¿Qué hacer con el FMI
y el Banco Mundial?
Consejo científico de ATTAC

Consejo científico de Attac. Extractos de un libro que aparecerá en Éditions Mille et une nuits. Este libro ha sido escrito por un grupo de trabajo del Consejo científico, compuesto por Suzanne de Brunhoff, Jacques Capdevielle, Gus Massiah y Dominique Plihon. Los principales análisis han sido discutidos y aprobados por el Consejo científico.

Las instituciones financieras internacionales (IFI) son el instrumento a través del cual el capitalismo transnacional intenta imponer su ley a los países del Sur. En lugar de suprimirlos (lo cual alegraría a los ultraliberales) o de lavarles la cara, Attac propone transformarlos radicalmente, transformando a la vez su ámbito de intervención y su funcionamiento.
En julio de 1944 se inauguró la conferencia de Bretton Woods, que reunió en Estados Unidos a expertos económicos (Keynes entre ellos) y jefes de Estado o de Gobierno de los aliados. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, hoy tan ampliamente desacreditados, nacieron entonces. En efecto, estas dos instituciones de Bretton Woods se han ido alejando progresivamente de sus funciones iniciales –estabilizar los tipos de cambio para evitar la vuelta de los desórdenes monetarios de los años treinta, y financiar la reconstrucción después de la guerra, así como el desarrollo de los países menos avanzados- para irse convirtiendo en mecanismos a través de los que el capitalismo transnacional impone a los países dependientes y endeudados sus reglas de organización, bajo el nombre de “ajuste estructural”. (…)
Proponemos reformar radicalmente las IFI, es decir, poner de nuevo en discusión la propia naturaleza de los poderes que se ejercen a través de estas instituciones y, por tanto, la lógica que determina su acción.
Esta posición se opone, por una parte, a los ultraliberales, cuya posición está expresada en el informe Meltzer, que desean reducir al mínimo la regulación pública internacional, y, por otra parte, a los que desean una reforma sólo marginal de los IFI de Bretton Woods, que es la posición, en particular, de los sucesivos gobiernos franceses. (…)
Aunque nuestra reflexión, en el texto que sigue, está voluntariamente centrada en las IFI, no puede disociarse de un  análisis crítico de la otra organización internacional dotada de verdadero poder, a semejanza del FMI y del Banco Mundial, que es la Organización Mundial del Comercio (OMC). (…) A diferencia de las agencias especializadas de la ONU,  la OMC, con su organismo de resolución de conflictos, el ORD -un verdadero tribunal internacional- detenta un poder exorbitante para imponer la primacía de los intereses comerciales sobre cualquier otra consideración. Con una excepción importante, no obstante: las dificultades que el ORD encuentra cuando se trata de imponer el respeto de sus reglas a Estados Unidos. Por otra parte, las decisiones de la OMC constituyen a menudo una violación de los principios fundamentales sobre los que se apoyan los derechos económicos, sociales y medioambientales defendidos por la ONU y la OIT. Es esencial, por ejemplo, que el no respeto a las normas dictadas por la OIT pueda ser sancionado, para que el trabajo deje de ser una simple variable de ajuste, sometida a los intereses financieros y comerciales defendidos por las IFI y la OMC. Otro ejemplo adicional: ¿es normal que el debate sobre la difusión de medicamentos genéricos, para atajar la pandemia de sida en África del Sur, se centre en la protección comercial de las patentes de los grandes grupos farmacéuticos, mientras la OMS está casi ausente? (…)
Reformar los ámbitos de intervención de las instituciones financieras internacionales
1.Prioridad para la anulación de la deuda exterior
La deuda es un freno considerable para el desarrollo de los países más pobres, y gravita pesadamente sobre los países llamados  “emergentes”. El carácter acumulativo de las deudas (pedir prestado para pagar los intereses sin estar en condiciones de hacer reembolsos) mantiene en una dependencia sin fin a los países del Sur. Es necesario conseguir una política de alivio y, en ciertos casos, de anulación de la deuda de los países en desarrollo. (…)
Es esencial cambiar las actuales modalidades de gestión de la deuda. En lugar de tratarla caso por caso, como se hace actualmente en el marco de los clubs de París y de Londres, es preciso afrontar la organización de un tratamiento global de la deuda, por ejemplo en el marco de una conferencia internacional, lo que permitiría reducir el peso de las IFI y daría una dimensión política y planetaria a esta cuestión, haciendo destacar las importantes responsabilidades de los bancos internacionales y de los países ricos. (…)
2. Supervisión y gestión de las crisis financieras
(…) El sistema de supervisión actual, calificado como “supervisión prudencial”, reposa sobre un pilar preventivo (reglamentación y supervisión) y otro pilar curativo (dispositivo de gestión de las crisis). El primer pilar hasta ahora lo ha constituido en el dominio bancario el Comité de Basilea, para los reglamentos internacionales bancarios. No ha impedido las “tomas de riesgo excesivo” en la adjudicación o en la supresión brutal de los créditos acordados por los grandes bancos internacionales. En cuanto a los otros agentes financieros (inversores, fondos especulativos, conglomerados) no son objeto de una verdadera supervisión a escala internacional. El segundo pilar, curativo, concierne sobre todo a la función de “prestamista internacional en última instancia”, es decir, a la lucha contra el riesgo sistémico mediante la provisión de liquidez de urgencia en caso de crisis. El FMI ha sido el encargado de coordinar las operaciones de salvamento en las crisis recientes (México en 1995, Corea en  1998, Argentina y Turquía en 2000-2002).
Pero el FMI adolece de legitimidad. Su gestión de las crisis financieras es particularmente contestada desde la “crisis asiática” de 1997-1998.
Hacia 1999 se le dieron muchas vueltas a la cuestión de su reforma, pero no se decidió nada, en parte a causa de los desacuerdos sobre la naturaleza de las reformas a emprender. (…) Frente a estos desacuerdos e incertidumbres, debemos dejar bien sentado que nuestros análisis y propuestas pretenden la intervención en la misma fuente, para tratar las raíces del  mal sin dedicarse a intervenciones puntuales destinadas a limitar los daños: la liberalización financiera no puede ser el principio director del sistema financiero internacional. Es esencial promover una nueva regulación del dinero, fundada en un marco de actuación estricto para los agentes privados, una fuerte reglamentación de los movimientos de capitales, la supresión del secreto bancario y de los privilegios y paraísos fiscales, en el refuerzo de la fiscalidad de las operaciones financieras internacionales (tasa Tobin) y en el establecimiento de un control democrático eficaz sobre las IFI, garantizado por autoridades públicas dotadas de legitimidad nacional e internacional.
3.Conciliar la lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente
La lucha contra la pobreza forma parte del discurso oficial del FMI, pero las políticas sobre el terreno no reflejan este objetivo: la pobreza es femenina en un 70%, y los planes de ajuste estructural han sido particularmente nefastos para las mujeres, tanto si hablamos de su escolarización como de su salud, su empleo y sus derechos. Además la política de las IFI consiste frecuentemente, en el mejor de los casos, en ayudar a los pobres mucho más que en combatir las causas de esta pobreza.
Los nuevos sistemas de medición -como los desarrollados desde 1992 por el PNUD en sus informes anuales, con el índice de desarrollo humano, el índice específico por sexos de desarrollo humano, el índice de participación de las mujeres, el índice de pobreza o la “contabilidad verde”- deben ser alentados, para permitir internalizar los costes sociales y ecológicos del capitalismo de mercado mundializado. Los estudios de impacto sobre el género deben ser considerados requisito previo y condicionar todos los proyectos presentados por las IFI. (…)
Las IFI deben tener, entre sus objetivos, la asipiración de llevar a cabo medidas compatibles con la protección del medio ambiente. Así, es importante ayudar prioritariamente a la financiación de proyectos agrícolas o industriales favorables al equilibrio del ecosistema local. A la inversa, las IFI pueden luchar contra los agentes financieros privados cuyas acciones empobrecen excesivamente el capital ecológico de los países en desarrollo.
4. Cuestionar  los planes de ajuste estructural y la condicionalidad de los préstamos
Los planes de ajuste estructural, así como la doctrina de la condicionalidad, que son centrales en la acción del FMI, deben ser radicalmente replanteadas. Esto significa en primer lugar que la lucha contra los desequilibrios macroeconómicos (inflación, desequilibrio del comercio exterior y de las cuentas públicas) no puede hacerse en detrimento de los objetivos económicos y sociales de desarrollo a largo plazo. En segundo lugar, es necesario consultar a los países que tienen necesidad de ayuda y a sus instancias democráticas, antes de poner en práctica las políticas económicas recomendadas por los IFI. Asimismo, es esencial dar la posibilidad a los países implicados de cerrar provisionalmente sus fronteras para protegerse contra la competencia excesiva o la especulación. Esto supone no aceptar, en particular, las presiones del FMI para liberalizar los movimientos de capitales, para imponer “la apertura de la cuenta de capital”, según la jerga del FMI. Por último, los países deben tener la posibilidad de reclamar ante una instancia internacional sobre las políticas que les son aplicadas por la comunidad financiera internacional, por ejemplo la retirada brutal de fondos por parte de los bancos y los inversores extranjeros. Correlativamente a nuestra oposición a los planes de ajuste estructural, es necesario definir nuevas modalidades de crédito, en condiciones no de mercado (tipos de interés bonificados o preferenciales). Es deseable ir hacia la creación de un fondo mundial para el desarrollo, encargado de financiar los proyectos más urgentes y de asegurar las necesarias transferencias de tecnología hacia los países del Sur. La elección de los proyectos, su seguimiento y evaluación deberían ser responsabilidad de un organismo ligado a las Naciones Unidas, por ejemplo el PNUD, donde las poblaciones implicadas podrían estar directamente representadas.
Reformar el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales 
1. Democratizar las IFI a todos los niveles
Las IFI, nacidas de Breton Woods, se caracterizan por un profundo déficit democrático, que se manifiesta a través del secreto que rodea los estudios y la toma de decisiones, la concentración de poderes en las manos de los países más ricos, la ausencia casi total de mujeres en las instancias de decisión. (...)
Un primer eje prioritario de la reforma de las IFI debe ser por tanto la democratización del voto y de las modalidades de toma de decisiones, a fin de garantizar una representación equitativa y equilibrada que no siga estando al servicio exclusivo de los países desarrollados más ricos y de las ganancias.
El segundo eje necesario de democratización es la instauración de un control real por parte de cada parlamento nacional, con la colaboración de representantes de los que se llama generalmente “sociedad civil”: ONG, sindicatos, movimientos de mujeres, etc. Este control debe ejercerse particularmente sobre los administradores de las IFI, que, por otra parte, son ciudadanos que deberían estar sujetos a la autoridad del parlamento su país. (...) Por ejemplo, es necesario que, como mínimo, el representante de Francia en el consejo de administración del FMI y del Banco Mundial rinda cuentas y sea realmente controlado por los parlamentarios franceses.
2.Vincular las IFI a unas Naciones Unidas también reformadas
Las IFI, como la OMC, tienen ámbitos de acción que en un comienzo estaban delimitados y que así habrían debido seguir. A la inversa, las Naciones Unidas son una organización universal. Las IFI están en principio vinculadas al sistema de Naciones Unidas, pero de hecho completamente emancipadas de él. Es esencial subordinar de nuevo las IFI y la OMC al sistema de Naciones Unidas, único medio -en el estado actual de las relaciones internacionales- de someterlas a un control exterior, por un lado, y de llevarlas a respetar principios fundamentales, superiores a los intereses financieros y comerciales, por otro.(...)
Esta reforma radical de las IFI, independientemente de su confrontación con los otros dispositivos internacionales existentes, debería pasar a su vez por el examen de instancias de evaluación independientes, exteriores a las propias instituciones, que estarían vinculadas al sistema de Naciones Unidas. La posibilidad de examen razonado y consulta entre las partes implicadas, e implicando asimismo a representantes de los Parlamentos y de otros sectores considerados como “sociedad civil”, sería un paso adelante considerable en la democratización del sistema financiero internacional.
3. Crear mecanismos e instancias de reclamación
(...) Es indispensable conseguir que las IFI se sometan al derecho internacional, particularmente a los protocolos y acuerdos que han suscrito la mayor parte de sus Estados miembros. Pues, efectivamente, es posible regular la economía y los intercambios partiendo del respeto a los derechos: derechos civiles y políticos, pero también, o quizá más aún, derechos económicos, sociales y culturales. Esta referencia a los derechos fundamentales es cada vez más central en la movilización y las reivindicaciones de los movimientos sociales del mundo.(...)
En esta perspectiva, es necesario organizar posibilidades de reclamación por parte de los Estados y de los ciudadanos ante jurisdicciones internacionales por violación de los tratados internacionales o por no respeto de derechos fundamentales. Hoy en día sólo los Estados son reconocidos como sujeto de derecho internacional. Es importante, por tanto, conseguir una transformación del marco jurídico en el que funcionan las jurisdicciones internacionales, con el fin de permitir a los miembros de la “sociedad civil” (ONG, pero asimismo ciudadanos) que acudan a la justicia en el ámbito internacional contra los Estados, las empresas o los organismos internacionales.