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ETA ha vuelto a matar. Después de varios intentos abortados por la intervención policial, con esta nueva víctima (la que hace, al parecer, el número 812 desde la amnistía de 1977 o el 560 si se cuentan los muertos habidos desde la aprobación del Estatuto de Guernica), la organización nacionalista armada ha logrado demostrar que la ruptura de la tregua no era sólo una amenaza y que se equivocaban aquellos que creían que ETA, mermada en sus efectivos y finalmente convencida de la inutilidad de su esfuerzo para conseguir sus objetivos por la vía del terror, estaba dispuesta a dejar el protagonismo de su proyecto a Euskal Herritarrok y a los firmantes del Pacto de Estella.
Las ambiciosas metas, difíciles de aceptar por los gobiernos de Francia o de España, y una suspensión de los atentados condicionada al logro de sus objetivos políticos, ya daban una idea de por dónde iban las pretensiones de ETA al declarar la tregua, pero también podían ser entendidas -con una dosis de buena voluntad (nunca de más en política)- como una necesaria concesión verbal ofrecida al sector más intransigente del entorno abertzale, al que se podría ir convenciendo lentamente según avanzaran las negociaciones.
En los primeros momentos, estas impresiones se confirmaron, pues tenía cierta lógica suponer que ETA, sometida a la urgencia de recomponer su quebrantada estructura operativa y de recuperar para el movimiento abertzale un papel sensiblemente disminuido desde la respuesta ciudadana al asesinato de Miguel Angel Blanco, se sintiera arropada por la legitimidad de los firmantes del Pacto de Estella y tratara de aprovechar en su favor la "nueva relación de fuerzas" que, a su juicio, se había producido en la sociedad vasca, y pretendiera que Euskal Herritarrok (nueva marca, dado el deterioro de Herri Batasuna) recogiera los efectos producidos por la declaración de alto el fuego en una ocasión tan propicia como las elecciones autonómicas de octubre de 1998.
Sin embargo, las urnas mostraron el escaso rédito electoral del Pacto de Estella: EH no "arrasó", contuvo el descenso de HB y aumentó los votos de ésta (pasó del 16,2%, en 1994, al 17,9%), pero creció a expensas de EA y del PNV, por lo cual el conjunto del voto nacionalista, en porcentaje, apenas se movió, mejor dicho, tuvo un ligero descenso -del 56,4% en 1994 pasó al 54,5% en 1998-, en tanto que el voto de los partidos estatalistas pasaba del 43,3% al 44,4% en las mismas fechas, y el Partido Popular obtenía una subida notable (pasó del 14,4% en 1994 al 20,1% en 1998). En cuanto a la representación en el Parlamento vasco, aunque EH/HB pasó de 11 escaños a 14, persistió la misma proporción entre nacionalistas (41 escaños) y no nacionalistas (34 escaños), sólo que, desde octubre del 98, el PSOE y el PP sumaban más escaños (30) que EA y el PNV juntos(27). En las elecciones municipales de junio de 1999, aunque EH ascendió, el conjunto de las fuerzas firmantes del Pacto de Estella obtuvo menos porcentaje de votos que en octubre del año anterior (el 53%).
La Udalbiltza (Asamblea de Municipios Vascos celebrada en septiembre de 1999), que, según EH, era el comienzo de un proceso constituyente que pretendía superar el obsoleto Estatuto de Guernica, tampoco ofreció mejores resultados. Asistieron 1778 concejales, pero de los 2460 que habían anunciado su asistencia 682 no acudieron y faltaron los alcaldes de ciudades importantes como Vitoria, Pamplona y San Sebastián. En todo caso, la mitad de los ciudadanos de Euskadi y el 80% de los de Navarra (y mucho menos los de las provincias del lado francés) no tuvieron delegación en dicha asamblea, más parecida en su formación a los estamentos del Antiguo Régimen que a los modernos sistemas de representación democrática.
En la primera "evaluación" (febrero de 1999) que ETA hizo del proceso, a pesar de lamentar que todavía no se hubieran cumplido algunas de las condiciones para el alto el fuego, reconocía los avances realizados por los partidos nacionalistas en su conversión soberanista, sin embargo, tras la segunda consulta electoral, en donde las fuerzas nacionalistas perdieron un 1% respecto a la de octubre de 1998, el menguado éxito de la Asamblea de Municipios, la ruptura de las negociaciones con el Gobierno y la constancia de que tanto el PNV como EA mantenían todavía lazos con los partidos españolistas, llevaron a ETA a comprobar, en la práctica, que había pecado de optimista al hacer el análisis de la "nueva correlación de fuerzas" aparecida en el País Vasco, y que, por lo tanto, había que rectificar.
A todo esto hay que añadir que la tregua se refería a la suspensión de atentados mortales pero no al resto de actividades de la banda y de las organizaciones de su órbita, necesarias para mantener el clima de intimidación adecuado para conseguir la ventaja de una negociación bajo amenazas. Durante la tregua ETA siguió extorsionando a empresas y personas con su peculiar "impuesto" para evitar atentados y haciendo acopio de información para cometer nuevas fechorías. El robo de ocho toneladas de explosivos en Francia no indicaba, precisamente, un deseo de mantener la paz.
Por otra parte, los actos terroristas de baja intensidad no han cesado durante la tregua. Los grupos "Y o quienes hayan sido, pues para los resultados tanto da, han seguido actuando casi a diario y haciendo muy difícil la vida a mucha gente. Han persistido los sabotajes, las amenazas, los incendios de domicilios, vehículos y negocios de los oponentes políticos y, sobre todo, los ciudadanos no se han librado de la sensación de que hay alguien –un nuevo gran hermano- que vigila lo que se hace y lo que se dice en Euskadi.
A pesar de esa presión, en estos meses de tregua ETA ha comprobado que "la nueva correlación de fuerzas" no se ha convertido en mayores cuotas de poder institucional para las fuerzas nacionalistas y para los otros partidos firmantes en Estella (el retroceso de IU/EB ha sido colosal), ni, por supuesto, EH ha experimentado un ascenso determinante.
La constatación de todo lo anterior es lo que ha llevado a ETA a romper la tregua en diciembre de 1999, acusando a EA y al PNV de mantener todavía vínculos con los partidos no nacionalistas, y a cometer el primer asesinato en enero del 2000 para mostrar que conserva su mortífera capacidad para intentar vencer, ya que pronto ha renunciado a convencer.
El asesinato (ojalá que éste sea el último) vuelve a ser el recurso decisivo de un grupo fanático, autoinvestido de una legitimidad que sólo una minoría de ciudadanos sustenta, para imponer con bombas y gasolina lo que no consigue hacer con razones y con votos.
Pero si se ha roto la tregua de forma trágica, también es cierto que no se ha acabado la solidaridad de los ciudadanos, que por cientos de miles han vuelto a salir a la calle a mostrar su apoyo a la familia de la nueva víctima y su disconformidad con el terror, pero, al mismo tiempo, dejando claro con sus consignas –"Vascos sí, ETA no"- que no confunden a ETA con los vascos, ni al nacionalismo con el terrorismo.
Es de lamentar que, en estas manifestaciones de rechazo del terrorismo y de solidaridad con sus víctimas, el PNV haya estado ausente y que no haya acompañado su condena del asesinato del teniente coronel Blanco con una postura algo más enérgica con respecto a Euskal Herritarrok que el dejar en suspenso su acuerdo de legislatura.
En cuanto a cuáles serían los comportamientos políticos más adecuados para tratar de poner fin a la inexcusable violencia de ETA y dar solución a otros conflictos ajenos al terrorismo, es algo sobre lo que aquí no nos pronunciamos por dos claras razones: la primera, porque una cosa son los problemas políticos y otra los actos criminales; la segunda, porque no tenemos opinión unánime al respecto y preferimos expresarnos individualmente, como ya hemos hecho y seguiremos haciendo.
Por último, queremos expresar aquí nuestra
solidaridad con la ciudadanía vasca que el próximo 12 de
junio acuda a votar a quien le dé la gana, pese al ambiente de coacción
que, sin duda, el llamamiento de boicot activo a las elecciones va a acarrear.
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