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* Editorial Iniciativa Socialista número 53, verano 1999
Somos partidarios del derecho de injerencia contra regímenes
genocidas y de la primacía de los derechos humanos sobre la soberanía
de los Estados. Consideramos justificada y necesaria la intervención
armada contra el aparato político, policial y militar del régimen
encabezado por Milosevic y Seselj. Invitamos a todas las personas comprometidas
con los derechos humanos a movilizarse en solidaridad con el pueblo kosovar
y a construir un protagonismo civil que ejerza una eficaz presión
sobre nuestros gobiernos y sobre la OTAN para que la intervención
tenga las formas, la duración y la dimensión precisas para
lograr el retorno de los refugiados a sus hogares con plenas garantías
para su seguridad y sus derechos. Además, debe ser irrenunciable
el procesamiento de Milosevic y sus colaboradores por un Tribunal Penal
Internacional.
A partir de la supresión en 1989 del estatuto de autonomía
de Kosovo, esta región, con un 90% de su población de origen
albanés, está sometida a una opresión extrema. Los
albano-kosovares han sufrido en estos diez años una represión
feroz, detenciones y torturas, asesinatos, despidos en masa, la disolución
de todo tipo de institución autónoma, así como excluyentes
políticas de apartheid en la educación y la sanidad. Durante
este tiempo, la respuesta mayoritaria ha sido la resistencia cívica
no-violenta, dotándose de un gobierno representativo a través
de elecciones paralelas, realizadas en 1992 y 1998, y convirtiendo comercios
y hogares en centros de enseñanza y atención sanitaria.
En febrero de 1998 comienza una fase exterminista y de abierta limpieza
étnica. La policía, el ejército y las bandas paramilitares
serbias bombardean e incendian poblaciones y ejecutan y mutilan a personas
detenidas. Drenica, los pueblos fronterizos con Albania, Pec, Dakovika,
Donje Obrinje, Golubovac, Senik, Racak, Rakovina o Rogovo son escenario
de las peores atrocidades, y miles de personas son expulsadas de sus hogares.
En marzo de 1998 el Consejo de Seguridad de la ONU estimaba en 230.000
el número de personas desplazadas, siendo pocos meses después
más de 300.000 las que se protegían en bosques, montañas
y países vecinos, mucho antes del inicio de los bombardeos de la
OTAN. Sólo en esas condiciones comenzaron a inclinarse un número
creciente de kosovares hacia la resistencia armada.
A mediados de abril de 1999, un tercio de la población ha salido
del país y otro tercio vaga por Kosovo. Las columnas de deportados
no escapan de las bombas de la OTAN, como algún cínico ha
pretendido, sino que son consecuencia de la política de tierra quemada
y de limpieza étnica promovida por la alianza nazi-estalinista que
gobierna en Belgrado. Estas expulsiones son acompañadas por multitud
de asesinatos, secuestros y violaciones. Al igual que ocurrió en
Bosnia, estas últimas se están produciendo tanto en el momento
mismo del desalojo de los domicilios albano-kosovares como en centros permanentes
donde el ejército serbio mantiene secuestradas a numerosas mujeres.
La negociación es mejor que la guerra, pero no siempre es posible
una paz con justicia sin recurrir al uso de la fuerza. Quienes, con buena
intención, reclaman que la OTAN suspenda incondicionalmente la intervención
y Milosevic pare el genocidio no dan ninguna salida real a la situación,
ya que su propuesta expresa un bello ideal... totalmente irrealizable en
su segunda parte sin presión militar. Milosevic ha demostrado ser
un experto en convertir cada negociación en un nuevo plazo para
continuar su obra de destrucción y muerte, dentro de un infernal
ciclo masacre / amenaza internacional / negociación y promesas /
suspensión de la amenaza / nueva masacre... Desde hace mucho tiempo,
es evidente que a Milosevic sólo se le puede parar y derrotar con
las armas, salvo que lo hiciese el propio pueblo serbio, lo que, desgraciadamente,
no era ya una opción cercana, una vez que la oposición perdió
la oportunidad que le abrieron las movilizaciones democráticas de
1996 y 1997. Postergar ese momento de confrontación sólo
ha servido para agravar la situación y para dar tiempo al fortalecimiento
de las tendencias ultranacionalistas y agresivas presentes en Rusia.
Como ha escrito Juan Goytisolo, «Desde 1992, para cualquier conocedor
de la ideología ultranacionalista serbia abrazada por Milosevic
para auparse a la Jefatura del Estado y permanecer en ella a costa de su
propio pueblo, el etnocidio de Kosovo venía cantado» (El País,
23/4/1999). Los países occidentales, que decimos fundarnos sobre
los valores de la democracia y de los derechos humanos, se dieron por satisfechos
en Dayton con una insuficiente solución a la crisis balcánica,
que, aunque ha parado la matanza en Bosnia, no ha permitido aún
el retorno de las poblaciones desplazadas y que no incluía respuesta
alguna a la situación de Kosovo. Las Naciones Unidas han emitido
resoluciones patéticamente impotentes frente al régimen de
Milosevic. Atada la ONU de pies y manos por su actual estructura y por
la voluntad de muchos de sus integrantes, el gobierno de Belgrado podía
saltarse a la torera resoluciones como la del 31 de marzo de 1998, en la
que, para «el caso de que no se apliquen las medidas concretas requeridas»,
se terminaba decidiendo «examinar la posibilidad de adoptar medidas
nuevas y adicionales» y «seguir ocupándose de la cuestión»,
todo esto pocas semanas después de la masacre de Drenica.
La Unión Europea, que no se ha dotado de una política
de seguridad y defensa propia, ha renunciado a tener el protagonismo que
le correspondía. La OTAN, en la que EE.UU. tiene un papel hegemónico
debido en gran medida a la voluntaria posición de subsidiaridad
adoptada por sus miembros europeos, quedaba así como la única
estructura político-militar capaz de realizar el despliegue de fuerzas
preciso para una operación de esta envergadura. Convencidos de que
la supervivencia del pueblo kosovar tiene prioridad sobre cualquier deseo
piadoso respecto a «cómo deberían ser las cosas»,
tomamos partido por la intervención armada iniciada el pasado 25
de marzo, que debe ser reorientada pero nunca suspendida sin haber logrado,
al menos, los objetivos fijados en el Plan de Paz propuesto por el secretario
general de la ONU, pues en caso contrario asistiremos a un fortalecimiento
del régimen nacionalsocialista serbio y a un debilitamiento de la
democracia en toda Europa. El ejército y la policía serbios
deben abandonar todo el territorio de Kosovo, sobre el que debe desplegarse
una fuerza militar internacional, a ser posible bajo el mandato de la ONU
o de la OSCE y con alguna presencia rusa, siempre y cuando que estas condiciones
no impliquen menoscabo en su tarea de defender a la población kosovar,
pasividad ante las agresiones que ésta pueda sufrir o complicidad
con los agresores. Ninguna apelación a la «legalidad internacional»
nos hará olvidar cómo la ONU y sus cascos azules dieron vía
libre al genocidio en Srebrenica y Zepa, zonas que habían sido declaradas
«protegidas».
Precisamente por nuestro compromiso con los objetivos citados, es preciso
y urgente señalar los graves errores u omisiones voluntarias presentes,
hasta el momento, en el desarrollo de la intervención, conducida
como si Milosevic fuese un dictadorcillo al que se podría hacer
entrar rápidamente en una vía de diálogo con un pequeño
empujón, asegurándole además que no se pasaría
a mayores. Consideramos intolerable toda la improvisación, escasez
de medios e irresponsabilidad que ha rodeado la acogida de los centenares
de miles de refugiados provocados por la limpieza étnica. Es imprescindible
aportar toda la ayuda que sea necesaria para la reconstrucción de
una vida cotidiana digna y para la reorganización social y política
del pueblo kosovar, sujeto de derechos y no objeto de caridad.
Igualmente, sin entrar en asuntos de estrategia militar que desconocemos,
tenemos el convencimiento de que el uso de tropas terrestres es absolutamente
imprescindible para garantizar el retorno de todos los kosovares a sus
hogares, con seguridad y libertad, independientemente de cuál sea
su origen étnico (albanés, serbio, judío o cualquier
otro). Ese es el objetivo que justifica emprender una iniciativa bélica
que inevitablemente causa víctimas inocentes que nos duelen profundamente
y por las que asumimos la parte de responsabilidad que nos pueda corresponder
por mantener una posición beligerante, aunque nada tengamos que
ver con la elección de objetivos que realiza el mando militar de
la operación y creamos que mucha mayor es la culpabilidad de Milosevic,
de sus amigos y de quienes prefieren ser espectadores de la matanza del
pueblo kosovar antes que «aliados» críticos, vigilantes
y ocasionales de la OTAN. En todo caso, la prolongación indefinida
de los bombardeos aéreos sin pasar a una nueva fase terrestre no
parece que pueda dar los frutos que deben buscarse, mientras que, por el
contrario, irá incrementando los trágicos errores que causan
víctimas entre la población civil.
La Unión Europea debe salir de su letargo y de su posición
subordinada en el seno de la comunidad internacional. A ella corresponde
la responsabilidad principal de actuar ante la tragedia que asola los Balcanes
desde comienzos de los años noventa. La actual acción armada
debe ir acompañada de un compromiso profundo con los países
y fuerzas políticas de la zona que opten por una vía democrática,
de respeto a los derechos humanos y de solidaridad con los refugiados,
ofreciendo no sólo ayuda económica sino también un
compromiso de integración política y de defensa ante cualquier
posible agresión. Igualmente, debe prestarse apoyo a la oposición
democrática serbia, aunque la mayor parte de ella había caído
también, antes ya de los bombardeos, en una fiebre patriótica
en torno a Kosovo que, en el mejor de los casos, le impide reconocer que
allí no estábamos asistiendo a un enfrentamiento simétrico
entre dos nacionalismos extremistas sino una brutal opresión del
régimen serbio sobre la inmensa mayoría de los kosovares.
En particular, es obligada una total solidaridad con los ciudadanos que
se nieguen a colaborar en la aventura de Milosevic, acogiendo a los desertores
del Ejército serbio y no rechazando su petición de refugio,
como, lamentablemente, ha ocurrido en algún país de la Unión
Europea.
El gobierno español ha tratado de clandestinizar nuestra participación
en la guerra, renunciando a explicar y difundir el compromiso político
democrático en que debe basarse. En cierta forma, da la impresión
de que Aznar se ha limitado a obedecer las órdenes de Clinton sin
entender nada de lo que está en juego en Kosovo y tratando de ocultar
la presencia de España en una guerra. En cuanto a la izquierda,
resulta evidente nuestra discrepancia radical con Izquierda Unida y con
quienes han centrado su actividad en exigir el fin de la intervención
de la OTAN. Pero también echamos de menos un mayor esfuerzo entre
organizaciones como el PSOE y el consejo federal del PDNI, que, si bien
han aprobado resoluciones a las que nos sentimos cercanos en mayor o menor
grado, no han hecho gran cosa para fomentar un compromiso social activo
con el pueblo albano-kosovar.
Quienes, desde posiciones de izquierda, sostenemos la necesidad de
una intervención militar hemos tenido que gastar gran parte de nuestros
esfuerzos en responder a los argumentos, frecuentemente peregrinos y contradictorios,
de sectores antibeligerantes honestos o de los amigos estalinistas o nazis
de Milosevic. Sin embargo, la tarea más urgente es promover una
movilización ciudadana solidaria con el pueblo kosovar capaz de
presionar y de controlar al mando político de la intervención
para que ésta se ajuste a los objetivos proclamados y no quede en
un nuevo tira y afloja entre las grandes potencias y Milosevic, tras el
que éste salga intacto, el pueblo albano-kosovar quede expulsado
de sus hogares y la población serbia haya sido castigada para nada.
Manifestamos por ello nuestra identificación con las iniciativas
que han promovido las organizaciones que, como la Plataforma por Kosovo,
el Movimiento contra la Intolerancia y la Asamblea de Cooperación
por la Paz, han entendido que la lucha contra Milosevic no es tarea exclusiva
de los gobiernos y de la OTAN.
Finalmente, ajenos a una «lógica de bloques» antiemancipatoria
que nunca hemos compartido y que aún está viva en parte de
la izquierda, creemos que, sin ceder un centímetro en la solidaridad
con el pueblo kosovar, las fuerzas comprometidas con los derechos humanos
debemos manifestar que no estamos dispuestas a avalar cualquier acción
bélica promovida por la OTAN o los EE.UU., como los injustificables
bombardeos periódicos sobre Irak, carentes de objetivo humanitario
o democrático identificable; que tampoco les damos a ellos ni a
nadie ninguna «patente de corso» para hacer lo que se les antoje
sin que nadie pueda protestar; y que seguiremos trabajando para que termine
la pasividad con que la comunidad internacional contempla las gravísimas
violaciones de los derechos humanos que, llegando en algunos caso al genocidio,
se producen en Turquía/Kurdistán, Israel/Palestina, Indonesia/Timor,
Afganistán, algunos países de Africa, etc. No queremos un
«equilibrio de muertos» entre kurdos y kosovares, como algunos
parecen preconizar, sino la libertad y la vida para ambos pueblos y el
fin de todos los tiranos, sátrapas y genocidas.
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