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Todo gran movimiento social que se hace lo suficientemente fuerte en
su enfrentamiento con alguna de las cruciales relaciones de dominación
de unos grupos humamos sobre otros adquiere la aspiración a tener
el poder necesario para emanciparse y para transformar el propio Poder.
Las mujeres del mundo llegan al 8 de marzo de 1999, Día Internacional
de la Mujer, en condiciones sin duda muy diversas, pero en las que siempre
está presente un Poder masculinizado que, en mayor o menor medida,
es fuente de privilegios a costa de los derechos de la mitad de la población.
Un Poder político y un poder difuso socialmente que se sienten amenazados
por un movimiento de mujeres cada vez más fuerte y maduro, cuyas
activistas ya no se conciben sólo "como víctimas, sino como
sujetos de derechos, productores de conocimiento, intérpretes de
los debates predominantes en los foros internacionales"(*) que defienden
sus derechos como derechos humanos fundamentales y que han protagonizado
la que quizá sea la mayor transformación social y cultural
del siglo XX.
Cuando aún es reciente el logro del derecho a voto de las mujeres
en las democracias más consolidadas y todavía quedan muchos
países en los que ese derecho y otros aún más básicos
y elementales siguen estando negados, está surgiendo con fuerza
un nuevo horizonte político para el movimiento de mujeres y para
la propia democracia: la paridad, esto es, la igual participación
de hombres y mujeres en los poderes públicos y asociativos.
En España, la presencia de la mujer en órganos de dirección
política ha crecido sensiblemente durante los últimos años,
bajo la presión del movimiento feminista y del impulso social de
las mujeres que han conducido a las fuerzas políticas de la izquierda
a una paulatina aceptación de cuotas o de normas paritarias dirigidas
a garantizar un equilibrio entre sexos en sus estructuras dirigentes, y
también a un mayor protagonismo de las mujeres en las formaciones
de la derecha política, aunque éstas siguen sosteniendo posiciones
retrogradas ante los derechos de las mujeres, como hemos comprobado recientemente
con motivo de las propuestas presentadas por la izquierda para la reforma
de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esta evolución -ausente aún en las estructuras sindicales,
muy atrasadas desde este punto de vista- es un importante paso adelante,
pero no ha implicado todavía una efectiva paridad, ya que la distribución
interna de responsabilidades y, sobre todo, de los cargos públicos
en los que reside la capacidad de acción legislativa y de gobierno
sigue estando signada por la hegemonía masculina.
Por esa razón, se pone ahora en primer plano la necesidad de
una reforma de la Ley electoral que imponga la obligación de composición
paritaria de las candidaturas a las diversas instituciones representativas,
entendiendo que esa paridad no debe afectar solamente al conjunto de la
candidatura sino también a cada uno de sus tramos.
En Francia, donde pese a todas sus limitaciones posiblemente se encuentre
hoy el gobierno más a la izquierda del mundo, se han dado ya pasos
institucionales hacia la democracia paritaria. Durante algún tiempo
ha parecido que el PSOE también iba a tomar esta iniciativa, promovida
por las mujeres socialistas y que podía contar con el apoyo del
resto de fuerzas de izquierda, pero lamentablemente todo da a indicar que
este proyecto ha sufrido un frenazo considerable por el temor a la renovación
de personas, con el correspondiente "llanto y crujir de dientes", que esta
medida implicaría en ayuntamientos, comunidades autónomas,
Congreso de diputados, Senado y Eurocámara. La promesa de Borrell
de incorporar un 50% de ministras a su hipotético gobierno sólo
adquiriría un genuino sentido transformador enmarcada en una acción
reformadora que trate de dar cuerpo legal a una democracia paritaria establecida
como derecho reconocido gobierne quien gobierne.
En España y otros países democráticos casi nadie
osa oponerse a la paridad negando directamente el derecho de las mujeres
a la participación política. Pero los argumentos de quienes,
en la derecha o en la izquierda, se resisten a que sea establecida por
ley y han generado la falaz y machista expresión "mujeres florero",
dan muestra, en definitiva, de una posición abiertamente conservadora.
Efectivamente, la ley vigente no impide que las mujeres ocupen la mitad
(o el 100% incluso) de los puestos de representación y gobierno.
Pero el que la presencia de mujeres en la política esté muy
lejos de su peso en la sociedad no se debe, ni mucho menos, a un fenómeno
de naturaleza, ni a la inexistencia de mujeres capacitadas y dispuestas
para gestionar la cosa pública, sino a la pervivencia de relaciones
de dominación del hombre sobre la mujer, dominación política
como en definitiva lo es cualquier forma de supremacía y discriminación.
Para las mujeres, el camino a través de los partidos está
lleno de obstáculos. El funcionamiento de los partidos y las propias
formas de hacer política, su lenguaje y sus valores reconocidos,
se han moldeado a imagen y semejanza de estereotipos masculinos que contienen
un alto grado de violencia simbólica -y física en ocasiones-,
de supervaloración del Poder en cuanto "poder sobre…" y no "poder
para…", de competitividad, de hiperactividad no creativa, de renuncia a
la intimidad y a la cotidianidad, de exhibicionismo y, como colofón,
de rastrera sumisión a quien reparte el rancho. Incluso en aquellos
partidos y organizaciones en los que se han aplicado normas paritarias,
en muchos casos se ha hecho ampliando de forma desmedida los organismos
correspondientes, pues era indiscutible el puesto de los hombres que "tienen
que estar". Como eso no es posible en las instituciones representivas de
la sociedad en su conjunto, la resistencia a la paridad en ellas es mucho
más encarnizada, porque cada mujer más es un hombre menos.
No son las mujeres las que deben adaptarse a ese ambiente, sino la
política la que debe transformarse y humanizarse, feminizarse en
suma. Para eso, las mujeres y los hombres que se comprometan con una profundización
de la democracia deben cambiar las reglas del juego, imponer desde la acción
social y desde las leyes la transformación de la política
y un nuevo contrato social entre hombres y mujeres que implique compartir
el Poder, compartir el trabajo y compartir las responsabilidades de la
vida cotidiana.
Ese contrato social se hace posible en España en base a una
nueva relación de fuerzas, socialmente cada vez más evidente
pero políticamente trabada por estructuras anquilosadas. La exigencia
de democracia paritaria no surge de un derecho ahistórico de representación
proporcional de cualquier grupo social, que efectivamente fragmentaría
en exceso la representación colectiva de una sociedad, sino de la
lucha concreta de las mujeres, de su organización y de su rebelión
contra una dominación masculina y un estado de las cosas que impide
el acceso natural, "espontáneo", de las mujeres al poder, de la
misma forma que frente a la "espontaneidad" de la explotación capitalista
se alzaron las leyes laborales. Cuando la dominación quiere presentarse
como "naturaleza", como "así son las cosas", la política
y la acción positiva son el camino de la libertad y del "así
deben y pueden ser".
Hoy, en España, hay condiciones políticas, sociales y
culturales para la conquista de la democracia paritaria, que debe ser la
gran transformación de comienzos de siglo XXI, reto para una izquierda
que no podrá minar la hegemonía política de la derecha
por medio de frases "ingeniosas", sino solamente si es capaz de ofrecer
una nueva esperanza reformadora, alternativas efectivas y rigurosas que
movilicen a la sociedad, sin demagogia y sin espectáculo, con radicalidad
democrática y con capacidad subversiva contra toda dominación.
No olvidamos a las mujeres de todo el mundo para quienes la paridad
puede parecer una alejada quimera, ya que están sometidas a feroces
discriminaciones, a horrendas mutilaciones y a regímenes terroristas
abyectos. Fundamentalistas de todo pelaje -incluido el "Papa social" bendecido
por Fidel Castro o D’Alema pero enemigo abierto de la autodeterminación
de las mujeres- tratan en todo el mundo de disciplinar a las mujeres, cuyo
movimiento internacional sólo puede beneficiarse de cada paso adelante
dado en cualquier país. Una Europa gobernada en todas sus instituciones
al menos por un 50% por mujeres habría sido, sin duda alguna, más
consciente de la necesidad de actuar contra las violaciones en masa de
mujeres bosnias y contra los talibanes afganos, cuyo régimen asesino
y esclavista cubre de oprobio a toda la comunidad internacional por permitir
su existencia.
(*) Charlotte Bunch, fundadora del Centro para el liderazgo mundial
de las mujeres, en entrevista realizada en 1997 por Claudia Hinojosa
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