Gobierno Aznar:
Ausencia de Política, política de intereses
Artículo editorial Iniciativa Socialista
58, invierno 2000
La economía española continúa creciendo. La tasa
del primer semestre del presente año ha sido del 4%, con lo que
se mantiene desde 1997 un crecimiento de ese nivel, por encima de la media
de la Unión Europea. No existen en el momento presente señales
significativas de una próxima caída importante de la actividad
económica en España, a pesar de que el aumento de precios
del petróleo amenace a las economías occidentales y de que
la debilidad del euro haya producido nerviosismo en los mercados financieros.
Sin embargo, son múltiples los indicios que muestran que en un plazo
no determinable con exactitud, la economía europea, arrastrando
con ella a la española, entrará en una nueva etapa caracterizada
por menor crecimiento económico, mayor desempleo y mayor inflación.
De cara a una valoración de los primeros meses del nuevo gobierno
Aznar podríamos decir que el mantenimiento de la situación
económica ha permitido la continuación de la anémica
política que, con tan buenos réditos electorales, ya había
caracterizado la anterior legislatura. El control de los precios sigue
siendo el talón de Aquiles de la política económica,
con una completa incapacidad de reacción del gobierno que, sin embargo,
ha presentado un proyecto presupuestario para el año 2001 con déficit
cero, escasamente creíble por basarse en una hipótesis de
inflación del 2%. Bonanza económica e incapacidad de gobierno
marchan unidas.
Para el seudoliberalismo de Aznar la marcha de la economía es
el mejor pretexto para renunciar a cualquier clase de políticas
activas. Podemos decir que el gobierno Aznar está dejando pasar
una etapa continuada de crecimiento económico sin utilizarla como
soporte para desarrollar las reformas sociales, las obras públicas
y los proyectos solidarios que, en otras condiciones económicas
son más difíciles de abordar. ¿Qué hará
cuando cambie el ciclo? ¿Pedir que se apriete el cinturón
la mayoría social que sólo en pequeña medida se ha
beneficiado del crecimiento?
Síntomas de una forma de gobernar
Se han cumplido seis meses desde la victoria de Aznar en las pasadas elecciones
generales y el rasgo más importante de la situación española
es la ausencia de política, la carencia de una defensa desde el
Gobierno del interés general, mientras se adoptan decisiones en
beneficio de intereses particulares y, muy a menudo, medidas negligentes
y torpes. El Gobierno del PP aborda los acontecimientos con una preocupante
falta de sensibilidad y de reflejos, la misma que demostró en la
anterior legislatura con su pasividad ante la situación vasca durante
la tregua de ETA, la misma que le hace incapaz de reaccionar a las tensiones
inflacionistas alimentadas por los sectores “liberalizados” de la economía
o abordar con una mínima comprensión el problema de la inmigración.
Pero esa insensibilidad, incluso desidia en algunos temas, es compatible
con la adopción de medidas que pueden ser sintomáticas de
lo que nos espera en los próximos tiempos. Aunque de muestra vale
un botón, vamos a indicar varios ejemplos.
El gobierno del PP tiene una escasa empatía hacia los intereses
de la nación. Ello le hace cometer errores de una magnitud insoportable.
Como se recordará, en vísperas de las elecciones generales
(dos días antes) el gobierno de Aznar concedió cuatro licencias
de operadores para la nueva generación de telefonía móvil
(las licencias UMTS) por 86.000 millones de pesetas, cuando, como es sabido,
otros países europeos han obtenido después cifras billonarias
por dichas licencias (concretamente 8,4 billones en Alemania, 6,3 billones
en Gran Bretaña, 3,28 billones en Francia). Incapaz de rectificar
su brutal error y su inexplicada prisa (o su connivencia manifiesta con
los beneficiarios de las concesiones) y anular el concurso, ahora el PP
propone en los próximos Presupuestos del Estado una tasa anual de
160.000 millones sobre todos los usuarios del espacio radio-eléctrico,
de los cuales 140.000 millones corresponderían a las operadoras
de telefonía móvil. Una reacción absolutamente insuficiente
para absorber completamente el daño patrimonial causado. En relación
a este asunto Aznar debería dar cuenta a la sociedad española
de su decisión, sobre todo cuando plantee dificultades para financiar
proyectos sociales y democráticos. ¿Cuántos años
de subsidio de desempleo garantizado para todos los españoles parados
se podrían haber satisfecho? ¿Qué mejora de las pensiones
más bajas podría haberse establecido? ¿Qué
nuevas infraestructuras podrían haberse acometido? ¿Qué
mejora del sistema de sanidad y educación podría haberse
emprendido? O, algo más cercano a la supuesta sensibilidad fiscal
del PP, ¿qué reforma fiscal progresiva, reduciendo de la
presión tributaria sobre las rentas medias y bajas, podría
haberse financiado? Y, sobre todo: ¿qué debate político
hubo para decidir renunciar a esas posibles alternativas en beneficio exclusivo
de unas cuantas operadoras de telefonía móvil?
Los síntomas de políticas al servicio de intereses de
grupos económicos son notorios. En junio de este año se aprobó
por el Gobierno el Real Decreto-Ley 3/2000 que estableció la desfiscalización
de terminadas operaciones fiscales realizadas en el régimen especial
de tenencia de valores extranjeros, entre otras medidas. El escándalo
es que con esa norma podrían dejar de tributar las plusvalías
latentes de 2,5 billones de pesetas de los accionistas de Airtel por la
venta de la compañía a la sociedad británica Vodafone,
así como otras operaciones similares. Cuando la cuestión
estalla en la prensa económica, el pasado mes de septiembre, el
gobierno contesta que... modificará el Decreto-Ley en su tramitación
parlamentaria, dando marcha atrás en los aspectos más escandalosos.
¿Incompetencia?, ¿simple reaccionarismo fiscal?, ¿torpe
amiguismo de determinados responsables políticos, sorprendidos cuando
la norma beneficia a alguien distinto del que pensaron? Esas medidas fiscales,
y otras destinadas a beneficiar a los negocios, se producen en el mismo
país en que las rentas del trabajo suponen el 83% de las rentas
declaradas del Impuesto sobre la Renta, mientras decrecen en términos
proporcionales las rentas declaradas en concepto de actividades profesionales,
empresariales y del capital.
Es evidente: tenemos un gobierno sin proyectos políticos constructivos,
sin imaginación social y política. De hecho, sus únicas
prioridades claras se orientan en dos sentidos que implican políticas
negativas. Una de ellas es una línea muy restrictiva respecto a
la inmigración, sin haber explicado cual es el nivel que España
puede absorber ni, tan siquiera, las necesidades del mercado de trabajo.
La otra prioridad es una orientación de marcado sesgo antinacionalista,
que sólo puede conducir a romper el equilibrio en que se basa el
estado autonómico.
La concepción centralista y la torpeza política a veces
producen curiosos resultados. En un asunto simbólico como las matrículas
de los automóviles, el PP ha originado un estúpido trágala
que no por simbólico es menos denunciable. Cuando incluso en algunos
países europeos que carecen de las estructuras seudofederales de
España se utilizan distintivos provinciales o regionales, aquí
el gobierno se apresta a provocar una “guerra de la chapa”. ¿Castigo
a los nacionalistas democráticos de Cataluña, Galicia y Euskadi?
¿Satisfacción para los centralistas y los nacionalistas patrios
(de la patria hispana)? ¿Incapacidad para percibir la inconsistencia
de esa medida simbólica con la existencia del estado de las autonomías?
Luego están los asuntos más graves. Los crímenes
de ETA atenazan a la sociedad española. Es comprensible que
cualquier gobierno estudie medidas. Pero es preocupante que las medidas
que se valoren sean normas de excepción pensadas para aplicar sólo
en Euskadi. Las leyes son normas generales, por eso cuando se piensa en
normas sobre la alteración del orden público en los ayuntamientos
no se está regulando únicamente los alborotos causados por
los pro-etarras, sino también las protestas de trabajadores o de
víctimas del terrorismo. Cuando se piensa en normas de excepción
respecto a menores de edad ocurre otro tanto. La regulación del
delito de apología introduce un delito de opinión. Suponemos
que esas medidas pueden quedarse en mero proyecto, pues numerosos juristas
han indicado que bordean o traspasan los límites constitucionales.
¿Es imposible mantener la serenidad del estado democrático
frente a la barbarie limitando las reformas penales a las indispensables
dentro de la sensatez y sin dejarse imbuir por la rabia que producen los
asesinatos etarras?
¿Se mueve algo en este país?
El gobierno de Aznar toma medidas. Equivocadas, tardías, inoperantes
en muchos casos, peligrosas en algunos otros. Hace políticas de
intereses, pero carece de política en el sentido superior de lo
que es la política, la visión integradora de la polis. Por
ello oscila entre su fascinación por la tecnocracia y la atracción
irresistible de decisiones que corrompen la actividad pública. No
olvidemos que la mayor corrupción política es sustituir
el servicio de los intereses generales por los intereses de grupos económicos
o de partido.
Esa ausencia de política no resulta más grave en ningún
otro sitio que en el ámbito de Europa, donde el gobierno del PP
no contribuye en nada a la construcción política europea
sino que se une a los sectores retardatarios una y otra vez, por ejemplo,
contribuyendo a bloquear el avance de la armonización fiscal en
la fiscalidad del capital, alineándose con países como
Gran Bretaña o Luxemburgo.
Siempre se dice que los pueblos tienen no sólo los gobiernos
que eligen sino, también, los que se merecen. Aunque tiene algo
de calumnioso, posiblemente también tiene algo de verdad. La pasividad
de la sociedad española, la introspección de sus sectores
progresistas, la escasez de activistas civiles, tienen mucho que ver con
lo que pasa. En el horizonte de los años que se nos vienen encima,
parece evidente que sin movilización social, sin la emergencia de
nuevas generaciones en la actividad social y política, sin un cambio
importante en las estructuras organizadas del progresismo español
será enormemente difícil generar la fuerza y la ilusión
necesarias para un cambio político.
En este sentido, lo que ocurre en las organizaciones políticas
de la izquierda tiene un papel importante. Es de enorme trascendencia el
resultado del Congreso del PSOE, con el nuevo liderazgo de Rodríguez
Zapatero y la sustitución de gran parte del viejo aparato de dirección
de la época felipista. Sería importante que IU fuera capaz
de un cambio de la misma significación en su propio ámbito
político.
Sin embargo, esa renovación, por trascendental que sea, no puede
sustituir la necesidad de un nuevo impulso social, político, ético
y cultural. En nuestra opinión la principal obligación de
los protagonistas de la renovación política pasa por promover
un nuevo diálogo con la sociedad, comprendiendo la necesidad de
una nueva relación con el activismo social comprometido con las
auténticas identidades progresistas. Ese activismo abarca desde
el sindicalismo, que reclama una más justa distribución de
la renta, hasta el movimiento gay, en lucha por una justa ley de parejas
de hecho, desde los colectivos que se enfrentan a la violencia defendiendo
la paz y la libertad en Euskadi, hasta las ONGs que defienden los derechos
de los inmigrantes y una ley justa como la aprobada en la anterior legislatura,
que el PP quiere sustituir aceleradamente, así como a las asociaciones
de mujeres que luchan contra la violencia doméstica o los colectivos
solidarios con el Sur del mundo. En el mundo actual, los ciudadanos y sus
organizaciones civiles tienen la fuerza y la capacidad de cambiar las cosas,
mucho más que en ningún otro momento de las últimas
décadas. La incapacidad de comprender el significado de fenómenos
como el de Seattle es un grave lastre para la oposición de izquierda.
Es signo de los tiempos que todas las movilizaciones de calado social y
todas las iniciativas realmente innovadoras procedan de redes del activismo
cívico, no de los partidos políticos.
En España la derecha gobierna con la legitimidad de su victoria
electoral y tiene un poderoso entramado institucional y de intereses a
su lado. Pero carece en gran medida del sentido auténtico de la
política como interés general. Frente a ese gobierno puede
conformarse un bloque democrático de oposición con nuevas
ideas, nuevas ilusiones, nuevas formas de actuar. Las condiciones para
ello se dan plenamente. La correlación de fuerzas sólo se
alterará si algo empieza a moverse profundamente en la sociedad.
Sólo la actividad política de la ciudadanía puede
enmendar la ausencia de política que caracteriza la etapa de gobiernos
de Aznar. La acción de la ciudadanía es parte fundamental
de la senda del cambio.