EL MALESTAR:
Las encuestas privadas -como las del Estado- reflejan uniformemente el clima social descripto: un profundo malestar por parte de la "gente" para con los políticos. Se ha abierto un enorme hiato entre el pueblo y sus dirigentes, cuando entre ellos debiera -en teoría política- existir una comunión de intereses.
Tal "malestar" no es patrimonio solo para con los políticos y la política, todas las instituciones sociales han caído en el mismo pozo de confusión para la opinión pública, ya que ellas -la Iglesia, Fuerzas Armadas, Sindicatos, Justicia, etc.- fueron a la trampa de confundirse con los "favores" prestados por los políticos. Salvo el periodismo independiente, no hay interlocutor creíble, esto debido a que los periodistas son los que permanentemente están en la labor de destapar la suciedad que atraviesa a las instituciones.
Los políticos profesionales, en especial los mayoritarios -peronismo y radicalismo (5)- que hace más de medio siglo alternan en el poder democrático han usado la misma metodología corrupta del soborno y el cobro de dádivas en su gestión. A todo ello debe unirse la común incapacidad de los dirigentes para encauzar al país en una vía de desarrollo y crecimiento sostenido. Pero esto no debe extrañar, es simultáneamente causa y efecto (MacIver, 1942) de lo anterior.
No estamos en el Primer Mundo que el menemismo nos vendió como pertenecientes a él. Los dirigentes políticos parecen no tomar en cuenta los indicadores mencionados. Ellos viven como reyes y le cuestan al erario público más de diez veces lo que cuesta un político en Europa Occidental, o de los EE.UU. Pruebas de lo que afirmo. La provincia de Formosa gasta por legislador siete veces lo que le cuesta a Baviera, con una población 24 veces mayor, mientras produce una riqueza 150 veces superior a la de aquella provincia, tomado en términos comparativos del PBI (6). Los diputados de Formosa son los más caros del país, cada uno le cuesta a la Provincia $1.600.000 al año entre dietas, personal, viáticos, etc.
La Provincia de La Rioja -de la que es oriundo Menem y por ello se favoreció con subsidios del Tesoro Nacional- tiene un gasto de 14.000.000 de dólares al año para 30 legisladores y su PBI es de $1.650.000.000. Al compararlo con la legislatura de Kansas, dónde se gastan $12.000.000 al año por 165 legisladores, pero que posee un PBI de $59.000.000.000 entonces se tomará la auténtica dimensión del dislate que atraviesa la política local. Asimismo, se puede añadir que en Tucumán se abonas salarios a legisladores provinciales y comunales que en muchos casos rondan los 20 mil dólares mensuales entre sueldos y un rubro enigmático que se inventó para que cobren más: "gastos reservados", el cual es más propio del espionaje que de la política (Pastor Petit, 1996). En la Provincia del Chaco, cada legislador ha nombrado a 46 empleados (7). Comparado con lo que ocurre en Cataluña -con una población seis veces mayor- se ve que su gasto legislativo es menor al del Chaco, aunque allá hayan 134 legisladores, en tanto que su referente de comparación tiene solo 32 y, lo más grave, el PBI Catalán es 40 veces superior al del Chaco. Más, estos ejemplos no son el producto de dirigentes locales que miran en pequeño la realidad que los rodea, sino que lo mismo es posible observarlo en la estructura política nacional (8).
4-LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS POLÍTICOS:
Los dirigentes políticos deben asumir la grave situación del gasto público y es preciso que den señales a la ciudadanía desde su conducta. lo que se logra con austeridad y probidad cívica. No es mucho lo que disminuirá el gasto público, pero será una señal a la población de que se acabó la dilapidación de dineros que son de todos. Más que de una medida financiera es un gesto político, lo cual no es poca cosa en tiempos de desconfianza y desesperanza.
Existen unos 10.000 cargos electivos, entre ellos gobernadores y vices; diputados y senadores y ediles municipales (9). El gasto político del Estado -nacional y provincial- se estima en U$S 20.000 millones -según cálculos del analista R. Fraga- mientras que el Gobierno los calcula en solo el 10% de ésa cifra; si fuera la primera, representa un 40% del presupuesto de gastos anuales del Estado. Tal cifra astronómica se diluye en sueldos; dietas (10); y, más grave, el número -casi ilimitado- que tienen los legisladores de nombrar colaboradores en puestos públicos con que gratifican a parientes -nepotismo- y a amigos, los que son "asesores" en algo en que se supone que son expertos, aunque muchos no lo sean, ya que hubo casos de "asesores" con sólo 17 años (11); otorgar pensiones graciables, que -como su nombre lo indica- no son más que una "gracia", de tipo monárquico en una República (12); secretarias que las más de las veces trabajan de amantes; choferes particulares; pasajes aéreos que regalan a quienes deben favores; teléfonos celulares; y un largo etc. que enhebraría un largo collar corrupto.
El clima de desesperanza y pesimismo en que se vive es posible que sea la resultante de la desilusión originada en la fantasía (13) de que modificando el estilo de conducción política, saldríamos bien parados de la situación en que vivíamos. Muchos de quienes votaron por la Alianza en 1999 lo hicieron hastiados del estilo banalizador imperante -hasta entonces- por el menemismo.
5-POSIBILIDADES Y DESATINOS DE CAMBIO EN LA CLASE DIRIGENTE:
A partir de mayo 2001 surgieron, de distintos sectores, propuestas para modificar la percepción generalizada de corrupción e inutilidad de los políticos; hiciéndolo con el propósito inconfeso de que es la realidad la que afecta a la conciencia y no a la inversa (14) para que "la gente" sienta que los dirigentes políticos son útiles a las instituciones, en especial los legisladores y que éstos superaron la trampa corrupta de servirse de aquellas para enriquecerse. Así, se propone -hasta algunos dirigentes recogieron el reto y en un afán demagógico lo hacen suyo- una reducción del costo político, lo cual serviría para mejorar la alicaída credibilidad de la ciudadanía sobre la dirigencia y afianzar la democracia. Esto es otra "solución mágica", ya que con menos funcionarios, nadie puede asegurar la probidad de los mismos y los ahorros -si bien disminuirían el gasto a cerca de la mitad- no hay garantías de que no se distraigan dineros con fines espurios y egoístas. La solución no es tener menos políticos, sino que los que estén respeten la realidad y ajusten sus cargas en consonancia con la población, es decir, con austeridad, a más de la responsabilidad con que ejerzan sus cargos (15).
Tal solución también es "mágica", debido a que no toma al toro por las astas. Si bien sería prudente bajar el costo político reduciendo el aparato corporativo que afecta a las finanzas públicas y que es una de las claves -menores- del déficit fiscal, nadie de los que están en ésa propuesta ha puesto el acento sobre la deuda externa, la que -con capital e intereses- es la sangría del presupuesto fiscal. Es tema tabú afrontar con seriedad la cesación de pagos, ya que toca los intereses sagrados del establishment y ello está afuera de las pautas de los ortodoxos del liberalismo económico.
Más, críticas ideológicas al margen, lo cierto es que se puede bajar el costo a corto plazo, reduciendo gastos de los funcionarios y el de una burocracia inútil (Weber, 1922), que no sólo es una maquinax de frenar el crecimiento, sino que atrofia a los contribuyentes.
Según el politólogo M. Mora y Araujo (2000) "El altísimo costo del Estado, y en particular el de las instituciones legislativas, está en la raíz de la crisis argentina actual. Explica los problemas fiscales que nos acercan peligrosamente al abismo del default y explica también el descrédito en el que han caído las instituciones de gobierno y el escepticismo ciudadano acerca de ellas". Esta explicación tiene dos partes: la primera es desacertada (16), ya que atribuir la cesación de pagos -que pende desde fines del 2000 como una espada de Damocles- no se explica solo por el costo de "las instituciones legislativas"; pero no se puede pretender que un analista del establishment vea que la cesación de pagos está en la "inmoral deuda externa" (Castro, 1985) que es la causa de los males que nos aquejan. En cambio, la segunda parte de su explicación es parcialmente atinada, en cuanto se refiere al descrédito y escepticismo de la ciudadanía por la política. No es disparatado -desde una lógica no aristotélica- en tanto que de una premisa falsa se desprende una conclusión certera. Su explicacion es sólo certera parcialmente, ya que el pueblo no cuestiona los costos -que a más de uno horrorizan- sino que el descrédito y el escepticismo provienen de la falta de medidas superadoras por parte de un gobierno que ha hecho de la pasividad y la inacción su norma de conducta (17).
Continúa el columnista diciendo que "Durante la última década, la sociedad toda hizo un profundo ajuste competitivo. Se ajustaron las empresas -muchas hasta el punto de desaparecer-, se ajustaron las familias y se ajustaron las personas. El Estado no se ajustó. Los gobernantes instrumentaron las políticas públicas que llevaron a la inserción del país en el mundo globalizado y al camino de la competitividad. Pero el Estado no acompañó ese proceso". Esto también es parcialmente cierto y parcialmente falso. La primera parte de sus afirmaciones son verdaderas, el país, en especial los más humildes, han saltado de un ajuste económico a otro (Rodriguez Kauth, 1994); más es falso que el Estado no se ajustó. Pruebas: durante la última década cumplió fielmente los mandatos del FMI y del BM de privatizar las empresas estatales, las vendió a precio vil a multinacionales, lo que provocó dos hechos: a) aumento de la desocupación, ya que dejaron sin trabajo a centenares de miles de empleados; y b) el vaciamiento de las mismas merced a maniobras financieras complejas de resumir aquí. Sin embargo, pese a las privatizaciones, no aumentaron los ingresos fiscales -eluden sus obligaciones- que enjuagarían el déficit del Estado. Es decir, el Estado hizo los ajustes que le ordenaron sus mandantes del Nuevo Orden Internacional, pero esto no es suficiente para los amigos del imperiocapitalismo. En todo caso, es la clase política la que aún no se ajustó y ésa es la señal que espera la población para volver a confiar en las instituciones que les encargaron. Es preciso no confundir el desprestigio de los políticos con la estimación de las instituciones ya que al hacerlo se corre el riesgo de un retorno no deseado a épocas de dictaduras militares con socios civiles que se aprovechaban de las mismas para sacar réditos personales.
Estas críticas no obstan para que desde el Estado -y desde los políticos- se inicie la reducción de gastos que podrían dedicarse a satisfacer demandas sociales de los sectores más empobrecidos. Entre las mismas bien vale la supresión lisa y llana de las Cámaras de Senadores provinciales. Al efecto, téngase en cuenta que los senadores, según la Constitución, representan a los gobiernos provinciales y no al pueblo -eso lo hacen los diputados- y cabe preguntarse ¿a quién representan los senadores provinciales?.
En consecuencia, los datos presentados -conocidos por los ciudadanos gracias a la tarea periodistica- son una fuente más para el descreimiento y hasta desprecio que siente la población por el quehacer político; es que se ha entrado en la peligrosa vertiente de la desesperanza (Martín-Baró, 1987); si se quiere un símil algo más gráfico y del decir popular, la actualidad nos encuentra "de brazos caídos", "vencidos", inmersos en una fatiga y pesimismo colectivo y no solo sin esperanzas, sino con esperanzas de tragedia, al borde del abismo.
Los síntomas que reflejan tal situación son variados y van desde las largas colas en los consulados de España e Italia buscando con ansiedad un pasaporte que permita huir de la "peste" (18), en las que se destacan los jóvenes universitarios que -según una encuesta (Rodriguez Kauth, 2001)- dicen querer irse "porque aquí no hay presente ni futuro"; pasando por una suerte de "sálvese quién pueda" al mejor estilo de la filosofía popular de E. S. Discépolo expresada en sus tangos "Cambalache" y "Yira, Yira"; hasta la mencionada de bajar el déficit fiscal reduciendo la cantidad de cargos de funcionarios políticos y legisladores. Esto último es el tema central que abordamos, ya que los otros síntomas están reflejados en las noticias periodisticas nacionales e internacionales.
La atmósfera política está "enrarecida", desde el oficialismo se la atribuye -como es costumbre en la política local- a conspiraciones contra alguien o algo. Pero esto no es más que una estratagema, ya que no supieron leer que la sociedad está sobre ascuas debido a que sus dirigentes están desconcertados y pareciera que han perdido el rumbo. La realidad es otra: el liderazgo político está en crisis, desconcertado ante sus desaciertos y, como dijera Menem -en relacion a cómo superar la crisis de gobernabilidad- en tono zumbón: "Muy sencillo, gobernando" (Rodriguez Kauth, 2001d) y esto es lo que no se hace en Argentina. Más, resulta difícil gobernar cuando faltan ideas y no se confía en otros colaboradores que no sean los parientes o amigos, cual es el estilo de De la Rúa.
El gobierno se sumó a las voces de protesta por los gastos políticos y, en consecuencia, envió al Parlamento un Proyecto de Ley en el que se proponen modificaciones cosméticas al estilo de hacer política. Pero ¿no resulta ingenuo pretender que los propios implicados en faltas se condenen por ellas y se apliquen las penas?.
Una encuesta reciente reveló que el 90% está de acuerdo con que se reduzcan los sueldos de funcionarios y legisladores, lo que no significa que estén en contra de la política, solo debe leerse este dato como un indicador del reclamo por austeridad. Al respecto, hay gobernadores que resolvieron reducir el salario de sus funcionarios, a la par que instaron a las legislaturas, jueces y municipios a hacer lo propio.
6-CONCLUSIONES:
El tema que presentamos da para más especulación, pero no existe lugar para ello y, solamente diremos que se advierte no sólo la existencia de un malestar social respecto a la cuestión, sino que se lo puede leer como la resultante de la falta de conducción política que fije límites y proponga soluciones a los múltiples problemas que agobian a la población y la hace tomar en cuenta lo que en otros momentos no era motivo de preocupación ciudadana. Los que estamos con las formas democraticas de vida tenemos la obligación cívica de llamar la atención respecto a las voces de sirena que pretenden interpretar el sentir popular, cuando en realidad están preparando el caldo de cultivo a fin de despreciar el sistema democrático. Los partidos políticos (19) son necesarios para interpretar el sentir y el pensar de "la gente", son los que lo hacen con legitimidad. Pero para eso es preciso que previamente se legitimen a su interior, es decir, modifiquen las pautas corruptas que los embargan y luego pueden lanzarse a recuperar la credibilidad perdida en la subjetividad de la ciudadanía que los necesita para hacer oir sus reclamos de una mayor y mejor participación en la justicia social.
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