Violencia contra las mujeres:
dominación, poder y patriarcado
Editorial Iniciativa
Socialista número 48, marzo 1998
Casi medio siglo después de esta Declaración 91 (*) mujeres
en 1997 han sido asesinadas por sus maridos o ex-maridos y compañeros
o ex-compañeros sentimentales. A estas víctimas del año
pasado se pueden sumar ya un número considerable en los meses transcurridos
del 98. Si fueron 18.000 denuncias por malos tratos las registradas el
año anterior, muchas más son las situaciones de tortura dentro
del hogar que permanecen anónimas por el miedo, la impotencia o
el convencimiento de la inutilidad de la denuncia cuando no el temor a
sus consecuencias por la falta de respuestas efectivas.
Consideramos fundamental, y así ha sido reclamado por las organizaciones
feministas, insistir en que la violencia contra las mujeres es una vulneración
de los derechos humanos fundamentales y, por tanto, es obligación
de los Estados garantizar la vida, la libertad y la seguridad personal
de las mujeres incluso y especialmente dentro de los santa santorum familiares.
La violencia doméstica no es una cuestión personal y
privada, atajarla exige que se tomen medidas políticas por parte
del gobierno, del Parlamento y que jueces y fiscales apliquen de manera
efectiva las medidas judiciales y policiales.
Estas medidas de carácter urgente deben aplicarse ya en la línea
marcada por las organizaciones feministas agrupadas en los distintos foros
o plataformas contra la violencia doméstica:
-
Efectividad y rigor en la aplicación de las normas legislativas
vigentes tanto en materia civil como penal por parte de jueces y fiscales.
-
Aplicación de la figura del llamado alejamiento y agilidad
en la expedición de mandamientos judiciales de protección,
tanto en el ámbito civil como penal, que impidan el acercamiento
del agresor a sus víctimas.
-
Creación de más plazas en los Centros de Acogida y pisos
tutelados.
-
Programas de atención psicológica a las víctimas.
-
Inclusión de una materia cuyo contenido sea el conocimiento y el
dominio técnico del campo de la violencia familiar en la formación
de jueces, abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas,
trabajadores y trabajadoras sociales y miembros de las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
-
Ampliación del número de policías especialistas en
la atención de denuncias de malos tratos.
-
Cumplimiento por parte de las diversas Administraciones de nuestro país
de las Resoluciones y Recomendaciones Europeas relativas a la realización
de estudios sociológicos sobre la violencia contra las mujeres y
campañas de sensibilización.
-
Creación de una Fiscalía contra los delitos de violencia
doméstica, que impida la indulgencia y benevolencia de algunos jueces
y fiscales con los culpables de estos delitos.
Los lectores y lectoras más familiarizadas con este tema no habrán
encontrado ninguna novedad en las medidas exigidas en el párrafo
anterior. Es cierto. Estas medidas vienen siendo reclamadas por las Organizaciones
de Mujeres desde hace ya bastantes años. Si bien el término
"terrorismo doméstico" para definir esta violencia es reciente,
no lo es su significado que se desprende del estudio de Lidia Falcón,
Violencia contra las mujeres (**) cuando compara las cifras de muertos
por el terrorismo de ETA, el de los G.A.L., el caso Almería... y
la conmoción social que provocan con las cifras de mujeres asesinadas
y apaleadas por hombres y su escaso eco informativo y social. La única
novedad es que la violencia doméstica ha saltado de las páginas
de sucesos a la primera plana. ¿Se debe este hecho a la escalofriante
cifra de mujeres asesinadas en 1.997? No. Cifras superiores o parecidas
se repiten todos los años. Entonces ¿por qué se ha
roto el silencio? Desgraciadamente por intereses del poder mediático:
el caso Ana Orantes (la mujer granadina quemada viva por su ex-marido,
tras haber denunciado en un programa de televisión que recibía
continuos malos tratos de él) y el morbo televisivo que ha despertado.
Pero de sucesos que desencadenan hechos importantes está llena la
Historia y el caso "Ana Orantes" se ha convertido en el detonante para
que la violencia doméstica empiece a dejar de ser un tema menor
para los medios de información. La indignación de la sociedad
no puede ser menor ante estos atentados a los Derechos Humanos de lo que
lo es ante otros. La violencia doméstica se merece todo el repudio
social que suscitan otros tipos de violencia. Rompamos el silencio que
ha permitido que "la violencia contra las mujeres sea el crimen encubierto
más numeroso del mundo" (Naciones Unidas, 1.980). Aprovechemos la
ocasión para denunciar y romper la mentalidad conservadora de que
se trata de casos aislados, crímenes cometidos por mentes dementes
y enfermas de los que no pueden sacarse conclusiones como decía
el Sr. Álvarez Cascos, Vicepresidente del Gobierno Español.
Sin embargo, las declaraciones del Vicepresidente del Gobierno no sorprenden
si analizamos la actuación del P.P. en el terreno de las políticas
de igualdad. Si bien no se atreven a desmantelar la red de Instituciones
y Organismos creados en la época socialista para impulsar las políticas
de igualdad, poco a poco los van vaciando de contenido y reduciendo sus
dotaciones presupuestarias; incluso plantean su conversión
en organismos para la defensa de la familia. El objetivo del P.P. es devolver
la "problemática específica femenina" al ámbito familiar.
El P.P., ardiente defensor de la "sacrosanta" institución familiar,
participa de una mentalidad que considera que el papel "principal" y "propio"
de la mujer en la sociedad es el cuidado de los hijos y del hogar. Para
el partido gobernante, si esta situación debe de cambiar, lo hará
al ritmo que marque la propia evolución de la sociedad, por eso
no son necesarias políticas de igualdad, ni considerar la violencia
doméstica un asunto social; su discurso es el de "la mujer que vale,
sale por sí sola", la mayoría de las mujeres debemos "no
valer". Esta mentalidad se muestra sin pudor alguno cuando se permiten
emitir comparaciones y juicios como los realizados por Manuel Fraga (el
escote de una diputada socialista) o Miguel Ángel Rodríguez
(la puesta de largo de la señorita Constitución Española
en su décimo octavo cumpleaños frente al derecho al voto
del Señor Constitución). Pero más grave que
los chascarrillos de mal gusto de estos señores es un Ministerio
de Educación que ha firmado conciertos educativos con centros que
practican y defienden la educación segregada de niños y niñas.
El titular de estos Centros "maleducativos" es el Opus Dei. Es muy grave
y posiblemente ilegal que se financie con fondos públicos el mantenimiento
de una escuela de marcado carácter sexista, máxime cuando
el marco legal hoy vigente consagra como una de las finalidades de la escuela
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Pero, en un ejercicio de honestidad, aunque reconozcamos que los partidos
de la izquierda son sensibles a la violencia doméstica, su actuación
en este campo no ha sido todo lo beligerante que exige el problema. Los
titubeos y cautelas a la hora de enfrentarse responsablemente a este tema
han marcado la actuación del P.S.O.E. durante sus años de
gobierno. Ha sido necesaria la presión constante de las feministas
dentro y fuera del Partido Socialista para imponer la consideración
política de estas cuestiones y, por tanto, la adopción de
medidas con dotaciones presupuestarias, siempre insuficientes, en los terrenos
judiciales, policiales y sociales. No ha sido un "paseo" conquistar espacios
de poder dentro de los partidos de la Izquierda para las mujeres, se han
tenido que vencer muchas resistencias para colocar la contradicción
de género como un elemento de importancia política. Y no
queremos entrar en las organizaciones sindicales donde la resistencia ha
sido y sigue siendo mucho mayor. Como botón de muestra, mencionamos
las dificultades que encontramos las mujeres de izquierdas para el repudio
de las conductas violentas ejercidas por algunos compañeros de partido
y sindicato contra sus compañeras sentimentales cuando éstas
se han atrevido a hacerlas públicas. Ninguna organización
de izquierdas se atreve a defender públicamente la violencia contra
las mujeres pero algunos de sus miembros no tienen pudor alguno a la hora
de decir "hay que ver como os ponéis por un par de bofetadas" o
expresiones semejantes. Los chistes y bromas de mal gusto referidas a la
violencia doméstica son lugar común también entre
las personas de izquierdas. Afortunadamente cada vez menos. La mentalidad
conservadora de los roles tradicionales y la minusvaloración de
la mujer también forma parte de la izquierda.
Los partidos de izquierdas tienen asumida la necesidad de promover
una cambio social y cultural en las relaciones entre hombres y mujeres,
o al menos eso se dice en sus programas. En ese marco, relación
hombre y mujer, es en el único que puede explicarse la violencia
doméstica porque es la manifestación más cruel de
una sociedad basada en una organización patriarcal cuya mentalidad
se hace explícita, a pesar de los grandes cambios que ha sufrido
la humanidad, en una relación entre hombres y mujeres marcada por
el dominio de los primeros y la dependencia y papel subsidiario de las
segundas. Es necesario provocar un profundo cambio de comportamiento en
las relaciones entre hombres y mujeres a través de la independencia
económica, la educación, la cultura y el protagonismo político
de hombres y mujeres como iguales. Es imprescindible ese cambio para romper
la tiranía que en muchas ocasiones se esconde tras las sólidas
paredes del hogar, fortalecida por el miedo y el silencio.
Los avances y los cambios en la legislación con el reconocimiento
de la igualdad entre hombres y mujeres y las declaraciones de no discriminación
en razón de sexo no han sido suficientes para romper una relación
de dominación que arrastramos desde no se sabe cuando. Esta relación
asigna a las mujeres el ámbito privado y a los hombres el público
y atraviesa todas las demás contradicciones de la sociedad, las
de clase, las de color de piel, las de nacionalidad... No hay ningún
hombre que sufra dominación por el hecho de ser hombre, pero el
hecho de nacer mujer ya supone la adjudicación de un papel subsidario
con respecto al del que ha nacido varón. Las primeras interesadas
en acabar con esta relación de dominación, de poder de lo
masculino, somos las mujeres y debemos seguir movilizándonos y denunciando
lo injusto e inhumano de esta relación. Y puesto que es problema
de justicia social, de Derechos Humanos, debe ser considerado un problema
de todas las personas. La sociedad no puede permitir que se asesine o se
torture a una mujer porque es un atentado contra los Derechos Humanos.
El primer paso es acabar con la división sexual del trabajo,
trabajo doméstico no remunerado para unas y trabajo fuera del hogar
remunerado para otros. La independencia económica de las mujeres
evita el sometimiento de éstas al varón para su subsistencia,
por tanto supone la quiebra de una estructura familiar basada en el reparto
de papeles, pero también la resistencia a romper con lo establecido,
la familia tradicional, se manifiesta de forma violenta. Es cierto que
son muchas las mujeres que sufren en silencio malos tratos porque no tienen
medios de subsistencia o temen una situación de desamparo para ellas
y sus hijos si rompen su familia(***), pero la conquista de la independencia
económica, del mundo del trabajo no ha liberado a las mujeres de
su rol tradicional, el doméstico. Son muchas las horas dedicadas
a ese trabajo no valorado económicamente, son muchas las mujeres
que sufren la llamada "doble jornada". Repartir el trabajo doméstico
de forma equitativa entre hombres y mujeres es otro elemento fundamental
para romper un poder masculino basado en una asignación sexual de
roles.
Un elemento básico para impulsar el cambio de comportamiento
es la educación. En este sentido la LOGSE supone un gran avance,
pero una cosa es el marco legal y otra su aplicación. Se deben primar
los programas de co-educación, la educación en valores solidarios
e igualitarios, en la resolución pacífica de los conflictos;
se deben eliminar los contenidos y las valoraciones sexistas de los libros
de texto; se debe exigir al profesorado formación en materia de
igualdad entre los sexos para evitar actitudes y comportamientos sexistas.
La escuela debe ser un agente real de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. No basta con tener escuelas mixtas, hay que conseguir
escuelas no sexistas. Es necesario concienciar a las niñas y a los
niños de que la agresión a las mujeres por parte de padres,
maridos o hermanos es también un delito y un atentado contra los
Derechos Humanos que estudian en el Cole.
Y, por último pero no menos importante, debemos seguir impulsando
la incorporación activa de la mujer a la vida política. La
participación activa en los movimientos sociales, los partidos políticos
y la acción de gobierno debe ser compartida por hombres y mujeres
en pie de igualdad. La conquista de la política debe ser un objetivo
central para impulsar el cambio de comportamiento. Si la sociedad la componemos
personas, seamos hombres o mujeres, la responsabilidad en la toma de decisiones
nos compete a todos y a todas en igual medida. En primer lugar nos corresponde
a nosotras conquistar estos espacios, para eso es necesario que participemos,
que actuemos; pues un nuevo marco de relaciones sociales entre hombre y
mujeres pasa por la paridad social y política.
Si no se actúa en esta doble línea, medidas urgentes
de carácter judicial y policial y medidas preventivas conducentes
a erradicar la violencia de las mujeres, nos puede suceder como en "aquella
historia en la que se dedicaban muchos recursos a sacar personas ahogadas
de un río sin plantearse arreglar el puente que había corriente
arriba, que estaba roto y era por donde se caían"(****) y "arreglar
el puente" es una cuestión de Derechos Humanos.
(*) Datos facilitados por Jaime Mayor Oreja el día 17 de Febrero
ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en el Senado.
(**) Falcón, Lidia. Violencia contra las mujeres, pág.
127.
(***) Recomendamos los estudios del Parlamento Europeo y Naciones Unidas
sobre la Feminización de la pobreza.
(****) Amalia Alba. "Soluciones responsables", Periódico Levante,
22-1-1998