Nos sentimos más libres. Ese sentimiento tiene que fructificar en nuevas leyes y comportamientos sociales, desarrollando la dimensión liberal-libertaria de la democracia. Tras el aliviado “de buena nos hemos librado” llega la hora de un nuevo impulso creativo, tanto en la agenda social como en la de política exterior, en la reforma institucional y en la agenda civil. A esta última se refiere este editorial.
Aún están vigentes leyes que restringen o no protegen el derecho a vivir a nuestra manera en el respeto a los derechos y libertades de los demás. Leyes influidas por criterios “morales” particulares y ajenos a una ética ciudadana de libertad, cooperación y convivencia. El período legislativo 2004-2008, en un contexto social favorable al cambio, representa una oportunidad histórica para colocar a España entre los cuatro o cinco países más avanzados en cuanto a derechos civiles y a la posibilidad de comportarnos libremente y sin discriminaciones.
Un avance significativo en lo que Enrique Gil Calvo ha calificado la “agenda civil” sería un logro formidable. Al contrario de lo que dicho comentarista considera (El País, 20/9/2004), tal agenda no es “reformismo burgués” a la medida de las clases medias, de impacto espectacular pero de corto alcance. La transformación cultural y vital implícita en ella es profundísima y de largo alcance. Es una batalla declarada contra lógicas de dominación y discriminación sustentadas en siglos de “tradición” oscurantista y machista. Sólo desde la demagogia populista puede oponerse agenda social y agenda civil. Ambas deben ser llevadas a cabo y se complementan. Alentamos al gobierno socialista a cumplir sus compromisos en torno a los derechos civiles y aspiramos a que estos compromisos sean profundizados y ampliados.
La posibilidad de comportarnos libremente y sin discriminaciones en nuestro mundo afectivo, sexual y relacional tiene un papel esencial en la vida de cualquier ser humano y en el logro de los grados relativos de felicidad y satisfacción personal que puedan sernos asequibles, así como en la educación de las generaciones más jóvenes o futuras. Hoy en España es posible llevar a cabo reformas con consecuencias positivas inmediatas en la vida de millones de personas y que, además, no requieren esfuerzos presupuestarios desmesurados. Debe hacerse y puede hacerse, así que hágase.
La legislatura dura cuatro años. No debemos dejarnos arrastrar por la impaciencia ni rajarnos las vestiduras ante cada declaración ministerial que no nos guste, pues no puede hacerse todo a la vez ni a gusto de todos. Pero, a cambio, el Gobierno debe abordar la normalización de los derechos civiles como compromiso a ser realizado en estos cuatro años, no en doce ni en ocho, y mantenerse abierto al diálogo con la sociedad...
Hacemos una evaluación bastante positiva de los primeros pasos dados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), tanto en general como específicamente en el ámbito de los derechos civiles: tramitación parlamentaria del proyecto de Ley integral contra la violencia de género, presentación del anteproyecto de modernización de la Ley del divorcio y de la reforma que cancelará la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo. Si sumamos a todo eso la paridad gubernamental, que debería ir seguida de una iniciativa legislativa que la garantice en las instituciones representativas, y la suspensión de los aspectos más abiertamente segregacionistas y confesionalistas de la LOCE, es obligado decir que, para tan poco tiempo, no es poco ni de poca importancia lo que se ha puesto en marcha. En si mismas, estas decisiones implican transformaciones de las que hacen época, y no solamente en este país, sino, incluso, a escala planetaria, pues sólo dos países admiten el matrimonio homosexual.
El motor del cambio ha sido el activismo ciudadano. Debe seguir siéndolo. Hay que ser conscientes de que los partidos de la izquierda han dejado de ser “vanguardia social” desde hace mucho tiempo y que la “agenda civil” asumida por el PSOE recoge fundamentalmente aspiraciones tras las que se han movilizado muchas personas logrando modificar el clima social hacia sus reivindicaciones. Tanto es así que, en estos aspectos, ni siquiera el PP puede “clonar” el discurso episcopal y vaticanista, ya que eso provocaría una quiebra muy importante de su propia base electoral, por lo que se enfrenta a los cambios desde discursos más matizados, de “freno”, aunque identificándose 100% con los intereses clericales en el ámbito de la política educativa.
Sin embargo, hay que reconocer a ZP la inteligencia precisa para haber entendido, al menos, que lo ocurrido el 14-M no fue un éxito del aparato de su partido sino de la ciudadanía, lo que podría no haber ocurrido con otros liderazgos. Igualmente, reivindicamos la carga transformadora implícita en la concepción “republicana” de la libertad como ausencia efectiva de dominación, si se es coherente con ella. No obstante, faltan compromisos claros o se siguen proponiendo viejas políticas ya fracasadas en aquellos ámbitos de conflicto en los que la presión ha sido escasa y la opinión pública se mantiene mayoritariamente indiferente ante reivindicaciones de libertad.
Quizá contemos con el “mejor gobierno posible” en la actual situación. Ahora bien, el papel de los movimiento sociales y del activismo ciudadano no es aplaudir, quedarse mirando ni limitarse a seguir los pasos del Gobierno, lo que terminaría llevando al descarrile de ambos, activismo y Gobierno. El activismo social tiene sus propias tareas de transformación cotidiana, creando redes de cooperación y ayuda mutua no jerárquicas,  fomentando cambios culturales, generado nuevas propuestas y demandas, modificando las relaciones interpersonales desde abajo. Pero esa “política de la calle”, claro está, no vive en mundo aparte ni es ajena a la “política institucional”, como si ese fuese terreno propiedad de los políticos de profesión ajeno al compromiso de ciudadanía.

El grado de desarrollo y la profundidad de la “agenda civil” va a depender, y mucho, de nuestra capacidad, en tanto que ciudadanas y ciudadanos, para...

- Apoyar, con los matices y propuestas de mejora que cada cual considere precisos, las profundas reformas en marcha, ejerciendo una presión de signo contrario a las campañas reaccionarias promovidas por las jerarquias eclesiásticas y, de forma más matizada pero repartiéndose los papeles, por la derecha o, incluso, por algunos segmentos de la izquierda impregnados aún de prejuicios machistas u homófobos.
- Urgir un calendario sobre otros compromisos pendientes, despejando toda duda sobre su cumplimiento en esta legislatura: reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya redacción actual es restrictiva y da pie a una gran inseguridad jurídica y, en la práctica, deja el aborto fuera de la red sanitaria pública; aprobación de una Ley sobre la identidad de género que incluya la incorporación de la condición transexual y de los tratamientos médicos necesarios en la Sanidad Pública, así como el derecho al cambio de nombre y de sexo legal, etc.
- Promover una movilización social lo más extensa y profunda posible en favor de una completa laicidad del Estado, algo que en estos momentos no figura en los proyectos del PSOE. El retorno al sistema “pre-LOCE”, mucho mejor sin duda que lo tramado por Aznar y Pilar del Castillo, sería fracamente insuficiente y permitiría la profundización de problemas que carecen de solución satisfactoria sin abordar la cancelación de los acuerdos concordatorios con el Vaticano, la extinción de la financión pública de la Iglesia Católica -y de otras iglesias, claro- y la eliminación de toda religión o forma de adoctrinamiento en el currículum escolar.
- Poner sobre el tapete, como vienen haciendo ciertos colectivos y activistas democráticos pero sin encontrar el respaldo suficiente, la existencia de otras legislaciones disciplinarias, discriminatorias, arbitrarias e irracionales que atentan contra los derechos civiles y que deben ser puestas en cuestión. Llamamos la atención sobre la necesidad de la despenalización, con los debidos controles, de la eutanasia; sobre la urgencia de modificar una “política de drogas” fracasada, generadora de delincuencia, corrupción, marginación y sufrimiento social; sobre la amenaza creciente contra la convivencia y la democracia derivada de una “política de extranjería” que a muchos de los inmigrantes que viven en España les cierra la puerta de la regularización de su situación y que a todos, con o sin papeles, les niega el derecho a participar en la toma de decisiones a través de los procesos electorales...

Una agenda civil, pues, muy amplia. Creemos, si no se producen retrocesos de última hora, que una parte de ella va a ser cubierta a corto plazo. Obtendremos más logros a lo largo de la legislatura 2004-2008, si entendemos que lograrlo sigue siendo tarea nuestra, de todas y todos, ya sea junto al Gobierno, ya empujándole, tirando de él, criticándole, movilizándonos contra sus decisiones o pasividades cuando sea necesario. En todo caso, tarea nuestra, de todas y de todos. Los gobiernos no cambian el mundo si “el mundo” no les fuerza a cambiar, pero no todos los gobiernos son influibles de la misma forma, como hemos podido comprobar en sólo unos pocos meses. Así están las cosas. Por cierto, mucho mejor que lo estaban el 13 de marzo de 2004.