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Ninguna situación de urgencia económica o presupuestaria justificaba esta contrarreforma, y menos aún su imposición a través de un decreto-ley, sólo utilizable "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86 de la Constitución española). La derecha española utiliza la Constitución como arma arrojadiza contra toda disidencia, pero es incapaz de comprender los valores esenciales que fundamentan los derechos y deberes de ciudadanas y ciudadanos.
El gobierno de Aznar no sólo quiere imponer leyes reaccionarias e insolidarias, sino que quiere convertirnos en una sociedad reaccionaria e insolidaria, así como debilitar al movimiento sindical y dejar abierta la vía para una ofensiva aún más profunda contra el sistema de derechos laborales. Y para eso no hay nada mejor que buscar siempre algún colectivo, cuanto más excluido mejor, al que culpar de cualquier problema, real o inventado. Los inmigrantes son los culpables de la delincuencia, los estudiantes con dificultades de aprendizaje son quienes dañan la calidad de la enseñanza, las mujeres maltratadas (Manzano dice) se lo buscan por no casarse -aunque a las casadas las matan igualmente- y ahora resulta que los propios desempleados son los causantes del desempleo, por vagos y defraudadores. Los problemas reales no se resuelven, pero se incrementa la fragmentación social y el ámbito de la exclusión.
En España no hay ningún problema significativo de fraude en el cobro de las prestaciones del desempleo ni de crecimiento del esfuerzo presupuestario a tal efecto. Las cotizaciones por desempleo están generando un excedente de 3.600 millones de euros y carecen de cualquier prestación el 43% de las personas en paro. Desde 1995 a 2001, el porcentaje de la riqueza nacional dedicado a la protección de las personas desempleados ha bajado desde un 2,3% hasta un 1,4%, según datos de la UGT. La población desempleada, por término medio, cobra la prestación solamente durante algo menos de la mitad del tiempo al que tendría derecho, y eso a pesar de que el INEM no está dotado de la estructura y los medios adecuados para jugar un papel activo en la búsqueda de empleo. Lo que sí hay es muchos empresarios "irregulares" que emplean sin contrato y sin derechos a personas necesitadas de ingresos, ante la descarada pasividad de la Administración pública, que no sólo permite esas situaciones sino que las fomenta al negarse a regularizar con agilidad a inmigrantes que disponen de una oferta de trabajo.
El Gobierno y la derecha mienten descaradamente al presentar las situaciones de fraude en el cobro de las prestaciones como una situación generalizada. Por el contrario, se trata de casos aislados, e incluso en la mayor parte de ellos el comportamiento fraudulento tiene su origen en el lado patronal, pues difícilmente podemos condenar éticamente a quien, cobrando una pequeña prestación por desempleo a punto de agotarse, no rechaza trabajar unas horas sin contrato para algún empresario sin escrúpulos. Pero mienten aún mucho más cuando pretenden vendernos que han hecho una ley contra el fraude y para impedir que quienes podrían tener un trabajo adecuado lo rechacen porque prefieren seguir en el desempleo, cobrando la prestación y haciendo algunas chapuzas extras no declaradas. El decreto-ley, o decretazo, representa ante todo una disminución del gasto social, una gran transferencia de fondos hacia los sectores más irresponsables y piratas del empresariado y un incremento significativo de la inestabilidad en el empleo, con el consecuente recorte efectivo en el libre ejercicio de los derechos laborales y de la actividad sindical.
En efecto, el decretazo abarca una amplia gama de relaciones laborales, en las que es muy escasa la población trabajadora que no se encuentre directa o indirectamente afectada, e implica:
- El abaratamiento, por medio de la eliminación de los salarios de tramitación, del despido improcedente, lo que implicará también el aumento de su número y el incremento de las opciones por la indemnización en vez de por la readmisión, al resultar menos arriesgado y costoso.
- Una mayor desprotección de quienes son despedidos de forma improcedente, que, pese a demostrar judicialmente lo injusto de su despido, verán reducida la cuantía de su indemnización, disminuida la base de cálculo para las prestaciones que pudieran corresponderles y reducido el tiempo computable a efectos de las prestaciones sociales.
- La desaparición de la protección por desempleo para quienes tienen contratos de carácter fijo-discontinuo.
- La limitación del acceso al subsidio asistencial de desempleo a través de la consideración de la propia indemnización como generadora de rentas "virtuales", que no se toman en consideración, por el contrario, para el tratamiento fiscal de los grandes patrimonios.
- Una fuerte limitación del subsidio para trabajadores eventuales agrarios.
- Un alto grado de arbitrariedad en la consideración de qué ofertas de empleo deben considerarse adecuadas y de obligada aceptación, pudiendo incluir ofertas por el salario mínimo que impliquen desplazamientos de 30 kilómetros y dos horas diarias de viaje. Esta medida afectará de forma especial a las mujeres, que, hoy por hoy, están asumiendo sobre sus espaldas la carga principal del cuidado de la infancia y del mantenimiento de las condiciones básicas de la vida cotidiana.
Se trata, pues, de una ofensiva en toda regla contra el conjunto de la población asalariada, una escandalosa transferencia de rentas hacia la patronal, un incremento de la inseguridad laboral, una política de castigo a las víctimas de abusos judicialmente reconocidos como tales, un decidido intento de domesticar al movimiento sindical aumentando el temor hacia las represalias empresariales y la puesta en marcha de una nueva concepción del sistema de protección por desempleo, en la que los derechos adquiridos tienden a ser sustituidos por discrecionales concesiones administrativas.
La derecha española trata de imponer una nueva concepción de las relaciones laborales, ajena a la vigente en la Europa democrática y continental a partir de la derrota del fascismo. El "sistema europeo" de relaciones laborales, insuficiente sin duda desde el punto de vista del desarrollo de la democracia industrial y de la autogestión, es hoy puesto en cuestión tratando de asentar la condición salarial sobre un estatus de inseguridad, inestabilidad y debilidad congénitas, especialmente para las franjas del mercado laboral más desfavorecidas: inmigrantes, mujeres, desempleados, jóvenes, grupos con edades avanzadas pero aún lejanos de la jubilación.
El mismo derecho de huelga comienza a ser cuestionado. Ya lo fue, en cierta medida, en la Constitución que prohibe las huelgas de solidaridad, sin la que nada es el movimiento sindical. Pero ahora la ofensiva se agrava a través de una determinada concepción del papel de los servicios mínimos. Aznar pretende que la función de los servicios mínimos es garantizar el derecho a no hacer la huelga. Esa interpretación es inconsistente legalmente y políticamente antidemocrática. La función de los servicios mínimos es, simplemente, mantener servicios socialmente imprescindibles para no causar daños mayores, de forma que no queden sin atender urgencias médicas, por ejemplo, o para que no se produzcan catástrofes ecológicas o económicas. Nadie debe ser forzado a trabajar para que otro pueda, por capricho, no hacer la huelga. Los servicios mínimos en sectores como el transporte deben dimensionarse desde ese punto de vista: garanticemos que si alguien tiene que ir a un hospital por una urgencia, pueda hacerlo, pero no hay ningún motivo para garantizar que quien trabaja en una tienda de electrodomésticos, por ejemplo, pueda llegar cómoda y fácilmente a su hora habitual. ¡Si quiere hacer de esquirol, que vaya andando! Y si, en realidad, quisiera hacer la huelga, pero tiene un contrato temporal a punto de terminar, ¡mucho mejor que "no pueda" llegar! Pues, pese a toda la demagogia de los enemigos de la acción sindical, las presiones ejercidas por los piquetes informativos son sólo un pequeño correctivo frente a las presiones y las amenazas patronales contra quienes desean unirse a la huelga.
El 20 de junio es la primera gran confrontación entre la población asalariada, en tanto que tal, y el Gobierno Aznar. Una confrontación que no ha sido buscada intencionadamente ni manipulada para ponerla al servicio de intereses políticos de desgaste del Partido Popular. Esta huelga ha venido impuesta, por la dimensión y envergadura del ataque sufrido, por la despótica forma en que se ha impuesto la contrarreforma, por la inequívoca voluntad de que esto no fuese más que un primer paso en una política de desposesión de los derechos de quienes necesitan un salario para vivir.
Es, por tanto, una huelga necesaria, un acto de salud pública, un compromiso democrático ineludible. Y, si bien la huelga no se convoca para desgastar al gobierno Aznar, ¡ojalá que lo desgaste gracias a su éxito!
A la huelga, pues. Los sindicatos han cumplido con su obligación y asumido el reto que les incumbe. Ya va siendo hora de que también espabile la izquierda. Ante la ofensiva global, en todos los frentes, que está llevando a cabo la derecha, corresponde una respuesta global, no solamente defensiva sino también alternativa y creativa, cultural, pedagógica, en el terreno de las mentalidades, de las maneras de vivir y de convivir, de la afirmación de la libertad y la solidaridad como los valores en que se fundamenta una política de izquierda digna de ese nombre. En definitiva, debe terminar la cada vez más marcada escisión entre quienes hacen cosas para cambiar el mundo y quienes se dedican a una "política" estandarizada, aburrida y de escaso compromiso. Menos juegos de palabras ingeniosos, más ideas y más actos.
En todo caso, de inmediato, a la huelga el 20 de junio.
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