Francisco Delgado
LOE: ESCUELA PUBLICA, ESCUELA PRIVADA, RELIGIÓN
Y PACTO
Francisco Delgado fue Diputado Constituyente, fue presidente de
CEAPA y en la actualidad es miembro de Consejo Escolar del Estado. Es autor
del libro “La escuela pública amenazada” Ed. Popular 1997. Este artículo
se publicó originalmente en Escuela Española 02/06/05 Nº
3.668. Reproducido en Iniciativa
Socialista, verano 2005, con autorización de su autor.
Desde la LODE (1985) hasta, incluso, la LOCE (2002), los centros docentes
se vienen clasificando en públicos y privados, una parte muy importante
de los privados conciertan con el Estado las enseñanzas básicas
y obligatorias.
Pero con la LOE entramos en una nueva modalidad: Se propone una clasificación
diferente: Centros públicos, centros concertados y centros privados.
Como si los concertados no tuvieran titularidad y gestión privada
e ideario propio. Por fin, la iniciativa privada católica, ha
conseguido, a base de presiones y amenazas, el objetivo por el que venía
luchando, desde hace muchos años: Que sean considerados al mismo nivel
que la escuela de titularidad pública, con todos los medios a su alcance,
dando más “servicios” y “seguridad” a las familias que los públicos
y situados en las zonas de las clases medias, para así tratar de arrinconar
a la escuela pública al ámbito rural y a las zonas más
desfavorecidas, con el fin de situarlos en la tercera Red y que cumplan una
función marginal y benéfica en un futuro no muy lejano, de
no remediarse antes.
Desde la época de la dictadura, los centros de iniciativa privada,
en especial la de ideario y titularidad católica (hoy representa al
80% del conjunto), vienen presionando para que sean consideradas como de
iniciativa social, con la única finalidad de crecer, frente a la de
titularidad pública y a costa de ésta (como viene ocurriendo,
en la última década, en algunas CC. AA.). Esa finalidad tiene
como único objetivo el proselitismo religioso católico y el
negocio. Paralelamente a ello, algunos de sus centros (un puñado,
que les sirven como coartada) se sitúan en barrios y zonas desfavorecidas,
con la finalidad de expandir la tan manida “caridad cristiana”.
Y es que los poderes públicos españoles, en el ámbito
de los derechos fundamentales, no andan “muy finos”: Tienden a privatizar
servicios de derecho universal, como la sanidad y las pensiones... y, en
el ámbito educativo, además, lo van “cediendo” a una concreta
confesión religiosa: Rompiendo principios básicos de nuestro
ordenamiento constitucional, como son los principios de igualdad, democracia
y laicidad.
Para conseguir estos objetivos necesitan, tanto el Gobierno, como la Conferencia
Episcopal, de un denominado Pacto Social a “su medida”. Y no
un Pacto de Estado, en el que se considere, como fundamental y prioritaria,
a la Red Pública, en el que se de estabilidad y financiación
al Sistema, en el que se remuevan todos los obstáculos que, hoy por
hoy, imposibilitan renovar y flexibilizar el Sistema Educativo a todos los
niveles... Necesitan de un Pacto a la “medida de la iniciativa privada”
y “al interés de ciertos sectores políticos”, y que tenga como
finalidad el ir arrinconando a la escuela pública.
Como estrategia (publicitaria y maniquea) se promueve que los centros privados
concertados acepten a inmigrantes, discapacitados y sectores marginales (..?)
(como si eso no fuera, hoy, una obligación). A cambio se les dotan
de todos los medios públicos, se les aumentan las ayudas y apoyos,
se les financia las enseñanzas no obligatorias... (infantil y bachilleratos)
ahora, eso si, conservan la titularidad, el ideario (católico) y una
gestión jerarquizada de funcionamiento. Todo ello a costa de los medios
y crecimiento de la Red Pública.
Bajo los equívocos preceptos de “libertad de elección de centro”
y de “iniciativa social”, las distintas órdenes religiosas católicas
siguen creciendo en el ámbito de la enseñanza, amparándose
en una dejación, por parte de los poderes públicos, de sus
obligaciones constitucionales en este campo, para ello ofrecen servicios
“completos” a las familias de clase media, desde la educación infantil
hasta la Universidad, en, general, en un mismo centro. Mientras,
la enseñanza pública, aunque es de más calidad, transparente
y democrática, ofrece menos servicios, da una imagen de dudosa atención
al alumnado y una excesiva movilidad del alumnado a diferentes centros. Lo
que hace que una parte importante de las clases medias “prefieran” la enseñanza
de titularidad privada, aunque sea confesional y menos democrática
y transparente. Esto lo “cambian” por lo que se denomina “seguridad” y “éxito”
en el concepto neoliberal e hiper-competitivo de la sociedad que, desgraciadamente,
estamos construyendo.
Con esta filosofía los poderes públicos, tienen todas las “bendiciones”
para frenar el crecimiento y mejora de la escuela pública. Filosofía
que pretende implantar la LOE y que puede acabar, en un futuro no muy lejano,
con una Red pública fuerte, cuyo funcionamiento y señas de
identidad, garanticen y sean el eje básico de la compensación
de las desigualdades individuales y colectivas, en una sociedad democrática.
Para mayor apoyo al clero católico, la LOE pretende dejar los temas
de la enseñanza de la Religión en todas los centros de enseñanza
tal y como están ahora. Es decir segregando al alumnado en función
de las creencias o convicciones personales de sus familias, para cumplir
unos Acuerdos con el Vaticano que, a todas luces, van en contra de todo nuestro
ordenamiento constitucional y de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Para ello, desde algunos sectores políticos y sociales, están
impulsando un sesgado y maniqueo Pacto Social, en mi opinión inadecuado
y alejado de lo que debería de ser un verdadero Pacto de Estado de
estabilidad y democrático, como hemos venido reclamando, reiteradamente.
Necesitamos una Ley que garantice un Sistema Educativo estable y flexible,
adaptada a los nuevos tiempos del conocimiento y la información; que
impulse fuertemente a la escuela pública y la democratice; con un
profesorado preparado, ilusionado y comprometido; que se adapte al medio
rural y al urbano; compensador e integrado, inclusivo y, realmente,
laico; financiado, como mínimo, en los niveles de la media de la UE
y de la OCDE; y que los centros de titularidad privada, que se acojan a los
conciertos, tengan todas las garantías de control público y
social.
Una chapuza más nos retrasaría, otra década., con Europa.