Si no toda la verdad, sabemos bastante. Es más, sabemos lo necesario para poder señalar con pruebas abrumadoras, como han estimado los jueces que llevan el caso y como se ha desprendido de los trabajos de la comisión de investigación, quiénes fueron los autores, los inductores y los cómplices del atentado que, el 11 de marzo de 2004, provocó la muerte a 191 personas y heridas de diversa consideración a mil quinientas, además de a los 7 terroristas que se suicidaron en Leganés y el policía que murió al tratar de detenerlos.
Al cabo de un año de investigaciones sabemos más sobre la matanza, pero nada sustancialmente nuevo en cuanto a la justificación ideológica del crimen y a la fanática personalidad de sus autores y cómplices. Nada que desmienta los indicios que aparecieron pocas horas después del atentado y se confirmaron luego con las primeras detenciones de fanáticos islamistas. Nada que invalide las primeras sospechas surgidas tanto en partidos de la oposición como entre la ciudadanía, que apuntaron hacia autores distintos de los señalados en aquellos días por el Gobierno de Aznar y aún ahora por el Partido Popular. Nada, en definitiva, que señale la autoría de ETA, por mucho que en la comisión de investigación los representantes del PP hayan querido enredar con sus insidias pero sin aportar ni una sola prueba, y por más que desde los medios de “información” afines les hayan brindado todo tipo de argumentos, incluso fantasías delirantes, para poder salir del brete con un poco de dignidad. Pero no ha aparecido ni un solo dato, ni una sola prueba, ni un solo indicio racional que apunte hacia la autoría de ETA, sólo especulaciones bastante groseras.
Hoy también sabemos que el Gobierno de Aznar sabía más sobre el terrorismo islamista de lo que pudimos creer hace un año. La prueba está en la rapidez con que se produjeron las primeras detenciones y en cómo, después, la policía ha desarticulado varias tramas de terrorismo panislamista local e internacional.
Sabemos que Alekema Lamari, “Yasin”, jefe del grupo que perpetró el atentado y se suicidó en Leganés, había sido detectado hace tiempo por la policía. En 1992 llegó a Alicante procedente de Orán y tomó contacto con otros fanáticos islamistas. En 1997 fue detenido junto con otras diez personas como presunto miembro de una célula del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino. Condenado a una pena de 14 años de cárcel, rebajada luego a 9 años, salió en libertad en 2002 debido a un error judicial. En 2003, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió que “Yasin” preparaba un gran atentado. (J. M. Irujo: El agujero. La penetración del islamismo en España, Madrid, Aguilar, 2005).

Desde hace siete años, la policía seguía los pasos de Imad Barakat, “Abú Dadah”, sirio nacionalizado español, casado con una mujer madrileña y padre de seis hijos, y presunto autor intelectual de la matanza del 11 de marzo. Está acusado de ser un dirigente de Al Qaeda en España y de colaborar en la preparación de los atentados de Nueva York en septiembre de 2001. De su grupo salieron algunos de los ejecutores de los atentados de Casablanca, en mayo de 2003, y de Madrid, en marzo de 2004. El fiscal le pide más de 60.000 años de prisión. De la redada que envió a Abu Dadah a la cárcel, escapó Amer el Azizi, del cual se sabe que es un informático marroquí de 40 años, casado con una española y residente en Madrid, pero del que se sospecha que podría ser el misterioso Abu Dujan Al Afgani, supuesto jefe de Al Qaeda en Europa, en cuyo nombre se reclamaron los atentados del 11 de marzo. Actualmente se halla en paradero desconocido.
La policía y los servicios secretos españoles, además de los norteamericanos, estaban sobre la pista, por el momento perdida, del sirio nacionalizado español Mustafá Setmarian Nasar, “Abu Musab al Asuri”, miembro del consejo de Al Qaeda desde 1988 y actualmente en paradero desconocido, lo mismo que su mujer, madrileña, y sus tres hijos. Exiliado a causa de su pertenencia al grupo extremista egipcio los Hermanos Musulmanes, su residencia en España data al menos de 1986, aunque con viajes frecuentes a Afganistán y Pakistán. De su estancia en Granada y en Madrid se sabe que, junto con Abu Dadah y otros, hacía propaganda de grupos como el GIA y Al Qaeda y que habían establecido una red para captar y enviar islamistas a entrenarse a Bosnia, Chechenia y Afganistán, a donde Setmarian se trasladó con su familia para colaborar con el régimen de los talibanes. Allí se pierde su rastro.
También conocemos bastantes cosas acerca de las relaciones establecidas en el barrio madrileño de Lavapiés entre islamistas de diversa procedencia, en su mayor parte vigilados por la policía o por los servicios secretos (Serhane Abdelmajid Sakhed “El tunecino”, suicidado en Leganés, fue vigilado hasta seis días antes del atentado). Sabemos de las relaciones entre los residentes, unos con empleo o negocio propio y otros entregados a actividades delictivas como el tráfico de drogas o la falsificación de tarjetas de crédito, y los transeúntes marroquíes, argelinos, egipcios, tunecinos, sirios o saudíes; de sus reuniones, del alejamiento de las mezquitas por su progresiva radicalización al interpretar el Corán, de la asunción del mensaje más extremo del yihad y de la necesidad de hacer algo grande por la causa de Alá.

Hoy sabemos mucho más sobre quienes son, qué piensan y en qué creen los fanáticos que nutren estas tramas; y sabemos bastante sobre cómo están organizados, cómo se relacionan, cómo viajan y cómo y dónde se entrenan. Y sabemos que ETA tiene, cada día que pasa, menos capacidad operativa y que un atentado suyo como el perpetrado por los islamistas hace un año hubiera supuesto el inmediato fin de banda, que, indirectamente se ha visto afectada por los efectos de aquel, porque tamaña barbaridad ha restado legitimidad a sus actividades violentas.
Hoy, los profanos conocemos mejor el contexto internacional y hemos incluido el ingrediente del terrorismo islamista como pavorosa realidad en nuestra opinión sobre el estado del mundo. Hoy sabemos que el manoseado término globalización esconde un escenario internacional muy complejo y sometido a múltiples tensiones, en el que, para el gran público, un actor impensado pero mortífero ha aparecido de repente, aunque hay antecedentes que deberían haber servido de aviso, como el asesinato de Robert Kennedy por el palestino Sirhan Bisara Sirhan, el asesinato de Anuar el Sadat por un comando de los Hermanos Musulmanes, el intento de asesinato de Juan Pablo II por el turco Alí Agcá o el atentado en Madrid, en el restaurante El Cordero, con la intención de asesinar a soldados norteamericanos de la base de Torrejón, perpetrado hace 20 años por un grupo islamista.
También hemos sabido por los trabajos de la comisión de investigación que no han faltado avisos sobre este extremo, y que, al menos desde el año 2000, el principal centro operativo de Al Qaeda en Europa estaba en España, como había señalado Europol, y que el apoyo incondicional del Gobierno de Aznar a los belicosos planes de Bush respecto a Iraq había multiplicado el riesgo de sufrir un atentado dentro de nuestras fronteras. Hemos sabido que Europol y el CNI, en 2003, y la guardia civil, en febrero de 2004, señalaron que había que tomar como un preocupante aviso el atentado sufrido por la Casa de España en Casablanca, en mayo de 2003, en el que murieron 45 personas, cuatro de ellas españolas.
En octubre de 2003, Ben Laden amenazó con tomar represalias contra los países que participaban en la “guerra injusta” contra Iraq, especialmente Gran Bretaña, España (en segundo lugar), Australia, Polonia, Japón e Italia. Pero, antes de comenzar la invasión de Iraq, en febrero de 2003, el CNI avisó de la posibilidad de que España se convirtiera no sólo en base logística de grupos islámicos terroristas sino también en blanco de esos mismos grupos. El cambio es notable, pues España, de ser tenida tradicionalmente por una nación amiga de los árabes había pasado a ser un enemigo declarado. Pero no era ésta la primera vez que el terrorista saudí se había referido a nuestro país. En el video difundido en octubre de 2001, en el que reclamaba para Al Qaeda la autoría de los atentados de Nueva York, Ben Laden se había referido a Al Andalus como una región a recuperar por el Islam.
En diciembre de 2003, un servicio noruego de investigación militar localizó en internet el texto Yihad Irakí, en el que un grupo de intelectuales islamistas invitaba a cometer atentados en España antes de las elecciones de marzo.

Estrategias

Frente a estas verdades, la reacción del PP ha sido oponer varias estrategias, que no son nuevas, pues forman parte de su concepción de la  actividad política, no sometida a otro principio que el de la inmediata utilidad para sus fines. Definen hoy sus más visibles señas de identidad, convertidas por Aznar en mandamientos que todo el partido aplica de forma entusiasta, o al  menos disciplinada.

Primer mandamiento: escurrir el bulto. La primera estrategia en la comisión de investigación ha consistido en rechazar cualquier tipo de responsabilidad, por acción u omisión, en los hechos, como ya ocurrió en el caso del Prestige, del Yakolev-42 o en el más reciente del hospital Severo Ochoa de Madrid (caso Lamela). En el PP, primero se adoptan las decisiones, en unos casos precipitadas y casi siempre interesadas, pero cuando aparecen consecuencias no deseadas entonces se eluden las responsabilidades.
En el caso que nos ocupa, el PP ha tratado por todos los medios que la gente olvide que cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo, Aznar llevaba ocho años en La Moncloa y que alguna responsabilidad incumbía a su gobierno respecto a la eficacia de las medidas de prevención, adoptadas en función de los informes emitidos por los servicios y fuerzas de seguridad, que no fueron pocos.
Al aviso del CNI de octubre de 2003, tras el atentado de Casablanca, sobre la posibilidad de que pudiera perpetrarse otro atentado islamista contra intereses españoles, Acebes respondió con una declaración de tipo propagandístico: Nuestras fuerzas de seguridad no han bajado la guardia en ningún momento. La respuesta a este desafío consiste en mantener la atención, confiar en la preparación de los expertos y mantener la colaboración internacional. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, negó que fuera un atentado contra intereses españoles. Zaplana señaló que no existía ningún indicio objetivo o dato concreto que colocara a España como blanco de un ataque terrorista, y Aznar, compartiendo las teorías de su amigo Bush, dejó claro que los ataques preventivos eran el modo más eficaz para combatir el terrorismo internacional, pero en la comisión de investigación fue incapaz de explicar cuáles fueron las medidas preventivas adoptadas en relación con tal filosofía. Descargó en el ministro del Interior y en el secretario de Estado de Seguridad la descripción de tales medidas y aseguró que entonces se estimó que la posibilidad de sufrir un atentado era escasa. Lo cual concuerda con lo señalado, en la Comisión del 11-M, por el jefe de la Unidad Central de Información Exterior: que entre 2002 y 2003 no se produjo en el ministerio ninguna reunión monográfica sobre el terrorismo islamista. Tampoco se abordó el tema en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, ni se reforzó el gasto de los departamentos concernidos en los Presupuestos Generales del Estado.  
En función de esta estimación, Aznar, en su libro Ocho años de gobierno. Una visión personal de España (Planeta, 2004), se vio forzado a reconocer que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, de la amenaza del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizá los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista. En esta cita, Aznar reconoce en cierta medida una responsabilidad de su gobierno, que sitúa en no haber alertado a la opinión pública. Pero la gravedad del problema no reside en que la opinión pública fuera más o menos consciente del peligro que representaba el terrorismo islamista, sino en que el Gobierno, una de cuyas funciones es velar por la seguridad pública, no le concedió la importancia debida y, como dice Aznar, bajó la guardia. Pero, aun con estas reservas, el reconocimiento de este hecho no puede ser realizado por nadie más, y menos por un adversario.
La afirmación del ministro del Interior, José A. Alonso, en una entrevista a finales de abril de 2004, de que en el gobierno popular existió clara imprevisión política, mereció que el anterior ministro del ramo, Acebes, le llamara miserable, vil, indecente, mediocre e incompetente. Respuesta de resonancias freudianas, pues la andanada de insultos más parece una evaluación de la conducta del propio insultador. No tiene que parecer extraño que una persona católica y presuntamente sensible al dolor ajeno, tras un severo examen de conciencia al analizar su actuación al frente del ministerio encargado de la seguridad ciudadana, pueda atribuirse tan duros calificativos cuando han sido asesinadas 192 personas y resultado heridas más de 1500.
Podemos entender que, aquel día aciago, Acebes resistiera valientemente la tentación de suicidarse, pues su religión se lo prohíbe, pero tendría que haber cedido a la petición de su conciencia y haber dimitido por incompetente al día siguiente del atentado. Pero en lugar de eso, para acallar esa molesta voz que le acusa, se ha dedicado a insultar a cualquiera que pueda juzgar críticamente su deficiente labor al frente de un ministerio fundamental, con lo cual expresa involuntariamente los remordimientos que atormentan su alma. Pero la frase de Alonso puede calificarse de suave, incluso de diplomática, al lado de la opinión de Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad en el ministerio de Acebes, en la comisión, que calificó de “disparate” y de “desastre” los errores policiales anteriores al 11 de marzo.

Segundo mandamiento: culpar a otros. La segunda estrategia también está sobradamente probada a nivel local, autonómico y nacional. Y en éste, como en otros casos, la respuesta ha funcionado como un resorte: había que buscar un culpable, un opositor, un enemigo.
Sabido es que, desde que estaba en la oposición, en los últimos gobiernos de González, el PP ha preferido el campo de la confrontación al del consenso y que esa táctica de oponerse de manera bronca ha guiado los años de gobierno de Aznar, especialmente los cuatro últimos, cuando el PP se ha comportado como un feroz partido de oposición a la oposición. Oposición en la que cabían todos los demás partidos: el PP contra el resto del país. Con el ventajismo que les caracteriza, otra seña de identidad, los dirigentes del PP han buscado un adversario con el que poder librar una batalla desigual. El elegido fue el PSOE, acompañado de algunos medios de información, en particular El País y la cadena SER, con los cuales el PP pensaba librar un combate cómodo y rentable electoralmente -las elecciones de junio estaban encima-, pues se trataba de ganar la batalla de la opinión pública. Así quedaron unidos el adversario político, vilipendiado por blando y ahora por mentiroso, y el viejo adversario mediático que se había resistido a aceptar el orden informativo establecido desde La Moncloa. Era el momento, pues, de ajustar cuentas con quienes habían desbaratado, con ayuda de la justicia, naturalmente, el plan urdido para acabar con Sogecable e imponer en régimen de monopolio el canal Vía Digital impulsado por el Gobierno Aznar.
Un partido, del que se decía que carecía de programa político y cuyo candidato a La Moncloa era tildado de débil, y un grupo mediático fueron declarados responsables de la derrota electoral del Partido Popular. Con esta percepción de los hechos, en el PP decidieron acudir a la comisión de investigación, convencidos de que desde allí podrían amplificar su difusión. Negarse hubiera sido un indicio de que tal vez tuvieran algo que ocultar. Pero tal como Aznar planteó la estrategia -el Gobierno enfrentado al principal partido opositor y a un grupo mediático- y la centró en saber quién y cómo controlaba una información que se reveló esencial no sólo para desvelar la verdad en torno a los atentados sino para producir un vuelco electoral, resultó muy difícil de mantener con pruebas, de ahí que, con la ayuda de medios de información ideológicamente cercanos,  tuvieran que recurrir a las fabulaciones más sorprendentes.
Desde el punto de vista del control de la información y su utilización con fines políticos, que es donde el PP colocó el centro de su estrategia, la diferencia entre la calidad y la cantidad de la información que controlaba el Gobierno y la que podían llegar a tener el PSOE y un grupo de empresas periodísticas, es tan grande, que cuesta imaginar que alguien con la mínima noción de lo que es el Estado haya podido creer que sobre tal asimetría se pudiera defender la actuación del Gobierno.
Mientras que el PSOE y la cadena SER, El País u otros medios no cercanos al PP, dependían de las fuentes de información oficiales, de algunas filtraciones y de trabajos de investigación sectoriales, el Gobierno centralizaba la información de los servicios de inteligencia civil y militar, de la policía y la guardia civil, y contaba con información procedente de servicios extranjeros. Hay que señalar que esta información, por principio, no es pública, y más teniendo en cuenta la opacidad del Gobierno de Aznar, pero lo más importante es el uso que se puede hacer de toda ella. Y sólo el Gobierno puede utilizarla para adoptar decisiones políticas. Pueden existir filtraciones o llegar a la prensa o a los partidos de la oposición ciertos informes y ser divulgados, pero nunca, ni los medios ni otros partidos, pueden ordenar a los responsables de diversos aparatos del Estado que actúen sobre la base de dichos informes. Hacerlo es potestad del Gobierno. Y ahora sabemos que el Gobierno del PP disponía de una información preciosa que no utilizó correctamente.

Por ello, la táctica del PP en la Comisión del 11-M ha sido, por un lado, tratar de encubrir lo que hizo el Gobierno entre el día 11 y el 14 de marzo y, por supuesto, antes de esas fechas, en materia de prevención del terrorismo islamista, y por otro, convertirse en acusador de lo que hicieron el PSOE, El País y la cadena SER, entre el jueves y la jornada electoral del domingo.
Tercer mandamiento: mentir gritando. Otra de las aportaciones de este eficaz manual de (mal) estilo está basada en la idea de que quien más grita o quien más miente, tiene más razón. Y la tiene toda el que miente gritando, sobre todo, si acusa a otros de algo que él está haciendo. Y ese ha sido el principio al que se han mantenido fieles, dentro de la comisión, Del Burgo y Martínez Pujalte, que han pasado del exabrupto a la payasada, y fuera de ella, Rajoy, Acebes y Zaplana como principales descalificadores de los trabajos de la misma, a medida que sus tretas iban quedando al descubierto y las pruebas aportadas y las declaraciones de testigos señalaban a los verdaderos autores, dejando al descubierto el sesgado uso de la información que hizo el Gobierno, entre el 11 y el 14 de aquel trágico mes.
La insistencia, sin pruebas, de que ETA ejecutó un atentado urdido por otros es una aplicación práctica de la creencia en la máxima goebelsiana de que una mentira mil veces repetida acaba pareciendo una verdad. Y la solicitud de informes sobre actividades de la policía y la guardia civil, que en el PP ya deberían conocer, puesto que entonces estaban en el Gobierno, así como la continua petición de comparecientes, no han tenido otra finalidad que inundar la comisión de información poco pertinente (ruido en el lenguaje documental) para apartarla de sus objetivos. Así, la actuación del PP ha estado basada en el ruido dentro y fuera de la comisión, tarea en la que ha colaborado la red de medios afines, especialmente la emisora de los obispos, poniendo en circulación la disparatada teoría de una conspiración tejida entre confidentes, servicios de información marroquíes y franceses, policías españoles amigos del PSOE, terroristas vascos y fanáticos islamistas, para desalojar del Gobierno al Partido Popular. A pesar de su incoherencia, la comparecencia de Aznar en la comisión el 29 de noviembre de 2004, ratificó punto por punto tal cúmulo de dislates, pero sin mostrar una sola prueba, ya que la teoría de la conspiración es absolutamente necesaria para su persona, pues de lo contrario, ante su partido, debería admitir algún tipo de responsabilidad en haberlo llevado a la oposición, tras ocho años de gobierno, los cuatro últimos con mayoría absoluta.
Por ello, sorprende que Aznar en su primera lección en la universidad de Georgetown (El siglo nº 618, 4-10 octubre, 2004, pp. 23-25), dijera: Ya se han acabado las ambigüedades: a lo que debemos hacer frente primordialmente, en tanto que sociedades democráticas, es al terrorismo islámico. Ni más ni menos, mientras en España, él y los suyos han seguido manteniendo hasta hoy, por supuesto sin pruebas, la autoría de ETA en los atentados del 11 de marzo.

Conclusiones de la Comisión

La comisión concluye sus trabajos con el acuerdo de los representantes de todos los partidos, excepto los del PP, como era de esperar, pues, desde muy pronto la comisión fue descalificada. Para Zaplana ha sido la comisión de la mentira y para Rajoy un auténtico fiasco. El hecho de querer poner fin a los trabajos con unas conclusiones de las que se extraigan enseñanzas para el futuro ha sido rechazado por el PP. Aceptarlas supone admitir de algún modo los errores y carencias en las que incurrieron los gobiernos de Aznar, pero, por otro lado, el cierre de la comisión supone perder una plataforma desde la que criticar al PSOE. En una entrevista (El Mundo, 10/10/2004), Rajoy indicaba: Me parece que sería bueno un compromiso firme del Ministerio del Interior y del Presidente del Gobierno de que esa comisión no se va a terminar nunca. Así, la intención de clausurar los trabajos de la comisión ha llevado a Zaplana a decir que se cierra porque no se quiere investigar más para llegar a la verdad, luego el Gobierno socialista tiene algo que ocultar.
Olvida Zaplana que la investigación judicial continúa y, por tanto, acusar de que no se quiere investigar es incluir a jueces y fiscales en esa conspiración, ya de proporciones cósmicas, que tuvo por objeto conseguir, en palabras de Aznar, un vuelco electoral.
El que la Comisión del 11-M concluya no quiere decir que el PP desista, ni que, privado de esa excelente plataforma, renuncie a emplear otros métodos para seguir difundiendo su sesgada visión de los hechos. Y ahí están el vídeo Tras la masacre, rodado por la fundación presidida por Aznar, que ha merecido una recomendación de Rajoy para no criticar desde las vísceras sino desde la inteligencia, y el reportaje Cuatro días que cambiaron España, emitido por Telemadrid, coproducido y vendido por el diario El Mundo, que ha merecido la repulsa de los trabajadores de la emisora, aunque para Manuel Soriano, director de la misma, lo que importa sobre lo que transmite TM es poder decir a Esperanza Aguirre que ha quedado bastante bien desde el punto de vista cinematográfico, como ideológicamente.