La guerra contra
los servicios públicos
José
Antonio Errejón
Iniciativa Socialista, nº 70, octubre
2003
Hay una guerra de ocupación contra el pueblo iraquí como ayer
la hubo contra el pueblo afgano, y siempre contra el pueblo palestino. La
coalición de corporaciones del petróleo el armamento y el tabaco
que actualmente gobierna en Washinghton ha señalado una serie de pueblos
como objetivos de su maquinaria de guerra y destrucción.
Pero hay otra guerra permanente, sorda, cotidiana que libra una coalición
de corporaciones más amplia que tiene su secretaría en la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Comenzó en los años 70 del pasado
siglo en primer lugar contra los derechos de los trabajadores y su capacidad
para determinar sus condiciones de empleo y sueldo, y después ha extendido
sus objetivos hacia el conjunto de los derechos sociales buscando, a través
de su desaparición y conversión en mercancías, abrir
posibilidades de negocio y acumulación para intentar atajar la inacabable
secuencia de crisis del sistema capitalista.
En forma similar a como el FMI y el gran capital financiero presionan a
los Estados endeudados para que reduzcan sus gastos y derechos sociales,
la OMC y las grandes corporaciones lo hacen para que la totalidad de los
servicios públicos sean ofertados para su gestión a los monopolios
de cada sector ; y, a eso, lo llaman “liberalización”.
Es verdad que hay, tras esa presión del capital transnacional y sus
agencias, una ideología pretendidamente justificadora que ha sido sistemáticamente
actuada por intelectuales y políticos conservadores pero también
de la izquierda del sistema. Es el discurso de la ineficiencia de lo público
y la superioridad de la empresa privada para gestionar de forma más
barata y con más calidad los servicios.
Tras esa fachada ideológica hemos podido ver el rostro de la explotación
más descarnada, la degradación de los servicios y los derechos
ciudadanos, la banalización de la democracia. El poder de las corporaciones
es totalitario; no sólo persigue apoderarse del último resquicio
de nuestro planeta no sometido a su dominación, sino colonizar también
la totalidad de las dimensiones de la vida en sociedad para convertirlas en
mercancías.
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adoptado en Marrakech
en 1994, consagra la hegemonía neoliberal al proclamar como principio
la apertura al comercio internacional de cualquier tipo de prestación
de servicios en el interior de un Estado, excepción hecha de la defensa,
la seguridad pública, la justicia y las instituciones penitenciarias.
En su virtud, y a través de un dilatado procedimiento que ahora se
acerca a su momento crucial, los Estados miembros deben hacer explícitas
sus demandas de liberalización por sectores y las ofertas de liberalización
que están dispuestos a llevar a cabo justificando aquellos sectores
en donde se desea mantener restricciones a la liberalización.
De acuerdo con la lógica neoliberal, el objetivo es más que
evidente. Se trata de convertir las inmensas necesidades básicas de
las poblaciones en oportunidades de negocio para una economía mundial
que, a la sazón “primeros noventa”, está viviendo una nueva
fase recesiva tras la crisis de la burbuja especulativa de los 80 y el crak
bursátil de 1987. Las necesidades de los pueblos del Tercer Mundo,
desde luego, en buena medida carentes de los más elementales servicios
básicos que sus Estados han sido incapaces de proveer. Pero también
las necesidades de los pueblos que han visto derrumbarse los servicios proporcionados
por los Estados burocráticos del Este sin que hasta ahora el capitalismo
los haya sustituido por el bienestar prometido. Y, en fin, las de los pueblos
que hemos disfrutado de un más o menos amplio Estado del Bienestar,
objeto de los ataques de Gobiernos diferentes inspirados por la ideología
neoliberal.
El proceso está muy avanzado y se desenvuelve, como suele ocurrir
bajo el dominio de los paladines de la “sociedad abierta”, en el más
absoluto de los secretos que pretende ser compensado con un procedimiento
de consulta con representantes de la sociedad civil que, en realidad, humillan
a quienes se avienen a participar en esta mascarada. La Comisión de
la UE , que negocia en nombre de los Estados miembros, no se ha dignado a
informar al Parlamento Europeo, alegando que informa puntualmente a los gobiernos
de estos Estados que son quienes deben responder ante su opinión pública.
Los Estados miembros mantienen un diferente nivel de transparencia, desde
Bélgica y Holanda con un apreciable flujo de información a sus
parlamentos y a diferentes interlocutores sociales, hasta el Estado Español
que se distingue por un notable desconocimiento del AGCS -su significado,
alcance y efectos- entre la mayoría de la clase política y de
las organizaciones de la sociedad civil.
Resulta escandaloso, en todo caso, que decisiones que determinan el ejercicio
de derechos básicos de ciudadanía como la salud, la educación
y el medio ambiente, estén sustanciándose prácticamente
al margen de los representantes de la soberanía popular. Si se consumaran
estas decisiones la democracia, en la UE y en el Estado Español, sufriría
un revés adicional al que ha supuesto el apoyo a la guerra, en contra
de la mayoritaria opinión de las ciudadanas y ciudadanos.
La reciente cumbre ministerial de la OMC celebrada en Cancún no ha
supuesto avance alguno en la dirección de los objetivos de liberalización
de los servicios públicos. Pero no existe razón objetiva para
el entusiasmo. Las grandes corporaciones continúan denodadamente acaparando
buena parte de la gestión de los servicios públicos básicos
en un gran parte de los países de Asia y América Latina, pero
también en muchos de Europa y Norteamérica. La gestión
de los residuos urbanos y del agua son ejemplos de servicios convertidos en
negocios multimillonarios en manos de corporaciones; algunas de las cuales
han podido remontar coyunturas adversas gracias a las ingentes ganancias obtenidas
en la gestión de estos servicios.
La gestión del servicio de atención a la tercera edad en una
región tan envejecida como la madrileña se ha convertido, asimismo,
en un suculento negocio de la mano de la política de Ruiz Gallardón,
en cuyo mandato no se ha construido ni una sola residencia de mayores de gestión
pública. Algunos efectos hemos podido probarlos recientemente: acelerado
deterioro de las instalaciones, defectos y carencias de atención, especialmente
graves en residencias “especializadas” de Alhzeimer y demencia senil, equipos
profesionales insuficientemente capacitados que desvían a la sanidad
pública a los insolventes, bajísimos salarios y alto nivel
de precariedad laboral que se traduce en una fuerte desprofesionalización,
etc.
Todo ello, además, en un contexto de clientelismo y/o amiguismo generalizados
que convierten a empresas recién constituidas en entidades técnicamente
solventes previo vaciamiento de las plantillas públicas para que buenos
profesionales presten un servicio público en beneficio del lucro privado.
O de ONG,s bien relacionadas, como los Mensajeros de la Paz, relacionada con
Ana Botella, a la que se adjudicó (en clara vulneración de
la normativa de contratos vigente) la gestión de un centro de atención
médica durante meses.
Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid valoran
de forma notable los servicios públicos. La legitimidad de nuestras
instituciones autonómicas está, desde su origen, basado en las
prestación de servicios públicos que garantizan el ejercicio
de los derechos ciudadanos.
Hemos aprendido a sentirnos madrileños usando el transporte público,
los consultorios y hospitales de la red pública, llevando a nuestros
hijos a las escuelas públicas y a nuestros mayores a las residencias
financiadas con recursos públicos; los recursos que también
dedicamos a cuidar de nuestros espacios naturales, nuestro primer patrimonio
público.
Los servicios públicos en nuestra comunidad son algo más,
mucho más, que prestaciones financiadas con recursos públicos;
funcionan como la condición de existencia de la vida social. En el
momento álgido de su gobierno la archirreacionaria Sra. Thatcher preguntada
por el concepto de sociedad declaró que desconocía que podía
ser tal cosa. Con su brutal franqueza, Thatcher expresaba la convicción
íntima del pensamiento neoliberal. Entre el Estado y el individuo
aislado no existiría, no debía existir, ningún otro
vínculo que derivara de la pura relación mercantil.
Cuando escuchamos a los políticos del P.P. reclamar mayor protagonismo
de la sociedad civil ya sabemos que están hablando, en verdad, de someter
el tejido social al dominio de las grandes corporaciones. Convertir los principales
servicios públicos en prósperas líneas de negocio, reducir
en la “cesta de la compra” la componente no mercantil, reducir la capacidad
contractual de los trabajadores y la autonomía de los ciudadanos.
Como más arriba se ha indicado para los/as ciudadanos/as de la Comunidad
de Madrid los SS.PP. son un elemento importante central en sus vidas.
En formas múltiples y diversas lo ponen de manifiesto todos los días
enfrentándose a los procesos de degradación primero y privatización
después a los que son sometidos dichos servicios por las políticas
del PP. Las plataformas para la defensa de la escuela pública que con
una labor tenaz de información y seguimiento resisten (con escaso apoyo
de la izquierda institucional, desgraciadamente) la presión permanente
de la administración educativa a favor de la enseñanza concertada
destinada a aumentar la viabilidad de la enseñanza pública.
Las luchas de los trabajadores de los hospitales públicos y del movimiento
vecinal contra los procesos de privatización y liquidación de
hospitales públicos para convertirlos en clínicas para ricos
o para financiar delirantes programas de armamentos. El drama de las familias
de mayores que, dedicando la totalidad de la pensión y recursos suplementarios
para pagar residencias privadas, padecen por la desatención y las carencias
que sufren sus seres queridos ante la indiferencia de la administración.
En todos estos y muchos más ejemplos se expresa, de una manera sorda
pero decidida, un inequívoco compromiso ciudadano con los servicios
públicos.
Diferentes colectivos, asociaciones y entidades ciudadanas están
agrupadas desde hace meses en Madrid para unir sus esfuerzos en la defensa
de estos servicios públicos y contra la aplicación y el desarrollo
del AGCS en nuestra región. Diversas iniciativas han sido emprendidas
con estos propósitos de los que cabe destacar la promoción de
una CARTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS en la COMUNIDAD DE MADRID en la
que se recogen los elementos fundamentales que deban integrar nuestro sistema
de servicios públicos. La elaboración de la CARTA se entiende
como un amplio proceso de debate en el que puedan ser evidenciadas las necesidades
sociales más sentidas por la ciudadanía, ese acervo de derechos
irrenunciables que deben ser inmunizados contra todo proyecto de colonización
por el imperio de la mercancía.
Todo un proceso de (re) construcción de ciudadanía frente
a la desarticulación de la sociedad civil y su dominación por
esta modalidad de totalitarismo compatible con el régimen parlamentario
en el que no cabe otro tipo de pluralidad que la gama de productos destinados
a mantener el paroxístico nivel de hiperconsumo que sostiene la renqueante
economía regional y nacional.