Aznaridad: con ocho años basta
Aznaridad: con ocho años basta
dossier Iniciativa Socialista 71, invierno 2003-2004
14 de marzo: votemos para derrotar al PP: texto editorial
Después de Aznar: Juan M. Vera
Cada día más lejos de la U.E.: José M. Roca
Un punto de inflexión: Manuel Herranz
La desconvengencia social de España con la Europa social: Vicenç Navarro
Los gobiernos del PP: regresión educativa: José L. Redondo
Los derechos de gays, lesbianas y transexuales después de la era Aznar: Beatriz Gimeno
Culturas e izquierdas, Rubén Caravaca
Política de inmigración y nueva Ley de Extranjería, Miguel Pajares
“Su” política exterior: Luis M. Sáenz
Promesas y miedo al progreso, Vicent
Álvarez
Votemos para derrotar al PP
Texto editorial
Ocho años después de la llegada de Aznar y el Partido Popular al Gobierno, España ha cambiado mucho, pero no para ser un país más justo, libre, democrático, comprometido con la paz, con Europa, con las instituciones internacionales, sino en sentido contrario El PP ha logrado consolidar un núcleo electoral conservador capaz de seguirle fielmente y de transmitir sus valores reaccionarios a la sociedad, tratando de hacernos retroceder en muchos aspectos a la situación y equilibrios de los primeros años del postfranquismo. El PP ha desandado, o pretende hacerlo, muchos tramos del camino iniciado en la transición. Su segunda transición ha sido la del cangrejo.
Hoy, después de la aznaridad, nos encontramos con un país:
- Más injusto socialmente, en el que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se ha ampliado.
- Con un deterioro importante de las instituciones democráticas y con un creciente e intolerable autoritarismo y prepotencia en la forma de gobernar.
- Con el cinismo y la mentira, más allá de lo “habitual”, como libreto de actuación del Gobierno.
- Con un Gobierno que basa su gestión en la opacidad, desde el “apagón estadístico” hasta la utilización fraudulenta de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos o de la Ley de Arbitraje para reformar leyes de la talla del Código Penal.
- Con un Gobierno que no asume ninguna responsabilidad por lo sucedido (vacas locas, Prestige, Yakovlev, accidentes ferroviarios...) y se limita a culpabilizar a los anteriores gobiernos, a la oposición o a los propios ciudadanos.
- Con una agudización, sin precedentes en el periodo democrático, de la confrontación entre el Estado central y los gobiernos autonómicos (que no sean del PP), así como con los partidos con signo nacionalista distinto al del PP.
- Con un Gobierno vinculado a los sectores fundamentalistas y reaccionarios que gobiernan Estados Unidos.
- Con una inequívoca opción por la guerra, la ocupación de Irak, el unilateralismo y la destrucción o congelación de los débiles organismos internacionales surgidos de la posguerra mundial.
- Con un Gobierno que ha abandonado los valores de la construcción europea y actúa de cuña para evitar la creación del espacio político y social europeo.
- Con una creciente influencia clerical en ámbitos como al enseñanza o la cooperación al desarrollo.
- Con la difusión, desde el propio Gobierno o con su apoyo, educativo, de “valores” retrógrados y autoritarios, y con el bloqueo de reformas progresistas aún pendientes en nuestra democracia, como las precisas para poner fin a la discriminación legal por razones de opción sexual, desarrollar un programa contundente de acción contra la violencia de género, llevar a cabo la necesaria ampliación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etc.
- Con un deterioro muy importante de los servicios públicos, en especial de la sanidad y de la educación, ámbito este último en el que, además de fomentar su degradación en beneficio del sector privado, se ha dado una nueva vuelta de tuerca en contra de la laicidad de la enseñanza con el nuevo estatus de la enseñanza religiosa.
- Con una mayor difusión de prácticas corruptas en la gestión de lo público y con una acción política “berlusconiana” que pretende “blanquearlas” legalizando como pauta “normal” de gobierno la confusión entre servicios públicos e intereses privados o la utilización de la representación política para favorecer intereses y privilegios económicos.
- Con una aún más profunda segregación del mercado de trabajo, con la utilización masiva de las ETT y de los sistemas de contratación precarios, incluso en la gestión de lo público.
- Con una férrea voluntad gubernamental de controlar la judicatura, concibiendo la Fiscalía General, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como instrumentos de apoyo a la política gubernamental.
- Con la paulatina sustitución de los derechos sociales por la caridad discrecional, lo que va acompañado de la entrega de la gestión de numerosos servicios sociales a sectas y grupos ultrareaccionarios y fundamentalistas.
- Con un sistema fiscal en el que sucesivas reformas han incrementado los privilegios de unos pocos, con una carga fiscal que, en realidad, se ha incrementado y ha sido redistribuida de una forma injusta a través de diversos mecanismos recaudatorios.
- Con una economía basada en la especulación del suelo, la construcción y la ejecución de grandes infraestructuras en gran parte innecesarias, inseguras, dañinas para el medio ambiente y destructoras de espacios urbanos de convivencia, en un marco de productividad decreciente y con un deterioro importante de la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, a pesar de la creación de un inútil Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyos actos más significativos han sido los que atentan contra la libre circulación de la información.
- Con una tendencia xenófoba y segregacionista frente a la inmigración favorecida por la política de exclusión del gobierno, con tres leyes de extranjería sucesivas de carácter punitivo y persecutorio, la última, lamentablemente, con el apoyo de una parte de la izquierda.
- Con una vivienda de difícil acceso para las economías más débiles, pues ha sido convertida en herramienta de ahorro, inversión o especulación.
- Con una concentración de medios de comunicación en la órbita gubernamental y, sobre todo, con un uso de la TV pública que afecta a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión, convirtiéndola en un órgano de propaganda del PP y del Gobierno, mucho más allá de todo lo que podamos haber visto desde las primeras elecciones democráticas de 1977.
Estos hechos no son producto de la casualidad o de una mala gestión, sino de una política conscientemente diseñada por la derecha con el propósito de cerrar “la excepcionalidad histórica” de los gobiernos del PSOE, demostrando, sí, una gran capacidad para usar el poder para garantizar su permanencia en el mismo.
Si Aznar, Rajoy y su Gobierno se implicaron en la guerra de Irak contra la opinión del 90% de la población, no fue por locura o ignorancia, sino porque tienen un profundo acuerdo con la camarilla reaccionaria de Bush, Cheeney, Rumsfeld, Rice... El Gobierno del PP se inscribe plenamente en la derecha más reaccionaria que, teniendo lazos de continuidad con la guerra a los pobres y la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, ha dado ahora con Bush un salto hacia posiciones aún más agresivas hacia la ley de la selva, el autoritarismo y el belicismo.
Durante la primera legislatura 1996-2000, los pactos con CiU, CC y PNV permitieron hacer al PP la política común que, como derechas de diversos tipos, les unía. Trataron de evitar la confrontación social, de forma que en los periodos con Arenas o Pimentel en el Ministerio de Trabajo las relaciones con los sindicatos fueron fluidas. La política respecto a los nacionalistas fue de negociación y transferencias. Los grandes servicios públicos empezaron su deterioro, pero poco a poco y sin atentar frontalmente contra el Estado del Bienestar generado en la administración socialista. El objetivo político era reducir al mínimo la posibilidad de vuelta al poder de la izquierda, a lo que colaboró de forma importante la profundidad de la crisis socialista. En este periodo, el PP se centró en dos grandes propósitos:
- El paso a manos privadas (y amigas) del importante patrimonio de las empresas públicas más avanzadas tecnológicamente y más rentables, generando un núcleo duro, junto a la gran banca, las constructoras y las eléctricas, de un pretendido capitalismo de “vanguardia” español, depredador en realidad.
- La generación de un potente sector de medios de comunicación, comprado con el dinero de las privatizaciones, para blindar al Gobierno y consolidarle frente a la sociedad.
La mayoría absoluta en el año 2000 y el hundimiento del PSOE dejaron vía libre a Aznar y su equipo para aplicar en profundidad la cirugía reaccionaria. En esta segunda fase, aprovechando el dolor que provoca el terrorismo de ETA y tensando primarios sentimientos de pertenencia, Aznar se envuelve en ínfulas patrioteras identificando España con él mismo y tratando como enemigo a quien difiera. Hace de la batalla contra todo nacionalismo (que no sea el suyo) y contra el terrorismo, ahora en clave internacional y amalgamando ambas cosas en el mismo paquete, el centro de su identidad, con mensajes reaccionarios tipo “España uniforme” y “España junto al imperio”, logrando que una parte importante de la izquierda quede atrapada, a la defensiva, en el espacio político elegido por Aznar. La reunión de las Azores, la toma del islote de Perejil, los días de la “banderona” en la Plaza de Colón de Madrid, la vuelta a la España de cerrado y sacristía, son expresión de la ofensiva ideológica, cultural y política de la derecha.
La segunda legislatura de Aznar ha sido también tiempo de ruptura de la paz social, de tres leyes educativas para derribar la inconclusa LOGSE, de una absoluta dejación de responsabilidades ante las tragedias y degradaciones provocadas por su indiferencia ante las dificultades de la “gente común” y por la reducción de la inversión pública.
La extraordinaria movilización social que recorrió todo el país durante 2003, incluyendo la huelga general del 20-J, la solidaridad con Galicia y las movilizaciones contra la guerra, con el preámbulo de las grandes acciones de protesta por la contrarreforma educativa y contra el Plan Hidrológico Nacional, hizo tambalearse al Gobierno del PP y situó a la oposición ante la posibilidad real de derrotar electoralmente a la derecha. La incapacidad de las fuerzas políticas de izquierda para transformar en corriente política esa espontánea corriente ciudadana de crítica y protesta social, dio a Aznar un balón de oxígeno que no esperaba y salió mejor de lo esperado en las elecciones del 25 de mayo, obteniendo además el extraordinario regalo que le dieron la traición de Tamayo y Sáez en la Asamblea de Madrid y la forma de afrontarla por parte de la izquierda.
El 14 de marzo tendrán lugar las elecciones generales. No podemos decir que el entusiasmo por el cambio inunde las calles. El PP sigue teniendo recursos y dominio de la situación, y cuando las cosas ponen peor cara para la derecha suele contar, para desviar la atención, con la ayuda inestimable de algún disparate procedente de la izquierda. Así que el campo de lo “políticamente correcto” lo sigue marcando la derecha y la oposición no ha sido capaz de apoyarse en la importante movilización social para romper ese marco y proponer un cambio de rumbo en lo doméstico y en lo internacional.
Creemos que el grado de desgaste del PP puede permitir que sea derrotado en las elecciones, pero el principal obstáculo para conseguirlo es la falta de una alternativa creíble, atractiva, con propuestas claras y liderazgo social que transforme ese desgaste en voluntad de cambio. Lamentablemente, esta alternativa política y de gobierno no se percibe con ninguna claridad. En ciertos casos, la obsesión por conquistar a las clases medias, o más bien a una irreal maqueta economicista de “clases medias” entendidas como personas sin más aspiración que “pagar menos impuestos”, no sólo fracasa rodundamente de cara al objetivo planteado y causa estragos por el grado de confusión e indefinición de las propuestas, sino que además llevan al distanciamiento de un amplio electorado de izquierda cuyo voto no es incondicional, como algunos parecen pensar, y que está bastante harto de la incapacidad para romper el espacio marcado por el PP y de las altas dosis de conservadurismo y autocomplacencia mostrada, incluso en la derrota, por dirigentes de la izquierda. Y la juventud con voluntad solidaria y transformadora, que no tiene compromiso permanente con ningún partido ni fidelidad alguna a siglas, desconfía cada vez más de los partidos políticos y de la política tradicional.
En ciertos ámbitos de la izquierda se piensa que el único objetivo realista es evitar una nueva mayoría absoluta del Partido Popular. Pero estos objetivos mínimos pueden llevar al fracaso máximo si no se trabaja para que la pulsión de cambio presente en la sociedad se exprese también en las urnas. Y al mismo desastre puede llegarse si, capitulando ante la reaccionaria campaña contra el “socialcomunismo” en la que destacaron Aznar y Esperanza Aguirre, se renuncia de antemano a sumar las representaciones electorales de la izquierda plural para superar a la derecha reaccionaria. Si fuese posible una mayoría progresista, una izquierda que rechace la alianza con otras izquierdas con menor representación sería tan sectaria, irresponsable, incapaz, despreciable e inútil como puedan haberlo sido en el pasado o lo serían en el futuro minorías de izquierda que se negasen a colaborar, sin perder sus identidades, para cerrar el paso a un gobierno derechista. Renunciar al entendimiento de una izquierda plural en una España plural es entregarse al Partido Popular y a su estrategia, es pelear por la distribución de los votos de izquierda y renunciar a aumentar el caudal de éstos. Es mediocre y ruin.
Más allá de nuestros gustos o disgustos, y del escaso grado de identificación que podemos tener ante ciertas maneras de entender la política, lo cierto es que existe una mayoría social progresista, que en las elecciones municipales dio a la izquierda plural millón y medio de votos más que a la derecha o que ha permitido la formación del gobierno de izquierdas en Cataluña. Esa mayoría social, si vota, puede derrotar a la derecha. Y precisamente eso es lo que hay que hacer, votar contra la derecha, a favor de las candidaturas de izquierda que prefiramos, aunque lo vivamos como una opción por la negativa, basada en la profunda convicción de que un gobierno del PP presidido por Rajoy será extraordinariamente lesivo para las condiciones sociales y democráticas de los ciudadanos, enormemente negativo para la paz y la solidaridad. Preferiríamos poder expresarnos en positivo, pero, ya que no hay motivos para entusiasmarse por las ofertas políticas procedentes de la izquierda, al menos no caigamos en el error de castigar a otros a base de darnos bofetadas en nuestro propio rostro.
Esa opción por evitar una nueva victoria del PP y votar a favor de candidaturas de las izquierdas la hacemos desde la seguridad de que un nuevo gobierno progresista, a pesar de los límites que las diversas opciones políticas evidencian y de la vigilancia que haya que mantener frente a él, es un cambio imprescindible tras ocho años de gobierno reaccionario, belicista y autoritario. Recordemos que en las elecciones estadounidenses no faltó quien nos criticó por decir que no daba igual Bush que Al Gore. Hoy, casi todo el mundo lamenta amargamente “la desaparición” de aquellos votos de Florida. Más PP es menos diálogo, menos equilibrio social, menos escuela pública, más religión en la escuela, menos cultura, peores servicios públicos, menos vivienda para habitar, peor sanidad, menos Europa. Más PP es más conflicto, más confrontación territorial, más manipulación, más xenofobia, más Bush.
La conclusión es sencilla. Un nuevo gobierno del PP profundizaría el retroceso del país en todos los ámbitos. Rajoy puede no ser tan desagradable como Aznar, pero representa la misma política en todos los ámbitos, como parte fundamental de todos los gobiernos del aznarismo, protagonista en primera línea de cada uno de los episodios fundamentales de los mismos: guerra contra Irak, Prestige (donde mostró su gran capacidad de mentir), gresca con los nacionalismos, huelga general... En definitiva, el mismo talante autoritario, insultante y provocador que su protector y maestro.
Hay mil razones para votar el 14 de marzo. Todas se resumen en una: derrotar democráticamente al Partido Popular, partido de la guerra y la insolidaridad. Eso no resolverá las incertidumbres sobre la articulación de una necesaria izquierda diferente e inmersa en la vida cotidiana de nuestra sociedad, pero, al menos, nos quitará de encima a quien nos agrede cada día en cada ámbito, y nos permitirá pensar y hacer con una perspectiva de creatividad y avance, y no sólo de conservación y defensa.
El 14 de marzo, votemos. Votemos contra el Partido Popular.
Votemos por las izquierdas. ¡Al PP, NO!
Juan Manuel Vera
Hay ciertas plantas que tienen dos clases de frutos, unos que se desarrollan y maduran al aire y otros que lo hacen bajo tierra. Algo así creo que ha ocurrido en la sociedad española a lo largo de los últimos años, donde los aspectos más visibles de la política reaccionaria del Gobierno Aznar han podido encubrir y desviar la visión de lo más importante, los productos subterráneos de una irradiación permanente de valores poco democráticos que ha encontrado terreno abonado en ciertas capas de la sociedad.
Una segunda transición en marcha
La derecha gobernante ha conseguido reorientar el proceso institucional en un sentido muy favorable a los intereses y a la ideología de una auténtica oligarquía económica y política, en parte tradicional y en parte creada al calor de las privatizaciones, cuyo poder social determina el curso de las decisiones populares. Esa derecha ha recuperado las ideas de un Ejecutivo central fuerte y un régimen de orden, capaces de orientar a la sociedad en la dirección correcta.
En este sentido hay que interpretar la creciente autonomización del Gobierno respecto a los controles externos, tanto parlamentarios como judiciales. Lo que ha hecho sin complejos el Partido Popular es dejar claro que, en su concepción, el Parlamento o la Justicia cumplen funciones auxiliares subordinadas.
Evidentemente el control al Gobierno desde el Parlamento es una ficción propia de la hipocresía de las democracias electorales, que no debemos creernos mucho, aunque el falso control parlamentario sea capaz de producir un control genuino por parte de la opinión pública en algunos momentos.
La Administración de Justicia ha sido reconcebida como mero instrumento sumiso al servicio del Gobierno, evitando gracias a la Fiscalía General del Estado investigaciones desagradables de la corrupción política, mientras la Justicia se convierte en pieza integrada de la ilegalización del entramado del nacionalismo radical vasco, alcanzando esa sumisión su grado máximo en el comportamiento del Tribunal Constitucional. Todo ello simboliza el nuevo papel asignado al poder judicial.
Más allá de este entierro de la supuesta división de poderes, tengo la convicción de que el eje esencial de la etapa Aznar ha sido favorecer una intensa inoculación de los valores reaccionarios tradicionales de la derecha española desde la unidad de España pasando por el catolicismo más tradicional. El control de la información a través de los medios de comunicación y el reforzamiento del papel de la Iglesia Católica en la educación se han convertido en dos de los aspectos privilegiados para el desarrollo de esa orientación.
También el centralismo y antifederalismo de la nueva derecha española se ha puesto de manifiesto cuando ha tomado la bandera del Estado de las Autonomías para intentar reconducir hacia atrás el camino institucional hacia la pluralidad emprendido en la primera transición. Nadie debería engañarse, cuando esta derecha pregona su defensa de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía es para poner en cuestión sus aspectos más progresivos.
Aznar ha sido un triunfador irresistible en esta ofensiva, a pesar de su carencia de cualidades carismáticas. Tal vez precisamente ese perfil personal le ha permitido ser un excelente representante de la nueva orientación oligárquica que hegemoniza la vida nacional. Ha simbolizado el estilo bronco y mezquino de ese sector social, pero también sus intereses egoístas y su ausencia de escrúpulos éticos y, claro está, toda su podredumbre intelectual.
Con gran agudeza para defender sus fines, él y su equipo han sido capaces de entender que la grave crisis ideológica de la izquierda española generaba la posibilidad de reconstruir un discurso reaccionario de las élites que también podía ser escuchado por los sectores menos lúcidos de las capas medias ilustradas y por las clases bajas, cada vez más distanciadas de su sustrato izquierdista. La derecha ha sido capaz de encontrarse con un éxito mayor del esperado al apoyarse en un amplio sector popular de escaso horizonte cultural y de reducida capacidad de entender el mundo en el que vive.
Es cierto que los éxitos económicos de la política popular, gracias a la gestión del ministro Rato, han contribuido a hacer posible la aplicación relativamente indolora de algunas reformas liberistas. El sector enriquecido de la sociedad española le agradece a Aznar ese enriquecimiento y la posibilidad de reconciliarse con sus prejuicios ancestrales. Quienes no han resultado beneficiados de los años de prosperidad económica no le culpan de la política que les lleva a la temporalidad laboral, el encarecimiento de la vivienda, etc., porque no visualizan que sea posible otra forma de hacer política y otra forma de conducir la economía. Como ha dicho Máximo en El País, “puede que la izquierda no sea izquierda, pero la derecha es totalmente derecha” (17 de enero de 2004).
Nada de ello hubiera sido posible sin la intensa deslegitimación de la izquierda después de los últimos gobiernos del PSOE y la debilidad de su recomposición posterior. Ésa ha sido la base para comenzar esta segunda transición, intentado dar marcha atrás al reloj y situar la política española donde podría haber estado en 1978 si la derecha franquista no hubiese estado tan debilitada.
En el año 26 de la Constitución de 1978
Y en esas condiciones se cumplieron los 25 años de la Constitución de 1978. Aunque se han publicado muchos balances, ha brillado por su ausencia el que a mí personalmente más me hubiera interesado, el relativo a la creciente ausencia y debilitamiento en la España constitucional de los valores participativos y democráticos.
Soy de la generación que vivió intensamente la transición. Una época convulsa, de recuperación de las libertades civiles más elementales. Desgraciadamente en la izquierda predominaba entonces un conjunto de ideas caducas como su estatalismo, su escaso interés por una democracia desde abajo (es decir, construida desde los ciudadanos) o su falta de claridad respecto a la lucha contra el totalitarismo entonces presente en media Europa. El proceso de construcción de la democracia electoral en España no podía generar una dinámica de desarrollo de la democratización pues se agotó en su propio impulso inicial. Además, las democracias electorales europeas tomadas como referencia en 1978 ya se encontraban entonces en crisis larvada, acentuada, claro está, desde el final de la guerra fría a fines de la década de los ochenta.
Luego hemos vivido los años del felipismo, esa larga etapa de consolidación de una democracia estancada, que si bien frenó los intentos involucionistas del golpismo, fue incapaz de evitar que comenzar rápidamente a pudrirse la clase política y las instituciones nacidas de la transición. Una izquierda modernizadora, el PSOE, con una visión del Estado como proveedor de servicios públicos e infraestructuras fue incapaz de generar un desarrollo cultural y ciudadano.
La oligarquía modernizada y modernizadora con la que soñaba Felipe González se ha disuelto como un terrón de azúcar en el agua. Las clases altas han vuelto por sus fueros en cuanto el Partido Popular se ha consolidado: desconfianza de la democracia, odio al pluralismo de la nación española, miedo al federalismo, autoritarismo, españolismo rancio, venalidad, catolicismo visceral.
El proyecto de la segunda transición, después de los éxitos de Aznar, amenaza la convivencia entre los españoles si tienen tiempo para seguir consolidándolo desde nuevas mayorías absolutas. Su gran poder mediático, mientras tanto sigue propagando con éxito una imagen deformada, anamórfica, de España y de los españoles.
En versión española
La creciente desconfianza de los ciudadanos en los políticos profesionales y los aparatos electorales (los partidos) es un proceso sin vuelta atrás. Aquí y en toda Europa. En este tiempo de crisis la emergencia de una nueva derecha populista (Italia, extrema derecha) o de recomposición a partir de sus variantes tradicionales (España) no va acompañada en nuestro país por el desarrollo al mismo tiempo de plataformas políticas que expresen las nuevas sensibilidades ciudadanas.
La nueva y numerosa generación de activistas aún no ha sido capaz de producir un discurso propiamente político, capaz de generar unas pocas referencias centrales que puedan dotar de una perspectiva de lucha por la democracia de los ciudadanos a esos nuevos movimientos. Mientras tanto, el lento pero irreversible, declive de la izquierda tradicional hace que, aunque pueda ganar unas elecciones, no parezca capaz de dar expresión a esas nuevas sensibilidades y expresiones de la actividad social. Hoy esa izquierda vive una crisis aguda. Ni expresa a los nuevos movimientos ciudadanos ni puede volver a representar a las élites satisfechas con la recuperación del régimen de orden por el PP.
¿Qué pasará el 14 de marzo? Mi falta de ilusiones en la capacidad de regeneración de las instituciones nacidas de la Constitución de 1978 no me hace en absoluto indiferente al resultado de las elecciones. De lo ya dicho se desprende que considero el previsible nuevo triunfo de la derecha enormemente peligroso. Sólo la decisión sorpresa de muchos ciudadanos de dar un vuelco a la España de crucifijo y billetera puede cambiar ese curso. El día 14 iré a las urnas y votaré a la izquierda. Lo haré porque creo de salud pública expulsar al PP de la gobernación del Estado, pero no adquiero con dicho acto ningún compromiso más con quienes son incapaces de entender los auténticos cambios sociales, culturales y políticos que exige nuestro mundo globalizado.
Cada día más lejos de la Unión Europea
José M. Roca
La España de Aznar
Un componente fundamental del discurso político del Partido Popular (PP) es la postura aparentemente patriótica de defender la unidad de España frente a los intentos disgregadores de los partidos nacionalistas alentados por la falta de coherencia del Partido Socialista (PSOE), al que los dirigentes del PP acusan de ser un partido insuficientemente nacional y de carecer de un proyecto de Estado.
El PP concibe una España a su manera y proscribe cualquier otra manera de entender este país y, en consecuencia, de sentirse miembro de él. Es una forma de concebir España que resulta muy incómoda para quienes no la comparten, como han señalado los catalanes con notorio acierto.
En esta visión antipática, por autoritaria y centralista, se advierte la vigencia del tradicional ideario de la derecha, representado por la Iglesia católica -España es un país unido por la fe y la obediencia al Papa- y por la aportación castrense del franquismo -un pueblo uniforme y obediente al caudillo-. En ambos casos, lo esencial es mantener la unidad y la disciplina, no tanto como expresión de la libre voluntad de los individuos, sino como mandatos que provienen de centros incuestionados: Roma y El Pardo (ahora La Moncloa).
Desde esta perspectiva, la gobernación de la sociedad se entiende sobre todo como mando, del pastor sobre la grey y del comandante sobre la tropa; como emisión de órdenes sin posibilidad de réplica, por un lado, y como obediencia automática y esperada, por otro. En consecuencia, los elementos democráticos -deliberativos, participativos- propios de la política moderna son tenidos por molestias que deben evitarse siempre que convenga. Pero dejando aparte este asunto, cabe preguntarse qué hay de cierto en ese patriotismo teatral de que hacen gala los dirigentes del PP, que se proponen a sí mismos como modelo de ciudadanos nacionales; no nacionalistas, sino nacionales (recuérdese que las fuerzas militares franquistas se autodenominaban los nacionales, frente a los republicanos o simplemente los rojos), porque esos alardes de patriotismo verbal quedan muy mal parados cuando se cotejan con el quehacer cotidiano del Gobierno, que, a espaldas y aún contra los acuerdos internacionales, sigue al dictado las instrucciones de una potencia extranjera -EE.UU.- en materia militar, en política exterior y en el ámbito cultural, y cuando la doctrina de otra potencia extranjera, aunque de índole distinta -el Vaticano-, se pretende transformar en moral pública e inspira no sólo la educación y la investigación, sino hasta la elaboración y la aplicación de las leyes.
Podíamos pensar, entonces, que el interés por España, en estos neoliberales, reside en el principio utilitarista de procurar el mayor bienestar para la mayoría de ciudadanos, pero seguramente nos equivocaremos cuando analicemos con un poco de detenimiento los resultados de la labor de ocho años de patriótico gobierno y empecemos a sospechar, y a constatar, que la preocupación por España es en realidad la preocupación por hacer dinero, por hacer negocios, por acrecentar la propiedad privada y por mantener e incluso aumentar el desigual reparto de la riqueza socialmente producida.
Cuando se examina el magro esfuerzo presupuestario, no la retórica, dedicado por el Gobierno a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos llanos, no de las élites privilegiadas, entonces no sólo nos asaltan enormes dudas acerca del ostentoso patriotismo del PP, sino las viejas preguntas acerca de cuál es la política que distingue la derecha de la izquierda, porque lo que se nos aparece con palmaria evidencia, pese a la opacidad, la desinformación y la abrumadora propaganda, es el aumento de la desigualdad social, que echa por tierra el discurso sobre la emergencia del centro político, del que se reclama el PP, ante las pretendidas afinidades entre la derecha y la izquierda.
Lejos de entender el patriotismo como una suma de solidaridades y compromisos sociales, el PP ha entendido el patriotismo como la forzada unidad del Estado bajo la presión del centralismo. Ha defendido, de modo muy autoritario y torpe, la unidad del país por arriba, por la estructura del Estado, mientras fomentaba la desintegración del país, de la sociedad, por abajo, a medida que reducía las prestaciones del Estado del bienestar, porque reducir el ámbito de lo público es privar de defensa a los sectores más débiles de la sociedad.
El desmantelamiento del Estado asistencial es consecuencia del darwinismo social practicado por el PP, que ha combinado las teorías más retrógradas de la sociología norteamericana con el viejo clasismo católico. El primero afirma que los seres humanos compiten entre sí por ocupar los mejores lugares en una sociedad jerárquicamente imaginada y alcanzan el éxito los mejor dotados, por tanto, la suerte es consecuencia de la capacidad. Los pobres son los responsables de su situación y el Estado no debe intervenir para mejorar su suerte, sino para favorecer a los individuos más dotados y competitivos. El segundo atribuye la desigualdad social a la voluntad divina pero admite la igualación después de la muerte, en la “otra vida”. Entre tanto, los pobres a lo más que pueden aspirar es a que los ricos (y listos) les socorran para mitigar sus carencias, pero nunca a exigir justicia o igualdad en este mundo.
Reagan definió muy bien la filosofía desigualitaria con la frase “los pobres tienen demasiado y los ricos demasiado poco” y dedicó su tiempo de gobierno a corregir esta anomalía acentuando el viejo desequilibrio a favor de los ricos. Bush II, está haciendo lo propio, y Aznar se ha sumado encantado al proceso de empobrecer a las clases populares con la desigualdad como norte y signo de un gobierno de derechai.
Los epígrafes que siguen dan cuenta de esta intención.
Emigración
En el año 1996, residían en España 609.813 extranjeros, de ellos 112.342 eran iberoamericanos y 260.599 europeos, pero 2.134.773 españoles residían en el exterior, de ellos 1.056.925 en América del Sur y sólo en Argentina 439.244.
Desde entonces los flujos migratorios han invertido esa tendencia convirtiendo la inmigración en uno de los más acuciantes problemas de nuestro país, que, igual que el resto de la Unión Europea, se ha convertido en destino de millones de personas del tercer mundo y de Europa del Este, y propende, por lo tanto, a la diversidad cultural y al mestizaje. Según Eurostat, la Unión, que actualmente tiene 380,8 millones de habitantes (y tendrá 74 millones más cuando entren los nuevos países miembros) y una tasa muy baja de natalidad, creció en 2003 en casi 1,3 millones de personas, de las cuales 983.000 eran inmigrantes. El año pasado, España, con una tasa del 22,9%, se convirtió en el principal país de destino de los inmigrantes; es decir, uno de cada cuatro llegados a la UE se instaló en nuestro país.
Los aspectos más sombríos de este drama humano han sido reiteradamente señalados por organizaciones dedicadas a paliar los efectos más agudos del problema, que dista de haber sido debatido en las instituciones políticas con la calma y profundidad necesarias como para haber adoptado las soluciones más adecuadas a su complejidad y magnitud. Bien al contrario, el Partido Popular, con una visión simple y autoritaria, se ha limitado a combatir el denominado “efecto llamada” con la Ley de Extranjería, pero las apresuradas reformas de esta ley muestran los graves defectos de esa solución unilateral del problema.
Según datos del INEM del mes de diciembre, el año 2003 se cerró con 401.171 inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social, lo que supone el 16% del total. Con ello el número de trabajadores procedentes de la inmigración se sitúa en 717.641, el 4,3% del total de afiliados. Pero estas cifras hay que cotejarlas con otras.
Según el Instituto Nacional de Estadística, los inmigrantes empadronados a comienzos del año 2003 superaban los 2,5 millones (el 6% de la población total), pero según el Ministerio del Interior a finales del 2003 sólo 1.647.000 residían legalmente, de estos el 34,7% son ciudadanos de la UE y el 63,3% (1.075.000) inmigrantes. En 2003, legalizaron su situación 235.895 y fueron expulsado 92.679, 15.566 más que en 2002. Es decir, que comparando la cifra del INE con las del Ministerio del Interior, sale casi un millón de emigrantes (852.889), que viven (sobreviven) sin papeles (EP, 9-XII-03) y sometidos a las condiciones de los trabajos más precarios, peligrosos y peor remunerados.
Con ello, el Gobierno está fomentando un capitalismo de pocos escrúpulos, pues además de sufrir la explotación directa, la mano de obra barata en condiciones ilegales presiona a la baja sobre los contratos y salarios legales, con el efecto añadido de que hace aumentar el dinero negro en circulación y la economía sumergida, que está en torno al 21% del PIB, mientras en 1980 era del 15,5% (EM, 22-IX-03). Un informe del Instituto de Estudios Fiscales (EP Negocios, 7-XII-03) estima que, en el ejercicio 2002, el fraude fiscal llegó a los 59.000 millones de euros constantes (descontando la inflación) frente a los 25.000 euros estimados en 1980.ii
Empleo / Desempleo
Uno de los ámbitos donde ha sido más evidente el fomento de la desigualdad como expresión de la política de clase del Partido Popular ha sido en el campo laboral. La idea principal que ha guiado al gobierno de Aznar en materia de empleo ha sido limitar drásticamente los derechos laborales para someter, sin amparo legal, a los asalariados a las decisiones empresariales.
Según datos recientes del INEM, en diciembre de 2003 ha habido 23.419 parados más que en diciembre del 2002, con lo cual, el desempleo ha crecido por tercer año consecutivo. Los parados registrados son 1.711.000, el 9,04% de la población activa. Sólo un 38% de mujeres en edad laboral trabajan, frente a un 58% de la media de la UE (Navarro, EP, 19-I-02). Una de las medidas que podría impulsar el trabajo femenino es la jornada reducida, que en España es el 8% de todos los contratos mientras que el promedio europeo es el 16%. Los países nórdicos son los que tienen una tasa más alta de actividad femenina, con Holanda a la cabeza con el 41% de contratos a tiempo parcial, que no hay que confundir con empleo precario o inestable.
En España el 35% de la población activa tiene un empleo precario, en Madrid el porcentaje es del 20%iii, y una consecuencia de ello es la siniestralidad.
España ocupa el primer lugar de la UE en siniestralidad laboral; la sufre el 7% de los trabajadores frente al 4% de media de la UE. En 2002, perdieron la vida 1.104 trabajadores -tres muertos diarios- en los 948.896 accidentes con baja laboral, según el Ministerio de Trabajo (EM, 4-III-03). Cifras que no incluyen los 341 trabajadores autónomos fallecidos en accidente laboral. A pesar de la disminución, el número de accidentes sigue siendo alarmante: 1.212.846 en 1996; 1.321.940 en 1997; 1.486.109 en 1998; 1.607.453 en 1999; 932.932 en 2000; 946.600 en 2001; 938.188 en 2002. El origen hay que buscarlo en la subcontratación, los destajos, la temporalidad y en las demás formas que reviste la precariedad laboral.
Una consecuencia de los accidentes laborales -y de tráfico (4.032 fallecidos en 2003)- son las personas discapacitadas. Un estudio de la Fundación La Caixa revela que España, contra lo que dicen los anuncios del Ministerio de Trabajo, es el país de la Unión Europea que ofrece menos empleo a los discapacitados.
A pesar de todo lo anterior, según un informe de Eurostat de 2002, en España, la productividad ha seguido descendiendo desde 1993, colocándose, con el 92% del promedio, en peor posición que 10 años antes, que era del 94,8%. El mismo informe indica que la tasa de actividad es un 89,2% de la media europea y que el nivel de paro supera en mucho el promedio (164% de la UE). El informe señala también los escasos avances en formación profesional y en nuevas tecnologías, a los que la productividad va ligada en los países desarrollados. Con respecto a este último aspecto, España va a la zaga de Europa en el proceso de modernización económica (Cinco Días, 14-I-03).
Los ministros de Economía de la UE acordaron, el año 2000, 46 indicadores para evaluar el proceso de reforma económica de los países miembros. En la cumbre celebrada en abril de ese año (Cinco Días, Ibíd.), a instancias de Aznar y Blair, se fijó el ambicioso objetivo de superar económicamente a EE.UU. en un plazo de 10 años. Cuando, tres años más tarde, la Comisión Europea hizo un balance de los progresos hacia el objetivo señalado, quedó en evidencia el poco airoso papel de España, colocada entre los tres países de peor evaluación. De 46 indicadores, sólo en 13 estaba entre los países destacados, mientras que permanecía en el grupo de los estancados en 32 (productividad, paro de larga duración, accidentes laborales, inversión en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías, patentes, crecimiento del PIB en términos de paridad del poder adquisitivo, distribución equitativa de la renta, años de escolaridad, efecto invernadero y tratamiento de residuos, entre otros).
Un estudio de la UE efectuado en 11 países europeos y Japón el año 2000 (EP, 27-XI-00), revela que el desempleo entre los licenciados españoles es tres veces superior al de los europeos, y que tardan un año de media en hallar su primer empleo frente a seis meses en la UE. En el Japón y Europa, el 30% de los titulados encuentra empleo por medio de anuncios de trabajo y el 15% lo obtiene a través de contactos personales. En España, el 27% debe su empleo a las relaciones personales y el 19% a los anuncios.
Familia y economía familiar
Como partido católico, el PP dedica buena parte de su discurso a la loa de la familia, cuya defensa se atribuye en exclusiva. Sin embargo, cuando se analiza en concreto en qué consiste esta defensa cabe sospechar que se trata sólo de propaganda o de que la ayuda principal a las familias sea espiritual y que con la reintroducción del catecismo en la escuela tengan bastante.
Según datos del INE (EP, 7-X-03), la desaceleración económica ha provocado que la tasa de familias que declaran tener dificultades para llegar a fin de mes haya crecido un 3,5%, desde septiembre de 2002 al mismo mes de 2003, y alcanzado la cota del 55,6% (7,6 millones de hogares), mientras que en el 44,4% de los hogares se encuentra algún grado de facilidad para acabar el mes. En el año 2001, la dificultad para llegar a fin de mes estaba en el 50,5% y la facilidad en el 49,5%, según un estudio del Consejo económico y Social (EP, 15-X-01). Esta tendencia ya se apuntaba en una encuesta realizada en Madrid por una patronal de seguros (EP, 10-VI-2001), en la cual más de la mitad de los madrileños confesaba que no podía ahorrar nada: el 43% llegaba a fin de mes con lo justo, un 5,1% debía recurrir a gastar parte del ahorro anterior y un 2,8% se endeudaba para hacer frente a los gastos mensuales.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona del año 2000 (EP, 1-XI-00) revela que España, junto a Portugal y Grecia, dedica siete veces menos recursos a apoyar a las familias que la media de países de la UE. También señala que la fiscalidad penaliza las economías con menos recursos, puesto que las familias, que, con menos de 1,5 millones de ingresos, no están obligadas a efectuar declaración de IRPF, perciben un subsidio de 50.000 pts al año por cada hijo menor, las familias con rentas superiores pueden detraer de la base imponible hasta 200.000 pts por los dos primeros hijos y 300.000 pts por el tercero. Según la Federación Española de Familias Numerosas (EP, 23-II-02), el Plan Integral de Apoyo a la Familia, de noviembre de 2001, no ayuda a resolver el problema, pues el Estado concede un subsidio mensual de 4.035 pts (24,25 eu) por cada hijo menor de edad con la condición de que la renta familiar anual sea inferior a 1.288.653 pts (7.745 eu). Un informe de Eurostat que analiza el gasto social entre 1990 y 1999 indica que los países miembros de la UE destinaban en el periodo una media del 27,6% del PIB, en tanto que España destinaba sólo el 20%, colocándose en el penúltimo puesto de una lista en la que Suecia, con el 32,9%, y Francia, con el 30,3%, están en cabeza. En lo que respecta a protección y ayuda familiar, España dedica el 0,5% del PIB, cuatro veces menos que el promedio en la Unión Europea.
Dos apostillas. Primera. Un informe de la OCDE realizado en 1999 (EP, 7-XII-99) indica que España es uno de los países del mundo donde es más cara la luz doméstica. El estudio revela que los precios globales de la electricidad en España se sitúan en la media de los países de la OCDE pero que en detalle el precio de la electricidad doméstica está entre los más altos del mundo (en cuarto lugar detrás de Japón, Bélgica y Dinamarca, y muy por delante de Alemania, Francia, Inglaterra o EE.UU.), con lo cual los hogares financian el bajo precio de la electricidad de la industria, que paga un promedio de 4 pts/kilowatio frente a 20 pts/kilowatio que pagan los pequeños consumidores.
Segunda. El endeudamiento familiar por los créditos hipotecarios a causa del elevado precio de la vivienda ha crecido un 23,4% entre noviembre de 2002 y de 2003. Es muy posible que el año cierre con una subida por encima del 23% con respecto a 2002, en que el endeudamiento familiar por este concepto creció un 20,8% respecto al año anterior.
Pobreza
Como consecuencia de las medidas de reducción del gasto social, debemos seguir hablando de pobreza. Una persona o una familia vive en la pobreza si su renta anual es inferior al 50% del promedio nacional, y en la extrema pobreza si su renta está por debajo del 25% de la media. Si, en 2000, la renta per capita era de 2.685.000 pts anuales, 223.750 pts mensuales, serían considerados pobres aquellos que tuvieren una renta por debajo de la mitad de esa cifra (111.000 pts mensuales) y extremadamente pobres quienes la tuvieren por debajo de 55.000 pts. Así considerada, la pobreza afecta en España al 20% de los habitantes, dos millones de familias, unos 8,5 millones de personas, de los cuales viven en la pobreza extrema cerca de 1,5 millones.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (EP, 13-VII-99), España era, en 1998, el país de la UE con menos diferencia entre pobres y ricos. Los 8 millones de pobres tenían en esa fecha una renta anual ligeramente inferior al millón de pesetas, en tanto que los más ricos la tenían de 4 millones de media (esta cifra no es sorprendente teniendo en cuenta que España está a la cabeza de la UE en evasión fiscal). El 20% de los españoles más ricos tenía 4,4 veces más que el 20% de los más pobres. En el estudio del año 1999 (EP, 30-VI-00), España había descendido al octavo puesto, a la par que Grecia, y en el informe del año siguiente estaba en el décimo lugar, detrás de Grecia, y en el undécimo en el 2000. En ese mismo año, según un estudio de Cáritas (EP, 22-XI-00), unas 20.000 personas vivían en la calle y dependían diariamente de la caridad.
Madrid es la región en que existe más diferencia entre pobres y ricos. En el año 2000, unas 27.000 familias de la región vivían en situación de extrema pobreza; compuestas por tres personas de promedio, tenían unos ingresos inferiores a 60.000 pts al mes (en esas fechas la renta media per cápita en Madrid estaba en torno a las 100.000 pts mensuales). La tercera parte la componían mujeres solas con hijos y en el 42% de los casos existían enfermos crónicos o personas con minusvalías. Un estudio del Defensor del Menor (EP, 7-V-01) indica que unos 160.000 menores madrileños, el 14% del total, vivían en la pobreza. En sus hogares la renta por individuo era inferior a 50.000 pts/mes y que un tercio de ellos, unos 50.000, sufren una pobreza severa, con menos de 25.000 pts al mes. Alrededor de 3.600 habitan en chabolas y unos 3.700 en infraviviendas. Según este informe, se estima que unos 20.000 menores no disponen de retrete en su domicilio, que 36.000 carecen de agua caliente, 15.000 de agua corriente y 9.000 de luz eléctrica. Estas condiciones favorecen absentismo y el fracaso escolar.
En el índice de Desarrollo Humano, también del PNUD (EP, 24-VII-02), que estudia indicadores como ingresos, alfabetización, escolarización y esperanza de vida, España, en 1996, estaba en el décimo puesto, mientras que en el Informe de 2002 aparece entre los países de cola de la UE (delante de Grecia y Portugal) y en el puesto 21º en la escala mundial (173 países).
Salud
Un informe de la OCDE (EP, 17-X-03) indica que España está en los últimos lugares de la Unión Europea en gasto de salud por habitante y año. Ocupa el penúltimo puesto (delante de Grecia, pero detrás de Portugal) con un gasto sanitario de 1.600 dólares por persona, la tercera parte que EE.UU. (4.887 $) y la mitad que Suiza (3.248 $).
Según Navarro (EP, 16-IX-03) la parte del PIB destinada a gasto sanitario pasó del 6,6% en 1993 al 5,8% en el año 2000, mientras que la media de los países desarrollados está en el 8,4%. Pero, mientras España tiene un gasto sanitario muy bajo, debido a la presión de los laboratorios farmacéuticos, el gasto en farmacia está por encima del 30% del total del gasto sanitario, que es de los más altos de Europa.iv
Por el número de camas hospitalarias España también se halla en los últimos puestos de la UE. Un informe de la OCDE (EP, 21-VII-2002) indica que el promedio de la UE está en 7 camas cada mil habitantes, en tanto que España dispone de 4, frente a 5,4 que tenía en 1980, por detrás de Irlanda (10), Grecia (5) e Italia (5,5 camas por mil habitantes). Hay que añadir que del total de las camas disponibles, unas 52.000 (el 32%) pertenecen a entidades privadas y, por lo tanto, no son accesibles a toda la población.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública criticó en su día la imitación del modelo sanitario “thatcheriano”, que, en Inglaterra, efectuó un recorte drástico en el número de camas hospitalarias, pasando de 10,7 camas por mil habitantes en 1960 a 4,2 camas por mil habitantes en 1998.
Un reciente estudio europeo (EP, 7-X-03) ha señalado que, contra lo esperable, en invierno, en los países meridionales se producen más muertes que en los países del norte. La explicación está en la falta de adecuación de las viviendas y en la desigualdades sociales para hacer frente al frío. Portugal es el país de Europa con la mortalidad más alta entre los meses de diciembre y marzo, con una tasa del 28%, seguido de España con el 21%, mientras que los menos afectados son Finlandia (10%), Alemania y Holanda (11%) y Dinamarca (12%).
Solidaridad internacional
También son preocupantes las cifras referidas a solidaridad internacional. Lejos del quimérico y nunca alcanzado 0,7% del PIB, España -con superávit contable en el presupuesto del Estado- dedicó en 2002 como ayuda oficial al desarrollo el 0,26% del PIB, menos que hace diez años. De esta cifra, sólo el 0,03% ha ido destinado a los países más pobres del mundo (EP, 31-X-03), con los cuales el Gobierno se ha mostrado inexorable en la devolución de la deuda. En cuanto a la ayuda oficial humanitaria y de emergencia, España dedica un 3,6% del total dedicado al desarrollo.
Si nos referimos a la ayuda en materia de prevención y salud reproductiva (sida y enfermedades de transmisión sexual, embarazo, parto, planificación familiar, lucha contra mutilaciones genitales femeninas y violencia de sexo), la ayuda ha descendido un 33%
NOTAS
i El recientemente fallecido N. Bobbio escribía: el ideal de la igualdad siempre ha sido la estrella polar a la que ha mirado y sigue mirando la izquierda (Derecha e izquierda, Madrid, Taurus, 1995, p. 170).
ii Según el mismo artículo (L. Aparicio, “Sumergidos en billetes”), en España hay en circulación 43 millones de 500 euros (casi tantos como habitantes) , que no se ven porque cumplen el fin primordial de atesorar dinero negro. El importe en dinero que en España se maneja con los billetes de 500 euros representa el 2,8 del PIB, mientras en EE.UU. los billetes de 500 dólares suponen el 0,003% de su PIB.
iii Un ejemplo. Una trabajadora señala que en dos años ha acumulado 119 contratos por horas, el de más duración de 5 horas, para sólo cotizar a la seguridad social 69 días completos.
iv Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en “Los problemas de la política sanitaria del Gobierno” (EP, 13-I-04), señala que cuando el presupuesto sanitario crece en torno al 7% anual, el gasto farmacéutico crecerá el 9,5% a consecuencia del pacto del Gobierno con Farmaindustria.
Manuel Herranz
Brecha social. Desconvergencia con Europa
Existen dos importantes trabajos sobre este tema. Uno es de Vicenç Navarro y Águeda Quiroga, La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea, informe preparado para el seminario “La convergencia social de España con la UE” celebrado en la UIMP de Santander en septiembre de 2003, del que podemos destacar como conclusiones que:
El gasto en protección social en España como porcentaje del PIB es el más bajo de la UE después de Irlanda y que ha disminuido durante la década de los noventa mientras que el promedio de la UE aumentó durante dicho periodo. La reducción del déficit presupuestario se ha conseguido a costa de aumentar el déficit social con la UE.
El otro trabajo al que hacía referencia es el libro La convergencia real de España en el seno de la Unión Europea (Carmela Martín y Francisco J. Velázquez, ed. Fundación Cajas de Ahorro Confederadas, 2003). De dicho libro destaco las siguientes ideas:
Los factores que ejercen más influencia en el crecimiento económico de los países son sus dotaciones (los stocks) de los diversos tipos de capital físico, privado y público, en particular algunos tipos de infraestructuras y sobre todo, de capital intangible, humano y tecnológico... especial influencia de las infraestructuras de transporte y comunicaciones sobre la productividad... y particular impacto de las infraestructuras asociadas a Internet.
Los resultados de convergencia de España parecen modestos cuando se comparan con los de Irlanda... A diferencia de lo que venía sucediendo desde 1986, a partir de 1994 la ratio de gastos sociales sobre PIB española registra descensos continuados...
El crecimiento de la renta en España comparado con la UE se ha basado en mayor medida en el crecimiento del empleo, dicho en otros términos: la contribución de la productividad al crecimiento de la economía española ha sido inferior que en Europa, cuando la convergencia real debe basarse, cuando menos en el largo plazo, en incrementos mayores y duraderos de la productividad de los países que tienen menores niveles de renta... se comprueba que hasta 1994 el crecimiento del PIB en España se basa en un esfuerzo superior de capitalización que dio lugar a un acercamiento a los niveles de capitales físico productivo por empleado en Europa, es a partir de entonces cuando esta ratio crece menos que en la UE lo que comporta que al final del período analizado la brecha de capitalización se amplía, siendo preocupante la ralentización observada en su tasa de crecimiento en los últimos años.
La dotación del capital tecnológico propio es, de lejos, el indicador donde el retraso relativo de España es más acusado. Respecto al capital humano (variable importante las inversiones en educación) el nivel de España se encuentra muy por debajo de la media de la UE representando un 61% del promedio. Las infraestructuras avanzaron mucho minorando su retraso comparativo aún presente, pero en los últimos años se produce un recorte en las inversiones que está comportando un deterioro progresivo. Respecto a I+D, la ralentización que se observa en los esfuerzos de inversión es un hecho inquietante que puede poner en peligro las posibilidades de crecimiento futuro.
Como consideraciones finales dicen:
La productividad va perdiendo peso como factor impulsor de un patrón de crecimiento, cada vez basado más en las tasas de ocupación y menos en incrementos de productividad cuya atonía en años recientes resulta preocupante. Este hecho que coarta las posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo, resulta consecuente con la marcha también más lenta de la inversión productiva durante los últimos años. Asimismo la pobre trayectoria de la productividad parece estar asociada a la reducida dotación de capital tecnológico interior y a su lánguido crecimiento por la escasa atención prestada a las actividades de I+D junto con el retraso que está mostrando España en la adopción de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. La dinámica sitúa a España en una posición vulnerable en la UE ampliada, mas cuanto los nuevos socios presentan indudables ventajas en el coste de la mano de obra (1/3 de los españoles), también unas dotaciones de capital humano y tecnológico cada vez más próximas a las españolas que auguran un crecimiento de las presiones competitivas que ya se perciben. Las inversiones en educación, formación y actividades de I+D, así como las destinadas a afrontar nuestro formidable retraso en la adopción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, resultan esenciales.
La persistencia durante muchos años de una proporción de empleos temporales del 30% no tiene parangón en la UE y conlleva unos perjuicios graves para el crecimiento de la productividad. Cobra especial interés el programa comunitario de redes de transporte transeuropeas que debería prestar especial atención a la barrera pirenáica, ya que la nueva Europa se extenderá justo por el extremo opuesto.
¿Por qué lo hacen? Intereses particulares e ideología
El aspecto fundamental de por qué lo han hecho de esta manera es por sus intereses económicos directos, llenar sus bolsillos, como individuos, familias o grupos de amigos y por retomar el poder que piensan les corresponde por derecho histórico y divino y les había sido arrebatado por la democracia. Quieren romper, deshacer lo realizado en la democracia fundamentalmente durante los años socialdemócratas, también de los anteriores. Esta derecha con marcados rasgos franquistas no acepta fácilmente ni lo realizado durante la transición por el centro, del que muchos de ellos abominan. Es curioso cómo ellos lo vieron claro mientras algunas izquierdas todavía no se dan cuenta de lo que les habíamos quitado, recuperado y puesto a disposición general. En su forma de ser y pensar están más próximos a la extrema derecha gobernante en EE.UU. que a Europa. La política puesta en marcha para reducir el Estado se concretó en:
- Las privatizaciones, que implicaron repartir grupos empresariales de control o monopolio, entre ellos y grupos de amigos que posteriormente por favores y clientelísmo compartirán. Han vendido 47 empresas desde 1996, por 5 billones de ptas. (1,5 billones etapa PSOE), designando a amigos, compañero de pupitre es el título exigido o hijo/nieto de franquista, como presidentes, administradores o en definitiva como propietarios en cuanto a su valor de uso, porque serán ellos los que utilicen el poder económico y social que comportan las grandes corporaciones, a pesar de no ser los propietarios de las acciones, de las que en algunos casos no llegan a tener más que un 1% de las mismas. Intervencionismo puro anti-liberal.
- Reducir los impuestos, favoreciendo a los más ricos, era posible si se reducía el aparato estatal y gastos sociales. Aumentan los indirectos y tasas que gravan consumo. Es una regresión fiscal, además son más altos los del IRPF que los que gravan rentas de capital o sociedades, de ahí la creación de empresas tapaderas por los ministros. La idea de bajar impuestos se extiende y cala en amplios sectores de población, incluidos los de menores ingresos y pensionistas, por lo sugerente que es decir a la gente que va a pagar menos. Debate pendiente ya que el Estado de Bienestar los necesita para funcionar y son una de las variables que permiten redistribuir la riqueza social. En el IRPF de 1999, la segunda reforma fiscal, declaraban más de 192.000 pesetas menos de 18.000 españoles. No existe la inspección fiscal, claro. En El País del 12-09-03, un artículo de Zenón J. Ridruejo y Julio López (¿Quién se ha beneficiado de la reforma del IRPF?) basado en datos de la reforma de la ley 40/l998, correspondiente a 1999, resalta que los grupos de mayor renta incrementan su participación en la misma, concentran más poder, aportan menos impuestos que el año anterior y soportan las más significativas rebajas.
- La reducción de gastos sociales y servicios públicos supone menos gastos y además permite pingües negocios privados en los nichos abandonados por lo público. En sanidad aumentan las clínicas privadas tipo americano, han hecho un primer intento de privatizar con las fundaciones hospitalarias públicas. En educación aumentan colegios y universidades privadas, la seguridad se la pagará el que tenga dinero. Reducen múltiples servicios estatales, por ejemplo la ayuda marítima, como demostró el caso Prestige, utilizando barcos europeos, siendo España el país con más kilómetros de costa de Europa. Ahora estudian qué privatizar de las fuerzas armadas.
- Desprecio por la tecnología y enormes inversiones en construcción, reportan beneficios inmediatos a constructoras e inmobiliarias, financian al PP e indirectamente vía préstamos beneficia a la banca, además dan imagen de arreglar el paro y el aspecto de gran desarrollo económico de forma inmediata, importante para aumentar su adhesión de votos populares. El sector construcción acumula la mitad del total capital invertido en España en los últimos 10 años, lo cual ha privado de ingentes inversiones a otros sectores más productivos y modernos, generando un gran problema para crecer en el futuro, además de causar la burbuja inmobiliaria que deja fuera del mercado de vivienda a los jóvenes. Abandonar la tecnología y la ciencia tiene que ver con la defensa del corto plazo como prioridad y su desprecio por el futuro, y por el esfuerzo necesario para comprender lo nuevo, lo cual está influido por su religiosidad. Escribe Joaquín Estefanía:
España está a la cola de Europa en inversión en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) y en el uso de las TIC... se cuente como se cuente, población usuaria de Internet, seguridad en Red, infraestructuras, Internet en la empresa, banda ancha, gasto público, entorno innovador, etc. España está en los últimos lugares de los países europeos. Sólo Grecia tiene un índice de penetración de la sociedad de la información peor... (El País, 22/9/2003)
- El déficit cero es su religión, del que ni los ultras estadounidenses mantienen la consigna. Recuerden los lectores la salvaje campaña de denuncia de la deuda de TVE en la etapa PSOE, que era de 1.587 millones de € en 1996, y hoy es de 6.200 millones, parecería como si el déficit no afectara a sus gastos particulares. Dice Emilio Ontiveros:
En realidad, la relación entre la productividad del trabajo en España y en la UE en 2002 era la más baja desde 1975, con descensos particularmente importantes desde 1995”... “La razón de esa pobre eficiencia... hay que buscarla en nuestro patrón de crecimiento. No hemos aprovechado suficientemente los extraordinarios impulsos de que ha gozado nuestra economía en estos años: unos precios del capital y del trabajo ciertamente favorables y una cantidades de los mismos prácticamente exentas de restricciones. No lo ha hecho en particular la inversión pública... La relación entre la formación bruta de capital fijo pública y el PIB no ha dejado de descender desde 1995
La obsesiva aversión al déficit público, haciendo abstracción de las necesidades de inversión, de la posición cíclica y de los costes del endeudamiento, se asemeja a la de aquellos personajes del pasado que, ufanándose de no haberse endeudado jamás, mantenían a sus familias o a sus empresas lejos de las mínimas facilidades técnicas, capaces de mejorar la capacidad de producción y en definitiva, el bienestar. La incomprensión de actitudes tales, de sacrificio del bienestar futuro, es tanto mayor cuanto más accesible y barato es el endeudamiento... Que voluntariamente hayamos renunciado a compatibilizar la sana conducción de las finanzas públicas con la necesaria aceleración del fortalecimiento de nuestro stock de capital, no es fácil de explicar, si no es en el arraigo de supersticiones... (El País, 3-7-2003)
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son? Política y comportamiento del PP
Los elementos principales de su cuerpo ideológico/político son el ultraliberalismo, la religiosidad fundamentalista y su ultranacionalismo. Rasgos que explican la sintonía con Bush y que los separan de la derecha europea. Los jóvenes halcones que ocuparon el poder del PP excitados con la caída del comunismo pensaron que si sus mayores hubieran resistido un poco más, sin concesiones a la socialdemocracia, ahora todo sería suyo. Su cuerpo doctrinal está sin elaborar, pero no su ideología. Sin ideas claras teorizadas, empiezan a fabricarlas en la fundación FAES. Actualmente son una amalgama de grupos e intereses con postulados diferentes, que en ocasiones para aparentar mayor intelectualidad se apoyan en citas de Hayek, economista ultraliberal, del que toman su crítica a la justicia social o su teoría de que el Estado no debe tener contenido social o redistributivo, además defiende su adelgazamiento, y critica la Seguridad Social. Pero no toman su acerba crítica al intervencionismo.
- Religiosidad extrema y fundamentalista. Se creen elegidos de Dios y desprecian la doctrina social y de ayuda a la familia del cristianismo, utilizan religión e Iglesia como cemento de unión y captación de apoyo popular. El Gobierno es influido por el Opus Dei y por “los legionarios de Cristo”, a los que pertenecen ministros, altos cargos y familiares de los mismos. Son guerreros de la religión, más papistas que el Papa, recordad las posturas contra la guerra de la Iglesia y del Papa y los comentarios despectivos de Aznar, insultando a todos aquellos que estuvieron en contra de la guerra. La religión ha vuelto a ocupar lugar principal en los colegios y la sociedad, al igual que sucede con los fundamentalistas estadounidenses, y la Iglesia recibe prestaciones económicas de todo tipo, incluida la de que las asociaciones dependientes de la Iglesia no rindan cuentas. La religión, siempre contra la ciencia y la tecnología, por lo que el Gobierno será líder en campañas para que la ONU y la UE prohiban de forma global la clonación terapéutica, por supuesto con los insultos adecuados acusando de irresponsables a quienes lo apoyen. Devolvamos su sitio a Dios dice Nueva Revista, la publicación bandera del PP.
- Ultranacionalistas, de lo más rancio de la historia. Los insultos de Aznar juvenil a la Constitución porque iba a desarticular España, se han convertido hoy en el secuestro de la misma con igual retahíla. Odian los nacionalismos periféricos y algunas de sus opiniones y textos justifican la guerra si fuere necesaria. Se apoyan en Felipe II, Isabel la Católica y actualmente su Fundación FAES, creada para generar pensamiento derechoso, tiene el encargo de desarrollar este aspecto, revisando la historia. Como en tiempos de Franco ellos conceden los carnet de españoles, o de antiespañoles a los que no les secunden. En su programa electoral de 1996 proponían reformar el Senado y potenciar la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos con participación de las CC.AA.; pactaron en la primera legislatura con PNV, CiU. Ellos pueden hacerlo, nadie más, o será expulsado a las tinieblas. Quieren romper el esqueleto de España gritará Aznar, ante la propuesta del PSOE sobre la justicia última instancia en las CC.AA., aunque el artículo 152 de la Constitución diga que “las instancias procesales se agotarán ante los órganos judiciales radicados en el territorio de las CC.AA.” y a pesar de que se derrumbe con la acumulación de más de 2 millones de casos, nadie puede ni discutirlo.
- Patrimonialización de España, se sirven de las instituciones para sus fines. Si Dios los ha elegido y además son los únicos españoles de bien, el corolario lógico es creer todo el país como suyo. Mezclan y utilizan las políticas de gobierno para defender sus intereses particulares. Las privatizaciones son ejemplo de libro. Las ayudas europeas sólo para los cercanos, la política económica pensada sólo para el corto plazo, forrarse y correr. Aguirre y la estación del AVE a su servicio hubiera provocado una cadena de dimisiones. Ella misma, ministra de Cultura, paraliza la tramitación de su finca La Granjilla, anexa al Monasterio del Escorial creada por Felipe II. Pilar del Castillo y marido con desvíos de fondos para evitar a Hacienda, Piqué con su empresa para no pagar impuestos. Gescartera evapora 18.000 millones sin control de la CNMV, dependiente de Rato, con implicaciones de bancos, Iglesia, Guardia Civil, la Armada, empresas públicas, policía, ONG’s, la ONCE. Amplias relaciones entre altos cargos y empresas constructoras aunque pocas llegan a los juzgados, el fiscal general paraliza todas las investigaciones que puede, por ejemplo a Piqué. Nunca en España un gobierno creó un grupo mediático puesto a su servicio, lo cual además muestra su feroz intervencionismo.
- Separatistas de la Europa laica y tolerante. Este es un rasgo importante que baña o explica otros comportamientos. Se apartan del talante democrático europeo, de su laicidad, de su tolerancia, de su forma de hacer y concebir la política y las instituciones estatales, lugares de encuentro y debate, se alejan de la interpretación legal internacional de la concepción de política y defensa común, se alejan de la convergencia social, de la tecnológica, de la convergencia política, rechazan la constitución. La famosa carta-proclama durante la guerra de Irak era una declaración de principios al respecto y mostró su política de distanciamiento y desprecio por los aliados de la UE, después de la guerra la soledad política y personal en todos los foros europeos fue clamorosa. Aznar insiste en incluir el cristianismo en la constitución, rechazado siempre por Chirac. En la última cumbre constitucional europea ha oficializado su aislamiento, incluso de Berlusconi y Blair. La televisión es un gran arma para ellos, de la que ahora la UE les exige el fin del aval ilimitado de TVE, por lo que tendrán que arreglar los 6.200 millones €.
- Intolerantes, pendencieros y violentos. Lo que dice el jefe va a misa, no hay sitio para las discrepancias internas, no se discute nunca, de nada, ni dentro del partido, ni fuera en el Parlamento al que no se llevan ni las leyes, ni en la televisión, ni en la prensa, ni con los presidentes autonómicos, nada. Ellos no debaten de nada, solo descalifican a los que tienen opiniones diferentes. Disfrutan con la bronca y son guerreros peligrosos, capaces de llegar al límite del sistema en su campaña de derribo a Felipe González, como reconoció Ansón, capaces hasta de crear un conflicto internacional que perjudicó gravemente las relaciones internacionales con un vecino por un islote sin valor como Perejil. Capaces de meternos en una guerra ilegal, sin declarar, sin pasar siquiera por el Parlamento. No pasemos de largo en cómo la violencia se extiende en calles, plazas, bares con insultos y amenazas a alcaldes, parlamentarios o militantes de izquierda, desde la gente común, base social pepera. Escandalosos, prepotentes, chulos, chapuceros, con sus gritos tratan de aplastar al contrario y esconder su ignorancia y falta de argumentos, desvían la atención de su incapacidad para afrontar problemas colectivos. Luis Grandes, Cascos, antes Arias-Salgado, con su colección de desastres (todavía no ha terminado el Ave). Los videos de intervenciones parlamentarias, los aplausos cuando Aznar defendió la guerra, o los de la comisión de investigación en Madrid deberían pasarse por las escuelas para ver los rasgos en los acusadores peperos y en Romero de Tejada. Reformas ministeriales enfrentadas a todos, el decretazo-huelga general, Aguirre y la reforma universitaria contra todos los sectores, contra todos los rectores, a los que insultaban con los medios de propaganda. Añadir intervenciones de los portavoces, Cortés, el que amenazaba en tono coloquial, o Pío Cabanillas el insultador oficial.
- Falangistas, extremoderechistas, rancios, carcas. No conservadores. No conservan lo existente, ni se apoyan en ello para construir, igual da la sanidad y educación que se encontraron o la alianza antiterrorista, como la política exterior, consensuadas entre todas las fuerzas, incluidas derecha y centro, desde hace 25 años. Les gusta la autarquía, el aislamiento, la prepotencia de imperio franquista, imperio vacío que sueña con ser importante. De todas las interpretaciones posibles siempre escogen la más rancia, la más cercana al franquismo, con el que se sienten identificados y del que se consideran nietos deudores. Las encuestas del Instituto Opina sobre los seguidores del PP con escala de 1 extrema izquierda a 7 extrema derecha, los muestra en el año 2000 en 4,97 mientras en primavera de 2003 se reconocen como 5,28, ellos mismos se reconocen más a la derecha cuando más problemas había, conflictividad estudiantil, huelga general, Prestige, guerra de Irak. Campañas municipales contra el frente popular, los comunistas y la desunión de España. Comenzar el curso político en Quintanilla de Onésimo (Redondo) es un mensaje claro a un sector del partido que transmite el presidente, falangista en su juventud con opiniones contra la Constitución firmadas en1978-79 y un estatus de caudillo endiosado y hermético. La carta del presidente del PP de Nueva York (10-04-3) , ¡qué será en los pueblos profundos!, llamó la atención por xenófoba y la despedida “Por España, por su unidad y por su grandeza”. Siguen financiando la Fundación F. Franco para difundir el fascismo del individuo que más españoles ha matado.
- Dicotómicos, extremistas, La idea de ‘estás conmigo o contra mí’ la han formulado todos los dictadores del mundo, acompañada por campañas y persecuciones a los diferentes. España tiene buenos representantes de esa forma de proceder excluyente desde los reyes Católicos, Felipe II, hasta llegar a Franco. Ahora Aznar, quien a primeros de septiembre de 2002 proclamará en el Congreso, que todo aquel que no esté de acuerdo en apoyar la guerra contra Irak está a favor del terrorismo. Según su esquema mental, acusó de terroristas a múltiples países, a la ONU, organismos internacionales, Jacques Chirac, presidente de Francia o Shlomo Ben Ami, ex ministro de Exteriores de Israel o Jimmy Carter, expresidente de EEUU, quien escribía Irak no representa actualmente ningún peligro para EE.UU., incluso a la Iglesia Católica y al Papa que se opusieron, y por descontado a todos los manifestantes. Excluyentes, simplistas, intransigentes, mentirosos, Aznar, declaraba en el Forum ABC, en el Ritz el día 12 de septiembre de 2002 que si me dan a elegir entre Bush o Sadam, elijo a Bush para justificar su apoyo incondicional a la guerra contra Irak, en la cual ha mentido constantemente cuando las razones para atacar nunca fueron las armas de destrucción masiva ni la lucha antiterrorista. Anuncian la subida de pensiones como concesión del Gobierno, cuando forma parte de los acuerdos del Pacto de Toledo suscrito por todos los partidos parlamentarios en 1995. Secuestran los datos oficiales de los departamentos estatales, hay un apagón informativo en la publicación de datos en Economía, Fomento, Hacienda. Una vez más se inspiran en Bush, primer gobierno estadounidense que prohibió la utilización de archivos presidenciales. Leyes de extranjería no pactadas pero reformadas en 4 ocasiones, leyes sobre la enseñanza o sobre los partidos políticos para excluir, o programas contra la delincuencia callejera, o las medidas antiterroristas, en todos los casos el Gobierno y sus voceros utilizan la frase “no hay otra salida, es la única alternativa posible” cuando la vida enseña que discutiendo aparece siempre más de una alternativa.
-No respetan las leyes. No respetan la democracia. Reinventan el delito político, incorporando un articulado en el Código Penal para meter en la cárcel a Ibarreche o Maragall, que no discute el Parlamento, ni las instituciones judiciales, y que se añade dentro de otra ley que en esos momentos están votando en el Senado. Ilustrativo Montoro gritándole al PSOE por sus ansias de poder, ansias que ellos no tienen, por supuesto, al proponer las agencias tributarias, al margen de que sea bueno o malo, al menos sería discutible. Las elecciones en la Comunidad de Madrid son una lección, es muy grave comprar diputados y cambiar el sentido del voto. Para ellos, las leyes y la Constitución solo están a su servicio, demonizan a todos aquellos que opinan diferente. En las elecciones catalanas criminalizaron al pacto tripartito. Desprecian al pueblo. Lamentables declaraciones de la ministra de Sanidad sobre las muertes por calor del verano, en las que decía “nadie ha llamado al ministerio para quejarse”. Otra, por muertes en accidentes de tráfico en un puente, producidas por la abundante circulación, o las de las nevadas que paralizan todo tipo de transporte, o aquella sobre las viviendas que suben mucho porque las compran. Y lo del Prestige insistiendo en que no pasa nada, mientras estaban cazando, y las vacas locas y el caso de las subvenciones del lino. El caso de Rato es representativo de este desprecio, aparecen préstamos a su familia por el banco HSBC, implicado en la estafa Gescartera, aparecen indicios de delitos, ocultamiento y blanqueo en dicho banco, se intentan tapar, hasta que no queda más remedio que abrirle un expediente. El 28/11/2001 en el Congreso Rato dirá que las cuentas cumplen legalmente; al año justo de decirlo multarán a HSBC con 2,1 millones de € por existir 138 cuentas opacas, alguna de Rato. Y del que se está forrando con las comisiones de todo tipo, ningún periódico habla nada.
Conclusiones. No a la derechona gobernando y decidiendo nuestro futuro
Sectores izquierdistas insisten desde que yo era joven en que estamos perdiendo y que vivimos peor, por lo cual, dado el tiempo transcurrido, 30 años, ya nos debería haber desaparecido todo. Me pregunto, ¿pero si siempre nos quitan, desde dónde veníamos estando mejor? Aquellos que insisten, quizás sin darse cuenta, nos llevan al franquismo como etapa granero. No lo comparto y pregunto: ¿cuál fue la coyuntura buena en que se llenaron las arcas que ahora nos están vaciando? Con la democracia todos los españoles mejoraron su situación, pero para más de la mitad de ellos lo conseguido fue una revolución en sus vidas, entre los que están los derrotados de la República y postguerra, destrozados durante décadas.
El problema es olvidar que el franquismo fue una etapa negra, corrupta como ninguna, triste, despiadada y represiva para millones de personas que pasaban hambre incluso al final de la misma. En 1977 un tercio de viviendas no tenía agua ni WC, pensar en el millón de inmigrantes venidos a Madrid, desde el 60 al 75, el millón de Cataluña, medio millón a Valencia o 350.000 a Euskadi, procedentes de pueblos en cuyas casas no tenían agua, había que ir a la fuente por ella, carecían de electricidad en un 25%, en sus calles sólo había barro, más de un 60% sin alcantarillado, lavando en arroyos y lavaderos, con agua fría, claro, cuyos hijos no podían estudiar y su destino sólo era el de obreros, cuatro millones de analfabetos, dos millones de niños sin escuela, ¡en el 77! Gentes, aún franquistas, que recordaban cómo los viejos morían sin asistencia, nadie conocía la sanidad, ni la educación, ni que los mayores viajaran, que los parados cobraran... esto se puede alargar mucho más, porque mucho más grande fue y comenzó a mejorar con los ayuntamientos democráticos y los barrios que rodean las grandes ciudades a comienzos de los ochenta empiezan a ser otra sociedad. Ésta fue una de las razones principales que explican el frenazo de las luchas en esa época. Muchos conseguían por fin sus sueños.
Algunos tenían otras perspectivas de sociedad, por tanto no se reconocen en el modelo actual, y es que actores de primera línea durante el franquismo y la transición, que con su esfuerzo contribuyeron a los cambios sociales, han terminado creyendo que la sociedad actual la fabricaron estos otros o que fue conseguida por el Rey y unos cuantos franquistas. Pero eso está muy lejos de la realidad. Sin los antifranquistas de todo tipo, desde la extrema izquierda hasta los demócratas, hubiera sido imposible llegar, torciendo voluntades de millones de franquistas que no querían. La España democrática es el resultado de muchas fuerzas que dan como resultante la sociedad actual, que podría no ser la ideal, pero que no es la franquista, ni la de la apertura de afines al Régimen. Hay izquierdistas que se avergüenzan de aceptar como muy positivo lo conseguido y no reconocen haber contribuido a crearlo, no quieren responsabilizarse del gran salto adelante producido en la mejora de las condiciones de vida de millones de españoles y que en la década del 85/95 se creara el Estado de Bienestar que cubre a toda la población, por primera vez en la historia. Rechazar lo logrado es estar ciegos políticamente.
La idea "todos son iguales" se muestra como una gran mentira, idea ampliamente extendida por el pensamiento reaccionario que pretende paralizar los esfuerzos de análisis y crítica social, económica o política. No, efectivamente no todos son iguales, la derechona está haciendo una gigantesca remodelación de la sociedad construida después del franquismo. Nos lo están quitando sin oponernos. Vuelven las sensaciones de juventud, nos quieren echar de este lugar y tiempo, quieren quitarnos hasta la memoria y robarnos algo que es nuestro.
14 de enero de 2004
La desconvergencia social de España con la Europa social
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.
Características del Estado del Bienestar español.
El Estado del Bienestar español se caracteriza por su escaso desarrollo, siendo uno de los más retrasados en la UE. Si consideramos, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación y servicios de ayuda a las familias, incluyendo escuelas de infancia, servicios domiciliarios, residencias de ancianos y centros de día, entre otros) vemos que en España sólo un 5.8% de la población adulta trabaja en tales servicios públicos comparado con un 11.8% de promedio en la UE-15 y un 20% en Suecia, el país europeo que tiene los servicios públicos más desarrollados de Europa. Hay por lo tanto poca gente trabajando en el Estado del Bienestar español consecuencia de su escaso desarrollo.
Igual retraso aparece cuando utilizamos como indicador del desarrollo del Estado del Bienestar, el gasto público en protección social (que incluye las pensiones y otras transferencias públicas sociales además de los servicios del Estado del Bienestar referidos en el párrafo anterior) como porcentaje del PIB. El año 2000 (el último año en el que tenemos cifras comparables con el resto de la UE-15) el gasto público en protección social en España fue sólo 20.1% del PIB, comparado con 27.3% del PIB, el promedio de la UE-15, y con 32.3% del PIB en Suecia. España fue en aquel año el país con el gasto público en protección social (como porcentaje del PIB) más bajo de la UE, después de Irlanda. (ver cuadro 1).
Segunda característica: La desconvergencia de España con la Europa Social (UE-15)
La segunda característica del Estado del Bienestar español es que, el gasto público en protección social como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993, pasando de representar el 24.0% del PIB en aquel año al 20.1% del PIB en el año 2000, un descenso de 3.9 puntos, comparado con un descenso de sólo 1.5 puntos en el caso de la UE-15 (que pasó de ser 28.8% en 1993 a un 27.3% en el año 2000). (ver cuadro 1). Cuando estos datos se publicaron a principios de Septiembre (ver Navarro, V. y Quiroga, A. “La Protección Social en España y su desconvergencia con la Unión Europea” www.vnavarro.org) el gobierno conservador español respondió a través del Ministro de Economía y Hacienda, Sr. Rato, y del Ministro de Trabajo y Portavoz del gobierno, Sr. Zaplana. El Sr. Rato presentó este descenso como indicador del éxito de las políticas de creación de empleo del gobierno, atribuyendo el descenso del gasto público en protección social a la reducción del paro y por lo tanto de la reducción de las prestaciones por desempleo, un capítulo del gasto público en protección social. Tal argumento, ignora, sin embargo, dos hechos de gran importancia: uno es que el descenso durante el periodo 1993-2000 del gasto público en protección social ha sido mayor (3.9 puntos) que el descenso de gasto público atribuible al descenso del gasto en prestaciones por desempleo (2.7 puntos). El otro hecho es que el descenso del gasto público (medido como porcentaje del PIB) ha ocurrido en todos los capítulos de la protección social y no sólo en el capítulo de desempleo. Así, en realidad, el gasto público en sanidad pasó de representar el 6.6% del PIB en 1993 al 5.8% del PIB en el año 2000; en pensiones de vejez descendió del 8.4% del PIB en 1993 al 8.3% del PIB en el año 2000; en pensiones de invalidez descendió de 1.7% del PIB en 1993 a 1.5% del PIB en el año 2000; y así, un largo etcétera. No puede, por lo tanto, considerarse el descenso del gasto en prestaciones debido al paro responsable del gran descenso del gasto público social (como porcentaje del PIB).
El Sr. Zaplana respondió indicando que el descenso del gasto público en protección social como porcentaje del PIB era resultado de las políticas económicas del gobierno español que habían estimulado un gran crecimiento económico (mayor que el promedio de la UE), con lo cual, aun habiendo crecido el gasto en protección social (tanto en términos globales como por habitante) durante el periodo 1996-2000, periodo de gobierno conservador, el porcentaje de este último sobre el primero había descendido, al crecer el PIB más rápidamente que el gasto social. Ahora bien, lo que el Sr. Zaplana no citaba es que, tal como muestra nuestro informe La Protección Social en España y su Desconvergencia con la Unión Europea el gasto público en protección social del promedio de la UE-15, mucho más alto que el español, ha crecido más rápidamente que el español (ver cuadro 2) con lo que el déficit en gasto público en protección social que España tiene con el promedio de la UE-15 ha ido aumentando durante todo el periodo 1993-2000 incluyendo el periodo 1996-2000. Así la diferencia de gasto público en protección social por habitante entre el promedio de la UE-15 y España fue el año 1993 de 1.619 unidades de poder de compra (upc, el valor monetario estandarizado que permite homologar el poder de compra de la moneda en países de distinta capacidad adquisitiva), valor que resulta de sustraer tal gasto en España en el año 1993 (3.049 upc) del valor del promedio de la UE-15 (4.668 upc) en el mismo año. Esta diferencia aumentó a 2.442 upc (nada menos que un 52% de incremento del déficit por habitante) en el año 2000, cuando los valores para España y para el promedio de la UE fueron 3.713 upc y 6.155 upc respectivamente. (ver cuadros 2 y 3). Lo que el gobierno español ignora en su actitud excesivamente complaciente es que la España social, además de estar poco desarrollada, con un gasto público social bajo, está creciendo más lentamente que el resto del promedio de la UE. Mientras que España gastó en protección social 664 upc más por habitante (3.713 - 3.049 en el año 2000 que en el año 1993), el promedio de la UE aumentó su gasto durante el mismo periodo en 1.487 upc (6.155 - 4.668), más del doble que en España. (Ver cuadro 4).
¿Cuáles son las causas de este crecimiento del déficit social?
Las causas son primordialmente dos. Una es el enorme déficit de gasto público social que la democracia española heredó de la dictadura franquista que se caracterizó, además de ser enormemente represiva, por tener muy escasa sensibilidad social. Cuando el dictador murió, España se gastaba sólo un 14% del PIB en protección social, cuando el promedio de los países que constituyeron más tarde la UE-15 era ya de un 22% del PIB. La democracia permitió la expresión de los deseos populares entre los cuales está siempre en situación prioritaria el de aumentar el gasto público social. Tal gasto aumentó considerablemente y sobretodo durante los años de gobierno socialdemócrata alcanzando su máximo en el año 1993 cuando el gasto público en protección social como porcentaje del PIB fue un 24%, casi 5 puntos por debajo del promedio de la UE, 28.8%. A partir de entonces, sin embargo, el déficit de gasto público en protección social con Europa (como porcentaje del PIB) aumentó de nuevo, habiendo disminuido a 20.1% en el año 2001, y estimándose (provisionalmente) que ha continuado bajando a 19.8% del PIB en el año 2001, y 19.2% del PIB en el año 2002, mientras que el promedio de la UE continúa manteniéndose alrededor del 27% del PIB con lo cual, el déficit social de España con la UE es probable que sea este año 2003 ya casi el doble del existente en el año 1993.
Es importante señalar que mientras el gasto público social descendió como porcentaje del PIB durante aquel periodo 1993-2000 (y ha continuado descendiendo) los ingresos al Estado (también medidos como porcentaje del PIB) han ido aumentando (y ello como resultado del aumento de los impuestos, sobretodo los indirectos) pasando de representar un 38.1% del PIB en 1993 a un 39.9% del PIB en el año 2000 (en el promedio de la UE aumentó durante el mismo periodo de 44.1% a un 46.4%). (Ver cuadro 5). Este aumento de los ingresos al Estado no fue sin embargo destinado a corregir el gran déficit social con la Europa Social (que continuó aumentando) sino que se destinó a eliminar el déficit del presupuesto del Estado, corrigiéndose el equilibrio presupuestario (el más bajo de la UE) a costa del aumento del déficit social (el más alto de la UE), realidad que ha sido silenciada hasta muy recientemente por los medios de información y persuasión en España, la gran mayoría de los cuales están controlados por fuerzas conservadoras. Lo que estos datos dicen es que nuestros centros sanitarios, nuestros servicios de atención a la familia y a sus miembros, nuestra vivienda social, nuestras pensiones y nuestras ayudas a las familias junto con otras transferencias están recibiendo cada vez menos fondos que sus contrapartes en la UE, habiéndose conseguido el equilibrio presupuestario del Estado español a su costa.
Análisis detallado de la desconvergencia social, capítulo por capítulo del Estado del Bienestar Español
1. Sanidad
Tal como señalé anteriormente el gasto sanitario público (como porcentaje del PIB) ha disminuido, pasando de representar un 6.6% del PIB en 1993 a un 5.8% del PIB en el año 2000, un descenso mayor que el promedio de la UE que pasó de representar un 7.5% del PIB en 1993 a un 7.2% del PIB en el año 2000. (ver cuadro 6). En Suecia, por cierto, pasó de representar un 8.7% del PIB a un 8.6% del PIB. El gasto sanitario público (como porcentaje del PIB) es el más bajo de la UE, situación que es todavía más preocupante cuando consideramos que, resultado del enorme poder de la industria farmacéutica en España, el 20% del gasto público sanitario se dedica a farmacia, con lo que el gasto sanitario público no farmacéutico es el 4.64% del PIB, con mucho, el más bajo de la UE.
La segunda característica de la evolución del gasto sanitario público en relación con el promedio de la UE es que, aquí de nuevo, vemos cómo el déficit de gasto sanitario público por habitante de España con el promedio de la UE ha aumentado durante el periodo 1993-2000 (último periodo en el que tenemos datos comparativos en la UE), pasando de ser 381 upc a 547 upc, un aumento del déficit de gasto sanitario público por habitante del 42%. (ver cuadro 7). En el año 1993 España se gastó 839 upc y la UE 1.220 upc (Suecia, por cierto, se gastó aquel año 1.404 upc); en el año 2000 España se gastó 1.068 upc, 229 upc más que en el año 1993, mientras que la UE se gastó 1.615 upc, 395 upc más que en el año 1993 (Suecia se gastó 1.955 upc, 551 upc más que en 1993). (Ver cuadro 8). España es el país que tiene el gasto sanitario público por habitante más bajo (después de Grecia y Portugal) y es de los países que tienen un crecimiento menor de tal gasto en la UE.
Las consecuencias de esta situación son múltiples. Una de ellas es, por ejemplo, el porcentaje muy elevado (78%) de usuarios que consideran que el tiempo de visita al médico de atención primaria (el nivel de atención sanitaria más utilizado por la población) es insuficiente. Y ello como resultado del elevado número de ciudadanos asignados al médico de atención primaria. (El porcentaje promedio de usuarios que se quejan por falta de tiempo en la UE es de 48%). Otra consecuencia del bajo gasto público sanitario es la falta de confort en las instituciones públicas sanitarias, con elevado número de camas por habitación hospitalaria. Hay habitaciones en muchos hospitales de España con hasta 6 camas por habitación. La práctica común en los hospitales privados es el de tener una cama por habitación.
Este bajo gasto público sanitario conlleva una gran extensión de la medicina privada, reproduciéndose una polarización social en la que, por lo general, la burguesía, pequeña burguesía y clases medias de renta alta utilizan los servicios médicos privados, mientras que las clases medias de renta media y baja y la clase trabajadora utilizan la sanidad pública. Esta polarización social hace que nuestro sistema sanitario sea más semejante a los sistemas sanitarios existentes en la mayoría de países de Latino América, que a los sistemas sanitarios de la UE, los cuales se caracterizan por ser sistemas sanitarios universales que sirven tanto a las clases medias como a las clases populares, lo cual ha requerido un elevado gasto público sanitario para diseñar y sostener un sistema sanitario público en donde las clases medias (que tienen expectativas mayores que la clase trabajadora) se encuentren cómodas. En realidad, el modelo de los servicios públicos (incluyendo la sanidad pública) en Europa es resultado de la alianza de la clase trabajadora con las clases medias, alianza que no se ha establecido todavía en España, y ello como consecuencia de la gran influencia de las fuerzas conservadoras en la cultura política y mediática del país que han favorecido a los servicios privados sobre los públicos manteniendo un gasto público (incluyendo el gasto público sanitario) bajo, polarizando así a la sanidad (y a la sociedad) española.
Tal polarización social basada en el binomio medicina privada-medicina pública no favorece, sin embargo, a ninguno de los polos sociales, ni a la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de rentas altas (que utilizan la privada) ni a las clases populares (que utilizan la pública). Me explicaré. La medicina privada es, por lo general, mejor que la pública en elementos muy importantes como son la capacidad de elección, el trato personal y el confort de las instituciones privadas (por ejemplo, una cama por habitación). En cambio, la pública es mucho mejor que la privada en la calidad científica del personal y en la riqueza tecnológica, con lo cual, si el lector está enfermo de verdad le aconsejo vaya a la sanidad pública. Conocí a burgueses en Barcelona que estarían vivos si hubieran ido a la pública. Y se asombraría si le dijera los nombres. Lo que se necesita es un sistema único en el que todas las clases sociales se encuentren cómodas, con capacidad de elección, trato digno, y confort (una cama por habitación), con la calidad científica y riqueza tecnológica ya existentes. Para que esto ocurra, sin embargo, se necesita un gasto público sanitario mucho mayor, corrigiendo el déficit de gasto sanitario público existente.
Dentro de este déficit sanitario, uno que está especialmente acentuado es el de salud pública, que incluye también la salud laboral y ambiental así como la protección del consumidor, intervenciones que juegan un papel clave en configurar la calidad de vida de la ciudadanía. España es el país de la UE con mayores tasas de mortalidad laboral, mayores porcentajes de Sida, tuberculosis e ingestión de drogas, siendo también uno de los países de la UE con mayor número de intoxicaciones alimenticias, gastroenteritis y contaminación atmosférica y de ruidos. Esta situación responde primordialmente a dos causas: una de ellas es el sistema de prioridades dentro del sector sanitario, que ha dado gran énfasis a tener las últimas tecnologías (como centros de genoma) mientras hay partes sustanciales del país en que no es infrecuente encontrar casos de disentería, una enfermedad del tercer mundo. La otra causa de este subdesarrollo de la salud pública son los escasos recursos asignados a los municipios y escaso desarrollo del poder sancionador de los gobiernos municipales, que son las autoridades responsables de gran número de funciones salubristas.
2. Educación
La educación representa otro componente del Estado del Bienestar, además de la protección social, cuyo gasto público es también de los más bajos de la UE. El gasto público educativo español como porcentaje del PIB es 4.3%, más bajo que el promedio de la UE-15, 5.4% del PIB. El gasto público educativo por habitante es 927 upc, por debajo del promedio de la UE-15, 1.174 upc. El gasto público educativo por alumno es en primaria 3.180 upc y en secundaria 4.272 upc, de los dos más bajos de la UE-15; los promedios de gasto educativo por alumno por cada tipo de educación en la UE-15 son 3.923 upc y 5.660 upc respectivamente.
Las consecuencias de tal bajo gasto público educativo son múltiples pero una de ellas es que según los estudios realizados por el profesor Francesc Pedró (Catedrático de Educación en la Universidad Pompeu Fabra y una de las máximas autoridades académicas en educación en España. Pedró estandariza horas de clase por alumno por varias variables incluyendo número de profesores por hora lectiva, para así poder afinar el análisis) las horas lectivas por año por alumno en España, en la escuela secundaria, por ejemplo, es de 559 horas, menor que el promedio de la UE, 678 horas. Sumando este déficit horario, resulta que el estudiante español de secundaria al terminar sus estudios, ha tenido un año menos de educación que el estudiante promedio de secundaria de la UE (y dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda). No es de extrañar, por lo tanto, que según las encuestas de conocimiento académico entre estudiantes de la UE, el conocimiento de matemáticas, lenguas y comprensión de lectura de los jóvenes en España sea equivalente a los que tiene un estudiante promedio de un año menos en la UE. (Pedró, F. La qualitat de l’Ensenyament. Una perspectiva comparada).
Otra consecuencia del bajo gasto público educativo es la gran extensión de la escuela privada, la cual sirve, por lo general, a los niños y jóvenes procedentes de familias burguesas, pequeña burguesía y clases profesionales de renta media alta (que representan el 30% de la población) mientras que la pública sirve a los niños y jóvenes de las clases medias de renta media y media baja y a la clase trabajadora (que representan el 70% de la población). Las primeras tienen más recursos que las segundas pues suman los subsidios públicos a las aportaciones privadas. A pesar de que en teoría, estas escuelas privadas, llamadas concertadas, son también parte del sistema público – recibiendo subsidios públicos-, en la práctica no lo son pues no son gratuitas, seleccionan a los alumnos, discriminando a los hijos de los inmigrantes, que se concentran en las escuelas públicas, y no están integradas en el sistema público. Las escuelas privadas tienen también como ha mostrado el profesor Pedró una hora diaria como promedio más por alumno que la pública, con lo que el tiempo de horas lectivas en la privada es más próximo a la media de la UE-15, distanciándose así de la pública.
Es importante señalar que esta dicotomía escuela pública-escuela privada tampoco favorece a los jóvenes de las clases más pudientes, pues, aun cuando tienen mayores recursos que la pública, en términos comparativos, los recursos tanto en la pública como en la privada son bajos en España, lo cual explica que según los estudios comparativos de conocimiento académico (tales como TIMS) el conocimiento de idiomas, lenguas y matemáticas de jóvenes de 14 a 16 años, tanto de las escuelas públicas como privadas, están por debajo del promedio de la UE. A menor gasto público educativo mayor porcentaje de la población que utiliza la escuela privada, mayor fracaso escolar (el 34% en España, de los más altos de la UE) y menor conocimiento académico, tanto en la pública como en la privada. Suecia (el país que tiene mayor tradición socialdemócrata en Europa), que tiene mayor gasto público educativo, tiene menor porcentaje de niños y jóvenes que asisten a la privada, y menor porcentaje de fracaso escolar (sólo un 7%). Es también importante señalar que la polarización social en el sistema educativo no favorece tampoco a los niños y jóvenes de las clases más pudientes que van a la privada. Estudios recientes llevados a cabo en EEUU muestran que la falta de diversidad social en las aulas empobrece a los estudiantes al no estar expuestos a la diversidad social de su entorno, siendo gran parte del conocimiento adquirido poco representativo del conjunto de la sociedad, favoreciendo un excesivo proteccionismo que obstaculiza el desarrollo emotivo y psicológico del alumno. De ahí la gran importancia de establecer una escuela pública única para todas las clases sociales, en la tradición laica republicana, que considere la escuela pública como la institución básica de integración social en una sociedad. Éste fue el modelo que la República española intentó establecer en España (creando una enorme resistencia por parte de la Iglesia católica española que controlaba el sistema educativo) y que no se ha respetado en la democracia española actual, en donde incluso la Constitución reproduce esta polarización educativa en España en donde se hace referencia a los dos tipos de escuelas – pública y privada- a diferencia, por ejemplo, de la Constitución Francesa (siendo este dato, por cierto, un indicador más de lo incompleta que es nuestra democracia). Las reformas educativas del gobierno conservador español han acentuado todavía más esta polarización educativa en España.
Uno de los componentes del gasto público educativo en donde el déficit de gasto con la UE es también muy acentuado es el gasto en educación superior (predominantemente universitaria). El gasto público por alumno (equivalente a tiempo completo) es de 3.632 dólares (USA - corregidos mediante el ppc) comparado con 7.055 en la UE. Además de esta característica de bajo gasto público, el sistema de educación superior español se caracteriza por tener el gasto público en ayudas al estudiante más bajo de la UE, lo cual explica, entre otros factores, el porcentaje tan bajo de hijos de la clase trabajadora no cualificada que realiza estudios superiores (un 8%, uno de los más bajos de la UE) concentrándose éstos en las diplomaturas en lugar de las licenciaturas. Las políticas educativas del gobierno conservador que incluyen una reducción muy considerable de ayudas a los estudiantes dificultarán, todavía más, el acceso de hijos de familias trabajadoras a la Universidad española, como muy bien ha señalado jorge Calero, Catedrático de la Economía de la Educación de la Universidad de Barcelona (ver Calero, J. La Educación Superior en España. Financiación y Acceso. Revista de Educación, nº 330, 2003).
Servicios de ayuda a las familias
Los servicios públicos del Estado del Bienestar que están menos desarrollados en España son los servicios de ayuda a las familias como son por ejemplo las escuelas de infancia de 0 a 3 años, los servicios domiciliarios a las personas mayores y con discapacidades, las viviendas asistidas, los centros de día, las residencias de ancianos y la vivienda social, entre otros servicios. Este subdesarrollo persiste a pesar de la retórica del discurso oficial del país que coloca a la familia en el centro de la sociedad. Los datos, sin embargo, muestran que el Estado español es el más insensible a las familias en la UE-15. El contraste entre el discurso retórico oficial y la realidad, reflejada en las políticas públicas de apoyo a la familia no puede ser mayor. Veamos.
Escuelas de infancia
Sólo un 8% de niños españoles de 0 a 3 años asisten a escuelas públicas de infancia, comparada con un 40% en Suecia (donde, por cierto, tales escuelas están abiertas como promedio de 8 de la mañana a 8 de la noche), un 44% en Dinamarca, un 21% en Finlandia, todos ellos países de tradición socialdemócrata comprometidos con la igualdad de género, lo cual requiere la integración de la mujer al mercado de trabajo, integración facilitada por la existencia de una extensa red de escuelas de infancia de alta calidad. La existencia de tal red no es, sin embargo, exclusiva de los países de tradición socialdemócrata; países de tradición cristianodemócrata o conservadora tienen también porcentajes elevados de sus infantes en tales escuelas. En Francia, por ejemplo, el 23% y en Bélgica el 30% de infantes tienen acceso a tales escuelas públicas de infancia. Incluso Portugal, un país de escaso desarrollo social, tal porcentaje (12%) es mayor que en España, donde el porcentaje (8%) es el más bajo de la UE, situación que permanece cuando se analiza el grado de cobertura de tales escuelas por grupos etarios. Así sólo un 1.4% de niños de 1 año tienen acceso a las escuelas públicas de infancia (según normativas internacionales deberían ser un 20%), sólo un 8.5% de niños de 2 años (debería ser un 50%) y sólo un 16.1% de niños de 3 años (debería ser un 80%). Nosotros hemos calculado (ver Navarro, V. y Quiroga, A. Políticas Públicas para el bienestar de las familias en España. Temas para el Debate, nº 99, 2003) que hay un déficit de tales escuelas en España de 438.194 plazas, siendo España el país de la UE que tiene un déficit mayor de tales escuelas de infancia. El establecimiento de tales plazas crearía alrededor de 101.732 puestos de trabajo para profesionales docentes, que deberían estar especializados en este tipo de atención. Es sorprendente que se requiera en España una formación profesional para los trabajadores que cuidan animales en el zoo y no requieran, sin embargo, una formación especial para los profesionales que cuidan y educan a los infantes de 0 a 3 años, una labor mucho más compleja, útil y necesaria que la anterior (sin desmerecer la gran importancia que tal trabajo también tiene). En este aspecto es importante señalar que el valor de tales escuelas debería ser predominantemente educativo y no meramente de guardería. Existe una gran cantidad de evidencia de que los primeros años del niño son enormemente importantes en su desarrollo psicológico, emotivo y social. Y esta evidencia también señala la gran importancia de que el infante interactúe con otros infantes y con profesionales que le ayuden y estimulen en su crecimiento intelectual y emotivo. De ahí que sea un gran error la política pública del gobierno conservador que ha desregulado las escuelas de infancia facilitando su transformación en meras guarderías o aparcamiento para los infantes cuando sus padres trabajan. Los infantes y niños de nuestro país se merecen mejor atención que un aparcamiento.
Servicios domiciliarios
Aquí, de nuevo, encontramos un enorme retraso en el desarrollo de estos servicios. Sólo un 1.5% de la población por encima de los 65 años recibe algún tipo de atención domiciliaria (de un porcentaje de tres horas semanales de atención por persona discapacitada, una de las más bajas de la UE). De nuevo, son los países de tradición socialdemócrata los que tienen una cobertura mayor de este tipo de servicios (Suecia 30%, Dinamarca 20%, Finlandia 28%, con un tiempo de visita promedio semanal de 8-10 horas), y ello como resultado del compromiso citado anteriormente de facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo (además de facilitar la calidad de vida de las personas con discapacidades y el de ayudar a las familias). Pero, incluso países de tradición conservadora, cristianodemócrata o liberal tienen porcentajes mayores de cobertura (Francia 7%, Holanda 8%, Reino Unido 9%, etc.) que España (1.5%). Nosotros hemos calculado (ver Navarro, V. y Quiroga, A. op.cit) que hay un déficit de 205.614 plazas de atención domiciliaria, requiriendo la formación de 188.989 profesionales de atención domiciliaria, de nuevo, uno de los déficits mayores en la UE.
Consecuencias humanas, sociales y económicas del gran subdesarrollo de los servicios de ayuda a las familias
El abandono de las familias por parte del Estado español tiene costes humanos, sociales y económicos muy importantes. El humano queda reflejado en que, según una comisión gubernamental española (que tuve el privilegio de presidir) del año 1994, que estudió la salud y calidad de vida de los españoles, la persona que tiene más enfermedades debidas al estrés es la mujer de 35 a 55 años (la evidencia de tal tipo de enfermedades en la mujer de este grupo etario es tres veces mayor que el promedio de España), y ello como consecuencia de que es la familia, y muy en particular, la mujer española la que cubre las grandes insuficiencias del estado del bienestar español. La mujer española promedio cuida a los infantes, a los adolescentes y jóvenes que viven en casa hasta que tienen treinta años como promedio, a los ancianos y personas con discapacidades y, además, un 42% trabaja también en el mercado de trabajo. Como consecuencia de ello, entre las mujeres que cuidan a personas dependientes, el 32% están deprimidas, el 30% tienen la salud deteriorada, el 45% dejan de tener vacaciones, el 40% han dejado de frecuentar amistades y un largo etcétera de sufrimiento y dolor humano.
La insensibilidad del Estado español hacia las familias (y muy en particular hacia las mujeres) explica también que España tenga la fecundidad (número de nacimientos por mujer fértil) más baja de la UE, y ello como consecuencia de las enormes dificultades que las jóvenes tienen para conseguir la autonomía que les permita iniciar una familia. El alto grado de precariedad entre las mujeres de 16 a 30 años (62%), el alto desempleo (24%), la enorme escasez de viviendas de alquiler y sociales, y la falta de una red de escuelas de infancia y de servicios domiciliarios que les permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal explica que la mujer retrase formar una familia y cuando, por fin, la forma, tiene menos niños.
Pero la insensibilidad del Estado español hacia la mujer (acentuada todavía más en el gobierno conservador actual) tiene también un coste económico muy elevado. La ausencia de servicios de ayuda a las familias, dificulta enormemente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, siendo ello en parte responsable del bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo, 42%. Si tal porcentaje fuera el de Suecia (76%), España tendría 6 millones más de trabajadoras, pagando impuestos y cotizaciones sociales que, además de enriquecer al país y mejorar su calidad de vida, incrementaría los fondos del Estado, permitiendo mejorar sustancialmente el estado del bienestar español. Mientras, el escaso desarrollo de tales servicios de apoyo a las familias obstaculiza la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, siendo el porcentaje de mujeres con niños en el mercado de trabajo menor (40%) que el promedio de participación de las mujeres en el mercado de trabajo en España (42%), que es, a su vez, mucho menor que los porcentajes promedios de la UE, 59% (para las mujeres con hijos) y 64% (para todas las mujeres). Según encuestas recientes, el 32% de mujeres que no trabajan desearían trabajar pero no pueden hacerlo por falta de ayudas en sus responsabilidades familiares, otro 12% trabajaban pero han tenido que dejar de hacerlo como consecuencia de la falta de ayuda y otro 12% ha tenido que reducir las horas de trabajo por la misma causa. Estos datos y los datos del párrafo anterior cuestionan el dicho en los medios empresariales y económicos del país de que la economía española requiere 100.000 inmigrantes al año para cubrir un supuesto déficit de trabajadores. En realidad, España tiene una cantera enorme de trabajadores, las mujeres deseosas de trabajar (y cuyo grado de cualificación es, por lo general, mayor que el de los hombres) que no se están utilizando.
Transferencias sociales
Prestaciones para la vejez
Las prestaciones para la vejez son el capítulo más importante del gasto público en protección social en cualquier país e incluye como componente más importante las pensiones de vejez. En España tal gasto es 8.3% del PIB (en el año 2000, el último año para el cual hay datos comparables al nivel de la UE), de nuevo el más bajo de la UE, después de Irlanda y Portugal. (ver cuadro 9). El promedio de la UE es 10.9% del PIB. Este bajo gasto público en prestaciones para la vejez y en pensiones no puede justificarse en que España tuviera menos necesidad de tal gasto debido a tener un porcentaje menor de gente mayor. En realidad, el porcentaje de la población española por encima de 60 años sobre el total de la población es 21.6%, que es un porcentaje idéntico al promedio de la UE (21.6%). Tal déficit de gasto en prestaciones de vejez entre España y el promedio de la UE-15 (un 2.6% del PIB) se basa en el bajo gasto público en tales prestaciones a la vejez, gasto que, en términos porcentuales, ha ido descendiendo desde el año 1993, aumentándose así el déficit de tal gasto con el promedio de la UE desde aquel año. El cuadro 9 muestra como el gasto público en prestaciones para la vejez como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo, pasando de representar el 8.4% en el año 1993 a un 8.3% en el año 2000, mientras que el promedio de la UE ha ido subiendo durante este periodo pasando de 10.7% del PIB a un 10.9% del PIB en el año 2000; con lo cual el déficit de tal gasto de España con el promedio de la UE ha subido de 2.3% del PIB a 2.6% del PIB durante el periodo 1993-2000.
El cuadro 10 muestra la evolución del gasto público en prestaciones para la vejez por habitante durante el periodo 1993-2000 pudiéndose ver cómo este gasto ha crecido más rápidamente en el promedio de la UE (712 upc) que en España (451 upc), con lo cual el déficit de tal gasto de España con el promedio de la UE está incrementando en lugar de disminuir. En el año 1993, el gasto público en prestaciones para la vejez por habitante era en España 1.071 upc, 668 upc menos que el promedio de la UE, 1.739 upc. En el año 2000, el gasto público en prestaciones para la vejez en España fue de 1.522 upc, 929 upc menos que el promedio de la UE en aquel año, 2.451 upc. El déficit social de España en tal gasto público por habitante creció nada menos que un 39%, déficit todavía más acentuado si se considera que la población anciana está creciendo en España más rápidamente que el promedio de la UE-15. Tal déficit, por cierto, creció incluso más rápidamente durante el periodo 1996-2000 (gobierno PP) que durante el periodo 1993-1996 (gobierno PSOE).(Ver Navarro, V. y Quiroga, A. La protección social en España).
Todos estos datos muestran que las prestaciones para la vejez (que incluyen las pensiones de jubilación) son de las más bajas de la UE y que en lugar de que este déficit se esté corrigiendo, se está aumentando considerablemente.
Prestaciones por viudedad
Tales prestaciones son también de las más bajas de la UE. El gasto en estas prestaciones por habitante fue en el año 2000 de 153.2 upc comparado con 289 unidades en la UE-15. Este déficit con la UE-15 se ha ido agravando también durante la década de los años noventa habiendo subido de 106.9 unidades en 1993 (225.2 - 118.3) a 135.8 unidades en el año 2000 (289 - 153.2) y ello a pesar de que el número de viudas ha ido aumentando en España.
Cuando medimos el gasto en este tipo de prestaciones como porcentaje del PIB vemos que en España es muy bajo, 0.8% del PIB, comparado con un 1.3% del PIB en el promedio de la UE-15 y que ha ido descendiendo pasando de representar un 1% del PIB en 1994 a un 0.8% del PIB en el año 2000, mientras que el promedio de la UE se ha mantenido alrededor del 1.3% del PIB. Mírese como se mire, tales prestaciones son muy bajas en la UE y están disminuyendo en lugar de convergiendo con el gasto de prestaciones por viudedad promedio de la UE.
Prestaciones por invalidez
Tales prestaciones son también muy bajas en España. Representan el 1.5% del PIB, comparado con el 2.1% del PIB en la UE, habiendo también disminuido durante los años noventa (de 1.7% del PIB en 1993 a un 1.5% del PIB en el año 2000, mientras que el promedio de la UE se ha mantenido alrededor de un 2.2% del PIB). Tal déficit de gasto en protección por invalidez aparece incluso más acentuado cuando se analiza tal gasto por habitante, pasando de ser un déficit de 143.6 unidades (upc) en 1993 a 201.4 unidades en el año 2000.
Transferencias a las familias
La misma insensibilidad mostrada por el Estado español hacia las familias españolas que aparece en el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia, aparece también en las transferencias profamiliares – transferencias de fondos a las familias- también las más bajas de la UE. El gasto en ayudas a las familias por habitante es de 97.7 unidades (en el año 2000), una cantidad cinco veces menor que el promedio de la UE, 484 upc. Pero además de ser el gasto público profamiliar más bajo, aquí vemos también que es el que está creciendo desde 1993 más lentamente en la UE con lo que el déficit de gasto público profamiliar de España con la UE está creciendo, pasando de ser 291.5 unidades (345.7 en la UE menos 56 en España) en el año 1993 a 387.1 (484.8 en la UE menos 97.7 en España) en el año 2000.
A la luz de estos datos y del enorme subdesarrollo de los servicios profamilia en España, puede deducirse la enorme hipocresía de la estructura de poder del país (que constantemente habla de la familia como el centro de la sociedad) y su gran machismo (con espectacular insensibilidad hacia la mujer) y que queda reflejado en que España es el país de la UE con mayor insensibilidad a la familia (y a la mujer). Esta insensibilidad no queda corregida con las políticas del simbolismo, consistentes a tener más ministras o directoras generales que son mujeres (como ha ocurrido en los gobiernos PP) debido a que la representatividad de tales mujeres (de clase burguesa, pequeña burguesía o clase media profesional de renta media alta) es escasa, no teniendo la experiencia vivencial de la gran mayoría de mujeres en España que pertenecen a las clases populares y que son las que padecen las consecuencias del enorme subdesarrollo del estado del bienestar. La muy necesaria corrección de género en las estructuras de poder debería ir acompañada de una corrección de clase social, que es, por cierto, el tipo de discriminación más generalizada en las estructuras de nuestra democracia y a la vez la más silenciada.
Vivienda social
Una situación igualmente deficitaria en el gasto público de protección social es el de la vivienda social, un capítulo de gran relevancia para la población española (y muy en particular para la juventud) que lo señala – a través de las encuestas- cómo uno de los temas que más le preocupan. El gasto público en vivienda social por habitante es el más bajo de la UE (después de Italia y Portugal). En el año 2000 fue de 31.5 upc, 92.9 unidades menos que el promedio de la UE-15, 124.4 upc. Este déficit en el año 2000 fue superior al existente en el año 1993, 76.3 upc (89.7 upc en la UE menos 13.4 upc en España). Vemos pues aquí como, al igual que en los otros capítulos de GPPS, el gasto público es muy bajo y está creciendo más lentamente que el promedio de la UE-15 con lo que el déficit de gasto público en vivienda social de España con la UE-15 está también aumentando. Si tal gasto lo consideramos como porcentaje del PIB (0.2%), este gasto representa la tercera parte del promedio de gasto público en vivienda social (como porcentaje del PIB) del promedio de la UE (0.6%). De nuevo, España es el país que junto con Italia y Portugal dedica menos de sus recursos a la vivienda social.
Conclusiones
A lo largo de esta exposición hemos podido ver, capítulo por capítulo, que el gasto público, tanto en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como son la sanidad, educación y servicios de ayuda a las familias) como en la gran mayoría de transferencias de Estado del Bienestar (como son las pensiones de vejez, de viudedad y de invalidez así como las ayudas a las familias y a la vivienda social), es: 1) de los más bajos de la UE, cuando no el más bajo y 2) el que ha crecido más lentamente durante el periodo 1993-2000, con lo que el déficit de gasto público social (bien como porcentaje del PIB o como gasto público social por habitante) de España con el promedio de la UE ha ido aumentando. Y todos los datos disponibles parecen señalar que este déficit público social ha continuado aumentando durante el periodo 2000-2003.
Lo que estos datos quieren decir es que el gasto público en nuestros centros de atención primaria, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros servicios domiciliarios, en nuestras viviendas asistidas, en nuestras residencias de ancianos, en nuestras pensiones, en nuestras ayudas públicas a las familias y en nuestra vivienda social es (además de ser el más bajo o de los más bajos de la UE) cada vez menor en comparación con el gasto público para sus homólogos en el promedio de la UE. El equilibrio presupuestario del Estado español se ha ido corrigiendo a costa de aumentar de una manera muy notable el déficit de gasto público social con la UE, déficit que ha afectado negativamente la calidad de los servicios públicos (en relación a los servicios públicos de la UE) y el tamaño de las prestaciones a la ciudadanía y muy en particular a las clases populares. Es sorprendente que esta realidad no centre el debate político del país. En realidad, la existencia de este déficit apenas ha tenido visibilidad mediática o política en el país.
Causas para este silencio ensordecedor son muchas. Una de ellas es el dominio del pensamiento liberal que se ha reproducido, en ocasiones, en equipos económicos del mayor partido de la oposición. Este pensamiento ha dado gran prioridad a corregir a toda costa el déficit presupuestario cero, acompañado de la reducción de impuestos, y reducción del crecimiento del gasto público.
Tal proceso se inició ya en el año 1993 bajo la dirección del Ministro Solbes del gobierno del PSOE descendiendo el gasto público social de un 24% del PIB en el año 1993 a un 21.9% en el año 1996. Tal descenso ocurrió también en el gasto público social por habitante descendiendo en sólo un año de 3.049 upc a 2.981 upc (uno de los años con mayor descenso del gasto público social). Considero sorprendente que este descenso de gasto público social no se haya considerado como una de las causas de la pérdida de apoyo popular hacia el PSOE. Estas políticas de austeridad social significaron, por cierto, un cambio muy sustantivo del gran crecimiento del gasto público social que tuvo lugar en los gobiernos anteriores del PSOE. El gobierno del PP continuó estas políticas de austeridad del gasto público social, responsable del crecimiento de déficit social, incrementando este crecimiento iniciado por el Ministro Solbes en varios capítulos del Estado del Bienestar. Así en prestaciones para la vejez (pensiones de jubilación) el déficit de gasto público en pensiones por habitante con el resto de la UE aumentó durante el periodo 1996-2000, un 23%, porcentaje mayor que un 12%, el crecimiento del déficit de gasto público en tales prestaciones por habitante durante el periodo 1993-1996, gobierno PSOE, etapa Solbes.
La convergencia social con la Europa de los 15, deseo de la gran mayoría de la ciudadanía española (para la cual la Europa Occidental ha sido siempre sinónimo de Democracia y Estado del Bienestar) no puede conseguirse sin un aumento muy notable del gasto público, incluyendo gasto público social. De lo contrario, se condena a España a estar en la cola de la Europa Social, diferenciándose las dos opciones mayoritarias del país en competir en quien aumenta el déficit social más lentamente. De ser así, la democracia española entraría en crisis, con aumento muy notable de abstención de las clases populares que dañaría sobretodo a las izquierdas.
La alternativa es, además de flexibilizar considerablemente el pacto de estabilidad (redefiniendo su criterio de puesta en marcha) aumentar de una manera muy sustantiva el gasto público social para converger, en dos o tres legislaturas, con el promedio de gasto público social de la UE (como porcentaje del PIB) lo cual no puede conseguirse mediante mejor utilización del gasto público existente (tal como ha sugerido el Sr. Miguel Sebastián, coordinador del equipo económico del PSOE, el cual ha propuesto mantener el gasto público como porcentaje del PIB hoy existente; ver Carta abierta al Sr. Miguel Sebastián, en revista Temas nº 108) pues el déficit social es tal que los necesarios y suficientes cambios en el gasto público actual no son suficientes para cubrir tal déficit público social (teniendo en cuenta además que hay también un enorme déficit de infraestructuras en el país). En este sentido es importante recuperar, no sólo las prácticas de la socialdemocracia (llamada por Giddens y otros pensadores de la ahora en declive Tercera Vía como socialdemocracia “tradicional”, la manera amable de llamarla anticuada) que han alcanzado el máximo nivel de bienestar y democracia hoy en la UE. Separarse de ellas, como ha hecho la Tercera Vía (que congeló el gasto público como porcentaje del PIB durante los primeros años de gobierno) lleva a un gran deterioro de los servicios públicos, la mayor causa (junto con el apoyo a la guerra de Irak) del rechazo de la población británica al gobierno Blair. Sería un gran error que el muy necesario crecimiento del gasto público social del país fuera obstaculizado por la reproducción en el seno de las fuerzas progresistas de valores y prácticas que ya han demostrado su escaso valor en otros países.
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1993 |
2000 |
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España |
24.0% |
20.1% |
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UE-15 |
28.8% |
27.3% |
El más bajo de la UE (después de Irlanda).
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
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1993 |
2000 |
|
España |
3049 |
3713 |
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UE-15 |
4668 |
6155 |
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
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1993 |
2000 |
Creciemiento del déficit con la UE-15 |
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España |
1619 |
2442 |
52% |
Fuente: EUROSTAT
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1993 |
2000 |
Aumento |
|
España |
3049 |
3713 |
664 |
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UE-15 |
4668 |
6155 |
1487 |
Fuente:EUROSTAT.
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Ingresos al Estado (%PIB) |
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1993 |
2001 |
España |
38.1% |
39.9% |
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UE-15 |
44.1% |
46.4% |
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Gasto público social (%PIB) |
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|
España |
24.0% |
19.8% |
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UE-15 |
28.8% |
27.1% |
Fuente: EUROSTAT.
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1993 |
2000 |
|
España |
6.6% |
5.8% |
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UE-15 |
7.5% |
7.25 |
|
Suecia |
8.7% |
8.6% |
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
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1993 |
2000 |
Crecimiento |
|
España |
381 |
547 |
42% |
Fuente: EUROSTAT y cálculo propio
Gasto público sanitario (por habitante, en unidades de poder de compra)
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1993 |
2000 |
+ |
|
España |
839 |
1068 |
229 |
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UE-15 |
1220 |
1615 |
395 |
|
Suecia |
1404 |
1955 |
551 |
El más bajo de la UE, después de Grecia y Portugal
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
Prestaciones para la vejez (% del PIB)
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1993 |
2000 |
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España |
8.4% |
8.3% |
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UE-15 |
10.7% |
10.9% |
El más bajo de la UE, después de Irlanda y Portugal
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
Gasto público en provisión para la vejez
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1993 |
2000 |
+ |
|
España |
1071 |
1522 |
451 |
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UE-15 |
1739 |
2451 |
712 |
El más bajo de la UE, después de Irlanda y Portugal
Fuente: Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España 2003.
Los gobiernos del PP: regresión educativa
José Luis Redondo
La política educativa de esta etapa se ha mantenido en la misma línea a pesar del cambio de ministros. Por debajo de los discursos ocultistas, dos han sido los objetivos de la política del PP:
- Privilegiar a la enseñanza privada, que es fundamentalmente de la Iglesia Católica, y deteriorar la enseñanza pública.
- Derogar en diferentes etapas la LOGSE, en cuanto que propuesta de educación más igualitaria, para reforzar las desigualdades e introducir la competitividad en la escuela.
Al primer objetivo se han dedicado medidas concretas y discursos que han deteriorado seriamente la imagen de la escuela pública. Una gran parte de las capas medias consideran ya que deben mandar a sus hijos a la enseñanza privada, generalmente concertada, al margen de la calidad real de la escuela pública, que en su imaginario se ha convertido en una mala escuela.
No solamente han aumentado los conciertos, en algunos casos concedidos a centros que separan a los niños de las niñas, sino que al permitir el pago complementario en la concertada favorecen la discriminación y la convierten en una escuela que no es gratuita a pesar de estar sufragada con el gasto público.
El aumento de las subvenciones para los centros privados en la escuela infantil, enseñanza no obligatoria, responde al aumento de la demanda, en el tramo de 0 a 3 años, pagando centros privados en vez de potenciar centros públicos. Esta nueva vuelta de tuerca pretende derivar una mayor proporción de los niños a los centros privados, que así permanecerán desde la escuela infantil al bachillerato. Teniendo en cuenta la propiedad de los centros privados que tienen todas las etapas educativas, esto favorecerá a los colegios religiosos.
Sin embargo, el factor más importante en el deterioro de los centros públicos frente a los privados ha sido derivar hacia aquellos a los niños con mayores dificultades de aprendizaje, sobre todo a inmigrantes de diferentes culturas, respondiendo así a su rápido crecimiento. Las comisiones de evaluación no han obligado a los centros concertados a admitir a niños procedentes de familias inmigrantes, y los centros han utilizado diferentes barreras para que no puedan entrar, como pagos complementarios, uniformes, informaciones tendenciosas y hasta el uso del velo han servido para que la mayor parte de estos niños estén en centros públicos. De esta forma ya se están configurando “centros gueto” con la mayor parte de los niños procedentes de la inmigración y con salida continua de los nativos.
Esta discriminación que dificulta la integración, a veces de decenas de nacionalidades y minoría de la española (¿quién tiene que integrarse y en qué?), no ha sido acompañada de medidas educativas, número adecuado de profesores de apoyo, preparación reforzada de los niños, desdoble de clases, etc. Las medidas que se han concretado son escasas y a posteriori de los problemas; basta tener en cuenta que los alumnos se integran de acuerdo con su edad sin considerar los conocimientos que tienen realmente y a los que pueden acceder, sólo últimamente se ha empezado a enseñar el castellano de forma organizada. Así, las escuelas públicas se han convertido en escuelas de “pobres e inmigrantes” ante la opinión pública.
Las medidas necesarias para invertir esta tendencia serán costosas en dinero y esfuerzos, redistribución de alumnos con desplazamientos incluidos, formación de profesores, medidas de acogida de los recién llegados, desdoble de clases, profesores y clases de apoyo... en fin, un largo camino.
En esta línea, las cosas pueden empeorar. La última corrección de la Ley de Extranjería obliga a los ayuntamientos a pasar los datos de los empadronados al Ministerio del Interior. Esta medida puede conllevar la expulsión y evitar el empadronamiento y que los niños no acudan a la escuela, lo que aumentaría el grado de exclusión social. Este proceso está también sentando la base de un racismo de exclusión práctica a través del sistema escolar.
En el segundo aspecto puede hablarse de una larga batería de medidas legislativas, todavía en marcha, la más importante la LOCE, llamada ley de calidad, nombre del neolenguaje, se dice lo contrario de lo que se hace, deteriorar la calidad para todos.
Se comenzó por los decretos de reforma del currículo, decretos de humanidades, eliminación de la referencia a la educación en valores y disminución del peso de la enseñanza de procedimientos para volver a los conocimientos puros y duros, a los enfoques más propios de la escuela franquista en la que algunos estudiamos y también lo hizo la ministra actual Pilar del Castillo.
Se ha suprimido la autonomía de los centros en la adaptación curricular, el currículo viene prescrito salvo en los casos de los niños más problemáticos. En esta misma línea la LOCE suprime los grupos de diversificación, que permitían un tratamiento en pequeño grupo y con menos profesores, haciendo posible obtener por otro camino objetivos semejantes.
La LOCE liquida definitivamente la LOGSE e introduce medidas discriminatorias con el pretexto de resolver el fracaso escolar. Medidas que tienden a incrementar las barreras, separar a los alumnos en vías diferentes y encubrir el fracaso con una discriminación que mantiene la de origen social. Así la separación en 3º de ESO entre la rama “científico humanista” dirigida hacía el bachillerato y la “tecnológica” hacía la FP, adelantando un año esta división. Además se introducen en el 1º ciclo de la ESO grupos para niños con dificultades de aprendizaje, mayoritariamente inmigrantes, que puede servir para derivarles hacia una iniciación profesional dirigida hacía trabajos no cualificados. Todavía no es suficiente. El título de graduado escolar en ESO se dará con todas las materias aprobadas, excepcionalmente con dos pendientes, siempre que no sean Matemáticas y Lengua. Se endurecen las condiciones actuales de consecución del título, esta medida sólo puede aumentar la proporción de no titulados en la etapa de enseñanza obligatoria.
También se forma una nueva barrera al final del bachillerato, habrá una prueba externa al centro para el título de bachillerato, al tiempo que puede mantenerse otra para el ingreso en la Universidad. Los rectores, con algo de sentido común, proponen eliminar la prueba de ingreso, pero el Ministerio de Educación no se da por vencido, ya que intenta introducir divisiones entre las facultades y Universidades, configurando centros de élite. También se intenta potenciar las Universidades privadas que no han tenido mucho éxito, permitiendo que los profesores de las públicas impartan clases en aquellas.
El discurso del esfuerzo y de la calidad encubre discriminación social y marginación, sólo puede conducir a un aumento del fracaso escolar y a una sociedad menos igualitaria. Elimina los aspectos que empezaba a tener la escuela de corrección de las desigualdades a través de la educación comprensiva para todos hasta los 16 años implantada por la LOGSE.
Un asunto particular de amplia repercusión es la enseñanza de la religión, uno de los que revela más claramente lo reaccionario de la política del PP. Asunto polémico que se viene arrastrando, mal resuelto, desde los gobiernos del PSOE, pues éste nunca se atrevió a dejar fuera de las enseñanzas oficiales a la religión. Algo tan sencillo como que la enseñanza de la religión católica y de las demás se dé fuera del currículo para aquellos niños que lo deseen. La situación a la que se había llegado no era suficiente para la Iglesia Católica que seguía presionando, con las últimas disposiciones, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional, se convierte a la religión católica en una asignatura evaluable como las demás y con mayor número de horas que algunas. La alternativa es la enseñanza del “Hecho religioso”, confeccionada de acuerdo con la jerarquía católica. Se trata de optar entre catequesis y religión. Obviamente, es una medida que rompe con la separación formal entre Iglesia y Estado y refuerza el poder ideológico del catolicismo que pretende condicionar comportamientos civiles como la procreación, el aborto, la sexualidad y otros muchos.
La mirada que hemos hecho sobre los contenidos educativos y la nueva organización de la enseñanza parece llevarnos, en un túnel del tiempo, hacia la educación que existía durante el franquismo. Es este sector uno de los que recibe una de las políticas más reaccionarias del PP.
Estas políticas han sido dirigidas por ministros tan significados como Esperanza Aguirre, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Mariano Rajoy candidato in pectore a presidente del gobierno, aunque el periodo de Pilar del Castillo es el que está culminando esta contrarreforma apoyada directamente por Aznar.
La tarea de deshacer el desastre y responder a los nuevos problemas, el más importante es el de la inmigración, es difícil porque exige cambiar la opinión creada contra la escuela pública y potenciarla. No se ha sabido parar este desaguisado desde las Comunidades Autónomas gobernadas por la izquierda, a pesar de que se ha transferido la mayor parte de las competencias en educación, y tampoco han tenido un resultado significativo las diversas plataformas por la defensa de la escuela pública formadas por sindicatos y asociaciones de padres y de alumnos.
De cara a las próximas elecciones hay que exigir a los partidos progresistas una respuesta clara, no basta la defensa de la LOGSE y proclamar la bondad de la enseñanza pública, sino que tienen que plantear medidas operativas frente a la situación actual junto con los recursos adecuados.
Los derechos de gays, lesbianas y transexuales después de la era Aznar
Beatriz Gimeno
Beatriz Gimeno es presidenta de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
La era Aznar termina para el 10% de los ciudadanos y ciudadanas españoles, los que son gays, lesbianas y transexuales, de una manera especialmente amarga. Ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos podido pensar que el retroceso en el camino que emprendimos tras la muerte de Franco hacia una ciudadanía plena pudiera ser, ya en el siglo XXI, tan marcado. Desde la aprobación de la Constitución el avance en el reconocimiento de las personas GLTB (gays, lesbianas, transexuales y bisexuales) ha sido continuo, tanto política como socialmente y tanto en España como en Europa. Y aunque el reconocimiento político de la igualdad legal no ha sido tan rápido como nos hubiera gustado, el reconocimiento social ha sido vertiginoso si tenemos en cuenta que hace apenas 25 años, las personas GLTB eran las portadoras de uno de los más poderosos y antiguos estigmas que unos seres humanos han utilizado contra otros a lo largo de la historia. Si consideramos que a la muerte del dictador éramos no sólo ilegales, sino verdaderos parias sociales, las actuales cotas de aceptación social que disfrutan las reivindicaciones de nuestros derechos, nos parecen casi increíbles.
Según las últimas encuestas del CIS, casi el 67% de la población española está de acuerdo en que se modifique el Código Civil para que las parejas del mismo sexo tengan acceso al matrimonio, y el derecho de adopción, por razones históricas y culturales, mucho más problemático, va ganando adeptos de manera evidente y continuada hasta situarse en un 52% de la población. Para comprender la importancia de estas cifras baste decir que en Holanda, por ejemplo, país donde ya existe el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, dichas leyes se aprobaron con un porcentaje de aprobación social similar al nuestro. Por tanto, la sociedad española está perfectamente madura y es plenamente consciente de que la última discriminación legal que separa a las personas GLTB de la ciudadanía plena, esto es, el acceso al matrimonio, debe ser eliminada.
El PP en su primera legislatura tuvo buen cuidado de mostrar su rostro más derechista ya que era plenamente consciente de que en este, como en otros temas sociales, la sociedad española es progresista y no sigue las integristas doctrinas vaticanas. En la primera legislatura, el PP se comprometió en el Congreso de los Diputados a aprobar en su segunda legislatura una Ley de Parejas de Hecho que reconociera derechos a las parejas del mismo sexo. Precisamente, esta futura ley le ha servido al Partido Popular en dos ocasiones para justificar su voto en contra a dos proposiciones de ley, presentadas por la izquierda, para modificar el Código Civil en el sentido antes explicado. Y si en la primera legislatura Coalición Canaria y CiU acompañaron el PP en su voto negativo, en la segunda ocasión, en cambio, sólo el partido en el poder vetó la toma en consideración de esta ley. El argumento seguía siendo que ellos presentarían en breve su propuesta. Su propuesta no verá nunca la luz, porque entre la primera y la segunda legislaturas, entre la mayoría simple y la mayoría absoluta, el Partido Popular se ha convertido en un muro contra el que se estrellan todas nuestras exigencias de igualdad. Y esta “bunkerización” en cuanto a la posibilidad de que se produzca algún reconocimiento a los derechos de las personas GLTB coincide con el mayor esfuerzo hecho hasta el momento por la jerarquía de la iglesia católica en contra de que se produzca ningún avance en este sentido.
El gobierno de Aznar ha expulsado en este tiempo de su círculo de influencia a cualquier persona que pudiera mantener un talante liberal en temas sociales y lo ha sustituido por personas cercanas o pertenecientes al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo. Con este bagaje ideológico, el gobierno de Aznar ha hecho de la moral católica tradicional uno de sus pilares morales. Desde julio del 2003 existe un documento vaticano que exige a sus fieles la máxima observancia en el asunto de los derechos de las personas GLTB. La iglesia mantenía hasta ahora la hipócrita y farisaica postura de comprensión hacia estas personas al tiempo que negación absoluta al reconocimiento de derechos. Pero debieron pensar que del apoyo personal al apoyo político hay un pequeño trecho y exigieron a sus fieles y seguidores mayor beligerancia. La solidaridad con las personas homosexuales se disipó cuando el nuevo estilo se hizo patente. Se empieza comprendiendo y apoyando y se termina reconociendo derechos, debieron pensar y el resultado es el ya conocido.
El gobierno de Aznar comenzó su visible alejamiento de Europa con un hecho que pasó desapercibido para los ciudadanos españoles en general, pero que tuvo una enorme importancia simbólica. España votó en julio de 2002 en contra de que la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) entrara a formar parte del Comité de ONGs de las Naciones Unidas (ECOSOC) con estatus consultivo. La votación resultó escandalosa porque España se alineó en esta votación con El Vaticano y todos los países integristas. Así que, en contra del unánime voto a favor de Europa, Canadá e incluso Estados Unidos, España se alineó con todo los países de lo que se ha llamado la “Santa Alianza”; gobiernos integristas en temas de moral que votan siempre juntos en los foros internacionales en contra de los derechos de las mujeres, del derecho al aborto e incluso al divorcio, del derecho a la salud sexual, de los derechos de gays y lesbianas etc. Estos países son los integristas católicos como El Vaticano o Nicaragua junto con los integristas musulmanes como Irán, Nigeria o Sudán entre otros. De manera sigilosa, ya que apenas tuvo repercusión en prensa, el gobierno de Aznar, allá por 2002, ya dejó clara su posición votando en la ONU con países que lapidan a las mujeres adúlteras o que introducen palos en el ano de los homosexuales. Esta postura sólo significó la primera vez de las muchas en las que Aznar se separaría de los países europeos demostrando que no le temblaba el pulso al ponerse del lado de la barbarie.
Después, y esa también es otra constante, mintió. Cuando se le pidieron cuentas por esta votación, cuando desde el Parlamento Europeo se preguntó al gobierno español por esta votación que violaba todos los acuerdos y recomendaciones de la Unión Europea a favor de la igualdad de derechos para las personas GLTB, el ministro de Asuntos Exteriores, Piqué por entonces, mintió descaradamente utilizando argumentos falaces, erigiendo al gobierno de Aznar en el defensor internacional de los derechos de los niños; derechos que, de hacer caso al ministro, todos los países europeos, más Estados Unidos, más Canadá, habrían descuidado. Esta votación pasó desapercibida en España, pero a las asociaciones de lesbianas, gays y transexuales nos dio la medida del cambio hacia el integrismo, del definitivo alejamiento del famoso centro, que el gobierno de Aznar estaba dispuesto a encabezar sin ningún complejo. Desde entonces, el partido popular ha ignorado sistemáticamente todas las recomendaciones y todas las directivas que emanan de la Unión Europea en materia de derechos para las personas GLTB y ya son varias las decisiones europeas a favor del fin de la discriminación por orientación e identidad sexual. En este tema, el gobierno Aznar sigue también a Bush, empeñado en modificar la constitución de los Estados Unidos de manera que el matrimonio quede fijado para siempre como la unión entre un hombre y una mujer.
Las personas GLTB hemos ido consiguiendo derechos en aquellas comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular. Especialmente importantes son las Leyes de Pareja aprobadas en Navarra y Euskadi, pues ambas reconocen incluso el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción de niños. Estas leyes no hacen sino acabar con la doble moral de nuestra actual ley de adopciones, que permite adoptar a personas homosexuales y transexuales, pero que les impide adoptar en pareja, con lo que es el niño el que queda desprotegido. Además, como siempre, el Partido Popular prefiere cerrar los ojos a la realidad de que ya hay miles de parejas gays y lesbianas que tienen hijos; que gays y lesbianas no somos estériles y que, además, podemos tener hijos y adoptarlos, y que lo estamos haciendo. Por tanto, todas las normas que impiden que nuestras familias gocen del máximo amparo legal lo único que hacen es repercutir negativamente en el derecho a la igualdad de nuestros hijos e hijas. El Partido Popular se apresuró a recurrir los artículos relativos a la adopción ante el Tribunal Constitucional, demostrando así no sólo su falta de voluntad para legislar sobre nuestra igualdad legal, sino su beligerancia en este tema. En estos cuatro últimos años, el Partido Popular ha consolidado un sistema de “apartheid” invisible que nos margina en la protección de nuestras familias y nuestros hijos, en el acceso a una pensión, el derecho a una herencia, a la cobertura de la seguridad social, a la nacionalidad de nuestras parejas... derechos de los que goza cualquier pareja heterosexual que acceda al matrimonio. Lo mismo ha ocurrido con los derechos de las personas transexuales. El Partido Popular ha bloqueado todas las propuestas para que este colectivo, fuertemente discriminado y estigmatizado socialmente, pudiera escapar del callejón sin salida que conduce a la prostitución a las mujeres transexuales como única forma posible de ganarse la vida.
Y si estamos seguros de que la discriminación legal acabará cuando haya un gobierno de izquierdas, no podemos decir lo mismo de la discriminación social, mucho más anclada en el subconsciente colectivo de todos nosotros y por tanto mucho más difícil de erradicar. Las políticas sociales y educativas tiene un papel clave en este sentido y lo que constatamos es una ausencia de medidas en este terreno; es más, la reforma educativa del PP, por poner un ejemplo, con la obligatoriedad de la religión, va a suponer una absoluta involución en la formación, en los valores que se van a enseñar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro. El gobierno del Partido Popular no sólo no tiene ninguna intención de dar a sus ciudadanos una formación en espíritu cívico y democrático, sino que tiene previsto convertir cada clase en un púlpito desde el que nuestros hijos tengan que escuchar la voz de la una institución que ha hecho de la homofobia y de la discriminación de los ciudadanos gays, lesbianas y transexuales, casi un dogma.
La intolerancia y la cerrazón del Partido Popular han conseguido que la mayoría de las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales de este país, conscientes de lo que nos jugamos, se unan en una Federación Estatal que represente y ponga voz a ese 10% de la población española. En apenas dos años la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) se ha convertido en una de las organizaciones sociales más activas y con mayor presencia mediática y social. Eso no ha bastado para que el Partido Popular se haga eco de esta posición y Aznar se ha negado en redondo a recibir a ninguno de nuestros representantes. Este mero hecho es ya preocupante, pero debemos apuntar que la negativa a dialogar ha venido acompañada de un denigrante tratamiento en las ayudas que reciben las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales que representan los intereses legítimos de nuestro sector social. A pesar de ello nuestro mensaje de respeto a la diversidad y exigencia de igualdad legal ha llegado a la sociedad y avanza cada día más; ahí están las multitudinarias manifestaciones de reivindicación y visibilidad que cada año convocamos con motivo del Orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual.
Y finalmente, en los último cuatro años ha habido no sólo una negativa firme a avanzar siquiera mínimamente en la igualdad que reclamamos, sino que ante nuestras acciones de reivindicación social y política, el Partido Popular reacciona cada vez con mayor virulencia. Ya ni siquiera guardan las formas. En los debates parlamentarios nos han insultado; han tratado de prohibir nuestro derecho a reivindicar los derechos constitucionales el pasado día 6 de diciembre, dejando en evidencia los Tribunales su autoritaria actitud; el vocero gubernamental nos acusa de “folclóricos” y “esperpénticos” porque buscamos el auxilio de la justicia en la consecución de nuestros derechos…
Lo más grave es que intuimos que muchos de los caminos emprendidos por el Gobierno en estos ocho años amenazan con ser, si no irreversibles, sí muy difíciles de desactivar; se alimentan de prejuicios muy arraigados y buscan alimentar el lado más oscuro que toda sociedad guarda en su seno. Esto es, a nuestro juicio, lo más grave de la gestión del Partido Popular. Está hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Somos ya muchos los homosexuales y transexuales que hemos apostado por vivir en libertad, con todas sus consecuencias, y la perspectiva de seguir sufriendo una discriminación enquistada nos resulta insoportable. Por eso mismo sería terrible una nueva victoria electoral del PP que acabaría por galvanizar unas políticas y unos valores que están poniendo en riesgo el bienestar, la convivencia, la pluralidad y la democracia en España. Y, por otro lado, intuimos que su estrategia de tensionar y confrontar no tiene límite. Ojalá la historia no nos haga pagar a todos y todas las tremendas irresponsabilidades de estos gobernantes. Las últimas declaraciones del Cardenal Rouco y del Ministro de Hacienda en el sentido de que el reconocimiento de la igualdad para las personas GLTB haría quebrar la Seguridad Social, nos recuerdan peligrosamente los argumentos esgrimidos en épocas históricas no muy lejanas para perseguir y estigmatizar a una minoría. Puede que la sociedad en la que vivimos no caiga en esa trampa pero también es cierto que esas declaraciones, esa manera de señalarnos, puede incitar a algunos a dar un paso adelante peligroso; pueden algunos usarlas de cobertura para descalificaciones intolerables o, directamente, para la agresión. Ese tipo de argumentos “los carga el diablo” y nunca deberían ser usados en democracia. Los derechos civiles no se negocian dependiendo de su coste económico.
Tenemos, pues, dos opciones: acobardarnos o responder. Y creemos que es necesario dar esa respuesta desde la determinación y el sosiego, la legitimidad de la razón, de los valores que son universales, valores de respeto a la diversidad, de pluralidad, de igualdad, de justicia... elementos clave para la convivencia de todos y todas en el siglo XXI. Esa es nuestra alternativa, y esperamos que sea la de muchos más.
Rubén Caravaca
Rubén Caravaca es promotor musical y miembro de la Plataforma Cultura contra la Guerra
A finales del pasado año Eduardo Haro Tecglen desde su columna de El País nos hablaba de “España, ¿qué España?” y esa misma pregunta multiplicada por dos deberíamos planteárnosla nosotr@s: “Cultura, ¿qué cultura?”, “Izquierda, ¿qué izquierda? Y por supuesto, también “España, ¿qué España?
Seguramente será más cómodo, fácil, útil... hacer un balance de estos años de “aznaridad cultural”, pero es algo tan obvio el desinterés y desprecio por la cultura de nuestros gobernantes, que quizás no merezca siquiera perder el tiempo en ello.
Pero haremos una pequeña síntesis, para recordar esas actuaciones gubernamentales. Actuaciones -no se puede decir políticas, porque estas no han existido-, que han estado marcadas sólo por las reglas del espectáculo convencional y de las grandes industrias culturales.
Se podrían resumir estos años con el slogan “¡Qué espectáculo de cultura!”. Con música de OT, con conexiones en vivo y en directo desde las habitaciones de Hotel Glam y GH, con la “aportación intelectual” de los primeros espadas de la inteligencia nacional, las inversiones en I+D no dan para más, habituales contertulios de cualquiera de los programas de cotilleos que pueblan nuestras televisiones, mientras en Cine de Barrio muestran a través del canal internacional de TVE, nuestras ‘últimas aportaciones’ a la cultura universal, antes de que empiece otro partido de “la liga de las estrellas”, donde los nuevos dioses son productos del amor entre los distribuidores de ladrillos y el poder, para acabar con un Telediario que nos anuncia lo importante que es la clase de religión para un mundo mejor, lo peligrosas que son para la sociedad las parejas homosexuales y que la violencia de género existe porque, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en general y la Sr. Del Castillo en particular. somos un pueblo que vive en pecado y no se casa. Como decía Don Manuel Vázquez Montalbán es “la vuelta al nacional-catolicismo-madridismo”. Y aunque a los seguidores blancos les moleste, no seré yo quien cuestione los pensamiento del padre de Carvalho.
Sí se puede y desde la cultura se debe –y así lo hemos hecho- criticar aquellos fatuos acontecimientos de los primeros noventa promovidos por los gobiernos de Felipe González; Expos, Olimpiadas, Capitalidades Culturales, Xacobeos, Compostelas... era el apoyo a la cultura desarrollista, donde la cultura más transformadora no tenía espacio. Sin justificar ni mucho menos esa realidad, tenía su pequeña o gran lógica, ya que pretendía romper nuestro aislamiento cultural de años y poner de manifiesto que nosotros también podíamos hacer juegos florales como los mejores. En este sentido los Juegos Olímpicos de Barcelona han pasado a ser hasta la fecha, los mejores de toda la historia. Aquella cultura del espectáculo comenzó a cambiar, además de por cuestiones económicas, por la llegada de Carmen Alborch al Ministerio de Cultura. Pero ya era tarde, Felipe González pierde el gobierno y entramos en un nuevo caudillaje con el gobierno del PP.
Si los gobiernos de Felipe González apostaron por la cultura del hormigón, la apuesta del PP no ha existido. No creen en el papel de la cultura, sólo creen en la reglas del mercado y esas normas son en las que tod@s, incluida la cultura, debemos movernos. No hay un diseño del papel del Estado en un país descentralizado. No hay respeto ni espacio para los que opinan de manera diferente. Existe una patrimonialización partidista de la gestión. La situación de las televisiones públicas es lamentable. Los presupuestos culturales se reducen habitualmente, nuestra pequeña industria cultural desaparece poco a poco para ser absorbida por empresas transnacionales. No tenemos ninguna presencia internacional en los estamentos que promueven la Diversidad Cultural. Nuestra pluralidad cultural y lingüística en vez de promoverse como una de nuestras grandes riquezas, es utilizada para fomentar el enfrentamiento. Nadie conoce la posición de nuestro Gobierno, si es que la tiene, en el Consejo de Comercio de Servicios de la OMC. No entienden que los bienes y servicios culturales no deben tratarse como mercancías, equiparándolos al resto del consumo. No comprenden el papel fundamental que el Estado debe tener para asegurar la diversidad cultural de los pueblos, y que sin esa acción gubernamental sólo se corre el riesgo de que esta diversidad cultural desaparezca, lo que lleva a la consecuencia de que sólo veamos un tipo de cine o teatro, que escuchemos un tipo de música, o que leamos un tipo de literatura... y todos comamos y vistamos igual.
Si todo lo anterior pone de manifiesto el desinterés político por la cultura de los gobiernos del PP, las movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar en los últimos tiempos, han abierto además una gran brecha entre los gerentes culturales institucionales y los protagonistas de la cultura.
La huelga general contra el decretazo, la guerra de Irak, el Prestige, las movilizaciones de estudiantes... posicionaron claramente, como casi siempre, a unos y a otros. En los Premios Goya del año pasado se escenificó el conflicto con el “No a la Guerra” y el nacimiento de un movimiento hasta entonces desconocido entre nosotros y que dio origen a la Plataforma Cultura Contra la Guerra. Los insultos y descalificaciones que la prensa del nuevo movimiento nacional, encabezada por La Razón y secundada por el Gobierno, contra actores y agentes culturales fueron permanentes. Lo ocurrido con los Premios Max; la desaparición de Caiga Quien Caiga; la satanización de Julio Medem a partir de su película “La pelota vasca”, llegando incluso a solicitarle los responsables del Gobierno que devolviera el dinero recibido por los derechos de antena pagados para la emisión de “Lucía y el sexo” en TVE; los ataques contra la familia Bardem, incluidas amenazas de muerte a Pilar y otros actores o el acusar a Cultura Contra la Guerra como incitadora a la renuncia de José María Mendiluce a presentarse como alcalde para la Capital, en un acto en el Círculo de Bellas Artes, cuando la Plataforma nada tenía que ver con esa iniciativa, ni con ese acto... ponen de manifiesto que para el gobierno del PP los protagonistas de la cultura son considerados enemigos y en consecuencia, una especie a extinguir o como menos a depurar. Van ya unos cuantos años sin pagar el dinero que se debe a nuestro cine, y eso que el presidente presume de tener un compromiso muy profundo con el mismo. Esta nueva cruzada nacional en defensa de nuestros más importantes valores, logró la suspensión de dos conciertos de Manu Chao y Jabier Muguruza, acusando a todos los que colaboraban en los mismos de apoyar al terrorismo. A la vez, estos mismos acusadores se desentienden de investigar la muerte de José Couso.
Desde el Gobierno no se puede permitir que la cultura interprete cotidianamente sus actuaciones diarias. La boda imperial de la hija del presidente ha sido uno de los acontecimientos teatrales de la temporada, como en su día fue el programa televisivo de El Gran Wyoming & Cia. Pero lo realmente intolerable es que desde Cultura Contra la Guerra se consiga aunar en las movilizaciones populares, desde personas muy moderadas a los mosquistos, como se conoce cariñosamente a los movimientos alternativos antiglobalización. Esa ha sido realmente la mejor labor de esta Plataforma, sin ella no hubiera sido posible juntar en la misma manifestación a Rodríguez Zapatero y a los antiglobalizadores de El Laboratorio, o tener una reunión parlamentaria con el PNV, Grupo Mixto, PSOE, IU... para llevar iniciativas comunes sobre la paz al Parlamento Nacional.
Este trabajo ciudadano de las gentes de la cultura no puede permitirse y desde el gobierno se promueven desde descalificaciones y acusaciones de todo tipo, hasta la creación y circulación de listas negras. Una labor ciudadana y democrática, sin precedentes intenta ser ahogada nuevamente, en muchos casos, con mecanismos antidemocráticos, lógicos de un gobierno que entiende la democracia como un mal menor, y que cuando surge la discrepancia y la crítica se debe usar todo tipo de métodos para acabar con las voces con identidad propia.
Pero estamos en 2004 y algunas cosas dignas de mención están ocurriendo y que cambiarán, de alguna manera, nuestra política más próxima. Cuando hablamos de acción política, queremos hablar desde la izquierda, pero, ¿desde qué izquierda?
A pesar del gran resquemor con el que desde amplios sectores de la cultura se ve a la izquierda institucional, liderada por el PSOE pero también por IU, es cierto que hay diferencias importantes entre gobiernos conservadores y no tan conservadores. La defensa de determinados derechos públicos, el papel de la Iglesia Católica, la emigración, la legislación laboral, la sexualidad, los derechos femeninos, la manera de entender la cultura, etc... son tratados de manera diferente por unos y por otros, aunque muchas maneras de enfocar esa diferencia sea por “bondad natural”, como bien dice Félix de Azúa.
El pacto de gobierno en Catalunya, entre la izquierda institucional y la izquierda institucional nacionalista, debemos verla como una puerta abierta interesante, una manera nueva de entender la gestión política y no sólo un reparto de poder. Debe ser la manera de avanzar en términos de justicia social y en defensa de los derechos nacionales propios de la manera más coherente, intentando unir en ello a la gran mayoría de la ciudadanía catalana. Las políticas exclusivamente nacionalistas han llevado muchas veces a conflictos muy importantes a nivel mundial, así es en realidad y no hay mucho que discutir.
Pero para todos aquellos que ven el nacionalismo como muy peligroso, deberían darse cuenta de que su crecimiento en los últimos años, así como el del integrismo y el del fundamentalismo, se debe en gran parte al fracaso de la llamada globalización; sus ideólogos nos prometían una sociedad idílica, y lo que realmente está ocurriendo es que vamos hacia una mayor desigualdad planetaria en el mejor de los casos, y un riesgo de conflicto mundial permanente, que puede incluso llevar a la desaparición del planeta, en el peor. Esto puede parecer exagerado, pero es evidente que la cantidad de armas existentes pone en peligro la seguridad mundial, y más cuando están en manos de iluminados como los que nos gobiernan.
Por eso es importante abrir puertas y diálogos entre los que piensan de manera diferente en defender una sociedad más plural, más democrática, más justa, donde todos podamos tener nuestro propio pequeño o gran espacio.
Lo que está pasando en Catalunya hay que valorarlo como una experiencia muy interesante, donde deseamos se puedan vencer todas las trabas partidistas en beneficio de un proyecto diferente, por una España plural más cercana a nuestra realidad actual.
Pero la izquierda institucional debe reflexionar muy seriamente sobre sus estrategias y maneras de comportarse en los lugares donde gobierna. No es de recibo que en muchos lugares, y me refiero sobre todo al campo de la cultura, no existan prácticamente diferencias en la gestión entre municipios conservadores y progresistas.
Pero existe otra izquierda muy activa, con presencia importante de antiguos militantes de todas las procedencias, que se ha aglutinado en torno a todo tipo de movimientos sociales, dotándolos de una gran riqueza organizativa y estratégica, incluyendo a esa diversidad de colectivos en un movimiento más amplio, y con una mayor amplitud de miras, más de allá de su identidad propia como grupo y coordinando las diferentes luchas. En este movimiento podemos encontrar entidades religiosas, feministas, de emigrantes, por la igualdad sexual, medioambientales... Es lo que podríamos denominar izquierda transformadora que no quiere asumir cotas de poder, pero que quiere aprovechar la oportunidad de gobiernos con participación de la izquierda institucional, para poder avanzar en la construcción de una sociedad menos injusta y más libre. Estos movimientos tienen mucho de libertario en su acción y suelen crear resquemor en la izquierda institucional porque es difícil su control.
No podemos olvidarnos de la izquierda revolucionaria que no renuncia a la eliminación de la sociedad capitalista, que no cree en la democracia parlamentaria, y que se aglutina en torno a dos grandes movimientos: la izquierda radical con toda clase de orientaciones y características, y la libertaria con toda una experiencia histórica de luchas y autoorganización.
Dado que nos encontramos ubicados geográficamente en un lugar estratégico para el desarrollo del capitalismo más salvaje, la posibilidad de trabajar por una sociedad menos injusta sólo podrá lograrse teniendo claro el papel que ocupa cada una de las izquierdas en ese papel transformador, democrático...
Aunque para muchos es más importante el trabajo en las instituciones, para otros lo realmente importante es hacerlo en la sociedad civil, pero ambas intervenciones pueden y deben complementarse. Y debe ser así porque lo que estamos discutiendo en la actualidad no es una revolución política al uso, estamos hablando de una sociedad más democrática.
Con todas las referencias históricas con las que contamos, es difícil entender un papel transformador de una socialdemocracia donde habitualmente son las corrientes más liberales las que marcan sus estrategias. También es difícil de imaginar a los herederos de la tradición leninista, incorporándose como uno más a estos movimientos ciudadanos sin intentar la utilización de los mismos en beneficio propio. En los últimos tiempos en Cultura Contra la Guerra hemos podido observar y sufrir esos intentos manipuladores. Pero porque esto sea así no podemos ni debemos descalificar ni a la socialdemocracia ni al comunismo en su conjunto por los grandes fracasos y derrotas acumuladas.
Es importante trabajar para intentar cambiar a la izquierda institucional, y esa labor se debe complementar con el apoyo a nuevos proyectos sociales transformadores, en el que participen todos aquellos que no se sienten representados por la izquierda institucional.
Por usar un término oficioso, la agenda política de la izquierda la debe definir la izquierda, hay que romper el bloqueo de ideas e ir a por ello con todas las consecuencias. No son tiempos de vacilaciones, ni de dudas. El papel activo y aglutinador de Cultura Contra la Guerra hay que mantenerlo. En estos momentos es necesario aunar esfuerzos y trabajar por unos mínimos comunes: la transformación de la democracia representativa en una democracia participativa. La izquierda transformadora debe dar codazos a la izquierda institucional para que avance en esta línea, mientras la izquierda revolucionaria debe mantener vivo el debate y la ilusión.
Cambiar la izquierda tradicional pasa porque sus dirigentes entiendan y no duden de que el acceso al poder es para transformar la sociedad. Que hay que hacer esfuerzos descentralizadores, que hay que recurrir a las consultas populares y a la creación de órganos eficaces de participación. Que los partidos políticos no deben ser sólo de sus afiliad@s sino de todos l@s ciudadan@s que los apoyan. Que la gestión debe tener comportamientos éticos intachables. Que hay que reconocer, respetar y dar cauces de participación a las opiniones minoritarias. Que no se puede denunciar la cultura basura que hace la televisión pública y que luego desde los espacios de poder propio donde se gobierna, comunidades autónomas y ayuntamientos, hagan sólo políticas de justificación presupuestaria y no arriesguen con políticas menos conformistas. No es de recibo defender la paridad para el gobierno central cuando en los gobiernos locales y autonómicos esto no ocurre. No es admisible realizar propuestas de excepcionalidad cultural a nivel central, que luego no llevan a cabo de manera descentralizada. No se puede denunciar a programas de televisión como OT, como un claro ejemplo de manipulación cultural, y que luego sean los ayuntamientos de izquierdas los que más se pelean para contratar a los concursantes de dicho programa. No se puede renunciar a ganar unas elecciones frustrando las expectativas de millones de ciudadan@s por una estabilidad política interna, entonces es cuando los partidos dejan de representar a la ciudadanía.
Por último una reflexión. La izquierda institucional debe reflexionar sobre el papel de la militancia. Ser militante cívico no es menos importante que ser militante político o sindical. Hay que ver las maneras de participar y de intervenir de esa militancia civil. Hay miles de ciudadan@s comprometidos a los que la izquierda institucional puede jubilar anticipadamente, ya ocurrió a principios de los ochenta con muchos militantes de partidos de izquierdas que desaparecieron con la llegada del PSOE a La Moncloa. Pero ahora estamos hablando de militancia civil pura. La desmoralización puede aumentar de manera considerable. “No hay militancia -como dice el profesor de la Universidad de Metz Olivier Masclet- que se mantenga sin una gratificación material o simbólica”. Lo material es una cuestión individual y de responsabilidad personal. Lo simbólico nos concierne a tod@s y debe manifestarse ya. Como esto no se corrija de inmediato, la derecha seguirá gobernando durante años y la ciudadanía más comprometida seguirá absteniéndose. Esos mismos ciudadanos seguirán convocando y acudiendo a las movilizaciones “por otro mundo posible” y los responsables políticos de la izquierda institucional se seguirán preguntando, porqué electoralmente no se refleja en las urnas. No son tan complicadas las respuestas, pero muchas veces no se permite o no se quiere llegar al fondo de ellas; unas veces es imposible por claves partidistas y otras por la limitación de ideas. ¿Por qué nunca ha habido un debate entre partidos y militancia civil sobre los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas?. ¿Por qué ese mismo debate sobre la crisis de la Asamblea de Madrid nunca se ha celebrado?.
La militancia civil sigue activa y comprometida por un modelo de sociedad diferente. La izquierda institucional ¿se atreverá a comprometerse con la militancia civil? y si es así, ¿cuándo?. Si este compromiso no es posible, los civiles nos alejaremos de la izquierda institucional y buscaremos otros lugares de compromiso. La desconfianza seguirá en aumento y la derecha gobernando.
Como dice Antonio Méndez Rubio “El giro cultural afronta este momento histórico desde la conciencia crítica del vínculo estratégico entre cultura, política y economía”. No todos lo tienen tan claro.
Política de inmigración y nueva Ley de Extranjería
Miguel Pajares
Miguel Pajares es miembro del Ceres (centro de estudios de CC.OO. de Cataluña) y experto del Comité Económico y Social Europeo. Este texto formará parte de un libro del autor, de pronta publicación por la Editorial Icaria.
Las sucesivas Leyes de Extranjería
En 1985 se hace en España una ley de extranjería que contenía todas las características de las leyes restrictivas que antes o después se irían implantando por toda Europa. España se encontró entre los países pioneros en normativas de tipo policial, que centraban sus prioridades en el cierre de fronteras a la inmigración y la lucha contra la inmigración irregular (centros de internamiento, facilidad para las expulsiones, etc.). La integración social de la población inmigrada estaba completamente ausente de esta normativa: no se mencionaba el derecho a la reagrupación familiar, ni se establecía ningún tipo de permiso de residencia permanente, ni se hablaba de otras medidas u organismos que tuviesen la función de favorecer la integración social.
En 1993 se produce un giro importante: la integración social pasa a ser un objetivo explícito de la política de inmigración. Al año siguiente se aprueba el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, que tiene tres ejes básicos: cooperación para el desarrollo con los países emisores de inmigrantes, control de flujos (contingentes, control de fronteras) e integración social. Posteriormente se crea el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, se inicia la creación del Observatorio Permanente de la Inmigración y se plantea la reforma del Reglamento de Extranjería que daría lugar al que entró en vigor en abril de 1996. Con este Reglamento se introdujeron algunas mejoras para los inmigrados, pero quedaron muy lejos de lo demandado por las entidades sociales.
En ese mismo año se puso en marcha el contingente anual, lo que supuso el reconocimiento de la existencia de un flujo continuado de inmigración laboral, algo que ningún país europeo lo hacía en 1993. Lamentablemente, los contingentes en España nacieron con graves defectos: en lugar de ser utilizados para regular la entrada legal de nuevos inmigrantes, se utilizaron para regularizar a los que ya estaban aquí en situación irregular, y para ello resultaron siempre insuficientes; además se requería que el inmigrante volviese a su país a por el visado, y sólo se aceptaban solicitudes para determinados sectores de actividad.
Las modificaciones producidas a partir de 1993 en España iban en buena dirección pero no supusieron un cambio global de la política de inmigración. Mucho más importante fue la aprobación, en diciembre de 1999, de la nueva ley de derechos de los extranjeros en España, ley 4/2000 que entró en vigor el 1 de febrero de 2000.
De entrada puede señalarse que la 4/2000 fue una ley avanzada por lo que se refiere a reconocimiento de derechos para los extranjeros que ya se hallaban en el país (en España), siendo esto lo más destacable del texto, pero no modificó el sistema de admisión de nuevos inmigrantes. La admisión ha seguido regida por los estrechos conductos que ya estaban establecidos: el visado de entrada, la exigencia de oferta de empleo para obtener ese visado, las potestades de los consulados, etc. No hay, en esta ley, nada parecido al permiso de entrada para buscar empleo que contempló durante un corto periodo la legislación italiana y que contempla la actual legislación británica. La entrada legal, por tanto, siguió siendo bastante inaccesible. No se trató de una ley de apertura de fronteras ni nada parecido, y, por tanto, no tenían razón de ser las opiniones vertidas por el propio gobierno español contra la ley (que se aprobó con los votos en contra del partido del gobierno, el Partido Popular) amenazando con que España se convertiría, con esta ley, en un coladero para los inmigrantes.
Decíamos que lo avanzado de la ley fue el buen nivel de concesión de derechos que contenía, tanto para los extranjeros con residencia legal, como para aquellos que se hallan en situación irregular. La ley era ejemplar por lo que se refería a los derechos de estos últimos, a los que se garantizaba la asistencia sanitaria completa (no solamente para casos de urgencia como se pretendía por parte del gobierno), la educación obligatoria y no obligatoria (incluidas las becas de estudios), las ayudas sociales, la justicia gratuita en casos de necesidad, etc., así como los derechos de asociación, reunión, sindicación, etc. La condición que se les ponía para el disfrute de algunos de esos derechos es que se hallasen empadronados en algún municipio, pero eso es algo que podían hacer desde el momento de su entrada en España, independientemente de su situación administrativa; no era, por tanto, una condición que comporte dificultades para el disfrute de los derechos reconocidos.
Por otra parte, a las personas en situación irregular se les concedió derecho a solicitar la residencia si llevaban dos años en España. Se abrió así un sistema ordinario de regularización que ya no dependía de los contingentes, o de los procesos especiales, sino que podía ser utilizado en cualquier momento. Además, la expulsión pasaba a ser, con aquella ley, de difícil aplicación a los inmigrantes si su única falta era no disponer de la residencia legal, ya que esta irregularidad no se contemplaba como causa de expulsión (que se reservaba principalmente para los casos relacionados con la delincuencia), y tampoco se permitía el internamiento en los centros para extranjeros sólo por ese motivo.
Como se recordará, la ley 4/2000 se aprobó, en diciembre de 1999, con el voto en contra del partido del Gobierno, el cual prometió cambiarla si ganaba las elecciones de marzo de 2000, elecciones que ganó por mayoría absoluta. En ese mismo año quedó aprobada la ley 8/20001 que reformó la 4/2000. La nueva ley supuso un importante recorte de derechos, sobre todo para las personas en situación de estancia irregular. Perdieron el derecho a la educación no obligatoria, a las ayudas a la vivienda y otras prestaciones sociales, a la tutela judicial efectiva, a la asistencia jurídica gratuita en casos de necesidad, etc. Pero, además, se les negaron algunos derechos considerados fundamentales, como el derecho de huelga, el de sindicación, el de asociación, el de manifestación y el de reunión, aspecto que motivó la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra esa ley. Y (lo que resultaría más dañino de dicha ley) la posibilidad de regularizar la situación legal de las personas con estancia irregular quedó restringida al exigir cinco años de estancia en España.2
Las regularizaciones, los convenios con terceros países y los contingentes de los últimos años
Estas reformas de la ley de extranjería vinieron acompañadas de varios procesos de regularización, que se impusieron más por la presión social que porque el Gobierno los hubiese previsto. El primero se produjo entre marzo y julio de 2000 y sus requisitos eran haber presentado previamente una solicitud de residencia y estar en España desde antes del 1 de julio de 1999. A este proceso se presentaron unas 244.000 solicitudes. El elevado porcentaje de denegaciones de las solicitudes presentadas (más de 90.000) llevó a un segundo proceso de repesca, al que podían acudir los denegados del proceso anterior siempre que la causa de denegación hubiese sido no haber demostrado estar en España desde antes del 1 de julio de 1999. Después, como resultado de las importantes movilizaciones que se produjeron en el primer trimestre de 2001, se desarrolló otro proceso de regularización, denominado de arraigo, que concluyó el 1 de agosto de ese año, con la entrada en vigor del reglamento de extranjería.
Por lo que se refiere a la canalización legal de los flujos de inmigración, ninguna ley, ni la 4/2000 ni la 8/2000, aportaron nada nuevo, lo que, en la práctica, significó que la entrada de inmigrantes seguiría, y sigue, produciéndose principalmente por vías irregulares. El Gobierno del PP cambió la ley diciendo que era precisamente esto lo que quería combatir, pero, si así era, su fracaso ha sito estrepitoso. Los instrumentos dispuestos después para el ordenamiento de los flujos (contingentes de 2002, 2003… y convenios con algunos países) han sido escasos e inadecuados, y ponen en cuestión que el Gobierno haya querido realmente reconducir los flujos de inmigración hacia vías legales.
Los convenios han sido firmados con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumania y Polonia. Su contenido común dice que las autoridades españolas señalarán, basándose en las necesidades de nuestro mercado laboral, contingentes de trabajadores que deben ser allí reclutados. El reclutamiento lo hacen las autoridades del otro país y la selección posterior pueden hacerla también ellas, o las autoridades españolas, o a través de comisiones conjuntas (la fórmula es distinta en cada convenio). Son convenios muy dirigidos (aunque literalmente no en todos sea así) a organizar flujos de trabajadores temporeros, y tienen cláusulas bastante específicas sobre el retorno cuando el trabajo se concluye.
Un año después de que la mayoría de esos convenios hubiesen sido firmados ya podía verse que no serían de gran utilidad para la regulación de los flujos. Tal y como han estado planteados son de muy dudosa eficacia, pero, además, no se han puesto los mecanismos necesarios para que empiecen a funcionar. El convenio con Ecuador era del que más resultados se esperaban, y sólo permitió la migración de varias decenas de personas durante un período en el que, en cambio, se produjo la inmigración irregular de muchos miles. La prueba más clara de la hasta ahora inutilidad de los convenios es que, de los seis países con los que se han firmado, el primer contingente numeroso de trabajadores que migró a España fue el de las mujeres polacas, que vinieron, a principios de 2002, para la campaña de la fresa de Huelva; pero precisamente vinieron antes de que el convenio con su país estuviese en vigor, el cual fue firmado el 21 de mayo de 2002.
Algo parecido podemos decir de los contingentes. El de 2002 se estableció después de un proceso muy deficiente para la determinación del número de plazas que debía contener, quedando fijadas en 32.079 (dos terceras partes para temporeros), Pero, además, quedó establecido que las solicitudes concretas sólo podían ser hechas por parte de las organizaciones empresariales, y que tales solicitudes no podían ser nominativas ya que la selección de los trabajadores iba a hacerse en los países de origen. Los empresarios debían adaptarse a la selección que allí se hiciese, lo que, unido a la perspectiva de una larga espera hasta que el trabajador estuviese aquí, hizo que apenas se formularan solicitudes. El de 2003 fue formulado de manera muy parecida; las solicitudes seguían sin poder ser nominativas, aunque se incluyó la posibilidad de que lo fuesen en algunos casos particulares3. El contingente para 2004 ha seguido el mismo proceso de elaboración, sin cambios significativos respecto a los anteriores.
La “lucha contra la inmigración ilegal” como eje de la política de inmigración
Estos procesos legales se han producido en el marco de una política de extranjería en la que el elemento central y casi único señalado por el Gobierno del PP ha sido “la lucha contra la inmigración ilegal”. Cuando ese Gobierno ha hablado de inmigración, no lo ha hecho para definir medidas de integración social, ni para promover el acceso de las personas inmigradas a los derechos de ciudadanía, ni siquiera para favorecer, de forma efectiva, la canalización legal de la entrada de inmigrantes; lo ha hecho para hablar de control de fronteras, o para hablar de aumentar las expulsiones, o lo que es peor, para vincular inmigración con delincuencia y relacionarlo con la necesidad de aumentar las expulsiones. Es decir, la lucha contra la inmigración ilegal parece haber sido el único aspecto sobre el que debía girar la política de inmigración, y la expulsión parecía ser el principal componente de esa política.
Esto ha quedado muy claro, tanto en la intervención del Gobierno español en el marco de las políticas europeas de inmigración, como en la nueva reforma que se planteó, por parte del PP, para la ley de extranjería; como también en las reformas planteadas al derecho penal en relación con la inmigración. Cuando España tuvo su último periodo de presidencia europea (primer semestre de 2002) impuso que el único tema a discutir fuese la lucha contra la inmigración ilegal, dejando en suspenso el resto de propuestas hechas por la Comisión Europea, tanto sobre derechos de las personas inmigradas como sobre la regulación de la entrada de trabajadores. El Consejo Europeo de Sevilla (junio de 2002) fue la mayor puesta en escena de la vacuidad de las políticas actuales de inmigración: la inmigración ilegal parecía ser el mayor problema de Europa, sin que nadie se acordase de plantear cómo debe organizarse la inmigración legal, ni sin que la necesaria integración social de la población inmigrada pareciese tener ninguna importancia.
La nueva ley de extranjería 14/2003
Así se llegó a la tercera reforma de la ley de extranjería. Ésta fue presentada dos días antes de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003, lo que indicó que nuevamente el gobierno del Partido Popular utilizaba este tema para obtener votos, presentándose como más duro que nadie contra la inmigración. Se trató, ciertamente, de una reforma en sentido restrictivo centrada en penalizar más la inmigración irregular y en facilitar las expulsiones. Las restricciones que se habían introducido en el Reglamento de aplicación de la ley, y que el Tribunal Supremo había anulado (once artículos del Reglamento), volvían a ser introducidas por el Gobierno en la nueva reforma. Restricciones en derechos como el de la asistencia jurídica de quienes entran irregularmente, la libertad de circulación de estas personas cuando no son sometidas a expediente de expulsión, etc. Se introducían también nuevas sanciones para las compañías aéreas que transportan personas sin la documentación adecuada, y se posibilitaba el uso de los datos del padrón municipal contra las personas que se hallan en situación irregular. Se daba, en definitiva, una nueva vuelta de tuerca, aumentando el carácter policial y restrictivo de la normativa de extranjería.
Con la nueva ley de extranjería, Ley 14/2003, el derecho de asilo sufre nuevas limitaciones, como han denunciado Amnistía Internacional4 y otras organizaciones. Tanto el incremento de las sanciones contra las compañías aéreas, como la mayor obligatoriedad del visado para entrar en España, actúan haciendo inviable el derecho de asilo. La explicación de esto, reiteradamente señalada por las organizaciones sociales, está en que las personas que sufren persecución o riesgos para su integridad física, y que pueden necesitar asilo político en otro país, no van a tener, en la mayor parte de los casos, posibilidad de hacerse con la documentación de viaje adecuada (visado, etc.), y, sin embargo, el derecho internacional de asilo contempla que estas personas han de poder dirigirse a otro país para solicitar el asilo. Si las compañías aéreas son sancionadas cuando transportan a alguien sin la documentación establecida, acabarán negándose a transportar a personas susceptibles de ser asiladas y, en consecuencia, estarán impidiendo el derecho de asilo. Por otra parte, los funcionarios de las compañías de transporte serán quienes tengan que dilucidar cuando la documentación de una persona es válida para entrar en España, supliendo la labor que en realidad corresponde a la policía de fronteras; es decir, personas que no tienen por qué ser especialistas en visados y documentación identificativa personal serán quienes decidirán si se autoriza o no a alguien para viajar a España.
Otro aspecto dañino de esta cuarta Ley de Extranjería es que restringe las ya muy limitadas posibilidades de regularización de las personas inmigradas que en España se hallan en situación irregular. Desaparece la referencia de la ley anterior a los 5 años de estancia en España para poder optar a la regularización, cambiándose por una referencia genérica a que en situaciones de arraigo, y de forma excepcional, se podrá optar a la regularización; y se consagra el visado en origen como única forma de acceder al permiso de residencia.
Restringe también el derecho a la reagrupación familiar al rechazar lo que han denominado “reagrupaciones en cadena”. Conviene señalar, de entrada, que la “cadena” a la que se refieren tiene muy pocos eslabones, por lo que su efecto sobre el flujo inmigratorio que España recibe es insignificante. La cadena consiste en que alguien que ha sido reagrupado como cónyuge pueda reagrupar después a sus padres, y estos a sus otros hijos, etc. Pero esto ya estaba limitado en la legislación anterior por el hecho de que nadie puede reagrupar a otra persona antes de haber cumplido el primer año de residencia; es decir, se trataba de una cadena en la que cada eslabón añadido requería un año para hacerse efectivo. Lo que la nueva Ley dice es que el eslabón no podrá añadirse hasta que el reagrupante no cuente con un permiso independiente. Se trata de una medida planteada por quienes no conocen (o desprecian) la importancia de las redes sociales y familiares en los procesos migratorios; precisamente, lo que conviene es que la inmigración se produzca con los máximos apoyos familiares posibles, porque ello es bueno para facilitar la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, y, por tanto, las “reagrupaciones en cadena” deberían potenciarse en lugar de reprimirse.
La propuesta de reforma planteada por el PP contó con el apoyo del PSOE cuando el primero aceptó 24 enmiendas planteadas por el segundo. Estas enmiendas no modificaron significativamente ninguno de los aspectos que hemos comentado en los párrafos anteriores, es decir, el texto PP-PSOE siguió representando (incluidas ya las enmiendas) una vuelta de tuerca en sentido restrictivo respecto a la ley anterior. La aportación positiva del PSOE fue la incorporación del visado de entrada para búsqueda de empleo, pero aquí se ha planteado con limitaciones que lo diferencian claramente del visado de búsqueda de empleo existente en el Reino Unido, o del que existió en Italia hasta que la ley de 2002 (la llamada ley Bossi-Fini) lo hizo desaparecer. El nuestro es un visado que sólo da derecho a una estancia de tres meses (improrrogable), con la obligación de volverse al país de origen si en ese tiempo no se ha encontrado trabajo, y, además, servirá sólo para algunos sectores laborales que el gobierno determinará en cada contingente anual. Sin duda se piensa en el servicio doméstico como principal destinatario de esta modalidad de entrada.
La Ley de Extranjería 14/2003 conduce a una situación en la que la inseguridad jurídica de las personas inmigradas, que ya era muy grande por las ambigüedades que siempre ha tenido la legislación de extranjería y por la capacidad discrecional que concede a los funcionarios públicos, aumentará notablemente. Conduce a un mayor distanciamiento entre los derechos de los autóctonos (o de quienes cuentan con la nacionalidad española) y los derechos de las personas inmigradas. Conduce también a un aumento de la estigmatización de los inmigrantes, al mantener constantemente la atención centrada en la necesidad de ampliar la acción policial y judicial frente a ellos. En definitiva, una política de inmigración poco preocupada por la integración social de las personas inmigradas, y cuya acción está, de hecho, potenciando la exclusión.
NOTAS
1 Entró en vigor el 23 de enero de 2001.
2 El Reglamento de aplicación de la Ley, hecho posteriormente, hizo una aparente ampliación de la posibilidad de regularización: señaló que ésta puede producirse por tres motivos. El primero es tener una irregularidad sobrevenida (quienes tuvieron residencia legal y la perdieron) y haber pasado ya dos años en situación irregular. El segundo es llevar cinco años en situación irregular, como único condicionante. Y el tercero es tener una situación de arraigo cuando ya se llevan tres años en situación irregular; el arraigo, en este caso, queda definido por dos condicionantes: disponer de empleo y tener familiares de primer grado con residencia legal. Ese tercer motivo parece reducir de cinco a tres años la posibilidad de regularización, pero no es real, ya que exige tener familiares de primer grado (esposo/a, padres o hijos) en situación legal, lo que, de cumplirse, permite la regularización por la vía de la reagrupación familiar, es decir, que no aporta ninguna posibilidad nueva.
3 Podían ser nominativas cuando estaban hechas por empresas que tienen filiales en los países de origen de la inmigración y que reclutan ellas mismas a los inmigrantes, o cuando el interesado ha contado anteriormente con un permiso de trabajo en España. Ambas son condiciones muy restrictivas por lo que se refiere al número de personas que pueden acogerse a ellas. Una tercera posibilidad era la que se refiere a personas que han trabajado en el servicio doméstico para un español (lo que parece dirigido a que el personal diplomático pueda traerse a sus empleados domésticos cuando vuelven a España).
4 Ver http://www.a-i.es
Enero 2004
Luis M. Sáenz
Entre la política exterior de los gobiernos socialdemócratas (1983-1996) y la política exterior aznarista (1996-2004) hay elementos de continuidad. No obstante, pese a que esa política es el territorio en el que los gobiernos más o menos de izquierda se comportan de forma más mimética a la derecha y donde “patriotismo” y la razón de Estado se convierten en coartada suprema de ignominias, insolidaridades y turbias amistades, llama la atención la intensidad con que destacan las peculiaridades de la política exterior aznarista, especialmente durante la última legislatura, influida por dos lamentables hechos políticos: la mayoría absoluta obtenida por el PP en marzo del 2000, que puso fin a su “centrismo”, y la irregular victoria de George Bush en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre del mismo año, que implicó un cambio significativo en la política exterior estadounidense. El “periodo Aznar” ha modificado algunas grandes líneas de la política exterior española. Un cambio... a peor.
La alianza neoreaccionaria en torno a Bush
La alineación de Aznar respecto a la Administración estadounidense se hizo más incondicional y entusiasta con la investidura de George Bush, el líder que Aznar y la derecha española deseaban. A Clinton podían obedecerle. A Bush le aman.
Bush y Aznar son personajes ideologizados, autoritarios, caciquiles, próximos al fundamentalismo cristiano, muy reaccionarios. Su proyecto que no es conservador, sino regresivo: estrategia belicista, “ofensiva moral”, recorte de las libertades civiles. Políticos “del capitalismo”, pero con un compromiso prioritario con grupos empresariales muy determinados que influeyen a su vez en la toma de decisiones políticas.
Aunque las ideas de Bush no sean nuevas, su presencia en la Presidencia de EE.UU. ha permitido que se hay puesto en marcha un nuevo proyecto político, una nueva alianza neoreaccionaria, de la que Aznar es parte integrante arrastrando a España en su conjunto hacia una estrategia cargada de peligros en contra de la opinión de las demás fuerzas políticas y de una aplastante mayoría social que abarca, incluso, a una amplia franja de votantes del Partido Popular. Aznar no ha dudado en ignorar los requisitos constitucionales para entrar en guerra, ni en incumplir obligaciones del Estado en la defensa de los ciudadanos españoles, ni en ponerse chulo, creyéndose respaldado por su tejano primo fortachón, con los gobiernos de Francia, el Estado más comprometido en la derrota de ETA, y de Alemania, principal pagador de los fondos de la UE que llegan a España.
“Mundo libre” o “ingerencia humanitaria” eran conceptos políticos positivos, aunque pudiesen ser usados de forma hipócrita. El discurso de la nueva alianza neoreaccionaria se basa en el miedo y lo fomenta, como coartada para restringir los derechos de las poblaciones inmigrantes, recortar la libertad de expresión, legalizar el espionaje incontrolado de las comunicaciones, generar nuevas figuras delictivas para actos pacíficos de resistencia y desobediencia, justificar el terror de los Estados, etc. Ya no se propone un capitalismo triunfante al que se atribuía la capacidad -irreal- de llevar prosperidad y democracia a toda la humanidad. A los países más acomodados se les inocula la idea de que su estilo de vida y seguridad están amenazados y que sólo podrán salvaguardarlo enfrentándose al resto del mundo y renunciando a parte sustancial de sus libertades.
Algunos de los rasgos más relevantes del nuevo discurso neoreaccionario son:
- La “guerra contra el terrorismo” como eje ideológico, político e incluso “moral”.
- La acción planetaria policiaco-militar “preventiva” como forma privilegiadas de esa guerra global, de “geometría variable” y alcance indefinido por carecer de objetivos precisos e incluso de “enemigos” definidos previamente.
- La Administración estadounidense como depositaria de la potestad arbitraria para decidir “quién es” terrorista y qué acciones deben llevarse a cabo, junto al reconocimiento subsidiario de otros Estados como soberanos para designar a “sus terroristas”, ya se trate de un niño palestino, una familia chechena no rusófila o un monje tibetano.
- La devaluación o repudio de cualquier paso hacia una regulación común del uso y conservación de recursos por esencia extraterritoriales, hacia el establecimiento de una jurisdicción universal contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad, hacia la universalización de los derechos humanos, hacia la limitación de la producción, comercio o tenencia de diversos tipos de armamentos.
El entusiasmo en las filas del PP ante esta estrategia es tan sincero que desde sus círculos se sugiere que el gobierno español habría sido una especie de voz clamando en el desierto del “garantismo” europeo hasta que, por fin, el 11/9/2001 despertó a la comunidad internacional. Florentino Portero, analista del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, en la reunión que el 26/6/2003 mantenía una subcomisión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, expresaba esto con toda claridad:
Tras el 11 de Septiembre muchas de las posiciones mantenidas tradicionalmente por España recibieron una mayor comprensión. Nuestros aliados empezaron a decirnos que ETA no era sólo una problema nacional; a aceptar algunas de las medidas para la persecución internacional del terrorismo que veníamos postulando; a comprender mejor el problema de seguridad que todos tenemos en nuestra frontera sur. Estados Unidos ha sido el motor de este cambio y nosotros lo valoramos.
Sin embargo, esta “guerra contra el terrorismo” es un fraude, no sólo a causa de la habitual hipocresía con la que Estados, hombres de gobierno o grupos armados de diversos signos quitan a su gusto la etiqueta de “terrorismo” a actos abominables contra poblaciones civiles indefensas o contra quienes se oponen con la palabra a su voluntad, o se la ponen a acciones pacíficas de resistencia ciudadana, desobediencia civil o, simplemente, libre ejercicio de derechos. Es un fraude, más en concreto, porque la actividad contra el terrorismo es absolutamente marginal en esta estrategia.
Desde años antes de la llegada de Aznar a La Moncloa, el Estado francés colabora en la persecución de ETA, que ha sufrido en el país vecino los golpes más duros contra su estructura. En agosto de 2003, el propio ministro del Interior, Ángel Acebes, declaraba que “Francia está haciendo todo lo que puede en la lucha contra ETA. Colabora bien y se lo agradecemos”, lo que no era una novedad fruto de la presión de la “guerra antiterrorista” tras la masacre del 11 de septiembre de 2001. La colaboración de Francia contra ETA ha sido mucho más valiosa que la de Estados Unidos. Pese a ello, Aznar y sus ministros, en nombre de las ortodoxias militares, financieras y políticas que preconizan, se han mostrado especialmente “bordes” contra el gobierno francés y han emitido declaraciones hostiles de tono predemocrático. No se trata de que haya que compartir las políticas del Estado francés: sólo quiero resaltar la mentira de quienes ligan alianzas reaccionarias y políticas belicistas a la acción contra ETA en España.
La situación iraquí viene a confirmar lo mismo. Si algo positivo tuvo esta guerra injustificable y globalmente dañina, fue el derrumbe del régimen sadamita y su terror de Estado contra su propia población. Pero en nada ha contribuido a debilitar a Al Qaeda ni a los fundamentalismos islámicos más agresivos.
Pese a todo, ¿quién se atreverá, sin correr el riesgo de desprestigiarse, a alzar la voz contra esta “guerra al terrorismo”, que nada tiene que ver, por ejemplo, con intervenciones como la que, tardíamente, tuvo lugar en Bosnia? Puede ser difícil, sin duda, dado el peso de ciertas palabras, pero hay que hacerlo. Nos están vendiendo mercancía falsificada. Y Aznar es uno de los implicados.
La construcción europea
La presidencia española del Consejo Europeo durante el primer semestre de 2002 se saldo con el fracaso. Aznar trató de sesgar la agenda hacia el marco delimitado por la nueva estrategia de Bush, dando prioridad a un desarrollo represivo de la política europea hacia el fenómeno migratorio, hasta el punto de incluir una propuesta, que no salió adelante, de establecer un régimen de sanciones y “descooperación” hacia los países empobrecidos que fuesen principal fuente de migración “sin papeles” hacia Europa. Por lo demás, fue una presidencia mediocre y estéril. Anuncio de lo que iba a venir después.
El aznarismo ha situado a España en la retaguardia del proceso de construcción de la Unión Europea, apostando por la Europa de los gobiernos, una Europa cerrada, una Europa en la que se desprecia el espacio político común a construir -espacio, por tanto, también de disidencias, alternancias y alternativas- para quedarse sólo en herramienta intergubernamental valorada en la medida que sirva para aplicar políticas liberistas y represivas o para rapiñar algunos fondos. Una Europa subordinada, sin iniciativa política propia. Los tres principales aliados de Bush en la campaña de Irak (los gobiernos de España, Polonia y Gran Bretaña) son también los que más obstáculos están poniendo al desarrollo del espacio político europeo, y parece razonable preguntarse si el empeño en obstruir el desarrollo de la capacidad política de la Unión Europea podría estar relacionado con la apuesta con una relación bilateral privilegiada con Estados Unidos. En el caso particular de Aznar, creo que podríamos decir, de forma más concreta, “con los Estados Unidos de George Bush”.
Es significativo que otra polémica euroconstitucional en la que el gobierno español “ha dado la nota” haya sido la referente a la demanda de incorporación de una referencia a la tradición cristiana en la Carta constitucional. Cómo lo es la frecuente coincidencia en los foros internacionales de la diplomacia española con los representantes de Estados Unidos, del Estado clericalocrático vaticano y de los Estados islámicos en los temas relacionados con bioética, laicismo, aborto y derechos de la mujer. En esos ámbitos, la alineación de Aznar con Bush es mucho mayor que la que pueda tener Blair.
El aznarismo ha aportado a la política exterior española una orientación de combate contra una Europa autónoma formada por individuos autónomos, unidos por la voluntad de convivir aquí y ahora y construir en común presente y futuro.
América Latina: política y negocios
España podría jugar un papel importante en el diálogo entre Europa y América Latina. Pero las cosas han marchado por caminos muy diferentes.
La Fundación Carolina fue fundada por el Gobierno español a finales del año 2000, como “institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, especialmente los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”. En realidad, es un experimento de “privatización” (“apropiación privativa”) de la política. Podríamos hablar de la derivación de fondos para becas hacia esa institución de estatuto seudopúblico, interés privado y sesgo ideológico manifiesto, hasta no hace mucho tiempo dirigida por alguien vinculado a los Legionarios de Cristo y a Ana Botella. Pero vamos a seguir otra pista.
En el patronato de la Fundación Carolina, figuran, además de Aznar, Arenas, Rato, Ana Palacio, Pilar del Castillo y otros destacados políticos del PP, los presidentes de poderosas empresas de la banca, las telecomunicaciones, la construcción, la energía, etc., casi todas ellas con importantes inversiones en América Latina, ligadas en numerosas ocasiones a discutidas y turbias decisiones de gobiernos latinoamericanos en torno a privatizaciones o concesiones de obras y servicios. El gobierno Aznar no ha vacilado en utilizar un tono amenazador y agresivo contra gobiernos soberanos cuando ha creído que las decisiones de éstos podrían perjudicar los intereses de alguna de esas grandes empresas, en varias ocasiones denunciadas por prácticas depredadoras. ¡Qué pena que no haya mostrado la misma energía ante la Administración Bush para reclamar la investigación y castigo del asesinato de José Couso, ciudadano y periodista!
La política exterior hacia América Latina se ha articulado en torno a dos grandes objetivos, perfectamente representados en la Fundación Carolina, símbolo de una política, a la vez que herramienta de ella. Por un lado, montar buenos negocios, en los que ningún beneficio sacan la inmensa mayoría de los españoles o de los latinoamericanos, pero muy rentables para sus beneficiarios; por otro, la creación de una capa de políticos, politicastros, técnicos, tecnócratas o ejecutivos que puedan ser portadores de los intereses políticos y económicos de los patrocinadores de la Fundación. Y entre ambas facetas, muy buenos vasos comunicantes... No estoy diciendo, claro está, que todos los becarios de la Fundación Carolina estén en ese juego ni que todos los patrocinadores institucionales de la Fundación formen parte de ese proyecto. Hablo del rumbo político del Gobierno Aznar y utilizo para ello, en parte como metáfora, la experiencia de privatización de la política exterior representada por la Fundación Carolina.
África: la amenaza
Cara a África, han primado factores ideológicos y políticos. Si la drástica disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo dirigida hacia ese continente da pruebas de indiferencia, el “África árabe” ha sido tratada como elemento hostil, agudizando tensiones y fomentando el miedo hacia nuestros vecinos sureños.
Como muestra basta un botón. Florentido Portero comenzaba su intervención antes citada con las siguientes palabras:
Nosotros somos frontera con el mundo árabe. Países como Marruecos y Argelia son nuestros vecinos. Los problemas derivados del fracaso de los procesos de modernización en esta región los sufrimos directamente: emigración ilegal, formación de grupos islamistas en nuestro territorio, actitudes contrarias a la integración en parte de esa población, establecimiento de células de Al-Qaeda o de otras formaciones terroristas.
¡Vaya comiezo! Esta actitud, a mi entender reflejo exacto de la que sustenta los comportamientos de Aznar y sus ministros de exteriores, primero Piqué y luego Ana Palacios, no refleja preocupación por los derechos humanos violados, por el abuso de las mafias, por las vejaciones sufridas por las mujeres. La esencia de esa “mirada” es la hostilidad y, una vez más, la creación y utilización del miedo.
¿Ha visto alguien a la diplomacia española haciendo frente a las agresiones a la libertad de prensa en Marruecos? ¿Se ha enfrentado en los foros internacionales a la santa alianza de El Vaticano y los estados islámicos para bloquear cualquier intento de que los derechos de las mujeres sean reconocidos como derechos de la humanidad? ¿Se ha fomentado la integración de la población inmigrante reconociéndoles como sujetos con derechos y voz? Sin embargo, sí hemos visto la puesta en marcha de una chulesca operación militar para ocupar un peñasco deshabitado a 200 metros de la costa marroquí, atribuyéndose una soberanía colonial que la geografía, la historia, la política y el sentido común desmienten.
El Partido Popular no está proponiendo a España como puente entre la Unión Europea y África. Más bien parece reclamar el dudoso honor de formar parte del primer batallón de choque para la “guerra de civilizaciones”.
Si la política de cooperación, hablando de nuevo en términos generales, era ya raquítica en los gobiernos del PSOE , con el PP se ha alcanzado una situación escandalosa. Muy lejos del objetivo del 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo (apenas un 0,25%), las ayudas se orientan según intereses ajenos a las poblaciones que necesitan ser apoyadas y, en consecuencia, la parte principal de los fondos no se dirige a los países y grupos humanos más necesitados. Por otra parte, la manipulación política de la distribución de las subvenciones para proyectos de cooperación ha alcanzado límites intolerables. La escalada en el “ranking” de organizaciones confesionales, estrechamente ligadas a los componentes más reaccionarios de la Iglesia católica y al propio PP, ha sido vertiginosa, quedando cortado el diálogo con la mayor parte de las ONGs que trabajan en el ámbito de la cooperación.
A modo de conclusión
La política exterior y la
política interior del aznarismo son caras de un mismo proyecto reaccionario.
La gran ventaja que ha tenido la derecha durante estos años es que tiene
muy claro lo que quiere conseguir y a quién desea beneficiar. Claridad que
ha faltado en la izquierda y que debe ser recuperada. Aunque no se lo crean,
somos muchos los ciudadanos que no queremos pagar menos impuestos, sino
que también los paguen los que más tienen y que se usen de otra manera, en
favor de la solidaridad y de la libertad, más allá de las fronteras que aún
dividen a la humanidad. Más allá del miedo al “otro”.
Vicent
Álvarez
Estamos en plena “oferta” de promesas, en plena carrera pre-electoral. Se
apuesta por prometer más que los otros, por quedar bien y mejorar en el mercado
el producto que se quiere vender. Al mismo tiempo, hay que resucitar viejos
fantasmas, el del peligro secesionista, la maldad de los nacionalismos y
la bondad del otro nacionalismo, el que pretende no serlo y que a fin de
cuentas es el mayoritáaio. Vienen al caso unas reflexiones del profesor Lucas
Verdú, hechas hace ya algun tiempo, que evidencian la pobreza de propuestas
en la que estamos. Decía el citado profesor: "Falló la capacidad creadora,
inventora, propia de personas o élites, de terminos, conceptos e instituciones
fundamentales idóneas para ordenar, normativa y institucionalmente, una comunidad
política, en momento críticos".
Toda esa energia con la cual se combate cualquier propuesta de cambio,
en la articulación del proceso autonómico o federal, tal vez una cuestión
de nombres, no hace más que evidenciar el fracaso de quienes han tenido las
mayorías necesarias para innovar, ofrecer propuestas viables de recomponer
la relación entre los distintos pueblos que convivimos en el Estado. La resistencia
a reconocer las evidencias, resistencia curiosamente compartida a veces por
gentes que se situan en la izquierda, es un equivalente al "miedo a la libertad"
que denunció From.
Sin ir muy lejos, y sin detenernos en los temas más relevantes o de
mayor tensión pública, podemos observar la reacción que se generó ante las
propuestas que desde Cataluña se hicieron sobre la reforma de los tribunales
de justicia. Nuestra derecha en el poder reaccionó ante una cosa tan sencilla
como la atribución de plenas competencias en materia de justicia a las comunidades
autonómas, reservando a las instancias del Estado, Tribunal Constitucional
y Tribunal Supremo, unas funciones de máximo garante del orden constitucional
al primero, y el segundo como unificador de la doctrina jurisprudencial.
Eso esta funcionando en muchos estados, incluso en muchos con un sistema
sin federaciones o autonomías. Es más, desde el mismo Consejo General del
Poder Judicial se habia planteado con anterioridad. De momento, pues, seguiremos
con el modelo decimonónico, esperando los profesionales la sopa boba del
Supremo.
Ante el pobre papel de un Senado que se limita a una segunda lectura de las
leyes sin más, se impone una reforma que haga de él un instrumento que permita
resolver el problema de la articulación de la diversidad cultural y territorial.
Pues bien, de nuevo ese miedo a lo nuevo, una especie de terror a reconocer
la pluralidad, y desde ese reconocimiento arbitrar la coordinación entre
las autonomias. Eso, según dicen, es un peligro, cosa que no ocurre en lugares
tan poco sospechosos como Alemania.
Gracias a la ausencia de propuestas desde el poder, gracias a su fundamentalismo
castizo, hemos vuelto hacia atrás, a los tiempos del miedo al "separatismo",
al peligro vasco, catalán o de quienes pensamos en un proceso federalizante,
o sea, en un modelo de estado diferente al suyo.
Se puede ser conservador, se pueden defender todos los modelos posibles,
eso sí, sobre la premisa de razonar, oir, pensar. Recordemos junto con Maria
Zambrano que "La democracia es la unidad de la multiplicidad, del reconocimiento,
por tanto, de todas las diversidades, de todas las diferencias de situación".
Mantegamos la mente abierta. Quienes queremos cambios hemos de quererlos
en muchos ámbitos, uno necesario y más que evidente es el relativo a la unidad
y prularidad de pueblos y naciones en el estado. Tan nocivo puede ser un
fundamentalismo independentista,como el que representa un personaje como
es el Sr. Aznar.