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El Consejo Editorial de Iniciativa Socialista ha recibido con satisfacción y prudente esperanza la declaración de "una suspensión ilimitada de sus acciones armadas" por parte de ETA, pese a la repugnancia que causan los llamamientos de ésta a recurrir a "la tan poco utilizada persecución social" y a "acabar con los partidos...", apuntando contra las personas y organizaciones a las que considera enemigos de su proyecto.
Una vez más, afirmamos nuestro convencimiento de que las condiciones en que se desarrolla la actividad política y la vida ciudadana en España y en Euskadi son lo suficientemente amplias y abiertas como para que, pese a sus serias deficiencias, no esté justificada en ningún modo la utilización de la violencia desde una organización totalitaria que pretende ser la voz de un pueblo en el que sólo cuenta con un muy minoritario, aunque significativo, apoyo.
No obstante, sería irresponsable despreciar las oportunidades creadas por la nueva situación definiéndola simplemente como una "trampa" electoral. Esta nueva situación es valiosa, en primer lugar, por las vidas humanas que pueda salvar, pero también porque con ella ha surgido la posibilidad de recorrer trabajosamente un camino que pueda llevar a que la actual suspensión indefinida de las acciones armadas se convierta en definitiva.
Aunque hay una clara influencia de los acuerdos de paz alcanzados en Irlanda, nada de lo ocurrido se puede entender sin tomar como referencia el creciente rechazo social a la violencia directa de ETA y a la violencia callejera, con las que ya se sienten profundamente incómodas importantes franjas del electorado tradicional de HB. La tregua se inserta en la fase de agrietamiento y pérdida de cohesión del entramado MLNV abierta con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque no haya sido proclamada en el momento más agudo de la crisis, sino tras haber logrado cierto reagrupamiento de sus bases sociales en torno a Euskal Herritarrok, favorecido por polémicas actuaciones jurídicas y políticas como la condena contra la Mesa Nacional de HB, el cierre de Egin, el mantenimiento del distanciamiento de los presos y el rechazo apresurado con que el P.P. y el PSOE recibieron el Plan Ardanza.
Una lectura política del agridulce acuerdo de Lizarra y del triunfalista comunicado de ETA, muestra que ésta ha debido renunciar a sostener el núcleo esencial de su denominada Alternativa democrática, en la que una negociación política entre ETA y el Estado era condición previa al diálogo entre el conjunto de la sociedad vasca. El fracaso rotundo de esta estrategia tiene excepcional importancia.
Lo verdaderamente nuevo en el giro etarra es, pues, la cesión de protagonismo a los políticos. Cierto es que ETA, que puede volver a matar, conserva su esencia totalitaria y trata de resituarse en el ámbito de las relaciones políticas generando una polarización entre "patriotas vascos" y "patriotas españoles/franceses", como se manifiesta en sus insistentes llamamientos al PNV y EA para que rompan con los "partidos españoles" que, según la banda armada, representarían en Euskadi "a los españoles que vivían entre nosotros". Pero, pese a todo, nos encontramos en un terreno mucho más favorable para acercarse al final de la violencia, si la nueva situación es gestionada adecuadamente por todas las personas y organizaciones que aspiran a la paz.
En estas condiciones, lo peor que se puede hacer es "esperar y ver", cerrándose en banda ante la posibilidad de adoptar iniciativas penitenciarias y de abrir un diálogo político sobre los marcos legales en que puede desarrollarse la controversia sobre el futuro institucional de Euskadi y de sus relaciones con España. Nos inquieta por ello el inmovilismo mostrado por el P.P. y el PSOE. Especialmente nos preocupa, como izquierda que somos, la cerrazón mostrada hasta la fecha por el Partido Socialista, que, tras provocar una ruptura artificial y por razones equivocadas del gobierno vasco, parece orientarse, en el ámbito político que nos ocupa, hacia la formación de una "gran coalición" antinacionalista entre el P.P. y el PSOE, inevitablemente marcada con el sello de un nacionalismo español del que sólo puede salir favorecida la propia derecha, que mantiene sin dificultades el apoyo global de CiU y PNV a su gobierno, y quizás los propios terroristas que tratan de alentar la división de Euskadi entre "vascos", "cipayos" y "extranjeros" con tesis cada vez más cercanas a Sabina Arana y ajenas a cualquier tradición socialista, obrera, progresista o simplemente democrática.
Frente a ese inmovilismo, pensamos que hay cosas que pueden hacerse para facilitar el fin de la violencia sin ceder a chantajes ni supeditar la voluntad ciudadana a las aspiraciones de una minoría.
Siempre hemos defendido el acercamiento de presos, de todos los presos, según lo sugerido por la ley penitenciaria vigente. Razón de más para hacerlo hoy, cuando además de ser justo y humanitario es también oportuno.
Más aún: hay que abrir un diálogo político entre todos los partidos sobre la articulación del Estado, sobre la autodeterminación y sus formas, sobre la relación entre las nacionalidades históricas y España, sobre la forma de articular todo esto con el proceso de unidad europea, sobre el marco en el que cada fuerza política puede defender sus opciones y aspirar legítimamente a ponerlas en marcha si obtiene una mayoría suficiente para hacerlo en el ámbito que corresponda.
Pertenece a la esencia de la democracia el que todo pueda ser discutido y modificado. Rechazamos las mitologías esencialistas de "las patrias", pero también el temor cuasireligioso y profundamente estatalista a poner en discusión democrática fronteras y constituciones. Ni siquiera el retorno de ETA a su enloquecida carrera de terror debería cerrar ese diálogo de necesidad cada vez más acuciante, como confirma la dinámica iniciada por CiU/PNV/BNG con la declaración de Barcelona, de la que se puede discrepar pero nunca ignorar, y en la que no debería pasarse por alto que, por primera vez, se formula desde el nacionalismo democrático un proyecto estratégico concreto de articulación no secesionista en el marco de un Estado común con toda España.
Los límites de este diálogo no puede estar marcados por
el negativo de los humores de ETA o por la sacralización de la Constitución
o de la unidad española, ambas revisables si ésa es la voluntad
ciudadana. El único límite es el derecho de todas las personas
a tener igual peso en las decisiones, a que su voluntad no sea usurpada
por asesinos iluminados y a que sus opiniones, su voto y las instituciones
democráticamente elegidas que les representan sean quienes decidan
el presente y el inmediato futuro común. Dentro de ese marco irrenunciable,
hay que ponerse a hablar y convendría hacerlo pronto.
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