El año I del Gobierno ZP
Editorial Iniciativa Socialista
nº 75, primavera 2005
Preguntada por sus sensaciones tras un año con el Gobierno presidido
por Zapatero, mucha gente contestaría: “hemos vuelto a respirar”.
Esa sensación de no estar sometidos a un régimen asfixiante
que cada vez presentaba una lógica más autoritaria y agresiva,
nos permite sonreír al contemplar lo que pasa en el país y
recuperar la esperanza en un cambio progresista.
El Gobierno ZP ha saldado con un notable bagaje positivo su primer año
de andadura. Con un indiscutible apoyo social, se ha avanzado mucho y, en
cierta forma, se ha llegado más lejos de donde esperábamos.
Pero justamente por eso ahora es necesario seguir avanzando sin autocomplacencias.
A la vez que afirmamos y apoyamos lo conseguido, es imprescindible señalar
errores, debilidades y dificultades. Como señaló el mismo Zapatero:
“Un amigo es el que dice claramente aquello que piensa”.
Una vez realizada una valoración global del año de cambio,
queremos señalar los aspectos en los que vemos más avances
y aquellos que más nos han decepcionado. Igualmente trataremos de
identificar problemas y dificultades presentes para seguir esta transformación
en la que estamos embarcados.
Los ejes estratégicos del cambio
Tres son los grandes ámbitos donde el Gobierno ZP ha realizado una
profunda transformación en un sentido progresista: “talante”, política
exterior y derechos de ciudadanía.
- El talante
El “talante ZP” ha sido ridiculizado por la derecha extrema, el aznarismo
y el PP, pero unánimemente reconocido por los demás grupos
parlamentarios, por los gobiernos autonómicos no dirigidos desde el
PP, por diversos medios de comunicación, por los agentes sociales
y por los movimientos ciudadanos. El talante del Gobierno y sobre todo de
ZP no es sólo una sonrisa o la recuperación de las buenas formas
perdidas por el gobierno Aznar. Es, ante todo, un comportamiento democrático
en el diálogo, el respeto a las posiciones divergentes, la aceptación
de la obligación de reconocer y corregir errores. Además, se
expresa en políticas concretas, como el crecimiento exponencial de
la vida parlamentaria frente al desprecio autoritario de la era PP, jugando
ahora el presidente del Congreso un papel autónomo respecto a su propio
partido. Y también se ha expresado en el diálogo con las universidades
y con las comunidades autónomas, lo que ha dado lugar a la celebración
de la primera Conferencia de Presidentes en 25 años de democracia;
en el trato dado a los familiares de las víctimas del Yakolev 42 y
a los amigos, compañeros y familiares de José Couso; la decisión
de someter la Constitución Europea a referéndum; la renuncia
al tono de permanente confrontación con toda la oposición que
había sido propio de Aznar; el cambio producido en los informativos
de los medios de comunicación públicos; el esfuerzo realizado
para negociar con los sindicatos una solución al heredado problema
de Izar; los reconocimientos efectuados a los republicanos y a los “niños
de la guerra”; la Orden Ministerial sobre el Código del buen gobierno;
la actuación de Zapatero en la comisión de investigación
sobre el 11 de marzo y la rápida respuesta a las justas críticas
de Pilar Manjón; la política proactiva y preventiva sobre los
accidentes de tráfico... De esta forma se comienza a caminar por la
vía de la supeditación del Gobierno y la Administración
a los intereses y derechos ciudadanos.
Este Gobierno, hasta ahora, se ha comprometido en el dialogo y la respuesta
a la ciudadanía, aunque a veces con contradicciones y sin que este
cambio se haya reflejado aún en profundidad en el conjunto de la Administración
y de los propios partidos políticos. Igualmente, es precio señalar
que la mayor parte de las fuerzas políticas que han alcanzado acuerdos
o apoyado al Gobierno en diversas iniciativas han tenido una actitud responsable
y coherente con la necesidad de mantener una mayoría parlamentaria
plural a la vez que crítica y exigente en lo que han considerado necesario
defender.
- Un política exterior independiente y progresista
La retirada de las tropas de Irak es el hecho más significativo y
emblemático, pero no el único. El paso del trío de las
Azores al quinteto de lucha contra el hambre (Chirac, Lula, Kofi Anan, Ricardo
Lagos y Zapatero) es otro aspecto que enmarca el giro. El cambio de nombre
del Ministerio para denominarse Exteriores y Cooperación supuso la
integración de la lucha contra la desigualdad y el hambre en el centro
mismo de la acción exterior. La implicación presupuestaria
de la Ayuda Oficial del Desarrollo ha pasado en el primer año al 0,3%
del PIB y la previsión de llegar al 0,5% al final de legislatura supone,
pese a su insuficiencia, ponerse en vanguardia del multilateralismo activo
para el logro de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. La propuesta
de solidaridad y convivencia que ZP ha denominado “Alianza de Civilizaciones”,
el papel articulador en la nueva realidad política latinoamericana
y la apuesta decidida por la Constitución Europea y el compromiso
por el impulso de la Unión Europea como marco de convivencia y derechos
democráticos, son las líneas geográficas más
marcadas en la nueva política exterior española. En este marco,
indefiniciones calculadas como las mantenidas ante la cuestión del
Sáhara, el régimen de Putin, la infame dictadura guineana,
o la necesidad de una formulación aún más precisa que
aclare que la “Alianza de las Civilizaciones” no puede entenderse en ningún
caso como complacencia ante regímenes que conculcan gravemente los
derechos humanos, en algunos casos de forma especialmente lesiva para las
mujeres, son elementos parciales contradictorios -y criticables- en el marco
de una política exterior que, globalmente, ha estado implicada en
la lucha contra el hambre, por la paz y los derechos humanos.
- La apuesta por los derechos de ciudadanía
Un Gobierno paritario y la Ley Integral contra la Violencia de Género
fueron prontas realidades. La batalla por los derechos civiles ha sido
una de las señas de identidad de la acción de Gobierno: la
revolucionaria reforma del Código Civil que permitirá los matrimonios
entre parejas del mismo sexo y la reforma del divorcio son conquistas logradas
o a punto de conseguirse, a las que se unen otras medidas como la creación
de la unidad de control de la lucha por políticas de igualdad en la
Administración Pública y las medidas previstas para promover
la paridad política y social.
Junto a estos tres grandes bloques que marcan una identidad progresista que
responde a la exigencia de la ciudadanía del “no nos falles”, hay
otras medidas que se inscriben dentro del mismo capítulo de aportaciones
muy positivas a la realidad política española como la elevación
del salario mínimo interprofesional para el año 2005 en un
6,6% (un 11% desde el 1 de julio de 2004); la apertura del proceso de regularización
de inmigrantes con trabajo y la disposición del Ministerio de Trabajo
a flexibilizar el procedimiento una vez evidenciadas sus insuficiencias;
la reforma del sistema de provisión de jueces en los altos tribunales,
bombardeada por los sectores más reaccionarios de la judicatura que
se sentían dueños y señores del “tercer poder”; la anulación
del Trasvase del Ebro y la revisión del Plan Hidrológico Nacional,
así como la presión realizada por Cristina Narbona para que
se cumpla el protocolo de Kyoto a pesar de la total despreocupación
del Gobierno anterior y la falta de entusiasmo de algunos de sus compañeros
de Gabinete; la promoción de la investigación con células
madre embrionarias para combatir las enfermedades degenerativas (a pesar
de la presión eclesiástica); el claro cambio de talante en
el Ministerio del Interior y sus esfuerzos para coordinar las Fuerzas de
Seguridad y los sistemas de inteligencia...
Insuficiencias y tareas pendientes
En el análisis de las políticas que no compartimos, por encima
de todo está la política educativa. Aunque el mismo Zapatero
la consideró central en la política del Gobierno, los sectores
progresistas de la sociedad no podemos sentirnos satisfechos. No cabe duda
de que se han detenido algunos de los proyectos más reaccionarios
de “la aznaridad”, pero eso no basta cuando todo el sistema educativo hace
frente a graves amenazas a las que hay que dar respuesta ahora mismo y con
contundencia.
Un proyecto de reforma educativa insuficiente es el principal baldón
negativo del Gobierno. La voluntad expresada de mantener la enseñanza
religiosa en el currículum educativo y dentro del horario escolar
defrauda las aspiraciones a poner fin a tan anómala situación.
Los graves problemas que en los claustros y entre los estudiantes genera
este adoctrinamiento a cargo de catequistas elegidos por los obispos pero
pagados por el Estado no se verán paliados, sino agravados más
aún, por la intención de transformar una Escuela semiconfesional
en una Escuela “multiconfesional”, en vez de dar el paso definitivo a una
verdadera Escuela laica, sin ningún tipo de adoctrinamiento y respetuosa
con la libertad de conciencia, de la que la libertad religiosa es sólo
un caso particular. Pero no se trata sólo de eso, ya que el proyecto
para la nueva LOC refleja la falta de una apuesta política y presupuestaria
decidida por la Escuela Publica. La ambigüedad ante el fortalecimiento
de la Escuela Pública, sistema vertebral de la socialización
democrática; sus cesiones ante una Enseñanza concertada que
escapa una y otra vez a los criterios igualitarios del sistema educativo
público y que no asume cargas compartidas; las concesiones a las inadmisibles
demandas de la Iglesia. A nuestro entender, este es el gran “fallo” de este
Gobierno.
Como señalan las organizaciones agrupadas en la Campaña Por
una sociedad laica, la religión fuera de la Escuela, “El anteproyecto
de Ley genera confusión entre la escuela pública y la escuela
privada, poniendo al mismo nivel ambas redes, lo que significa avanzar en
la privatización y, eso, conlleva dar más poder a las congregaciones
religiosas que detentan cerca del 80% de los colegios concertados. El Gobierno,
con este anteproyecto de Ley, no ha tenido en cuenta al Consejo Escolar del
Estado, que se ha pronunciado para que la religión salga del horario
lectivo y del curriculum escolar”.
La búsqueda a todo precio de un Pacto Escolar en pretendida igualdad
de condiciones para todos los sectores de la enseñanza, pretende dar
apariencia de “igual” a lo que no lo es, dejando que las grietas sociales
se agranden al deteriorarse la enseñanza pública, fruto, entre
otras cosas, de la falta de financiacion de la LOGSE en los últimos
Gobiernos de Felipe González y, de forma aún más acelerada,
de la ofensiva calculada contra la misma de los Gobiernos del Partido Popular
desde la entrada de Esperanza Aguirre al Ministerio.
En definitiva, a pesar de la importancia que el Presidente del Gobierno da
a la misma en este campo, aún no ha existido el valor para apostar
con la suficiente radicalidad por uno de los cimientos incuestionables de
la sociedad democrática: la educación pública.
Sin duda, hay otros ámbitos en los que la actuación del Gobierno
puede requerir una reflexión crítica, ya sea por errores cometidos,
por las ambigüedades presentes en las líneas estratégicas
o, simplemente, por estar aún pendiente el desarrollo de los compromisos
asumidos por el PSOE, que, sin duda, no pueden ser llevados todos a cabo
en un año de Gobierno pero que, en algunos casos, comienzan a requerir,
al menos, el anuncio de un calendario de ejecución.
La política de vivienda ha resultado especialmente controvertida en
las últimas semanas. Parte de esta polémica se debe a demagógicas
campañas tras las que hay un claro intento de arrumbar cualquier intento
de articulación de una política pública de vivienda
y suelo. La creación de un Ministerio de Vivienda, pese a ser muy
criticada por el supuesto vacío competencial de contenidos, respondía
a uno de los grandes problemas sociales. Las Comunidades en manos del PP
quieren que el Estado ceda suelo... para seguir desarrollando una especulativa
política urbanística. Frente a esa orientación antisocial,
la puesta a disposición de suelo público procedente en gran
parte del Ministerio de Defensa, las 154.165 actuaciones de vivienda protegida,
la liberación de suelo público para 28.000 pisos protegidos
y la creación de la Sociedad Pública de Alquiler reflejan un
esfuerzo positivo, pero limitado. El miedo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria
y a la contradicción existente entre los demandantes de vivienda (jóvenes
y sectores con menor poder adquisitivo) y los propietarios de vivienda (aunque
sea “hipotecados”) ha atenazado la toma de medidas más audaces.
La acción más urgente quizá sea la aprobación
de una nueva Ley del Suelo que sustituya a la “Ley Rato” con la que el PP
dio mayor cobertura legal a la especulación inmobiliaria a costa del
patrimonio de suelo público municipal. Pero también es imprescindible
acometer la reforma de la financiación de los municipios, que recurren
una y otra vez a la recalificación de suelo en los Planes Generales
como fuente de financiación, con sus secuelas de deterioro medioambiental,
falta de planificación del desarrollo urbanístico y corrupción.
La política cultural y la orientación del desarrollo y uso
de las nuevas tecnologías y redes de comunicación son ámbitos
en los que, dada su importancia, se echa de menos una orientación
estratégica orientada al logro de grandes objetivos y más acorde
con lo propuesto en el programa electoral del PSOE. Sin duda, se han dado
pasos positivos, como la devolución a la Generalitat de los archivos
sustraidos por el franquismo, el cambio de rumbo de la Biblioteca Nacional
bajo la dirección de Rosa Regás, el nuevo clima creado entre
el Ministerio de Cultura y el mundo de la creación artística,
al que Aznar había declararado la guerra por su “no a la guerra”.
Sin embargo, poco se ha hecho por el momento para alentar la producción
cultural y promover a los nuevos creadores, facilitar la difusión
efectiva de las creaciones artísticas entre las más amplias
capas de la sociedad y promover medidas que protejan a la cultura y a sus
creadores de lógicas exclusivamente mercantiles. Por otra parte, se
observa cierta confusión que difumina la nítida frontera que
separa las “mafias piratas” -que pretenden hacer negocio a costa de los derechos
de los autores- del uso legítimo y cooperativo de las nuevas tecnologías,
lo que da lugar a una mezcla de actuaciones, razonables unas, pero injustas
las otras. Los apoyos que los autores culturales merezcan deben proceder
de un esfuerzo presupuestario asumido por toda la sociedad, sin hacer de
toda persona que use soportes de copia digital una presunta “pirata” (como
hace el “canon” generalizado sobre CD/DVD) ni “criminalizar” vías
de cooperación y de uso compartido de recursos tales como el intercambio
de archivos vía P2P.
Igualmente, el desarrollo cultural, e incluso económico, de
España se verá gravemente afectado si no se abordan dos
retos de importancia indiscutible:
- La promoción del software libre, comenzando por las propias administraciones
públicas, en lo que ahora hay algunas experiencias punta (Extramadura,
por ejemplo) pero en un contexto general de abrumadora dependencia respecto
al software propietario.
- Las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a servicios
de conexión a Internet de calidad, rápidos, baratos y con garantías
para las personas usuarias, hoy por hoy prácticamente indefensas ante
los abusos y desatención de los operadores.
No terminan aquí las decepciones. Tampoco nos han resultado nada gratificantes
ciertas astracanadas patrioteras de José Bono -pese a la actuación
globalmente positiva de su ministerio- ni las declaraciones apresuradas de
algunos otros líderes del PSOE; el bajo perfil de la política
económica, a pesar del paquete de las 100 medidas urgentes para modernizar
la economía; el fraccionamiento de la política de I+D+I en
dos Ministerios y con poca conexión entre ellos, etc.
Y, finalmente, sin querer expresar aún opiniones críticas que
resultarían apresuradas tras sólo un año de Gobierno,
queremos resaltar la necesidad de que durante lo que queda de legislatura,
y cuanto antes mejor, se materialicen compromisos contraidos, como la reforma
progresista de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y la
aprobación de una ley sobre identidad de género, así
como las anunciadas medidas para sustentar el apoyo a las personas dependientes.
Y queda como incognita, pese al “avance informativo” hecho hace algunas semanas
por Solbes, el contenido de la reforma fiscal, sobre la que aún no
tenemos claro si representará un paso progresista o se mantendrá
en línea de continuidad con lo que dejó hecho el Partido Popular.
La articulación territorial
No hemos introducido en este balance uno de los puntos estrella de la actual
legislatura: la articulación territorial del Estado y la reforma de
la Constitución. Por el momento, el gran mérito de ZP ha sido
quitar a este tema el dramatismo desgarrador con que nos quiere atemorizar
el PP, para situarlo en un espacio de normalidad democrática, aunque
sin duda de gran importancia y en el que no debemos olvidar nunca que en
un territorio, Euskadi, este debate tiene lugar en un contexto que sí
es dramático y está marcado por la presencia de la violencia
de ETA y las amenazas que pesan, de forma especial, sobre las organizaciones
y personas con posturas políticas no asimilables a alguna forma de
“nacionalismo vasco”. El desarrollo de la articulación territorial
requerirá un adecuado manejo de tiempos y contenidos. Para permitir
que tome forma la tendencia a la federalidad que se manifiesta en España,
la gestión de este difícil proceso es decisiva. La complejidad
de la tarea es evidente. Por un lado, la reforma de los Estatutos de Autonomía
debe hacerse buscando consensos ampliamente mayoritarios, claramente superiores
a estrechos 52% como aquel en el que se basó el “Plan Ibarretxe”,
aunque no necesariamente unánimes; por otro, la necesaria reforma
constitucional, dada la actual composición del Parlamento español
y las disposiciones legales, no puede salir adelante sin los votos de un
Partido Popular que, en estos momentos, parece bastante “echado al monte”
e inmovilista. Queda pues al Gobierno hacer un difícil encaje de bolillos.
En conclusión
No podemos terminar sin hacer una pequeña referencia a la oposición.
La derecha no ha asimilado la derrota del 14-M e intenta por todos los medios
dar vuelta atrás a lo sucedido. Para ello se ha embarcado, ya sea
desde la dirección del partido, de las fundaciones o de medios de
comunicación servilmente entregados a la “causa”, en un camino que
es un peligro real para la convivencia democrática: el uso de la mentira
y la falsificación como principal instrumento de su agitación;
la inculcación del odio en sus seguidores, lo que provoca cada vez
más incidentes; la falta de escrúpulos en la gestión
pública, como muestra el ataque a los profesionales de la Sanidad
por parte de Esperanza Aguirre y su consejero Lamela en la Comunidad de Madrid;
la creciente convergencia en discursos y espacios entre los sectores más
derechistas del PP, los movimientos católicos integristas y sectores
de la extrema derecha; la movilización corporativa de la derecha eclesial
y de los jueces reaccionarios… Si algunos comentaristas atribuyeron en algún
momento al PP el mérito de “democratizar” a los franquistas, hoy puede
decirse rotundamente que uno de los mayores “pecados” del PP es haber alentado
un nuevo extremismo reaccionario entre una amplia capa de sus seguidores,
incluyendo a sectores que estaban ya más o menos “adaptados” a la
democracia.
Esa es, en este momento, la dinámica hegemónica en un partido
que condujo al sistema político español a una regresión
social y democrática y que hoy no es capaz de formular una alternativa
de derecha democrática y busca nuevo acceso al poder por la vía
de dinamitar la convivencia y crispar la atmósfera social.
Por el contrario, el gobierno ZP ha concluido su primer año con una
nota más que positiva, y tiene raíces sólidas para llevar
a cabo todo su mandato y posiblemente para desarrollar el proyecto de cambio
en la siguiente legislatura. Sin embargo, para ello debe mantener el
rumbo y recordar siempre que:
- No debe perder la relación con la ciudadanía, no olvidarse
ni por un momento que fue la movilización de ésta la que le
puso donde está. Si el principal mérito de ZP fue haber entendido
el mensaje, al menos en lo esencial, ahora debe mantener la escucha abierta,
pues no desvincularse de la gente es mucho mas difícil desde el Gobierno
que desde la oposición, como muestra la amplitud de la abstención
en el referéndum sobre la Constitución Europea.
- No debe cejar en la actividad educativa y pedagógica sobre los derechos
de la ciudadanía y la gestación de una cultura profundamente
democrática. Por eso es tan grave el borrón en la política
educativa.
- Es preciso afrontar la batalla cultural y política a la derecha
extremista que sigue dirigiendo el PP, abriendo una nueva situación
en Euskadi, derrotando a Fraga en Galicia y preparando las condiciones para
recuperar en 2007 los gobiernos autonómicos de Valencia, Madrid y
Baleares.
Para que lo recuerde, recordémoselo. El papel de la ciudadanía
es decisivo y sigue vigente lo dicho por un movimiento ciudadano al llegar
ZP a la Moncloa: “
Si avanzas te apoyamos, si dudas te empujamos y si fallas
te la montamos”.