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No podemos dejar a Europa allá donde se encuentra ahora. Europa es la única respuesta posible a los problemas de nuestro porvenir: hasta sus adversarios de ayer se ven hoy obligados a reconocerlo. En los ámbitos diplomáticos, militares, económicos, financieros, ambientales o culturales, Europa es el único camino posible para que las naciones europeas hagan que se escuche y respete su voz y su modelo cada vez que el desafío depende de la fuerza de que se disponga. Europa comienza a asumirse a sí misma. Lo ha demostrado en Kosovo. Lo ha demostrado en Austria. Ha inscrito en su agenda una política de prevención de conflictos. Está tomando conciencia de los valores comunes que defiende. Y, sin embargo, Europa se encuentra en un punto muerto.
La Unión Europea, potencia del siglo XXI, dotada de una moneda y confrontada a la ampliación, no puede quedarse estancada en sus prácticas y reglas actuales, dejada al arbitrio de los gobiernos y manteniendo a los ciudadanos en una total ignorancia.
La Unión política no está hecha. La realidad política de Europa es ridícula respecto a sus capacidades económicas y monetarias. La vida política europea sigue siendo, en lo esencial, una vida de conversaciones y relaciones de fuerza entre gobiernos nacionales. Los ciudadanos no tienen ningún papel en esa vida política, a la que no pueden influir ni controlar.
Europa está siendo dirigida por iniciados. En la Comisión, en el Consejo, en el seno del Parlamento europeo, los que preparan las decisiones han asimilado los códigos y reglas bizantinas de seis sucesivos tratados, cada uno de los cuales recoge enmiendas al precedente.
De esta forma, el proceso de deliberación europeo está siendo encerrado en un secreto totalmente opaco. En él se pierden incluso los medios de comunicación. Los ciudadanos están totalmente excluidos. Las decisiones europeas son vistas por ellos como ukases en los que no tienen ninguna participación, sobre todo cuando se trata de su vida cotidiana.
Del proyecto europeo, ni una sola palabra. Ni sombra de lo que sería la responsabilidad de los dirigentes europeos ante el pueblo. Y no hablemos ya de la participación de los pueblos en los debates que conciernen al futuro de Europa.
Esto no es la democracia. Sin embargo, la U.E. no puede vivir sin democracia.
Esta necesidad es hoy vital, pues la ampliación de la Unión a trece nuevos Estados paralizará ineluctablemente su funcionamiento.
La incapacidad y la opacidad de Europa se sumarán para convertir al intento europeo en algo radicalmente impopular y llevarle al fracaso.
Sólo hay una posible salida: una profunda reforma de la Unión Europea. La política de los pequeños pasos está hoy condenada al fracaso.
Como firmantes de este llamamiento transpartidario, pedimos a las autoridades europeas y nacionales, al gobierno francés en particular, a superar las discusiones intergubernamentales y crear la democracia en el seno de la Unión Europea. La próxima conferencia intergubernamental debe ser consagrada a este inmenso reto.
Los firmantes de este texto afirmamos que la soberanía de la Unión Europea pertenece conjuntamente a los pueblos europeos y a los Estados que los representan.
Europa es un modelo político portador de valores universales y de un modelo original de civilización y de cultura. Se ha dotado de instituciones comunitarias que la diferencian radicalmente de las organizaciones intergubernamentales como la ONU y la OSCE. Este conjunto debe ser dotado de voluntad. Las relaciones diplomáticas entre estados no bastan para hacer nacer esta voluntad.
Para sacar a Europa del estancamiento es necesaria la intervención de un nuevo actor: el ciudadano europeo. El ciudadano europeo, reconocido en sus derechos soberanos, obligará a los dirigentes europeos a sintetizar un proyecto, a defenderle de manera pedagógica ante las opiniones públicas, a forzar su reconocimiento en la escena mundial.
Dicho de otra forma, Europa sólo forjará una voluntad política propia si se dota de un espacio público que sea garante del debate democrático.
La democracia hará a la Unión Europea. Sin democracia,
Europa se deshará.
Tras cuarenta años de obscuridad, es necesaria la transparencia. La Europa de los tratados ilegibles debe dejar su lugar a la Europa de la Constitución, comprensible para todos los ciudadanos europeos. Esta constitución tendrá un corazón, la carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y de las personas residentes en Europa. Tendrá un esqueleto, las reglas que permitirán al ciudadano comprender la toma de decisiones en el ámbito europeo y participar en ellas, precisando los vínculos entre las diversas instituciones: Comisión, proponiendo y ejecutando en nombre del interés general europeo; Consejo, representando a los Estados y haciendo transparente su deliberación; Parlamento, representando a los pueblos; Tribunal de Justicia, defendiendo el derecho de los ciudadanos, de las colectividades locales y de los Estados.
Así, la Constitución permitirá simultáneamente la información, la participación y el control.
En honor de los ciudadanos, la Constitución fijará las competencias de cada institución. Distinguirá, por ejemplo, las competencias exclusivas de la Unión -la política monetaria o la prevención de conflictos, la intervención común sobre un territorio extranjero o la política agraria común, etc.-, las competencias de coordinación -como la armonización fiscal y, a más largo plazo, social, la política exterior, la solidaridad Norte/Sur o Oeste/Este- y las competencias compartidas, como justicia, medio ambiente, identidades culturales.
Escribir una constitución, finalmente, es indicar claramente las modalidades de su revisión, de su aprobación si resulta necesario, y fijar las condiciones de salida de la Unión de algún Estado que pudiera desearlo.
La democracia es, ante todo, la responsabilidad personal de los dirigentes ante los pueblos.
La Constitución de la Unión Europea puede ser redactada sobre la base de los tratados existentes, reorganizados, reformados y completados para proponer a los ciudadanos una ley fundamental clara y comprensible para todos.
Con toda seguridad, hay un tema en el que no bastará con limitarse al derecho actual recogido en los tratados. la responsabilidad de los dirigentes europeos.
Por el momento, resulta imposible que los ciudadanos europeos tengan el más mínimo control sobre los dirigentes de Europa. Esto no puede durar. Los importantes poderes asumidos por la Unión europea deben ser controlados por los pueblos.
Las firmantes de este llamamiento pedimos una respuesta que atienda las expectativas de los pueblos de Europa, permitiéndoles identificar a los dirigentes de la Unión, conocer sus prerrogativas, tener información sobre su actuación.
Como cualquier ciudadano de cualquier democracia, los ciudadanos europeos deben ver reconocido su derecho a elegir a sus dirigentes. La democracia tiene tanta necesidad de rostros como de debates y procedimientos. Europa necesita una voz legítima que la represente, ante sus ciudadanos, ante sus Estados y ante el resto del mundo.
Los firmantes de este llamamiento nos pronunciamos, por consiguiente, por la elección de un Presidente de la Unión por sufragio universal. Este presidente, representante del interés general europeo y portador de un proyecto, debería sumir la responsabilidad de la Comisión y de su composición.
Para organizar su elección, hay varias soluciones posibles:
ya sea una elección directa, ya una elección en el marco
de las elecciones europeas, convirtiéndose en presidente la Unión
el líder designado por la familia más votada, o, en un primer
momento, por medio de una elección en un "Congreso europeo" que
una de forma paritaria a parlamentarios europeos con delegaciones de los
parlamentos nacionales.
Sin embargo, es cierto que estos cuarenta años han creado entre las sociedades europeas inmensas diferencias desde el punto de vista económico, del Derecho, de la arquitectura jurídica o judicial.
Si Europa queda en las exclusivas manos de los Estados, la gestión de las diferencias es imposible. Incluso el tema de las "cooperaciones reforzadas" seguirá careciendo de solución en tanto que la definición de la arquitectura de la Unión siga siendo competencia exclusiva de los Estados.
La flexibilidad organizativa, la apreciación de las urgencias o la definición de las prioridades sólo pueden ser resultado de una vida democrática unificada, en la que la representación parlamentaria y la expresión de los ciudadanos tengan el papel que les corresponde.
Llamamos a los gobiernos europeos, y particularmente al gobierno francés, a lanzar este proceso constitucional en la cumbre de Niza, diciembre de 2000, con el objetivo de adoptar una constitución para Europa que pudiese ser ratificada en el año 2003. Las instituciones comunitarias (Comisión y Parlamento) deben tomar parte en este proceso constituyente.
Por su parte, los firmantes nos comprometemos, en el ámbito europeo, a hacer nacer, en cada Asamblea, como ya ha sido hecho en el Parlamento europeo, una asociación parlamentaria por la Europa democrática y la constitución europea. Estos comités reunirán parlamentarios de todos los horizontes políticos. Tomarán la iniciativa de cualquier debate, de cualquier campaña de opinión, de cualquier acción capaz de promover y sostener la creación de la democracia europea, comprometiéndose a organizar, en todos los países europeos, los "Estados generales de la Unión federal europea".
Estrasburgo, 13 junio 2000
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