El fracaso de la Cumbre de Niza, que dio a luz un Tratado insuficiente y, en algunos terrenos, incluso regresivo, ha puesto en el centro del debate la urgente necesidad de introducir un cambio cualitativo en el proceso de construcción europea si se quiere de verdad que la Unión esté en condiciones de responder adecuadamente a los retos que la realidad y su propia dinámica han puesto encima de la mesa.

Desde lo más global hasta lo más particular, todos los problemas a resolver indican que, con su actual configuración y sin modificaciones sustanciales, la UE tendrá cada vez más dificultades para afrontar correctamente la definición y puesta en marcha de las mejores soluciones posibles a los mismos.

Cuestiones tan fundamentales como la democratización -en el más amplio sentido del término- de la globalización y la nueva economía, la configuración de un nuevo orden internacional, la intervención para la solución pacífica y negociada de los conflictos regionales, la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo sostenible, la preservación del medio ambiente, la pervivencia del modelo social europeo, la consecución del pleno empleo, la igualdad entre el hombre y la mujer, la gestión en igualdad de los fenómenos migratorios, la ampliación o, en fin, pero sin agotar un catálogo realista de asuntos, el mantenimiento de las políticas de cohesión, exigen una nueva etapa de la Unión Europea.

Las propias dinámicas positivas desatadas por el proceso de construcción europea a lo largo de sus más de cincuenta años de existencia y, particularmente, a partir del Acta Única y la Unión Monetaria, imponen dar un paso hacia adelante que nos lleve de la cantidad a la cualidad. Pues, de lo contrario, estaríamos abocados a varias consecuencias: la primera, estancar una iniciativa histórica que hoy por hoy se demuestra, sin acudir innecesariamente a un lenguaje ampuloso, como el mayor acierto de los europeos en todo el Siglo XX, cuya existencia ha contribuido de manera determinante a conseguir la ausencia de enfrentamientos, la promoción de la democracia y el estado del bienestar, la participación desde el esfuerzo conjunto en la economía internacional y el propio crecimiento económico interno y, hace solo una década, el inicio de la reunificación del continente tras la desaparición de las dictaduras del Centro y el Este de Europa; la segunda, colocar a la Unión en una senda de debilidad.

Las alternativas son claras: o permitir -por acción u omisión- que la Europa ampliada se transforme, sobre todo, en una zona de libre cambio con accesorios políticos, o construir una unión política, económica y social ampliada. En otras palabras, dejar que los procesos dinámicos abiertos creen su propia realidad o impulsarlos con fuerza pero gobernándolos para alcanzar un objetivo estratégico.

Desde mi punto de vista, es ahí donde debe situarse la izquierda europea a la hora de afrontar el debate sobre el futuro de la Unión.

Para la derecha, claro está, lo ideal sería que, a partir de aquí, la Europa comunitaria representara esencialmente un modelo de presencia en el mercado, es decir, que supusiera antes que nada la garantía de un mercado único con una moneda común que se agranda hacia el Centro y el Este del continente y trata de hacerse, a ser posible, con la cuota correspondiente en la tarta de la globalización. En esa lógica, serían innecesarios nuevos elementos de profundización política y, desde luego, rechazables adicionales mecanismos de gobierno económico y/o Europa social, dando por descontado que las competencias actuales de la UE son más que suficientes y que sus capacidades presupuestarias no deberían ser, en ningún caso, incrementadas; por no hablar de lo superfluo que resultaría cualquier planteamiento desde la UE en el sentido de intervenir con una orientación reformista en el marco de la mundialización.

Por el contrario, para la izquierda y los progresistas el proceso de construcción europea debería entenderse en un sentido claramente dinámico, lo que supondría apostar por más y mejor Europa, o, si se prefiere, por más Europa política con más políticas europeas. Ello supondría, entre otras cosas, apoyar la configuración de una unión política federal, la superación del persistente déficit democrático, la conjunción en un binomio indisoluble de ampliación y profundización y el diseño de una mayor capacidad de intervención exterior, económica y social y, por supuesto, presupuestaria.

Los grandes cambios no se producen por generación espontánea. En el caso de la UE, sería ilusorio confiar en una suerte de determinismo en virtud del cual, a largo plazo, la presión de los factores objetivos, internos o externos, nos llevaría a alcanzar esos objetivos que considero vitalmente propios de la izquierda europea. También es verdad que, en el debate europeo, las fronteras ideológicas no son muchas veces nítidas y que la transversalidad de propuestas, afortunadamente, está al orden del día.

Pero, aún teniendo en cuenta todos esos matices, me atrevo a avanzar dos hipótesis:

(a) la inexistencia hoy por hoy de un liderazgo político -y, por lo tanto, social- europeo, tras la salida del Consejo de los grandes protagonistas de la "década prodigiosa", pesa como una losa sobre la definición de objetivos y perspectivas;

(b) corresponde a la izquierda ser capaz de formar ese nuevo liderazgo europeo ahora que es mayoría (aunque ya menos mayoría tras la victoria de la derecha en Italia) en el seno de la UE.

No hablo de un liderazgo cerrado, que busque de forma sistemática el enfrentamiento con la derecha en las instituciones de la Unión porque, entre otras razones, no podemos hacer abstracción del factor nacional a la hora de expresar lo que tal o cual gobierno o partido de la izquierda propone u opina. Pero sí de un liderazgo que busque la convergencia con el centro europeísta y, sobre todo, la sociedad civil para conformar una posición mayoritaria que sustente el cambio cualitativo del que hablaba al principio.

El reciente Congreso del Partido Socialista Europeo -celebrado en Berlín y en el que la delegación del PSOE jugó uno de los papeles más avanzados a la hora de formular propuestas de futuro-, ha puesto de manifiesto a la vez la necesidad, la posibilidad y la dificultad de que la izquierda europea juegue ese papel.

Un papel que necesita, antes que nada, un proyecto socialista fuerte y compartido, con el que intervenir en el debate y la gestión política en el ámbito europeo de forma coincidente y no en solitario, lo que no evitaría las diferencias -bienvenidas sean, que eso es pluralismo- pero sí una melé cacofónica de la que sólo terminan beneficiándose los que hacen del euroescepticismo una profesión de fe más o menos declarada.

En mi opinión, ese proyecto debería, por lo tanto, proponer una renovación en profundidad de la UE que alcance cuatro niveles interrelacionados: el programático, el institucional, el político y el presupuestario.

Vaya por delante un "resumen resumido" de lo que podrían ser ideas fuerza en esos ámbitos:

- en lo programático: la elaboración transparente (a través de una Convención en la que tomen parte, en pie de igualdad, Consejo, Comisión, Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales y cuyos resultados sean la base fundamental de la decisión formal a adoptar por una Conferencia Intergubernamental exigida por el actual Tratado) de una Constitución europea que incluya, antes que nada, la Carta de Derechos Fundamentales con carácter jurídicamente vinculante;

- en lo institucional: esa Constitución diseñaría una Unión Política Federal en la que regiría un sistema de división de poderes lo más similar posible al vigente en los estados de derecho, lejos del actual déficit democrático, empezando -de mantenerse el actual esquema básico- por la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo con la inexcusable utilización del mecanismo de codecisión con el Parlamento Europeo en todas las decisiones legislativas;

- en lo político: la "comunitarización" de la PESC, la política de defensa y la de justicia e interior; la creación de mecanismos efectivos de gobierno económico de la Unión -incluyendo la modificación de los estatutos del Banco Central Europeo para que éste no sólo se preocupe, al adoptar sus decisiones, de la estabilidad de precios- y el establecimiento de la Europa social; la consolidación de la política de cohesión;

- en lo presupuestario: el aumento sustancial del techo máximo de recursos propios por encima del actual 1'27 % respecto al PIB de los países miembros y la fijación de un sistema progresivo para la generación de los mismos.

Una última reflexión, ésta sobre la ampliación. La de que el método, los medios y el ritmo con que se está llevando a cabo ese proceso, que efectivamente debe ser considerado como una oportunidad histórica y un deber moral, no puede elevarse a la categoría de dogma. Es imprescindible que la izquierda sea capaz de introducir el debate sobre un modelo de ampliación que, como acaba de ponerse de manifiesto con motivo de la discusión suscitada al conocerse los documentos congresuales del SPD sobre Europa, entraña riesgos claros para la propia ampliación y sus sujetos: tanto los países y los ciudadanos que están como los países y los ciudadanos a los que se espera.

Porque, sinceramente, si se propone renacionalizar la política de cohesión -para mí, algo incompatible con apostar con coherencia, valga la redundancia, por una unión política enmarcada en una Constitución europea-, el daño no se hace tanto a los socios actuales menos desarrollados -con hacerse- sino que, sobre todo, se dibuja un panorama de "adhesión salvaje" a la UE para estados y sociedades con graves dificultades económicas como los candidatos del Centro y Este del continente. Sin política de cohesión suficientemente dotada y ante la inexistencia de recursos nacionales que utilizar en este campo, desde Polonia a Rumanía la entrada en la Unión terminaría suponiendo, por ejemplo, afrontar el impacto del mercado único sin airbag alguno, incluso sin cinturón de seguridad. Nadie dude que eso lo pagarían aquellos hombres y mujeres que, desde Chequia a Bulgaria, van en los coches más modestos por las carreteras (sean sectores productivos o regiones) peor asfaltadas...

Para la izquierda, la ampliación debe ser una prioridad, por supuesto, lo que implica que ha de contestar con fuerza toda concepción neoliberal para llevarla a cabo que debilite de facto el modelo social europeo o que, sin las reformas de envergadura suficiente, obstaculice una profundización política imprescindible. En ese caso, la ampliación iría contra la ampliación misma, cuando el objetivo debe ser, desde un punto de vista progresista, culminarla lo antes posible en las mejores condiciones políticas, económicas y sociales.

En todo este debate la ausencia de España se nota y mucho, gracias a la incapacidad del Gobierno del PP para contar con una política europea y a su marcado perfil conservador, como se pone de manifiesto un día sí y otro también.

Corresponde a la izquierda, al Partido Socialista, ahora desde la oposición, mañana desde el gobierno, transmitir a la opinión pública una alternativa de política europea para España que, partiendo del positivo papel jugado en el seno de la UE entre 1986 y 1996, sitúe a nuestro país en un lugar protagonista en la nueva etapa europea.
 

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