ETA CONTRA EUSKADI

 
Desde hace más de un año, se observa una creciente exasperación de la actitud violenta de algunos sectores del entorno social de ETA, así como una reorientación de la estrategia terrorista. Si ésta buscaba antes remarcar la imagen de una guerra entre una España opresora y una ETA que, en su mitología, vendría a ser una especie de ejército de liberación, ahora parece que su objetivo principal es atizar una confrontación civil abierta en Euskadi.

La dinámica política y social vasca ha echado por tierra la pretensión etarra de hablar en nombre de la nación vasca. En las elecciones generales de 1996, Herri Batasuna perdió un 12% de sus votos respecto a 1993, y sólo obtuvo 7,5% en Alava, 18,5% en Guipúzcoa, 8,2% en Navarra y 10% en Vizcaya. A ese deterioro electoral, lento pero sostenido, se sumó el auge importantísimo de las movilizaciones y protestas promovidas por grupos comprometidos con los derechos humanos.

En un imposible intento de mantener la pretensión de ser un movimiento de liberación nacional... en una nación que democráticamente le niega tal representación, la respuesta de ETA ha sido intentar aterrorizar a todo aquel que discrepe y se atreva a expresarlo públicamente. Para ello, ha favorecido el desarrollo de una violencia difusa, fuera del cuadro estricto de la organización armada, utilizando para ello, preferentemente, a jóvenes desesperados, procedentes en muchos casos de zonas devastadas durante la anterior crisis industrial, a los que se ha inculcado un intenso y fascistizante gusto a la violencia por la violencia. Hoy, la sola idea de un Euskadi gobernado por ETA da escalofríos.

ETA y parte de su entorno son un factor de opresión y de amedrantamiento sobre muchas ciudadanas y muchos ciudadanos de Euskadi, con un desprecio absoluto a la vida y a la libertad de quienes piensan de otra manera, no vacilando siquiera en asesinar a quien había defendido los derechos de los presos etarras, como Javier Gómez Elósegui. Queremos, pues, decir de ETA lo mismo que dijimos del GAL o del asesinato de Lasa y Zabala: "No, no es un error. Es algo mucho peor: es un crimen". Y frente al crimen, es obligado el apoyo a las movilizaciones que reclaman el fin de los asesinatos y agresiones y la libertad inmediata e incondicional de Ortega y Delclaux, secuestrados en condiciones que contravienen todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluso en caso de guerra. Uno de los fenómenos más positivos de los últimos años reside en que los demócratas han arrebatado a reaccionarios y energúmenos el protagonismo de la acción cívica antiterrorista, lo que ha resultado muy difícil de lograr, entre otras razones, por la profunda brecha que ETA abrió entre los legítimos derechos nacionales de los ciudadanos vascos y las luchas progresistas del movimiento obrero y de las fuerzas democráticas de las demás regiones y nacionalidades integradas en el Estado español.

Pero erradicar la violencia política no va a ser fácil. ETA, a pesar de su condición minoritaria, sigue contando con una base social significativa y activa, que no surge de la nada, sino de la existencia de un largo y real "conflicto vasco", agravado por las muchas heridas que la violencia del Estado ha dejado sobre Euskadi. El sentimiento de malestar y desconfianza hacia el aparato del Estado español, desgraciadamente fundado en hechos reales y que no terminan de desaparecer, está arraigado también entre muchas personas totalmente ajenas a ETA y a su entorno. Y esa desconfianza no va a desaparecer mientras que los ministros del Interior españoles no sean capaces de dar respuestas concretas y claras a preguntas tan simples como la que, en relación al caso Elejalde -presunto asesino de Gómez Elósegui-, hizo el diputado peneuvista González de Txábarri: "¿Cómo es posible mantener 55 horas de interrogatorios con lesiones tan graves?", o, peor aún, se considere que el sólo hecho de plantear la pregunta es desestabilizador e irresponsable.

Esa realidad no excusa a ETA, ya que, a pesar de todas las limitaciones del sistema institucional actual, existe un espacio de acción política y de autonomía lo suficientemente amplio para que toda violencia carezca de justificación ética y política. Pero sería peligroso, no obstante, ignorar el alcance no grupuscular de la influencia de ETA, y confundir el ámbito propio de lo penal con el ámbito de lo político, pues precisamente uno de los objetivos fundamentales de las medidas a adoptar debería ser la recuperación para la acción política democrática de una parte importante de ese sustento social. No se puede encarcelar a doscientas mil personas.

Resulta, por ejemplo, inquietante la espectacular, aunque inoperante, oleada de detenciones de los miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna. Si, desde el punto de vista práctico, las imágenes de las detenciones han tenido efectos mucho más beneficiosos para ETA que la propia emisión endógama del vídeo en cuestión ante público "batasuno", creemos también que la presentación del vídeo de ETA no puede ser considerada como delito o apología del terrorismo, sin entrar en la vía de un peligroso recorte de la libertad de expresión, de información y de análisis de los fenómenos sociales.

Nos unimos también a las peticiones de Gesto por la Paz, el Ararteko (Defensor del Pueblo en Euskadi) y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco -despreciada institucionalmente por el ministro Mayor Oreja- para que la política de dispersión de los presos etarras sea sustituida por una política de acercamiento de todos los presos a sus lugares de origen. El acercamiento, que no pretende agrupar ni dispersar a los presos de ETA en cuanto tales, sino garantizar el derecho individual de cada preso a estar lo más cerca posible de su entorno social y familiar, sería un factor de distensión en el País Vasco, como profundización democrática que, a la larga, contribuiría a desactivar la base social de apoyo a la violencia.

En cierta forma, el reto que hoy se plantea a quienes repudiamos la violencia política de ETA por ser muerte y opresión, no porque aspire a objetivos independentistas, es denunciar sin complejos esa violencia y su carga reaccionaria, promoviendo simultáneamente soluciones políticas negociadas acordes al profundo grito espontáneo "ETA no, vascos sí", surgido en las manifestaciones contra el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, y al coraje cívico de la difícil lucha iniciada por Gesto por la Paz.

Ya en otras ocasiones hemos defendido aquí una reforma constitucional que incluyera el derecho a la separación, pues, aunque a la vista de los resultados electorales no parezca que hoy haya una mayoría favorable a la independencia en Euskadi, el reconocimiento de esa posibilidad representaría una importante democratización del Estado, un elemento de equilibrio en las relaciones interterritoriales, hoy puestas en constante cuestionamiento y subasta, y un factor de aislamiento de los partidarios de la violencia política, que podrían seguir matando si las decisiones autodeterminadas no coincidiesen con sus proyectos totalitarios, pero a costa de un deterioro muy profundo de su soporte social. Una civilización democrática debe asumir que las fronteras deben estar sujetas a decisiones políticas democráticas y no bajo la tutela de los ejércitos ni sometidas a vetos constitucionales inamovibles, especialmente cuando el proceso de integración europea puede abrir nuevas posibilidades de coordinación territorial entre los diversos espacios regionales/nacionales.

Volver a hacer esta reflexión puede ser clamar en el desierto, cuando el PSOE y el P.P. están en carrera a ver cuál es más español, más torero y más "benemérito", denunciando toda disidencia con sus planteamientos como si fuera una capitulación ante ETA y, en definitiva, sin capacidad ni voluntad para promover iniciativas políticas capaces de introducir fisuras entre los violentos y parte de su entorno. Por su parte, el PNV se lleva a veces la autodeterminación al mercado de los privilegios fiscales, cual mendigo que enseña su muñón, pero no tiene el más mínimo interés en conseguir un efectivo ejercicio de ese derecho, que le colocaría en una situación dificilísima y en graves contradicciones entre el radicalismo verbal nacionalista que práctica los días de fiesta y la realidad de los intereses económicos que defiende y que le llevan, pese a las riñas habituales, a sostener al gobierno de Aznar y de una derechona que, a pesar de las cesiones que deba hacer hoy por carecer de mayoría absoluta, es esencialmente españolera y centralista.

No obstante, es evidente que la articulación territorial del Estado no está aún cerrada y que sigue acarreando conflictos. El futuro próximo puede estar lleno de sorpresas y evoluciones inesperadas, y lo que hoy parece lejano puede mostrarse mañana como lo más razonable y como la solución que hemos tenido durante años delante de nuestras narices.

Pero ese es otro tema, con el que el terrorismo de ETA y la violencia difusa de una parte de entorno tienen poco que ver. Hace ya mucho tiempo que no entienden de otra autodeterminación que la sumisión a sus mortíferos dictados, ni les mueve la rebelión, sino el rencor y su propia tiranía. Aquí y ahora, hay muchas razones para protestar y movilizarse, pero no hay razones para secuestrar, para matar, para amordazar a toda una sociedad. No es un error. Es un crimen.
 
 

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