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El impulso de cambio que se gestó en los años finales del franquismo abrió un proceso de transformación del régimen político que dio como resultado una democracia constitucional, con una institución no democrática ni electa, la corona, pero donde se establecía un régimen de libertades asimilable al de los países de la Europa democrática. Quedaban muchos temas sin completa resolución, como la articulación de las nacionalidades, que todavía hoy sirve de "justificación" para el terrorismo nazi de ETA. Desde el punto de vista social, los Pactos de la Moncloa limitaron el alcance social del cambio y fue la concesión más clara de las fuerzas de izquierda, junto a la aceptación de la monarquía, al marco de acuerdo político que sella la Constitución.
La victoria socialista en 1982 abre un segundo gran periodo de transformación del país que se puede definir en tres hitos:
- Liquidación del histórico problema militar y asentamiento constitucional.
- Integración en la Comunidad Económica Europea.
- Transformación de las condiciones de vida a través de cinco grandes cambios: a) generación de las infraestructuras básicas de comunicación interna y externa del país, b) universalización de la red educativa, c) universalización del sistema de salud, d) establecimiento de los sistemas básicos de protección social (prestaciones y pensiones), e) la transformación de las ciudades.
La derecha desarticulada y dividida aceptó la victoria socialista y un proceso de redistribución social (a través de los servicios públicos, no de la renta) en una coyuntura económica nada positiva, refugiándose en la actividad económica en espera de tiempos mejores.
Los límites del proyecto socialista, la falta de una política consecuente de transformación de los valores democráticos y éticos dominantes, los escándalos de corrupción y de la guerra sucia (sobredimensionados los primeros y cínicamente utilizados los segundos por un conglomerado político-mediatico encabezado por Aznar y Pedro J.) condujeron a la pírrica victoria de 1993 ("he entendido el mensaje") y a la "dulce derrota" de 1996.
La derecha que recuperaba el poder en 1996 no era heredera del centrismo de Suárez , ni bebía de la tradición liberal y democristiana europea, sino que hundía sus raíces y su proyecto en los "siete magníficos" de Fraga, en el tardofranquismo y sobre todo en el thatcherismo. Contaba para su acceso al Gobierno, no sólo con su virulenta campaña anti-PSOE, sino con una desmoralización y división creciente en las filas de la izquierda producto del deterioro y falta de respuesta del PSOE y del enloquecido giro (las dos orillas) de IU.
La primera legislatura de Aznar, sostenida en el pacto con CiU, tuvo una acción de Gobierno moderada (en el sentido de no desplegar todo su proyecto) pero asentando bases fundamentales de su omnímodo poder actual; teniendo como objetivo central la generación de un poder económico-mediatico construido desde el poder y dependiente de él, a la vez que se pactaba con los grupos económicos preexistentes una redistribución de la renta altamente favorable a ellos (contrareforma fiscal, flexibilización y precarización del mercado laboral, facilitación de los pelotazos bursátiles, apertura de nuevos sectores de negocio…). En esto, el acuerdo con los nacionalistas catalanes y, en menor medida, con los vascos, era total. La crisis del PSOE y la caída de IU dejó todo el espacio político libre a una derecha que pugnaba por abrigarse con nuevos ropajes centristas.
La mayoría absoluta de 1999 y la derrota del PSOE abre las puertas a un despliegue total y en todos los campos del auténtico proyecto político de Aznar. En palabras de un Secretario de Estado del entorno íntimo de Moncloa a un diputado nacionalista catalán, "somos un gobierno fuerte y vamos a hacer lo que nos salga de los huevos; si queréis nos seguís y sino, nos da lo mismo"
¿Cuál es el proyecto del aznarismo?
El primer elemento del proyecto del aznarismo es el cierre del "anacronismo histórico" que, en opinión de la derecha, habrían supuesto para España trece años de Gobierno de la izquierda. Sin necesidad ni posibilidad de recurrir a los mecanismos que utilizaron sus progenitores para acabar con la II República española, pero garantizando una ocupación del poder estable y segura, mediante un proceso de anomización y desvertebración de la sociedad. Para ello no le importa azuzar conflictos, enquistar algunos existentes o sobredimensionar otros con el fin de aparecer como los únicos capaces de resolverlos.
Llegan al poder a través de un proceso electoral democrático y por decisión de la mayoría del electorado, pero la historia está llena de ejemplos de asunción del poder por medios legítimos para desarrollar políticas profundamente reaccionarias, antidemocráticas e incluso liberticidas para la mayoría de la población.
La ocupación del poder por la infantería aznarista es precedida y mantenida por el fuego sistemático de una artillería ideológica que cae sobre la sociedad a través del poder mediático (TV en primer lugar, ya que el 70 % de los españoles sólo se informa por ese canal): la individualización del triunfo (recordemos la apropiación de un diputado del PP del éxito de Operación Triunfo), la sobrevivencia de los fuertes, la necesidad de una autoridad sólida, lo trasnochado de la solidaridad, el peligro de los diferentes, la ineficacia de lo público y el despilfarro que supone, la productividad sobre la base de la extensión del tiempo de trabajo y de la vida laboral, la competitividad como principio de eficacia y un largo etcétera de mensajes ideológicos preparados para cimentar la ley de la selva en la sociedad española. Como bien señalaban Nicolás Sartorius y Diego López Garrido recientemente : "La política educativa, cultural y mediática del Gobierno del PP tiene un mismo designio: el gobierno de las ideas y de los 'valores', clave para ganar las elecciones. (…) La política educativa aprobada y por aprobar, tiene un mismo objetivo: lograr la hegemonía ideológica y ahormar a su visión de España al conjunto de los ciudadanos"(El País, 26/2/2002)
Dicho proyecto tiene algunas piezas claves:
- Recuperación de las tradiciones históricas de la derecha española más reaccionaria.
Se desarrolla una operación de gran calado ideológico a través de la reivindicación del imperio español (a través de las figuras de Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II); de la exaltación del régimen de la Restauración a través de la figura de Cánovas del Castillo (esclavista, fustigador del sufragio universal y del naciente movimiento obrero) como un precursor de la democracia; recuperación de la figura de Alfonso XIII como negación de la II República; no condena del golpe militar del 36 ni de la dictadura franquista (condecoración al torturador Melitón Manzanas), y no sólo para satisfacer a "sus padres" y a "su bando" sino sobre todo para afirmar el orden y la autoridad frente al caos y la barbarie de la chusma. ¿Qué supondría que en Alemania el gobierno no condenase la barbarie nazi, en Italia el fascio mussoliniano (incluso a pesar de la admiración no velada de Berlusconi), en Francia el Gobierno de Vichy, en Grecia el régimen de los coroneles y en Portugal la dictadura salazarista? Y esto no es sólo un tema de artículos, expresiones y exposiciones sino de los contenidos de la reforma educativa y de la formación de las jóvenes generaciones.
- Afirmación de la España unitaria (todavía no dicen aquello de "la unidad de destino en lo universal") frente a la pluralidad nacional.
Afirmación que se realiza a través del enfrentamiento con el nacionalismo (con la inestimable ayuda del terrorismo) y del desarrollo del nacionalismo español, utilizando todos los medios para esa nueva afirmación nacional.
- Más España y menos Europa.
Ubicándose en el sector más retardatario de la construcción europea enfrentando toda construcción de la Europa política (enlazando con el thatcherismo) y apostando exclusivamente por las medidas de liberalización de mercados y de fortalecimiento del Consejo frente al Parlamento y la Comisión. Esta postura en el ámbito internacional lleva ha alinearse de forma incondicional con las propuestas de la Administración Bush, veamos como criminal ejemplo su papel en la Presidencia Europea ante la brutal agresión de Sharon contra Palestina.
- Limitación del principio de equilibrio de poderes.
La preponderancia del Ejecutivo y de su Presidente atenta de forma real a una de las bases de la democracia parlamentaria: el equilibrio de poderes. La anulación y ninguneo del Parlamento sobre la base de la mayoría parlamentaria, en una dimensión cualitativamente superior al periodo del "rodillo socialista", el uso del Presupuesto como fuente de legislación a través de las Leyes de acompañamiento.
- La homogeneización del Poder Judicial y su supeditación a los deseos del Ejecutivo.
Basta citar actuaciones en cuanto a composición de órganos, sentencias, intervenciones del Fiscal General para blindar a los ministros, como en el caso Ertoil, para paralizar la investigación sobre Repsol y Cepsa por acordar precios secretamente... A esto debemos sumar ahora una medida de tan gran calado como la reforma de la Ley de Partidos... sin buscar siguiera un amplio consenso entre las fuerzas políticas democráticas. Todo ello abre una involución antidemocrática de las instituciones que deforma el régimen político creado en 1978, y se hace, para más escarnio, bajo el frontispicio del "patriotismo constitucional"
- Fortalecimiento del poder de la Iglesia.
Se introcuce de forma abierta un confesionalismo que rompe con los principios laicos de la Constitución y que le garantiza un poder económico y patrimonial creciente (adaptado a los nuevos tiempos de especulación inmobiliaria y bursátil ) y un dominio cada vez mayor en el sistema educativo. La "eclesistización" del sistema educativo es una de las políticas centrales del Gobierno del PP: la extensión de conciertos educativos a centros de la Iglesia incluso de carácter segregacionista por razón de sexo; la concesión de terrenos para el levantamiento de centros educativos integristas, la gestión de programas de educación sexual a entidades vinculadas a los sectores más tradicionalistas de la Iglesia. La influencia de la Iglesia se ha visto muy reforzada en otros ámbitos, como la legislación sobre parejas de hecho, el rechazo a agilizar los trámites para el divorcio, la negativa a despenalizar el cuarto supuesto de aborto, la desvinculación de la Ley de Asociaciones otorgada a las entidades vinculadas a la Iglesia, el incremento exponencial de las subvenciones para la ayuda al desarrollo a entidades sin antecedentes ni experiencia, pero vinculadas a las sectas clericales, la oposición a la investigación de las células madre, la entrega de 21.000 millones de pesetas al año al margen de la recaudación en la declaración de la renta. La misma estructura del poder económico, judicial y político asiste al peso creciente de sectas tipo Opus Dei y Legionarios de Cristo Rey.
- Redistribución de la riqueza a favor de los sectores más poderosos.
Si Solchaga anunció que España era un país para realizar grandes negocios, la España de Aznar y Rato es un gran negocio en sí, toda la política pública está puesta en función de la rentabilidad privada, independientemente del perjuicio social que se pueda causar: la flexibilización de los controles bursátiles y bancarios (como muestran los casos Gescartera y BBVA), las reformas físcales que llevan a que el 1% de los contribuyentes más ricos se beneficien 12,5 veces más que la media de la rebaja fiscal de 1999, el incremento de la presión fiscal a través de los impuestos indirectos (la presión fiscal ha subido en los últimos 5 años del 33,7% del PIB al 35,7%, y lo ha hecho sobre todo a través de los impuestos indirectos,) la contrareforma fiscal (la aportación de las rentas del trabajo es del 83,15%, las actividades profesionales el 3,70 % y las empresas el 8,22%); el incremento cualitativo de la privatización de áreas de competencia pública como la seguridad, la salud y la educación, la conversión del suelo público en el gran negocio de los operadores, intermediarios y constructores a costa del deterioro medioambiental de la desagregación espacial; la generación de grandes negocios privados a través de una obra pública cuya razón básica es alimentar a las grandes empresas y no la necesidad de las mismas (Plan Hidrológico Nacional, carreteras de peaje, Operación Chamartin, metros y vías férreas, Parques Temáticos); indemnizaciones o apoyos a empresas multimillonarias con beneficios ante los cambios en sus sectores (eléctricas) o ante los riesgos de sus sectores o inversiones (comunicaciones, grandes propietarios agrícolas, energéticas y bancos)... En su venta electoral, el PP ha acuñado el lema de la España de las oportunidades y sin las barreras que crea la desigualdad para el acceso a esas pretendidas oportunidades se han levantado como muros de impermeabilidad social. El Gobierno Aznar responde miméticamente a la definición de Marx de los Gobiernos como Consejos de Administración de los poderosos, el gobierno del cortijo España se concreta en los beneficios de los dueños del cortijo, y Aznar es su eficiente capataz.
- Afirmación de lo español castizo y de lo tradicional y difamación de lo extranjero, de lo diferente.
La criminalización de la inmigración alimenta las tendencias más xenófobas y racistas de la sociedad. El Gobierno, a la vez que aprovecha una mano de obra desregulada, sin derechos, en situaciones infrahumanas para generar emporios de riqueza en la agricultura, la construcción y los servicios básicos; culpabiliza del aumento de los índices de delincuencia a las corrientes migratorias, proclamándose la derecha, sin que corresponda una realidad efectiva, como mantenedora del orden y de la seguridad de las personas de bien, fortaleciendo así la percepción social de uno de los valores adscritos al PP (orden y seguridad).
- La afirmación de la sociedad ordenada se vincula a una política cada vez más represiva ante las diversas manifestaciones de la sociedad.
Ante problemas reales, manifestación de una sociedad desarticulada desde el punto de vista de proyecto cívico y colectivo, como los accidentes de tráfico, la violencia en las ciudades, el vandalismo callejero, la inseguridad ciudadana, el alcoholismo, las mafias o la violencia de género, el Gobierno de la derecha combina la inhibición (tráfico, mafias, violencia de género, inseguridad ciudadana) con la criminalización de la disidencia pacífica y formas de vida alternativas (jóvenes, ocupas, emigrantes, movimiento "antiglobalización") y con respuestas exclusivamente coercitivas y represivas, eliminando las políticas complementarias que permitan una solución o una morigerización del problema. Pero junto a estos nuevos o viejos problemas surge también una permanente campaña subliminal o explícita contra algunos derechos constitucionales básicos como los de manifestación y de huelga, crecientemente cuestionados por los gobernantes de la derecha (como ejemplos sírvanos Ansuátegui en Madrid, García Valdecasas en Barcelona y el ínclito alcalde de Madrid, Manzano) La vertiente liberticida del Gobierno del PP se expresa en la respuesta unidireccional que da (el orden) frente a cualquier manifestación que refleje libre expresión de la autonomía ciudadana.
En el ecuador de la legislatura de la primera mayoría absoluta (¿se podría hablar del Año III de la Victoria?) los datos no ofrecen dudas, en España existe un proceso de desagregación social, de deterioro institucional, de involución democrática, de destrucción de valores básicos de convivencia muy grave. El autoritarismo y la prepotencia se enseñorean desde el poder del aznarismo, la pérdida de valores cívicos corroe la convivencia y no hay respuesta política. La adaptación de las fuerzas políticas de izquierda a la situación es extraordinariamente preocupante. Con el miedo a aparecer como políticamente incorrectos, empeñados en la búsqueda de unas capas medias que les den el triunfo, no se dan cuenta de que quien tiene la potestad de definir lo correcto o lo incorrecto es el mismo Gobierno. El seguimiento subsidiario del ritmo ideológico y político de la derecha está convirtiendo al PSOE en una oposición que por "responsabilidad de Estado" renuncia a su principal responsabilidad, la que le encomendaron los electores: ser oposición.
No hay una respuesta política adecuada, pero sin embargo hemos asistido a manifestaciones de la sociedad de amplísimo rechazo a políticas del Gobierno Aznar como la Ley de Ordenación Universitaria, el Plan Hidrológico Nacional o en las extraordinarias movilizaciones de la Cumbre de Barcelona, a la Europa de Berlusconi, Blair y Aznar. Estas movilizaciones han reflejado con claridad que en la sociedad anida y se expresa una importante capacidad de respuesta, algunas de ellas figurarán entre las más grandes desde la restauración democrática, pero su desconexión con la "política oficial" sigue siendo enorme (fenómeno por otra parte europeo) y no son ni siquiera capitalizadas políticamente en forma de deterioro del Gobierno. Y, sin embargo, frente a esta involución reaccionaria es necesaria la conexión entre unos y otros, en el amplísimo abanico del rechazo a la política gubernamental caben desde las posiciones más radicales hasta las más moderadas
Hay momentos donde los resultados de las políticas aplicadas por un gobierno no son posteriormente modificables con un simple cambio político (si éste se hiciese viable): la destrucción de la educación y la salud pública, la confrontación permanente con el nacionalismo vasco, los grupos económicos privados paragubernamentales creados con el erario público, la constitución de una sociedad xenófoba y racista, el desprecio por el diferente, el abandono de la solidaridad, la disminución de la participación política y ciudadana, la pérdida de laicidad, la idiotización cultural, no son cuestiones que puedan ser cambiadas con un mero ejercicio de voluntad política si se llega a cambiar el Gobierno.
La reacción social y política ante este
proceso involutivo debe ser muy contundente. Como contundente debe ser
la respuesta al proyecto de contrarreforma de los sistemas de protección
de las personas desempleadas. Sólo desde una respuesta que amenace
su preponderancia actual se puede frenar el deterioro y abrir las vías
a un cambio. Cada declaración, cada propuesta, cada iniciativa del
PP debe ser sometida desde todos los ámbitos democráticos
y progresistas a una respuesta ideológica, política y movilizadora
que permita vislumbrar a la sociedad el coste social y de convivencia que
tiene la pervivencia en el poder del proyecto aznarista.
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