De la euromoneda a la eurociudadanía

“La reducción de la política a la economía es tanto más grave en la medida que, por el contrario, resulta esencial abrir la política a la civilización. Yo diría incluso que no basta con oponer lo social a lo económico. Es necesaria una Europa civilizacional, un proyecto de civilización en el que se encuentren ligados lo social, lo político y lo civilizacional”

Doce países de la Unión Europea tienen ya una moneda común. ¡Bienvenida! La renuncia por Alemania y Francia, junto a otros diez Estados europeos, a sus históricas monedas, es un acontecimiento “económico” excepcional, de signo positivo y civilizatorio, portador de una carga cultural e imaginaria que, bien conducida, puede facilitar el tránsito hacia la unidad política de Europa y la ciudadanía europea. No obstante, el euro no puede sustituir a una visión estratégica de Europa. Más aún, la carencia de ésta podría conducir al fracaso de la unidad monetaria, cuya existencia pone de relieve de forma más nítida el raquitismo político de la Unión Europea en cuanto tal.
La UE no es aún un actor político “global” y difícilmente podrá serlo mientras que no supere las limitadas visiones nacionales de sus Estados miembros y no afronte con coraje y riesgo los conflictos que le son más próximos. Si de la UE hubiese dependido exclusivamente, Milosevic no sería hoy un recluso sino el señor de los Balcanes. Los tímidos avances realizados en la gestión de la crisis en Macedonia no han modificado esa imagen de dispersión e inoperancia, pues fueron borrados de un plumazo por la inanidad de la UE en cuanto tal frente a la crisis abierta con las masacres del 11-S.
La unidad monetaria no es ajena a las semillas sembradas por aquellos lúcidos activistas del periodo entreguerras y de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial que avanzaron las ideas de integración europea, federalismo europeo o Estados Unidos de Europa. A su vez, la implantación del euro puede ayudar al desarrollo de la unidad política, hoy claramente rezagada respecto a los aspectos monetarios y comerciales de la integración. Pero hay que ser conscientes de la fragilidad de la moneda común en tanto no se sustente sobre un papel común en el mundo y una identidad común en torno a una nueva ciudadanía y a una democracia europea.
El primer semestre de 2002 se presenta como un momento crucial. Tras la cumbre de Laeken, en la que, bajo el impulso de la moderadamente positiva presidencia belga, ha tenido lugar cierta recuperación del impulso europeísta secuestrado por la cumbre de Niza, la UE afronta dos retos de primera magnitud: la consolidación del euro y la puesta en marcha de la Convención que debe preparar las propuestas para la reforma institucional de la UE de cara a la Conferencia Intergubernamental del año 2004.
Desgraciadamente, durante este primer semestre estará al timón el que, junto a Berlusconi, es el gobernante más reaccionario, provinciano e inepto de la Unión Europea, aquél que mejor encarna una visión de Europa como consorcio comercial, espacio de regateo y motor de la desregulación económica y social: José María Aznar. En estas circunstancias, cobran aún mayor dimensión las iniciativas y movilizaciones ciudadanas capaces de presionar sobre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas, así como la acción de la izquierda democrática y del movimiento sindical.
Son numerosos los colectivos ciudadanos, desde ATTAC a la Confederación Europea de Sindicatos, desde Greenpeace hasta Intermon, que han presentado sus agendas propositivas de cara al periodo de presidencia española en la Unión Europea, ofreciendo alternativas viables que deberían ser respaldadas por la izquierda democrática europea y constituir objeto de campañas y acciones específicas. Citemos, a modo de ejemplo, la constitución de la UE en una “zona Tobin” -abierta a otros países- en la que se establezcan cargas impositivas sobre los movimientos especulativos de capitales, la abolición del secreto bancario, un programa de acción contra los paraísos fiscales, la ratificación por la UE en cuanto tal del protocolo de Kyoto y de otros convenios internacionales, la puesta en marcha de un proceso de armonización fiscal de signo progresista en el seno de la UE -aprovechando para ello la oportunidad que presta el calendario establecido para el estudio del paquete fiscal relativo a los impuestos sobre el ahorro y al código de conducta para los impuestos sobre sociedades-, la revisión de la Directiva sobre comités de empresa europeos y despidos colectivos, la aplicación de un programa de erradicación de las situaciones de grave pobreza, etc.
Desde nuestra solidaridad con esos colectivos y con sus demandas, que suscribimos y apoyamos, nos inquieta, como a algunos de ellos, la posibilidad de que la respuesta ciudadana ante los actuales retos planteados a la UE se diluya en la mera organización de contracumbres y manifestaciones con ocasión de cada uno de los eventos que tendrán lugar en el primer semestre de 2002, poniendo sobre el tapete multitud de reivindicaciones parciales y denuncias, en su mayor parte justas, aunque no siempre, pero perdiendo de vista que el proceso de construcción de la UE no es una mera ocasión más para protestar contra la “globalización capitalista”, sino una dinámica históricamente progresista, aunque enturbiada por políticas derechizantes y/o nacionalistas, en la que debemos implicarnos con propuestas y con objetivos a alcanzar. La reforma institucional de la UE, los debates de la Convención y su relación con un amplio diálogo social con presencia activa de las ciudadanas y los ciudadanos de los países implicados, miembros o aspirantes, no es un asunto que pueda dejarse “a los de arriba”. Si de verdad creemos que “otro mundo es posible”, su construcción no puede hacerse al margen de la política ni desde meros resistencialismos. Cambiar el mundo requiere movilizaciones, una actitud políticamente ofensiva, propuestas alternativas e implicarse en su gobierno.
Queremos más Europa, más democracia a escala europea, más protagonismo ciudadano y menos intergubernamentalidad. Queremos una Europa más política y democrática. Euromoneda y eurojusticia, sí, y también euroderechos y eurogobierno. Por ello, nos sumamos a las propuestas más innovadoras y avanzadas para un federalismo europeo. La incorporación a los Tratados de la UE de la Carta de Derechos Fundamentales, así como su mejora y ampliación, junto a un proceso constituyente que culmine en la ratificación por la ciudadanía europea de una Constitución de la Unión Europea, son pasos a dar sin los cuales la identidad europea se quedaría en estado incipiente, la ampliación se convertiría en una peligrosa aventura y la UE seguiría teniendo escaso peso en la escena internacional.
El actual funcionamiento de las instituciones europeas relega la concurrencia política al interior de los Estados nacionales y, ocasionalmente, a un Parlamento europeo que, pese a ser la institución más europeista y avanzada de la UE, se encuentra en el piso más bajo de su pirámide de poder, cuya cumbre es ocupada, en primer lugar, por los gobernantes de cada Estado, tendentes a hablar en nombre de los “intereses nacionales”, y, en un escalón bastante inferior, los miembros de la Comisión, de los que se transmite una imagen de neutros “tecnócratas”. Esta “despolitización” del Consejo y de la Comisión es, claro está, una mentira, cargada de consecuencias políticas y sociales negativas, desde el denominado déficit democrático hasta la hegemonía desregulacionista. En la UE se hace política, pero es una política turbia, la política “politicista” de quienes mandan y prefieren arreglar las cosas en las antesalas. Europa necesita de la otra política, la que sale a la calle y llega al Parlamento, la que sustenta ideas y proyectos, la que permite que alternativas diferenciadas se enfrenten y, a la vez, convivan. Por ello, es necesaria una reforma institucional profunda, con un Parlamento europeo con capacidad legislativa real y una Comisión transformada en un gobierno europeo, cuyo presidente sea, de una u otra forma, electo por las ciudadanas y los ciudadanos de Europa, no “designado” por los Jefes de Estado o de Gobierno.
Desprecian a las mujeres y a los hombres de Europa quienes creen que sólo pueden moverse bajo el impulso de la competencia económica o de pulsiones patrióticas. Son millones las personas dispuestas a participar en la creación y desarrollo de un proyecto político y civilizacional. Sin duda “la politización” de la UE no nos inmuniza ante hegemonías de la derecha. Tampoco lo deseamos. La aceptación de la posibilidad de que gobiernen “los otros”, aquellos respecto a los que discrepamos, es uno de los valores del mundo en que queremos vivir y, afortunadamente, una de las conquistas de la zona en que vivimos. Pero la creación de un espacio político transnacional y el reto de la construcción de mayorías políticas a escala europea promoverán, sin lugar a dudas, la capacidad de convivencia y diálogo, la adhesión a los valores democráticos y al compromiso con los derechos humanos, la presencia ciudadana en los asuntos públicos, el apaciguamiento de las pulsiones identitarias excluyentes y, al fin y al cabo, la capacidad de hacer frente a graves problemas que requieren soluciones transnacionales y disposición a renunciar a algunas cosas para poder gozar de otras más importantes en un mundo más libre y más seguro para todos los seres humanos.
Pese a todos sus defectos y limitaciones, la Unión Europea es el espacio más democrático, más socialmente avanzado y más respetuoso con los derechos humanos hoy existente. El que sea así no pertenece “a la esencia de Occidente”, sino que es consecuencia histórica de muchas luchas y sacrificios, tanto de europeos como de no-europeos. No podemos darlo como algo “dado”, irreversible, sino, por el contrario, como un logro excepcional que debe ser cuidadosamente conservado y desarrollado. Nada garantiza que los Berlusconi y Haider, o incluso otros peores, proliferen en Europa, donde ya abundan numerosos gérmenes de racismo. Así que vamos a defender lo adquirido duramente frente a las amenazas de destrucción o decadencia, pero lo vamos a hacer de la única forma posible, transformándolo y reformándolo, porque la UE puede ser mejorada sustancialmente y porque puede jugar un papel destacado, al que hoy está renunciando, en la necesaria tarea de revolucionar el mundo, un mundo aún infectado por miserias y tiranías, por dominaciones políticas, económicas, de género o teocráticas.
La Unión Europea puede y debe convertirse en una potencia mundial, no en un sentido jerárquico, sino como potencia cultural y política, que proyecte y defienda pacíficamente -o con la fuerza en casos excepcionales- comportamientos afincados en los derechos humanos y que reconozca solidariamente que la sostenibilidad del mundo requiere nuevas maneras de vivir.
El papel de la UE no es de eterno “fiel aliado” de Estados Unidos ni tampoco de permanente antagonista a esa nación. Aliados, cuando los objetivos lo merezcan; contrapunto a EEUU, cuando este gran país sea conducido por sus dirigentes a políticas reaccionarias y a pretensiones hegemonistas. En todo caso, desde su autononomía, aunque interdependiente con el resto del planeta, el papel que corresponde a la Unión Europea es el de promover la democracia global y mediar e imponer caminos de paz y justicia en graves conflictos internacionales y en excepcionales casos de violación de los derechos humanos. Un papel que sólo podrá jugarse desde una UE diferente, consciente de su unidad política, capaz de profundizar en su peculiaridad democrática y social, segura de su identidad, no de origen ni étnica, sino, ante todo y sobre todo, política.
Si Europa no se reconoce a sí misma, nadie la reconocerá. Somos corresponsables del mundo. Para revolucionar éste, reformemos una Europa que es, también, nuestra Europa.
 

Ir a página principal de Iniciativa Socialista

Ir a archivo de documentos