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* Ángel R. Kauth es Profesor de Psicología Social y Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política", en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina
El año 2000 comenzó -políticamente hablando- con una buena noticia para aquellos que todavía continúan creyendo en el protagonismo de los movimientos populares. Dicho movimiento tuvo su manifestación en el centro geográfico del planeta: el Ecuador. Ahí tuvo lugar el levantamiento del pueblo ecuatoriano, especialmente los del sector indígena, enfrentados contra el régimen oligárquico escudado bajo la pretensión falsaria que le dio una estructura democrática formalmente obsoleta. Sin embargo, a los pocos días de producido el alzamiento contra la obsoleta institución estatal ecuatoriana, el movimiento popular fue derrotado merced a una traición dentro de sus filas, producto de una alianza pérfida con los militares ecuatorianos.
Vale recordar -antes de continuar adelante con el análisis de los hechos- que durante el año de 1999 la economía ecuatoriana fue una de las que arrojó indicadores macroeconómicos más desastrosos en toda la región latinoamericana. A fin de ilustrar tal situación, transcribiré al lector algunos datos informados por la Cepal -en su Boletín N° 8, de enero del 2000- que el PBI ecuatoriano tenía prevista para 1999 una pérdida de 7.3%, es decir, la mayor reducción que se produciría en la región; asimismo -y siempre sobre la base de estadísticas oficiales- la devaluación en el mismo período pasó del 43% en 1998 al 53% en el último ciclo, debiendo destacarse que durante el mismo el indicador de los precios al consumidor alcanzaron el récord regional con el 50% de aumento. Todos estos datos se agravan sobremanera cuando se observa que el índice de desocupación urbana está lindante con el 16%, y solamente es superado por las economías venezolana y colombiana. Para finalizar, nótese que la situación financiera del sector público alcanzó una pérdida cercana al 7%. y que la baja de la inversión fue una de las más marcadas del csubcontinente.
De tal manera, no fue extraño que las agencias noticiosas de todo el mundo dieran cuenta -el 21 de enero- que había euforia entre los pueblos indígenas, el campesinado y los militares jóvenes de aquel país debido al alzamiento que se estaba produciendo. Hasta ese momento el pueblo vivía en medio de una creciente y afligente inflación que se devoraba sus ingresos y con programas económicos recesivos que no permiten visualizar -dentro del marco de la economía de mercado abierto impuesta por las agencias internacionales (FMI, BM y BID)- una solución factible y pronta para los graves problemas socioeconómicos que acucian a la mayoría de su población.
En esa fecha, en horas del mediodía, el gobierno de J. Mahud se tambaleaba, pero no era solamente el gobierno encabezado por un representante oligárquico de los intereses de los banqueros y financistas internacionales. Al respecto, debe recordarse que el Coronel Gutiérrez señaló en su mensaje inicial al país ese mismo día, que el Presidente Mahud perdió su legitimidad debido a que se entregó a los intereses de la banca internacional corrupta, habiendo confiscado los dineros del pueblo con el fin de proteger a los banqueros que financiaron su campaña electoral que le permitió llegar a la Presidencia de la República. Se trataba, entonces, del tambaleo -y una segura precipitación al vacío- de un sistema económico y político perverso implantado hasta entonces, a manos del protagonismo popular.
En tales momentos los sectores sociales constituidos por indígenas venidos del interior de la República, junto con campesinos y mandos medios e inferiores y tropa de las Fuerzas Armadas, juntamente con población urbana organizada al efecto, establecían un poder paralelo al oficial, en el territorio del país. Esto se produjo cuando indígenas y campesinos apostados en Quito lograron romper el cerco policial y militar que protegía al Parlamento y lo hicieron suyo. Para tal fin contaron con la colaboración de efectivos del Ejército que respaldaron esa ocupación y, simultáneamente, altos mandos del Ejército dieron la orden de que se retiraran las tropas de custodios, ya que la toma pacífica del Congreso no era más que un testimonio del profundo descontento popular. Quien tuvo a su cargo la responsabilidad militar en el escenario parlamentario fue el Coronel Lucio Gutiérrez, quien anunció la buena nueva a los dirigentes de la Coordinadora de Movimientos Sociales y a los dirigentes indígenas que ocupaban el lugar. A su vez, el General que tenía a su cargo la custodia del edificio declaró que "los dejamos pasar porque no queremos un enfrentamiento con el pueblo".
Ese es el momento en que se constituye una provisoria Junta Cívica Militar de Salvación Nacional, que se vio inmediatamente respaldada por amplios sectores de trabajadores de la ciudad que bloquearon las calles en demostración de júbilo. Con anterioridad, los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas habían dado su respaldo al Presidente Constitucional y la formación de la Junta terminó por agudizar la crisis política que estaba viviendo el país andino. Es de hacer notar que el gobierno constitucional goza de una popularidad de solamente el 20% de la población ecuatoriana. La Junta estuvo conformada por el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas -Antonio Vargas-, el Coronel L. Gutiérrez -inmediatamente encargado por el nuevo Parlamento como Jefe de la Junta- y el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano C.
El levantamiento popular no fue un hecho casual. El Presidente Mahuad había anunciado días antes, como una forma de salir de la profunda crisis económica, que la mejor fórmula era provocar la dolarizarización de la moneda nacional (1), hecho que se concretó el 10 de enero como "última y única opción", según sus propios dichos, para salvar al país. A él esta medida lo salvó por un corto tiempo, pero para el imaginario popular esto terminaría hundiendo la vida política, económica y social de la sufriente población. De esta manera, el proyecto -y ulterior concreción- de la dolarización de la moneda -realizado en contra de la opinión del pueblo y sin estudios serios que lo avalaran (2) fue el cierre final para la serie de manifestaciones de descontento por la crisis social que viven los sectores más empobrecidos del Ecuador. Los miembros de la Junta -y la población que los acompañaba al interior del nominado Parlamento Nacional Popular- no solamente reclamaban la inmediata renuncia de Mahuad, sino que después su exigencia apuntó hacia una modificación total y radicalizada de la política económica vigente hasta ese momento. La misma contaba con el apoyo de los sectores más poderosos en la vida política y económica ecuatoriana aunque, como es obvio, no tenía el respaldo del pueblo.
Entre el 10 y el 20 de enero se vivieron días caóticos con presos detenidos por manifestar contra el gobierno, heridos en refriegas, desabastecimiento y una etapa de hiperinflación que llegó a triplicar los precios de los productos. Esto último como consecuencia de las olas especulativas en que se suman los comerciantes ante las devaluaciones propuestas desde el gobierno, lo cual inmediatamente produjo una agudización del empobrecimiento de los sectores populares. Al respecto téngase en cuenta que la canasta familiar -que supera los 200 dólares- no es accesible para el 30% de la población; todo lo cual se ve agravado por un aumento en la desocupación a consecuencia del colapso del aparato productivo nacional. A este proceso de dolarización, los ecuatorianos lo llamaron de "dolorisación" y, frente al mismo, se propuso la siempre interesante estrategia de la desobediencia civil (Thoreau, 1866). Asimismo, como una manera de apoyar el plan de dolarización, el gobierno decretó la puesta en vigencia de la Ley de Seguridad Nacional (3) y la consecuente movilización de cerca de cien mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en todo el territorio de la Nación.
La propuesta de los nuevos gobernantes ecuatorianos no fue la de un clásico cuartelazo latinoamericano, como pretendieron hacerlo ver a los ojos del mundo los obsecuentes gobernantes del subcontinente que privilegian los intereses corporativos por encima de los legítimos intereses de sus pueblos. Esto se vio avalado por los anuncios de la prensa puesta al servicio de tales intereses mezquinos que, en algunos casos hasta llegó a afirmar que "... un fenómeno desconcertante ha surgido en la región: el golpismo de izquierda". Es decir, el terror de los gobernantes títeres no es que el pueblo viva en la miseria, sus miedos están depositados en que la izquierda llegue al poder.
Por el contrario, el anuncio inicial del Coronel Gutiérrez -en nombre y por encargo de la Junta- fue el de un cambio de tipo cívico, pacífico y positivo, a la par que, rindiendo un homenaje a los próceres ecuatorianos afirmó que únicamente se trataba de alcanzar el interés nacional. A todo esto Gutiérrez añadía el propósito de una tenaz lucha contra el flagelo de la corrupción -que al igual que un Jinete Apocalíptico recorre las tierras latinoamericanas- y que se ha convertido en Ecuador en una nueva expresión de la institución esclavista, ya que en defensa de sus intereses corporativos resulta totalmente indiferente a las penurias de los pobres. Luchando pacíficamente se intentaba recuperar la perdida autoestima del pueblo y, todo esto, solamente se podría lograr renovando el modelo de gobierno vigente, cambiando las estructuras del Estado y, por último, fortaleciendo a las instituciones democráticas. Para lograr tales fines se convocaba a todo el pueblo ecuatoriano a participar en ese magno emprendimiento.
A todo esto, la responsabilidad de Gutiérrez era solamente la de gobernar al país en el proceso de transición democrática prevista, en tanto que Vargas fue encargado de asumir como Presidente del Congreso Nacional. A nadie medianamente conocedor de la situación política latinoamericana se le puede escapar que tales propuestas limitadas en el tiempo han sido en múltiples oportunidades argumentos más que suficientes para justificar los famosos y siniestros "golpes militares" que han asolado a la región, aunque en este caso las mismas pueden ser legitimadas, debido a la participación en el Gobierno del sector poblacional más numeroso -y a la vez postergado- del país.
Es por tal razón que en esta circunstancia me veo obligado a expresar mis simpatías por este movimiento que puede aparecer como no respetuoso de las formas democráticas de vida. Pero es que la forma democrática no es un santuario donde lavar las penas y abrevar el alimento que no llega. La democracia requiere de algo más que de un continente meramente formal, es decir, reclama también una forma de vida condigna con los intereses y dignidad de sus habitantes y, fundamentalmente, el respeto por los justos reclamos de estos. Si así no se hiciere, es legítimo que los pueblos se levanten en armas contra aquellos que los oprimen y conducen a condiciones de vida rayanas con la esclavitud y que no son aceptables por la protección y defensa de los derechos humanos.
Es preciso recordar que Ecuador acababa de salir del año más penoso de su historia económica y social. A principios del 2000 el Gobierno no tenía perspectivas de durabilidad ciertas y su retirada era reclamada -incluso- por sectores de la oligarquía vernácula debido a la manifiesta incapacidad de los gobernantes. Esta propuesta fue dirigida -liderada- por hombres y mujeres pertenecientes a los sectores indígenas que eran -como siempre- los más perjudicados por la crisis.
Ante la movilización social y los cambios que eran previsibles, los altos mandos de las Fuerzas Armadas demostraron -nuevamente- el oportunismo (Ferrater Mora, 1973; Rodríguez Kauth, 1993) que los ha venido caracterizando en nuestra América. Primero fueron leales al Presidente -como manda la Constitución- en pocas horas giraron 180 grados para aliarse con el pueblo -como lo manda la obligación moral de todo militar que se precie de tal- pidiéndole al Presidente la renuncia "para evitar un estallido social" (4). Realmente, si no fuera por lo dramático de la situación, resulta cómico reproducir algunos textos de las declaraciones del alto mando del Ejército ecuatoriano; a poco de conocido el avance de los indígenas y el apoyo recibido de la oficialidad joven de la fuerza declararon lo siguiente: "Hace un momento conversamos con el Presidente de la República. Nuestra responsabilidad es de mantener el ordenamiento jurídico. Le hemos pedido que renuncie", fue la declaración del Comandante Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General Carlos Mendoza.
Al poco tiempo este General se integró al Triunvirato de la Junta ... pero eso duró poco, solamente cuatro horas. Ya a la madrugada del día siguiente se había tomado el tiempo suficiente como para plasmar una traición bien planeada. Obvio es decir que la maniobra le costó renunciar a su cargo militar, pero los servicios prestados al imperialismo serán -sin dudas- bien retribuidos en su oportunidad. En su renuncia, Mendoza dijo que "Fue una decisión difícil en la que tuve que asumir una decisión para evitar el resquebrajamiento de la estructura del mando militar y el derramamiento de sangre". Es decir, primero está la vigencia de la estructura corporativa y luego el baño de sangre. Y todo esto lo hizo "... en consideración que como miembro de las Fuerzas Armadas juró respetar la Constitución y las leyes de la República". Se ha hecho uso -y abuso- de un buen argumento retórico para traicionar a su pueblo, el cual está siempre por encima del imperio de las leyes que no pueden traicionarlo.
Con este hábil y siniestro enroque ajedrecístico el General Mendoza facilitó el reemplazo del ya caído en el desprestigio político Presidente Mahud por el del Vicepresidente hasta entonces en ejercicio, Dr. Gustavo Noboa Bejarano. El mismo, a los pocos minutos de haber asumido, ya estaba garantizando el cumplimiento del Plan de Ajuste a través de la dolarización, a la par que había iniciado una caza de brujas contra los militares levantiscos -la primera fue la detención del Coronel Gutiérrez a manos de lo que eufemísticamente se conoce como "inteligencia militar"- y de los indígenas y campesinos que encabezaron el levantamiento contra el orden consolidado.
Pero no debe extrañar la posición ambivalente asumida por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Si bien es cierto sus cuadros de oficiales, suboficiales y tropa están constituidos fundamentalmente por aborígenes y proletariado, también es cierto que dichas fuerzas gozan de dos condiciones excepcionales para los cuadros militares latinoamericanos: a) Tienen una independencia económica notable respecto al poder político nacional.
La corporación militar participa en la propiedad de empresas constructoras, de pesca y envasado de camarones y hasta de hoteles modernos internacionales, del tipo cinco estrellas, como uno que se acaba de inaugurar en Quito de una cadena internacional sobre la que poseen el 10% de las acciones; b) A contrapelo de las otras Fuerzas Armadas de la región, las ecuatorianas gozan de un ganado prestigio entre la población civil, especialmente los más indigentes que habitan en la selva amazónica. Así, son los militares los que llegaron hasta los lugares más recónditos del territorio, construyendo caminos, escuelas, viviendas y hospitales. No debe olvidarse que fue un militar -Rodríguez Lara, quien es acusado de golpista por los cronistas del sistema imperiocapitalista (Rodríguez Kauth, 1994)- el que en la década del setenta puso en marcha la única reforma agraria que tuvo lugar en el país. Pero el Presidente Mahuad puso en jaque las prebendas de que gozan los militares al decidir la privatización de aquellas empresas en que tuvieran intereses los corporativistas uniformados y que no hicieran directamente a las industrias de la defensa nacional. De tal modo, entre otras cosas se dispuso la privatización de la explotación petrolera, olvidando que los milicos tienen en ella una participación del 10% de las regalías. Este fue un argumento más que suficiente para prohijar su echada del gobierno, pero no lo suficiente como para continuar con la aplicación de medidas revolucionarias cuando pudieron arreglar sus cuentas con el reemplazante.
Y de este modo la burguesía y la oligarquía ecuatoriana -siempre asociadas, como es costumbre en nuestra Latinoamérica, con los intereses del capitalismo transnacional- se aprovechó del sincero y generoso levantamiento popular de indígenas, campesinos y trabajadores urbanos para provocar un oportuno golpe palaciego -a la conveniencia de los intereses en juego- que les permitiera sacarse de encima a un desprestigiado y tambaleante Presidente y terminar poniendo en su lugar a una figura de recambio -que practica lo que en política se conoce como "perfil bajo"- el que durará en su gestión de gobierno lo que demoren las filas populares para reagruparse, tomar conciencia de quiénes son los amigos y quiénes los enemigos y volver a enfrentarse con los agentes locales del imperialismo. Para eso ya están trabajando -el descontento y la desazón continúan entre ellos- en la clandestinidad, desconociendo a las nuevas autoridades y llamando al pueblo a hacer efectiva nuevamente la desobediencia.
Con estas líneas he pretendido reflejar la crónica de un aborto realizado en un país donde el mismo está prohibido para las mujeres pobres, pero que los políticos corruptos y venales no tienen reparo alguno en provocar cuando la criatura en el seno materno resultará peligrosa para sus perversos y mezquinos intereses corporativos. Esto se terminó de escribir el 25 de enero, pero esto no significa que la historia ya esté definitivamente escrita, se trata nada más que de un relato que esperamos que en la realidad trascienda el triste final al que arribó y en poco tiempo más pueda continuar el escrito con la pasión que se pone sobre una conquista.
BIBLIOGRAFIA:
FERRATER MORA, J.: (1971) Diccionario de Filosofía. Editorial Sudamericana, Bs. Aires.
RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1993) Psicología de la Hipocresía. Ed. Almagesto, Bs. Aires.
RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1994) Lecturas psicopolíticas de la realidad nacional desde la izquierda. Centro Editor América Latina Bs. Aires.
RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1998a) "Moneda única en el Mercosur". Rev. Iniciativa Socialista, Madrid, N° 50.
RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1998b) Temas y Lecturas de Psicología Política. Editores de América Latina, Bs. Aires.
RODRÍGUEZ KAUTH, A.: (1999) "EE.UU. y los Derechos Humanos en Latinoamérica". Rev. Iniciativa Socialista (Madrid), N° 54.
THOREAU, H. D.: (1866) Sobre el Deber de la Desobediencia Civil. Ed. Iralka, Irún, 1995.
NOTAS
(1) Al mejor estilo de lo que ocurriera ya hace unos años en Panamá esta idea circula de manera delirante por el pensamiento de algunos políticos y economistas latinoamericanos con mentalidad dependiente (Rodríguez Kauth, 1998).
(2) Recuérdese que el ex Ministro de Economía argentino -Domingo F. Cavallo- en un principio asesoró al gobierno ecuatoriano en una medida semejante.
(3) Herencia de los años de "plomo" de nuestra América, en que los EE. UU. imponían tales medidas a los gobernantes para mantener la paz social (Rodríguez Kauth, 1999).
(4) Esta ha sido desde siempre el gran temor de los militares,
ya que los deja en la picota frente a sus mandantes del Norte, en cuyas
escuelas militares se adiestraron para luchar contra la supuesta hipótesis
de "la subversión" (Rodríguez Kauth, 1998).
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