"El Movimiento Izquierda Europea (...) tiene como objetivo trabajar para la creación de una federación europea -elemento de una futura federación mundial- a la que se transferirán los poderes soberanos necesarios para salvaguardar interes comunes de los ciudadanos y de los Estados europeos. Dicha federación europea deberá garantizar las libertades fundamentales y disponer de poderes federales efectivos en lo que se refiere a política económica, financiera y social, intercambios internacionales, moneda, política exterior y defensa. En el seno de esta federación europea, el Movimiento Izquierda Europea favorecerá cualquier transformación de estructura de carácter socialista y la participación efectiva de los trabajadores en todos los organismos de dirección y de control económico y social"

La unidad política, económica y social de Europa es uno de los raros proyectos dignos de una pasión política comprometida en un nuevo impulso civilizatorio. Paradójicamente, el camino recorrido ha ido acompañado de un déficit de imaginario, tal y como ha señalado Bernard Dréano, generando una indiferencia ciudadana muy generalizada. Europa es un reto apasionante que no apasiona a casi nadie.

Pese a que el proceso de unidad europea ha estado marcado por un sesgo economicista y una subordinación de la política, lo cierto es que desde la conferencia europeísta de La Haya en 1948 se han dado significativos pasos adelante, hasta alcanzar la cota marcada por el Tratado de Maastricht y por la decisión de poner en marcha la unidad monetaria. A partir de la finalización del mandato Delors al frente de la Comisión, la UE ha vivido de las rentas del impulso anterior, siendo la Conferencia de Amsterdam de 1997 y la "Agenda 2000" jalones de una semiparalización de las instituciones europeas. En contraste con esta pérdida de dinamismo y con una manifiesta ausencia de liderazgo europeísta, durante este período toma cuerpo la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea (UE) hacia zonas del Este y del Centro de Europa incluidas hace pocos años en la esfera totalitaria del "Pacto de Varsovia", contradicción en la que residen hoy las principales dificultades de la construcción europea.

La Conferencia intergubernamental celebrada en Niza entre los días 7 y 9 de diciembre afrontaba la responsabilidad de adecuar las burocratizadas estructuras comunitarias a la ampliación prevista a partir del 1 de enero de 2003, con doce aspirantes a convertirse en nuevos Estados miembros, en su mayor parte países de Europa central y oriental (PECOs). La creación de un espacio político, económico y social común a Francia, la Alemania reunificada, Polonia, Hungría, Reino Unido y otros 22 países europeos significaría un hito de colosal dimensión en la Europa que, durante el siglo XX, ha creado los sistemas democráticos más estables y prósperos, pero que también ha sido foco de horrores coloniales y ha dado lugar a dos guerras mundiales, al fascismo y al totalitarismo, al muro de Berlín y a la reciente y aún no resuelta tragedia balcánica.

Sin embargo, el balance de la Conferencia es decepcionante. El Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, ninguneado en la Conferencia intergubernamental, declaró ante el Parlamento Europe (PE) que la cumbre le "había parecido marcada por la defensa, por parte de muchos, de sus intereses inmediatos, en detrimento de una perspectiva a largo plazo". ¿Cómo no compartir ese diagnóstico? En la cumbre de Niza y en sus prolegómenos han brillado por su ausencia los proyectos estratégicos para Europa. Nuestros gobernantes han tratado una excepcional oportunidad histórica como mero regateo entre Estados, alardeando después de las grandes "victorias" logradas para los intereses nacionales a costa del vecino, como si Europa fuera un juego competitivo de suma cero, en vez de ser espacio común a construir en beneficio mutuo y sobre unos valores democráticos reafirmados y compartidos.

La falta de proyecto estratégico para Europa se vuelve y se volverá contra todos sus habitantes, en un escenario mundial con problemas y desafíos que exceden el ámbito del Estado-nación. Un ejemplo de ello es la irresponsabilidad que, ante los primeros casos conocidos de la EBB, o "enfermedad de las vacas locas", mostraron la mayor parte de los gobiernos nacionales europeos, que, con una visión local y a corto plazo, se limitaron a vetar la carne procedente de países afectados, sin tomar las medidas necesarias para erradicar en su propia casa las prácticas agroindustriales causantes de la enfermedad y sin proceder a la imprescindible revisión de la Política Agrícola Común. Años después, se ven obligados a reconocer, todavía con mucha timidez, que se trata de un problema transnacional, comunitario, que ninguna puesta en cuarentena podrá solucionar.

Pero ni siquiera esas experiencias hacen mella en la coraza patriotera. Antes, durante y después de Niza, los discursos de los gobiernos han estado marcados por el nacionalismo, por una estrecha limitación de horizontes a unos supuestos "intereses propios", sin que se alzasen voces claras proponiendo un proyecto para Europa.

A nuestro entender, sin olvidar la urgencia de otras profundas reformas institucionales, la cumbre de Niza tenía ante sí dos tareas prioritarias:

- Dotar a la Unión Europea de una Carta de Derechos Fundamentales vinculante y con eficacia jurídica, vindicable ante los Tribunales de Justicia comunitarios, que defina un bagaje político básico sobre el que asentar una ciudadanía europea y un espacio político común.

- Flexibilizar y democratizar los procedimientos de decisión comunitarios, de forma que una Unión Europea ampliada no quede paralizada por el derecho de veto, aplicado hoy por este, mañana por aquel.

Esas tareas no fueron cumplidas. Los acuerdos alcanzados en torno a la composición del Parlamento europeo y al voto ponderado en el Consejo han dejado abierta la perspectiva de ampliación de la UE en el 2003, pero las verdaderas dificultades que tiene ante sí la construcción europea no han sido abordadas o han recibido respuestas involucionistas, alejándonos de la Europa política, social y económica.

La cumbre de Niza se ha limitado a una proclamación protocolaria sin efecto jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales, dejando para el Consejo europeo de diciembre de 2001 la adopción de "una declaración conteniendo iniciativas apropiadas" en torno al estatuto de la Carta, la delimitación de competencias, la simplificación de los tratados y el papel de los parlamentos nacionales.

Aunque la "declaración sobre el porvenir de la Unión" proponga abrir un amplio debate que implicaría al Parlamento europeo y a los parlamentos nacionales, a los círculos políticos, económicos y universitarios y a los representantes de la sociedad civil, reto que debemos asumir desde los movimientos ciudadanos, no deberíamos ser optimistas sobre los propósitos de los gobiernos, ya que no sólo no han dado ningún signo de que tengan una clara voluntad de integrar en el futuro la Carta en los Tratados, sino que suelen llevar los temas europeos de forma oscurantista, incluso respecto a los propios parlamentos nacionales.

La Carta, con su actual redacción, es un acuerdo de mínimos, que configura un cuerpo de derechos inferior al existente en cada uno de los países de la UE. Más que impulso de una ciudadanía europea, es una compilación a la baja, que ni siquiera integra el Protocolo Social y que no da lugar a un nuevo ámbito de derechos, los derechos europeos. Así, tras una fuerte presión sindical, se incluyó el derecho a la huelga en cada país, pero no el derecho a promover huelgas europeas.

No obstante, la Carta proclamada en Niza, aunque de contenido endeble, podría jugar un papel positivo si, concebida como suelo de derechos y no como techo, se integrase plenamente en los Tratados y fuese vinculante para todos los Estados miembros de la UE, así como vindicable ante los Tribunales de Justicia europeos. Recordando que Turquía está en la cola de aspirantes, que el partido de Haider cogobierna en Austria y que en Rumanía un fascista ex-esbirro de Ceaucescu saca el 30% de los votos, si la Carta fuera vinculante no resultaría nimio que recoja la abolición de la pena de muerte y de la tortura, la garantía de no devolución a sus países de origen a quienes en ellos puedan sufrir tratos inhumanos o degradantes (art. 19-2, que tomado en serio significaría que ninguna mujer podría ser forzada a retornar a Afganistán o un país donde pueda sufrir mutilación sexual), la legalidad de la acción positiva para combatir la discriminación de la mujer, la obligatoriedad de fijación de una jornada máxima, el derecho de huelga y de sindicación. No es mucho, pero sería mucho mejor que nada. La ampliación será una peligrosísima aventura si no se relaciona el ingreso y la permanencia en la UE con el respeto a un patrimonio básico de derechos.

Por ello, los movimientos ciudadanos de Europa, así como las fuerzas de la izquierda democrática y europeísta, debemos asumir como uno de nuestros objetivos principales lograr que antes de la ampliación tenga lugar la integración en los Tratados de la Carta de Derechos Fundamentales, mejorada, si tenemos la fuerza para imponerlo, con el Protocolo social, con la incorporación de derechos ampliamente reconocidos en las legislaciones nacionales y con el establecimiento de derechos de ámbito europeo. Una ampliación sin Carta de Derechos fortalecería las visiones de la UE como mero espacio económico y comercial común, sin proyecto político digno de ser así denominado. Deseamos, por tanto, la reforma progresista de la Carta, pero más aún deseamos que sea integrada en los Tratados, aunque con una visión dinámica y abierta de ella, manteniendo una perspectiva de futuras revisiones, en el marco de un proceso constituyente de la nueva Unión Europea con implicación ciudadana y en el que la metodología parlamentaria y europeísta predomine sobre la intergubernamentalidad nacionalista. Sólo tras un proceso semejante la Carta de Derechos será vista como una verdadera Constitución para una Federación europea.

Tras su ampliación, la UE podría quedar paralizada por el uso del derecho de veto. La construcción europea exige limitar esa potestad de los Estados y establecer procedimientos flexibles para la adopción de decisiones por mayoría en todo aquello -o casi todo- que deba gobernarse en el ámbito europeo, dentro de la aplicación del principio de subsidiaridad con criterios descentralizadores y participativos, y no como coraza de los gobiernos nacionales frente a la Unión Europea.

La cumbre de Niza ha elegido, por el contrario, dar una vuelca de tuerca hacia la intergubernamentalidad, reforzando la hegemonía de los gobiernos sobre la Comisión y, especialmente, sobre el Parlamento europeo. Aunque treinta competencias hayan salido del ámbito de las decisiones por unanimidad, en los grandes temas, como fiscalidad y política social, se reafirma el derecho de veto, y se produce un retroceso en cuanto a los procedimientos que fijan la mayoría cualificada, fijada en porcentajes muy elevados a alcanzar en una triple votación según voto ponderado en el Consejo, número de países y número de habitantes. Los jefes de estado y gobierno han tomado una opción clara: más intergubernamentalidad, menos Europa. El que parte y reparte...

Una UE de 27 o 30 miembros, con los mecanismos de decisión salidos de Niza, perdería potencia política y sesgaría, más aún, todo el proyecto europeo hacia la mercantilización generalizada y la libre circulación de capitales, sin el fundamento de una sólida, aunque plural, cohesión democrática y social. Y no podría descartarse que el déficit de unidad política pusiese en peligro la estabilidad y existencia del euro, pues adoptar una moneda común es una decisión que va más allá de lo meramente "económico".

Por tanto, en este aspecto no compartimos las posturas de algunos colectivos a los que tenemos un enorme respeto, y con los que coincidimos en casi todos sus objetivos, pero que se han empeñado en una batalla por el mantenimiento del derecho de veto, para que cada Estado pueda impedir la imposición de medidas mercantilistas dirigidas contra los servicios públicos y la cultura. Estamos y estaremos a su lado en la defensa incondicional de los sistemas públicos sanitarios y educativos, contra la mercantilización absoluta de la cultura, pero creemos que esa es una lucha que hay que formular de manera explícita en torno a los contenidos de las políticas nacionales y europeas, en vez de centrarla exclusivamente en el mantenimiento de la capacidad de veto recogida en el artículo 133 del Tratado de la Unión, ya que no creemos que los gobiernos nacionales vayan a ser mejores que la UE y porque no queremos reducir el futuro de Europa al azar de la eventual existencia en tal o cual país de un "superjospin" que vete las malas propuestas, al precio de que el "superblair" o el "superaznar" de turno impida en Europa avances en política social o fiscalidad. El espacio europeo es ya el espacio natural y obligado de la lucha por la democracia ciudadana y la economía plural, el nuevo ámbito mínimo en el que librar el combate por la socialización de los poderes y la autonomía de cada individuo para gobernar su vida. Si optamos por limitarnos a la defensa país a país ante la ofensiva mercantilizadora, tarde o temprano seremos derrotados.

En consecuencia, como partidarios de avanzar, gradual pero ininterrumpidamente, hacia una Federación europea, nos sumamos a los movimientos ciudadanos que propugnan la progresiva reducción de la intergubernamentalidad, la eliminación o reducción a su mínima expresión del derecho de veto, la flexibilización de los mecanismos para la adopción de decisiones por mayoría y, ante todo, la revalorización y transformación del Parlamento Europeo, que debe convertirse en el centro institucional de la Unión. No es casual, ni mucho menos, que el PE se haya mostrado una y otra vez como la institución más progresista de la Unión, a pesar de que los partidos hegemónicos en él se adscriben a los mismos grandes grupos que gobiernan los Estados. El PE está íntimamente ligado a la construcción europea, de la que depende su propia existencia. Por ello, sus puntos de vista tienden a ser más avanzados que los de los gobiernos. De hecho, en muchos aspectos, especialmente los relacionados con derechos civiles, el Parlamento europeo, que hoy tiene mayoría de centroderecha, ha tomado resoluciones más progresistas que muchos parlamentos nacionales con mayoría de las izquierdas, lo que sin duda está relacionado con los esfuerzos realizados por numerosos parlamentarios y parlamentarias progresistas, pero también con la naturaleza propia de esta institución, la única en todo el entramado de la UE que es elegida directamente por ciudadanas y ciudadanos.

El futuro de Europa está en manos de los movimientos ciudadanos, de los sindicatos y, si están dispuestos a comprometerse en este esfuerzo más que hasta ahora, de los partidos representativos de las izquierdas europeas y, de forma muy particular, del Partido de los Socialistas Europeos. El capitalismo europeo puede estar interesado en la incorporación de amplias zonas del Este y el Centro de Europa a un espacio mercantil común, pero no desea que lleguen allí los derechos políticos y sociales logrados en los países más avanzados de Europa ni aspira a un gobierno y un parlamento europeos responsables directamente ante los ciudadanos. La actual burocratización de unas instituciones disminuidas y dependientes de los gobiernos nacionales es un ambiente ideal para los lobbys de presión movidos por las transnacionales y grupos financieros.

El esfuerzo requerido no es pequeño. Los actuales mecanismos de decisión en la UE están blindados contra reformas profundas, pues un sólo país puede impedirlas. Será necesaria una gran presión social para lograr que algunos gobiernos se decidan a apostar con fuerza por la Europa política y para que, a su vez, presionen sobre los más recalcitrantes. Y, en ese aspecto, aún contamos con mucho retraso y con serias dificultades para crear un movimiento masivo con objetivos compartidos.

Es cierto que, como viene siendo habitual en las cumbres internacionales, Niza fue escenario de importantes movilizaciones ciudadanas. Pese al inaceptable comportamiento de la policía francesa impiendo la entrada de centenares de activistas italianos y violando la libre circulación de personas establecida por los Tratados, por las calles de Niza se manifestaron, en convocatorias separadas, 60.000 sindicalistas convocados por la CES, también lo hicieron diversos movimientos ciudadanos europeos y, finalmente, allí estuvieron los colectivos anti-globalización. Salvo los provocadores que en nada favorecen los objetivos de estos movimientos, todos los demás compartían una voluntad de democracia, de reconocimiento de las prioridades sociales y de afirmación de la ciudadanía. Ahora bien, también se evidenciaron marcadas diferencias estratégicas.

Denunciamos el comportamiento de los gobiernos, su falta de coraje para llevar adelante, aunque sea gradualmente, un proyecto federalista para Europa, su gusto por lo semisecreto, su nacionalismo provinciano, su carencia de horizontes, su dejarse arrastrar por las presiones liberistas y sus oídos sordos ante las aspiraciones libertarias. Pero queremos hacerlo sin sumarnos a quienes sólo ven en Europa una fuente de peligros, una criatura del peor capitalismo. La unidad de Europa es una revolucionaria oportunidad histórica, cuya realización no está asegurada. Es, por tanto, objetivo de un combate político ciudadano.

La izquierda debe defender lo conquistado, pero también pasar a la ofensiva, sin recluirse en bastiones nacionales y menos aún repudiando a Europa como proyecto, sino plantando cara en ese escenario y convirtiéndose en la vanguardia de la creación de una Europa democrática y unida. Una Europa en la que habrá izquierdas y derechas, así como diversos programas alternativos de gobierno, pero que será un espacio político en el que actuar y en el que tratar de gobernar, con la ventaja de hacerlo en el marco de un gran proyecto, capaz de afrontar problemas que escapan de las manos de los Estados y de influir con voz propia en el escenario mundial, desde la solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de América, Asia, África y Oceanía.

Queremos participar en la creación de una Europa de ciudadanas y ciudadanos que quieren adueñarse de su propia vida y crear las condiciones para que las futuras generaciones puedan hacer lo mismo. Para ello, es preciso ponerse manos a la obra, desarrollar una amplia labor pedagógica y activista, con algunas fechas claves en el horizonte inmediato: la Conferencia de diciembre de 2001, la ampliación de la UE a partir del 1 de enero del 2003 y la Conferencia del 2004, donde se planteará la revisión de los Tratados de la Unión. Esas referencias temporales deben marcar priotariamente nuestra agenda de acción para los próximos cuatro años.

Desde la modestia de nuestra revista, queremos poner sobre el tapete una sugerencia a los diversos movimientos ciudadanos europeístas de nuestro país, a los sindicatos, a los europarlamentarios españoles, a todas las personas y colectivos que quieran torcer hacia la federalidad europea el bastón que ahora está desviado hacia la intergubernamentalidad. Recurriendo a una vieja fórmula del movimiento obrero y socialista: ¡agrupémonos todos! Debemos sacar la reflexión europea de los restringidos ámbitos en que hasta ahora ha quedado encerrada, y para darla impulso deberíamos explorar la posibilidad de crear activos puntos de encuentro, plataformas por una federación europea, movimientos por la Europa política y social, o cualquier otra fórmula que pueda parecer razonable para dar cobijo a la voluntad europeísta y democrática. En ese compromiso, estaremos.
 

LA OPINIÓN DE NUESTR@ AMIG@S: CARTAS A INICIATIVA SOCIALISTA EUROPA DESPUES DE NIZA Feliciano Robles srobles@supercable.es   Apreciados amigos: Es la primera vez que he accedido a la web de Iniciativa Socialista y me parecen interesantes sus contenidos y aportaciones para las personas que nos identificamos con la izquierda plural y progresista. Me gustaría , si tenéis a bien , que publicaseis estas reflexiones que he hecho en torno a vuestro editorial sobre los resultados de la Cumbre de Niza para enriquecer el debate de ideas y estrategias. Creo que con esto de Europa hay que tener mucha paciencia, pero con el tiempo se conseguirán los objetivos más nobles que deseamos los que nos sentimos europeístas y por extensión universalistas, y creemos en las Leyes Universales y el progreso, la paz la libertad y la democracia como forma suprema de convivencia entre los humanos Voy a plantar mi intervención en tres puntos: a) La dificultad de formar Europa b) La valoración de los votos de los ciudadanos c) El papel de los Gobiernos Nacionales A) Según mi parecer la construcción de Europa será lenta y con altibajos, mientras que para entenderse en una reunión de Jefes de Gobierno, cada uno tenga que ir con un pinganillo en la oreja y aquello sea una torre de babel en la que casi nadie se entienda. Quiero decir que es necesario un idioma común para relacionarnos los europeos entre sí. Igual que el capitalismo ha entendido las ventajas que supone tener una moneda única, los ciudadanos europeos tendríamos que entender también las ventajas que tendría el hecho de que todos los europeos nos pudiésemos relacionarnos los unos con los otros a través de un mismo idioma. Yo eso lo he entendido así y he procurado que mis hijos aprendiesen de forma eficaz el inglés y el francés y gracias a eso el mayor ya está trabajando con una multinacional en París y el pequeño se relaciona con bastantes jóvenes europeos y norteamericanos a través del ordenador. Eso creo que tiene que ser el reto de los próximos años e invertir la mayor parte de los esfuerzos formativos de los jóvenes en que se conviertan en bilingües. En las capas pudientes, lo tienen claro y la mayoría de los niños ricos están aprendiendo idiomas aceleradamente , pero en las capas populares es más difícil, porque con el inglés que se da en los colegios e Institutos públicos es muy deficiente. Yo no voy a entrar en definir cual tiene que ser el idioma que utilicemos los europeos para relacionarnos los unos con los otros. En estos momentos parece ser que el inglés es el más conveniente. Pues se estudia y aprende inglés y punto. B) Respecto a la valoración de los votos, yo creo que el voto de todas las personas tiene que ser absolutamente igual, y no tiene que haber ninguna ponderación de nivel territorial. Me explico. En España se ha cometido una terrible injusticia con el PCE en su día y luego con Izquierda Unida, en el sentido de que la Ley D´hont le perjudicaba sensiblemente en contra del beneficio que otorgaba a los nacionalistas catalanes y vascos. Mi idea al respecto es la siguiente: Es necesaria una descentralización administrativa y de gobierno, es decir hay cosas que las puede gestionar bien un Ayuntamiento, otras una Comunidad o región, otras un gobierno nacional otras un gobierno europeo. Cuando hay elecciones, los ciudadanos generalmente votamos en función de las ideas y proyectos que nos proponen las fuerzas políticas, y luego en los parlamentos los diputados se agrupan en función de esas fuerzas políticas y votan en bloque las resoluciones, sin tener en cuenta para nada la demarcación territorial a la que pertenecen. Es decir, en el Parlamento Europeo, muchas veces me siento más identificado con las ideas y propuestas de los verdes, aunque no sean españoles, que con las de los eurodiputados españoles. Así que mi propuesta de representación para Europa y todos los Parlamentos, sería la de proporcionalidad pura, sin tener en cuenta para nada ninguna demarcación territorial. Sino la de una demarcación única según el ámbito de decisión. Fijaros aquí en Andalucía, cada partido tiene que representar una lista para cada provincia, en las elecciones autonómicas, entonces resulta que hay partidos a lo mejor que tienen mejores militantes en unas provincias que en otras y sin embargo no los pueden presentar , pero luego la realidad es que cuando hacen las listas colocan en cada provincia a personas que nunca han estado en esa provincia y que los ciudadanos desconocen totalmente. Con lo cual se produce cierta frustración y desmotivación en los ciudadanos. Sin embargo, si los ciudadanos en vez de fijarse en el nombre de las personas que no conocen en absoluto, se fijasen más en las ideas que representan a lo mejor sería más eficaz, y que los partidos tuviesen más poder para poder cambiar o destituir a aquellos parlamentarios que no cumplen adecuadamente con su trabajo. Porque es vergonzoso ver las funciones tan nulas que realizan algunos parlamentarios. C) En cuanto al papel de los Jefes de Gobierno en Niza, pues depende de donde uno se informe, porque en cada país se ha vendido el pescado de forma diferente, está claro que Aznarín, no es un europeísta convencido, y que en estas reuniones lo tiene que pasar bastante mal, creo que le llaman Mr.NO, porque es la palabra que dice con más insistencia. Aquí en España, los ministros del gobierno central, van a entrar en el paro o morir de inactividad, porque prácticamente muchos se han quedado sin competencias, y cuando hacen algo, lo tienen que negociar y consensuar con las Comunidades Autónomas o con las Autoridades Europeas. Aquí en Sevilla, por ejemplo, los tres gobiernos que consideramos, son de una parte el Ayuntamiento, que gestiona una buena cantidad de servicios públicos, en segundo lugar la Junta de Andalucía, que gestiona la Educación, Sanidad, Obras Públicas, etc, en tercer lugar la Comunidad Europea, del gobierno central ni se cuenta con él ni se le conoce. Lo que ocurre es que como la información en España fluye desde Madrid, pues se le da mucha más importancia que la que verdaderamente tienen. Pero, de verdad, por estas tierras nadie conoce a ningún ministro. Nada más, dejo el debate abierto, para que otros colegas lo continúen. Un abrazo para todos.

 

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