Catástrofe del Prestige
Gobierno catastrófico

Consejo editorial

Iniciativa Socialista, nº 67, verano 2002-2002

Los acontecimientos extraordinarios ponen a prueba las capacidades de los gobiernos y suelen mostrar la verdadera talla política de los gobernantes. En los acontecimientos extraordinarios suelen aparecer las mejores cualidades de gobernantes extraordinarios, pero también puede suceder que adquieran tal condición gobernantes que hasta entonces no han hallado ocasión para expresar toda su valía. No es el caso de los nuestros, que en el naufragio del Prestige, además de mostrar una mercantil concepción de la política y una preocupante noción de lo que es gobernar, han dejado patente un elevado grado de incompetencia, ante las cuales es justo y lógico exigir responsabilidades, pues no nos encontramos ante un desastre natural, ya que, dadas las estadísticas de la zona -cinco mareas negras y dos vertidos tóxicos, en los últimos treinta años-, no puede calificarse alegremente de accidente imprevisible sino de una catástrofe agravada por la clamorosa insuficiencia de las medidas preventivas y por una serie de desacertadas intervenciones gubernativas.

Imprevisión
Para analizar adecuadamente lo ocurrido con el Prestige hay que tener en cuenta varias circunstancias importantes, que no parece hayan sido correctamente situadas por las autoridades como obligado marco de referencia a la hora de adoptar decisiones.
En primer lugar, es sobradamente conocida, y no sólo entre la gente marinera, la existencia de galernas, vendavales y fuertes corrientes marinas frente a la costa noroeste de Galicia, que por el número de naufragios que ocasionan justifican el nombre de Costa de la muerte. En segundo lugar, también es conocido el intenso paso de buques por la zona, que soporta el 10% del tráfico marítimo internacional. Por allí circula el 70% del petróleo consumido en Europa y cada día surcan aquellas aguas más de 30 barcos con mercancías peligrosas.
En tercer lugar, la mayor parte del transporte mundial de mercancías se hace por mar, y en la UE el 90% del transporte de petróleo, pero el comercio marítimo internacional es un mercado sumamente opaco que esconde prácticas próximas a la piratería. Detrás del lema un barco, una compañía se esconde un laberinto de empresas interpuestas que persigue abaratar los fletes, eludir la legalidad, no asumir responsabilidades ni pagar indemnizaciones y generar beneficios que suelen acaban en paraísos fiscales. No deja de ser curioso que países como Panamá, con 122.000 toneladas de registro bruto, Liberia con 52.000, Bahamas con 33.000, Grecia con 28.000, Malta con 27.000 y Chipre con 23.000, estén a la cabeza de la flota mercante mundial por delante de Gran Bretaña, con 13.000, de EE.UU. con 11.000 o de Rusia con 10.000 toneladas. El caso del Prestige, un barco viejo con carga peligrosa, es uno de estos fletes de basura bajo bandera de conveniencia a los que suelen recurrir las compañías petroleras para eludir el pago de indemnizaciones. Las duras normas de seguridad marítima impuestas por el gobierno norteamericano después de la catástrofe del Exxon Valdez, que vertió en Alaska 37.000 toneladas de crudo en 1989, y la exigencia de un seguro de responsabilidad ilimitada a los armadores para evitar desastres ecológicos, desvían hacia Europa el tráfico marítimo de barcos viejos.
En cuarto lugar, la costa gallega, zona de altísimo valor ecológico que debería gozar de especial protección, es el mayor criadero de mariscos de Europa, una de sus principales zonas pesqueras y la primera de España (el 40% de la pesca nacional procede de Galicia). Gran parte de la economía de Galicia tiene su base en el mar, bien por la explotación de sus costas, rías y criaderos, con las consiguientes actividades derivadas (conservas, salazones, astilleros, lonjas, etc.), o bien por el turismo y la hostelería. La pesca influye, de manera directa e indirecta, en 54 de los 74 sectores económicos de Galicia.
Teniendo en cuenta tales circunstancias y a la vista de los precedentes más cercanos (el Urquiola en 1976, el Andros Patria en 1978, el Casón en 1987, el Mar Egeo en 1992) llama la atención no sólo la escasez de medios para hacer frente a sucesos de este tipo, sino incluso la ausencia de un procedimiento basado en la experiencia que señale un protocolo para tomar decisiones. Y si existe y se ha seguido, lo cual no es seguro, debe revisarse porque está obsoleto.
En Galicia, la Xunta no cuenta con remolcadores capaces de actuar eficazmente en una coyuntura como la del naufragio del Prestige (el regateo para concertar el precio del servicio con los barcos de Remolcanosa, mientras el petrolero iba a la deriva hacia la costa gallega, es digno de figurar en una antología del disparate), ni con barreras en cantidad suficiente ni con un buque aspirador capaz de succionar el fuel vertido al mar. No podemos permitírnoslo, ha indicado el conselleiro de Pesca de la Xunta, que debería ser el más interesado en tenerlo. Quizá la compra de un buque así exceda a las posibilidades presupuestarias de un gobierno autonómico, pero no las del Gobierno central si entiende que España, una península, es el país con más kilómetros de costa de la Unión Europea y una potencia pesquera. Todo indica que es una cuestión de prioridades y que, según el criterio gubernamental, se puede gastar el dinero público en alquilar un tanque Leopard para llevarlo a un desfile, enviar la fragata Navarra al océano Índico a hacer el ridículo, formar un astronauta o pagarle a la Iglesia católica sus profesores de religión, mientras se dedica a la protección de las costas una atención tercermundista.

Desconcierto y desacierto
Desde el momento en que se detectó la avería en el petrolero, se advirtió que tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia quisieron quitarse el problema de encima.
Sin ninguna conciencia medioambiental y quedando el asunto al margen de sus áreas de intervención estratégica, han sido incapaces de calcular las consecuencias de la avería y han reaccionado tarde y mal. Y sorprendidos, luego, por la magnitud de la catástrofe y, sobre todo, por los efectos políticos de sus decisiones, han ido a la deriva, sobrepasados tanto por las secuelas del naufragio -la incontenible fuga de fuel- como por la iniciativa popular para hacer frente a la marea negra.
Siguiendo una secuencia temporal, la actitud del Gobierno Aznar, convencido de ser el mejor gobierno de España desde la transición e incapaz de admitir las críticas, ha seguido las siguientes fases. Primera: quitarse el problema de encima y ordenar que el buque fuera remolcado mar adentro. Segunda: suponer que el problema quedaba resuelto con el naufragio del petrolero. Tercera: minimizar la dimensión real de la catástrofe y ocultar la información. Cuarta: admitir tarde su gravedad pero no actuar en consecuencia. Quinta: enarbolar la bandera del patriotismo, rechazar la existencia de responsabilidades políticas y atacar a la oposición.
Desde el primer momento se vio que al Gobierno el problema del Prestige le estorbaba y creyó, o fue inducido a creer -no se sabe aún por quién ni por qué intereses-, que la solución estaba en remolcar el petrolero mar adentro, en contra de lo que indicaba la experiencia y de lo que recomendó Greenpeace. Un barco con una vía de agua y con una carga como la que transportaba el Prestige necesita un dique y vaciar la carga; es decir, un puerto. Y aunque se alejase el buque de la costa gallega, al dirigirlo hacia alta mar se le condenaba a un naufragio casi seguro y a perder al menos parte de una carga muy contaminante, que, aunque estuviera lejos de Galicia, quedaría a la deriva y podría ser arrastrada a cualquier parte por las corrientes. Que es lo que ha ocurrido.
Ecologistas, químicos, oceanólogos, científicos, ingenieros y no pocos marinos han repetido que, teniendo en cuenta el clima y las corrientes marinas, la decisión del Gobierno de alejar el buque de la costa, acentuada por el errático rumbo seguido hasta su hundimiento, ha agravado el problema al ampliar la diseminación del vertido. Pero tampoco era ese el cálculo del Gobierno, que había decidido que el fuel debía cambiar de estado al irse a pique el buque. El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín, indicó el delegado del Gobierno. La impresión del Gobierno es que el fuel se ha solidificado y lo que hay allí es aceite y combustible del barco, dijo Rajoy, en una de sus apariciones. Se han observado cuatro regueros casi solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, indicó en otra de sus memorables ruedas de prensa.
Gobierno y Xunta tampoco reaccionaron a tiempo ante las consecuencias de su primera decisión, confiando, contra toda lógica, en que los elementos alejaran el vertido. Todo el fuel derramado que tenía que llegar a la costa ya ha llegado, señalaba el 17 de noviembre el conselleiro de Pesca. No ha sido así, pero el Gobierno quería dar la sensación de que la situación no era alarmante y que estaba bajo control, para lo cual se dejó llevar por una de sus mañas franquistas y estableció un verdadero régimen de censura informativa, que resultó inútil además de patético, porque las noticias sobre la evolución de la marea negra que provenían de Portugal y de Francia, de cofradías de pescadores, de organizaciones no gubernamentales y de los medios de información no controlados por el Gobierno, indicaban lo contrario. No hay marea negra, sino una proliferación de manchas localizadas, indicaba Rajoy, intentando minimizar el tamaño de la masa oleaginosa cuando anegaba más de cien playas gallegas. Pero ni cuando el desastre era ya evidente, el Gobierno y la Xunta han sido capaces de adoptar con la rapidez y la energía necesarias las medidas más urgentes para hacer frente a la marea negra. Tampoco han sido diligentes en consultar a la comunidad científica y a los institutos científicos del Estado, ni en aceptar la ayuda brindada por políticos e investigadores extranjeros.

Movilización ciudadana
Desde la primera marea negra, y de momento van tres, la gente corriente ha dado una lección de generosidad, de organización espontánea, de agilidad y eficacia. Miles de personas, vecinos y voluntarios llegados de todas las partes del país y de Europa, se han lanzado, con sus propios medios y recursos (con sus cubos, sus palas, sus coches y sus barcas; con sus redes y barreras caseras, con sus barcos y con todo lo que podía ser útil), a frenar, como fuera, la inundación de fuel y a limpiar la costa. Han trabajado poniendo en peligro su propia salud, sin máscaras ni guantes ni trajes ni calzado adecuados y sin conocer la composición del vertido (los primeros análisis se han realizado a instancias de particulares) al que se enfrentaban, que, a pesar de los desmentidos gubernamentales, ha resultado ser nocivo para la salud. Toda una lección de ciudadanía ante la parálisis o el desaire (¡Fraga cazando perdices y Cascos cazando rebecos!) de unos gobernantes indiferentes a los devastadores efectos sociales de un accidente, no de un desastre natural, multiplicados por su propia negligencia, pues ni diligentes han sido para solicitar la ayuda necesaria a Portugal, a Francia, a Holanda, a Alemania, Inglaterra o EE.UU. o para utilizar todos los recursos disponibles del Estado, empezando por la declaración de zona catastrófica, movilizando a Protección Civil, enviando unidades del ejército como primer apoyo logístico y utilizando, para allegar fondos extraordinarios, los recursos legales necesarios, pues cuando les conviene gobiernan por decreto.
El grado de desidia, o de indiferencia o de incompetencia, gubernamental alcanza su máxima expresión en el encierro y huelga de hambre emprendida por los pescadores para reclamar al Gobierno, ¡un mes después del naufragio!, el envío de medios, no de dinero, para luchar contra el chapapote, porque ante la masiva movilización popular, el Gobierno, por un lado, ha ofrecido dinero (público, claro), creyendo que con dinero se arregla todo: se olvida el asunto y se acallan las críticas. Pero con ese dinero, por demás escaso, no se restaura mágicamente la situación anterior. Y por otro lado, el Gobierno ha reconocido, ¡qué remedio!, la movilización ciudadana tratando de utilizarla para encubrir su propia incompetencia y apoyarse en el espléndido esfuerzo solidario para suscitar el ternurismo y la caridad. Pero que la sociedad haya funcionado pronto y bien no elimina que el Gobierno haya funcionado tarde y mal. Es muy saludable que en un momento excepcional la ciudadanía se movilice y hasta supla la incapacidad de los gobernantes, pero la sociedad no puede reemplazar al Estado ni los vecinos pueden sustituir al Gobierno, que, si en una situación como esta no sabe o no puede actuar con la rapidez y la eficacia necesarias, lo que tiene que hacer es dimitir.
El mayor accidente ecológico de nuestra historia, como se vio obligado a reconocer Aznar casi un mes después del comienzo de la tragedia, ha puesto en evidencia una crisis, no del Gobierno, que no se irá, sino de gobierno, de incapacidad demostrada por el actual gabinete para gobernar el país en una situación excepcional, lo cual en otro país civilizado hubiera sido motivo suficiente para producir alguna dimisión de alto nivel. Pero el asunto es más grave, porque, una vez que el partido del Gobierno ha despertado de su letargo otoñal o de su fantasía sucesoria, lo que se ha visto que no funciona adecuadamente es el Estado. Esta falta de eficacia es tanto consecuencia de la filosofía política del partido gobernante con respecto al Estado -reducir prestaciones destinadas a asuntos de ámbito social y general, privatizar y hacer negocio con el patrimonio público y ahora dar entrada a las empresas privadas para que se lucren con la catástrofe- y de una concepción patrimonial del poder -Fraga gobierna Galicia como si fuera su pazo-, cuanto de la mediocridad de los cuadros dirigentes autonómicos, que han actuado más como funcionarios del Partido Popular que como cargos electos. Lo que ha funcionado ha sido la línea de mando, la jerarquía y la dependencia del cargo, sin que nadie se haya atrevido a tomar la iniciativa por temor a verse desautorizado por su jefe. Y eso ha conducido a la parálisis política y a revelar la escasa conciencia autonómica de la Xunta, que ha vinculado sus intereses -y quizá su suerte- a La Moncloa.

Silencio gubernativo y teatro parlamentario
También ha faltado diligencia en afrontar la situación en el Congreso, pues el mutismo presidencial ha sido notorio. En medio de desmentidos, mentiras y medias verdades, han pasado los días sin que los ciudadanos, a través de sus representantes en el parlamento, hayan merecido algún tipo de explicación del Jefe de Gabinete sobre un acontecimiento cuya dimensión lo ha convertido en una catástrofe ecológica y económica nacional, que ha suscitado la movilización de miles de voluntarios de varios países y la colaboración de tropas extranjeras, que ha sido noticia de primera plana en la prensa internacional y que ha generado medidas extraordinarias en los países vecinos, que ha provocado una situación de excepción en Galicia, donde la vida cotidiana de miles de personas se ha visto afectada, y que ha aconsejado un viaje a la zona del Jefe del Estado. Sólo veinticinco días después del origen del suceso, el presidente del Gobierno se dignó a comparecer en la televisión pública (o más bien privada del Gobierno) y a ofrecer una edulcorada, sesgada y autocomplaciente visión del asunto, y un mes después concedió a los ciudadanos gallegos el honor de visitar durante tres horas un despacho de La Coruña.
Durante las dos primeras semanas, las consecuencias del naufragio del Prestige no han sido un tema que haya merecido que Aznar compareciese en una comisión del Congreso ni que convocara un pleno extraordinario (si se ha tratado el asunto ha sido por otras causas), ni ha merecido la creación de una comisión de investigación que aclare las circunstancias en que se produjo el naufragio y desvele algunas concomitancias de tipo económico que han aparecido accidentalmente. El asunto tampoco ha merecido una reunión de Aznar con dirigentes políticos de otros partidos o una entrevista con el jefe de la oposición. Al contrario, la oposición ha sido acusada de carroñera y desleal; la reacción del Gobierno ha consistido en negar la evidencia, aludir al pasado del PSOE, ocultar información fundamental y difundir información irrelevante, mentir sobre la gravedad del asunto, admitir, tarde y mal, algunas medidas ineficaces al principio -Admito mis errores, aunque no sé cuales son, indicó Aznar con olímpica condescendencia- y en responder de manera crispada, con abucheos y pateos, a las razonables críticas de la oposición. Aznar ha exigido de la oposición parlamentaria la adhesión inquebrantable que ha impuesto a los militantes de su partido.
La grotesca petición de dimisión del portavoz socialista en el Congreso y el numerito circense que montaron los diputados del PP al abandonar en masa el salón de plenos, como si estuvieran ofendidos porque la oposición cumplía con su función institucional de pedir cuentas al Gobierno en un asunto de tamaña gravedad, es, por ahora, el remate de la contraofensiva montada por el presidente del Gobierno, que ha convertido a su partido, otra vez, en oposición de la oposición y ha provocado un clima de tensión y reparto de culpas a diestro y siniestro. Esta decisión aznariana -chapapote para todos- alcanza incluso a los miembros de su propio partido, en particular a aquellos que aspiran a sucederle, que, más atentos a los movimientos internos que puedan acercarles al dedo de Aznar que a las necesidades del país, están dejándose arrastrar por las desmañadas reacciones de un jefe de gabinete en plena crisis. Puede ocurrir que, para comenzar su mandato dentro del partido, el sucesor de Aznar -el tapado- se vea obligado a aceptar la pesada hipoteca de asumir no sólo el programa de su predecesor, sino también su talante y sus errores como prueba de fidelidad.

No nos merecemos este Gobierno
Ante el accidente del Prestige, el Gobierno Aznar, a pesar de tener tres ministerios concernidos por el caso (Agricultura, Pesca y Alimentación, Fomento y Medio Ambiente), ha mostrado una nula conciencia ecológica y ninguna sensibilidad medioambiental, así como torpeza y lentitud en la toma de decisiones, en las que ha prevalecido una concepción jerárquica y centralista del mando antes que la respuesta autonómica y la consulta a técnicos y científicos de las propias instituciones del Estado.
También ha sido negligente en utilizar los recursos públicos y en adoptar las medidas políticas adecuadas a la gravedad del momento (declaración de zona catastrófica, gabinete de crisis) que hubieran permitido afrontar antes y en mejores condiciones las primeras consecuencias del desastre, ante cuya magnitud el Gobierno ha ocultado, primero, la gravedad de los hechos y luego ha mentido para ocultar sus propios errores, ha manipulado la información y ha declarado institucionalmente una censura que ningún derecho ampara. Se ha negado a comparecer ante el Congreso, ha ocultado información a la oposición, a la que ha acusado de lesa patria, y se ha negado a aceptar sus críticas y, después, sus aportaciones en positivo para resolver una crisis de dimensión, al menos, regional. El Gobierno no ha mostrado la menor capacidad autocrítica, se ha negado a asumir responsabilidades políticas y a crear una comisión parlamentaria de investigación y tampoco parece muy dispuesto a modificar la situación a corto plazo, pues ha decidido reducir, en el año 2003, las primas para fomentar el uso de energías renovables, mientras ha autorizado una subida del 1,6% en las tarifas eléctricas, y ha eliminado de un reciente decreto-ley sobre el transporte de mercancías peligrosas y contaminantes un párrafo relativo a la inspección de buques a menos de 200 millas de la costa.
El Gobierno del Partido Popular ha hecho gala de una gran insensibilidad social al no interesarse, ni siquiera en los gestos, por el sufrimiento y la ruina popular. Sólo ha reaccionado cuando ha percibido las posibles consecuencias electorales de su forma de proceder y lo ha hecho prometiendo dinero a los afectados y contratando empresas para limpiar las playas, con lo cual ha demostrado, una vez más, el núcleo mercantil de su programa y el patrón clientelista de su política.
No nos merecemos este Gobierno. Ni este gobierno mediocre se merece una ciudadanía tan espléndida. ¡Que dimita y se vaya!

diciembre 2002