Las amenazas de
Acebes
contra
la libertad de expresión
Gaspar Fraga
Gaspar Fraga es director de la revista
Cáñamo (http://www.canamo.net)
Iniciativa Socialista, número 70, octubre 2003
Fundar la revista Cáñamo en mayo de 1997, al poco de subir
al Poder el Partido Popular, fue una empresa transgresora. Los fundadores,
con el director de la revista en cabeza –tratando un tema como el que cada
mes Cáñamo se proponía publicar–, no esperábamos
recibir ningún parabién desde las alturas. Ni mucho menos.
Por suerte, entonces, parecía que su ascensión al Poder mantenía
al Gobierno muy despistado.
Así y todo, ya tuvimos un primer contacto con las autoridades cuando
en noviembre de 1997, tras una rueda de prensa convocada por Cáñamo
en el Colegio de Periodistas de Cataluña, un tipo se nos vino detrás
hasta la Redacción. Todos creímos que venía con alguno
de nosotros y no le prestamos atención. El intruso estuvo casi dos
horas sentado en la esquina de una mesa, hojeando una revista y observando
nuestro quehacer, hasta que le pregunté quién era y porqué
estaba allí plantado. Me hizo saber su condición de policía,
aunque no estaba de servicio, me dijo, y añadió que era “simpatizante”
y “fumeta”. Empero, le exigí que abandonara la Redacción en
el acto. Tiempo después volvió a presentarse en la revista
para regalarme una bolsita de marihuana que yo amablemente le rechacé.
Posteriormente, en mayo de 2001, a solicitud del Grupo Socialista compareció
el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, ante la Comisión
Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, a informar,
entre otras cuestiones, de un ejemplo citado en la Memoria de 2000 de la
Fiscalía. “Nos referimos a una revista incitadora al consumo o tráfico
de drogas”, leyó la diputada socialista Carmen Romero. A Su Señoría
respondió el Fiscal General: “Recuerdo, efectivamente aquella revista
en la que más o menos se ofrecía una sustancia estupefaciente
y recuerdo también que se comentó ¿Esto será
delictivo? Conviene que nos reunamos [los fiscales], oír el parecer
de todos y luego ya veremos”. De esta comparecencia del Fiscal General supimos
en esta Redacción ocho días más tarde. Teníamos
la espada de Damocles encima nuestro y nosotros sin saberlo. Qué cosas
tiene esta democracia. ¡Cuánta vigilancia la sustenta!
Así, en noviembre de 2002, prosiguió la persecución
por parte del Ministerio de Interior, entonces desde el PND. La noticia
salto a los medios informativos en fecha simbólica, el día
20-N: “Gonzalo Robles solicita a la Fiscalía Antidroga actuar contra
revistas y tiendas que promocionan el cannabis”. Tres meses después
apareció en el diario jurídico La Ley un prolijo informe doctrinal
redactado por Fernando Sequeros, fiscal del Tribunal Supremo, que restaba
soporte jurídico legal a las pretensiones del señor Robles.
El informe acababa argumentado que “la propaganda de venta de semillas de
cannabis para su cultivo doméstico (…) no podrá considerarse
en modo alguno constitutiva de delito al carecer de entidad penal la finalidad
perseguida por aquella [la propaganda]”. Es decir no sólo no hay
delito en el consumo propio, tampoco lo hay en la supuesta “apología”
de dicho consumo.
A todo ello siguió la amenaza del ministro de Interior, Ángel
Acebes, hecha el 24 de julio pasado, tras de presentar junto al Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PND) los datos de la Encuesta
sobre drogas a la población escolar, 2002. El ministro denunció
ese día “la manipulación de la información que sufren
los jóvenes con ciertas campañas y publicaciones sobre la
inocuidad del cannabis” y agregó su intención de “realizar
reformas legislativas para acabar” con tales manipulaciones. Para ello anunció
que desde el PND se “constituiría un grupo de expertos para contrarrestar
la desinformación”. La respuesta de la revista Cáñamo,
a través de un comunicado repartido a las agencias informativas y
otros medios de comunicación, fue inmediata, con un comunicado del
25 de julio de 2003:
Creemos que las recientes declaraciones
del ministro de Interior resultan inapropiadas e incoherentes, pues con ellas
Ángel Acebes vulnera el principio de legalidad que nos ampara al acusar
a nuestra publicación de un delito de apología rechazable por
inexistente. Por ello, manifestamos nuestra absoluta repulsa hacia las maneras
de demagogia política expresadas por el ministro al resaltar tendenciosamente
que nuestra publicación se promociona entre adolescentes –que la Encuesta
Escolar del PND con datos de 2002 sitúa entre 14 y 18 años–,
no siendo cierta semejante imputación. CÁÑAMO lleva en
portada, de modo claro y visible, la advertencia SOLO ADULTOS –mayores de
18 años– que tanto vale para informar al vendedor como al comprador.
CÁÑAMO, informa desde hace
años de modo riguroso, científico, veraz e independiente acerca
de las sustancias legales e ilegales y el daño que algunas de ellas
pueden causar, por su uso indiscriminado, a la salud. La revista informa sobre
las propiedades medicinales del cannabis en base a multitud de estudios de
investigación médica y farmacológica, que son de obligada
referencia internacional. También explica alternativas de consumo
de menor daño para la salud ante la continua e imparable avalancha
de hachís y otras sustancias adulteradas que intoxican a un importante
sector de la población, sobre todo a la juventud, al tiempo que defiende
libertades y derechos de los usuarios a diario vulnerados por la legislación
vigente. Advierte asimismo sobre sustancias ilegales que se encuentran en
el cotidiano y fácilmente accesible mercado negro, incontrolable por
las autoridades competentes, y sobre los riesgos a que expone su consumo.
Las declaraciones del ministro
Acebes parecen esconder el fracaso de la política de Interior y los
nada halagüeños resultados de los planes de prevención
de su PND. Por ello se muestran alarmistas ante los padres, los educadores
y el conjunto social; es así que echa a los adolescentes por delante,
a las patas de los caballos, para atraerse el beneplácito de la opinión
pública. Son estas declaraciones las que, de paso, sirven al ministro
de Interior para justificar su amenaza de encontrar el modo de ilegalizar
a medios de información que, como CÁÑAMO, han demostrado
ser necesarios y útiles ante la incorrecta información gubernamental
existente hoy por hoy.
Sepa el señor Acebes que desde
Interior y Justicia esta es la tercera vez se preocupan tanto por la revista
CÁÑAMO. Por favor, no pierdan más su tiempo ni el dinero
de los contribuyentes españoles.
Que Cáñamo parece ser la bestia negra del Plan Nacional sobre
Drogas, lo sabemos desde el principio. La animadversión del PND viene
desde el inicio de esta publicación, en 1997, pues ya entonces intuíamos
ser la china en el zapato del concepto gubernamental aplicado a la prevención
del consumo de drogas; años antes de la vigilancia telefónica
dictada en 2001 por el Fiscal General y de las beligerantes intenciones
de Robles en noviembre de 2002 contra “la cultura del cannabis”. Es por
ello que no extrañó en nuestra Redacción la acerba
y extemporánea acusación de “apología del consumo de
cannabis” que a finales de julio nos lanzaron el ministro de Interior, Acebes,
y su acólito Gonzalo Robles.
Cáñamo informa, instruye y enseña, tanto a jueces,
médicos y fuerzas de seguridad, como a padres, maestros y jóvenes,
acerca de una realidad social que a lo largo del tiempo -seis años
ya de nuestra existencia editorial- ninguna otra institución, publicación
científica ni medio informativo asumió de modo responsable
y coherente, como hacemos nosotros. Así, pues, laboral, tributaria
y legalmente nuestra publicación está tranquila y fija en su
oficio de veracidad informativa. Por tanto, esta Redacción nunca tuvo
otros intereses ni mayor cuestión que los inspirados por sus principios
profesionales y de servicio al conocimiento general de sus lectores acerca
de los temas que sus contenidos tratan.
Al parecer, los únicos que no se quieren dar por enterados de la
realidad circundante son, como siempre, los digresores de la costumbre social
y diletantes en el comportamiento humano. O sea, los políticos del
Partido Popular incapaces de hablar con gente de la calle, con enfermos, con
vecinos, con parientes, con hijos, acerca del cannabis, cáñamo
o marihuana para saber dónde, cómo y por qué están
unos y otros. Y, en consecuencia, para saber aplicar bases de convivencia
social no traumáticas ni alarmistas con respecto a consumos plurales,
incluidos los ilegales.
Si la estadística es la realidad, en los últimos sondeos
realizados de cara a las elecciones locales y/o generales que se avecinan
- cinco consultas electorales en el Estado español en pocos meses-
los españoles denotan una ínfima preocupación cuando
de 15 problemas consultados sitúan al problema de la droga en el
puesto 10º; por debajo -y en este orden de preocupación- de
paro (61%), terrorismo (45,1%), inmigración (25,7%), inseguridad ciudadana
(20,7%), situación económica (12,8%), vivienda (12,4%), guerra
(7,6%), sanidad (7,2%), educación (6,5%), drogadicción (4,6%),
además de pensiones bajas (4,2%), situación política
(4,2%), justicia (3,9%), medio ambiente (3,6%) y corrupción (2,1%).
Es decir, vemos una percepción general de los ciudadanos que demuestra
escaso o nulo interés en que el señor ministro de Interior
quiera revolver el puchero para sacar tajada más fácil y beneficiosa
para la reaccionaria política de drogas del PND que dirige su acólito
Robles. ¿O es que acaso no tiene el Gobierno del PP mejores y mayores
quehaceres que meterse con supuestos “apologetas” del cannabis y, por ende,
querer buscar vericuetos inconstitucionales para acallar la voz informativa
defensora de los consumidores perseguidos en sus derecho a gozar de tan
natural y noble sustancia como es la marihuana? Así, con todas sus
ya antiguas letras: M-A-R-I-H-U-A-N-A.
La intención declarada por el ministro Acebes, de crear una comisión
de expertos que estudien la forma legal de clausurar las publicaciones y
las tiendas cannábicas, sigue adelante. Al parecer la comisión
ya está formada y próximamente se reunirá para “impulsar
modificaciones legislativas” con las que justificar moral y jurídicamente
su atentado contra la libertad de expresión y difusión de
ideas, opiniones y pensamientos, derechos amparados bajo el artículo
20 de la Constitución Española, así como para intentar
violar nuestro derecho a la comunicación de información veraz
a los lectores.
El ataque del ministro de Interior se quiere justificar con que las publicaciones
cannábicas hacemos “apología del consumo de cannabis entre
los adolescentes”, lo cual, desde CÁÑAMO, negamos rotundamente.
El reciente sondeo, que cerramos el pasado día 30 de septiembre en
nuestra página electrónica www.canamo.net, arrojó una
edad promedio entre nuestros lectores de 25,5 años, lo que desmiente
las aseveraciones del ministro Acebes. Además, nuestra revista anuncia
claramente en lugar destacado de su portada, junto a su precio, que es de
venta “sólo para adultos”.
Por otro lado, tontamente olvidan el ministro Acebes y su acólito
Robles, al destacar en la encuesta escolar del PND los índices de
consumo de cannabis entre adolescentes, que esas mismas cifras con las que
intentan crear alarma social entre padres y educadores van en contra de su
“gestión” en la prevención del consumo de drogas. Y que al
mismo tiempo, esas cifras parecen ser una cortina de humo para ocultar el
verdadero drama del consumo adolescente y juvenil: el alcohol, con 55,1%,
y el tabaco, con 28,8%, drogas legales y letales que provocan muchos y graves
efectos dañinos, devastadores para la salud, entre esos cientos de
miles de escolares a quienes Acebes y Robles dicen querer defender.
Así, aunque el ministro quiera legislar al gusto moral de su partido
y atropellar la legalidad vigente sacándose un decreto ley de la
manga, Cáñamo confía en la solidaridad de los partidos
políticos, en las empresas y profesionales del periodismo y en el
sentido común de los españoles cívicamente responsables
que defenderán sus/nuestros derechos constitucionales. Contamos también
con el colectivo cannábico amenazado, capaz de crear su propia asamblea
de sabios que desmienta a la anunciada comisión gubernamental de
expertos. Ojalá haya controversia y de ella parta finalmente el debate
nunca iniciado sobre el consumo recreativo de cannabis. Y, last but not
least, sobre todo confiamos en que la sociedad bien informada y nuestros
numerosos lectores no admitan sin unánime voz de protesta los subterfugios
en las Cortes Generales del Gobierno y del Partido Popular, dispuestos a
saltarse a la torera nuestros derechos abusando de su de mayoría
absoluta al “ordeno y mando”.