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Una de las señales más preocupantes del camino emprendido por el Gobierno Aznar es la orgullosa reafirmación del signo de la cruz por la jerarquía de una Iglesia deseosa de obtener nuevas prebendas al amparo de un gobierno creyente, pues si hay algo que está fuera de duda en este intento de restaurar el pasado es la sustancia católica de la segunda transición.
In hoc vinces, el legendario y milagroso lema que según la historiografía cristiana proporcionó a Constantino la victoria sobre Majencio en la batalla de puente Milvio, parece animar las ilimitadas pretensiones de la Conferencia Episcopal, que no se ciñen a asuntos de fe sino que abarcan un amplio programa de apetencias que hacen compatible el amor a Dios con el amor al dinero, la vocación religiosa con la gestión empresarial, el celo por defender materias propias de su ámbito con el deseo de aumentar su poder temporal y su influencia social, hasta en campos muy alejados de la religión -en el científico, por ejemplo-, y la desorbitada aspiración de orientar, y aún condicionar, las decisiones del Gobierno en un Estado no confesional.
Con harta frecuencia aparecen en la prensa noticias sobre
el abusivo comportamiento de la Iglesia en asuntos que debieran estar muy
alejados de su magisterio y sobre sus dificultades para acomodar su doctrina,
irreformable en lo esencial, pero mudable en muchos aspectos, y sus prácticas
a un tipo de sociedad que es muy diferente de aquellas en que el credo
católico marcaba aspiraciones y obligaciones de súbditos
y gobernantes.
Una de las evidencias de esta acrecida influencia de la Iglesia sobre la vida política del país es la orientación conservadora, cuando no reaccionaria, que el Gobierno ha ido mostrando ante una serie de cuestiones que han surgido en los últimos meses, detrás de las cuales se percibe la actitud vigilante de la Conferencia Episcopal, cuya opinión ha ido señalando el camino que debían seguir las decisiones políticas. Ha ocurrido recientemente con la investigación de tejido procedente de células madre, y así ocurrió, por ejemplo, con la homilía del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela, contra de las parejas de hecho en vísperas de aprobarse en la Asamblea de Madrid la ley que debía regularizar su situación. En fecha reciente (26-II-2002), Rouco aprovechó la renovación de su cargo en la Conferencia para volver a proponer que la religión católica sea una asignatura evaluable en la enseñanza pública. Aspiración que viene de lejos, pues siendo Rajoy ministro de Educación y contrariando al Tribunal Supremo, propuso crear la asignatura de valores cívicos, alternativa a la religión, para corregir la opción de elegir entre religión o nada -o parchís, dijo Aznar-. Esta asignatura venía a sustituir a la de Ética y Moral, introducida por el Gobierno de UCD, en 1980, como alternativa a la religión, que nunca gustó a los obispos. "En las presentes circunstancias, la implantación de la ética como asignatura alternativa es previsible que se transforme en un arma ideológica manejada por partidos políticos de inspiración marxista", señaló en aquellos días monseñor Elías Yanes. Algo similar ocurrió en Madrid, donde el consejero de Educación, en virtud de un acuerdo con el obispado en 1999, había intentado colocar la religión católica como asignatura optativa en la formación profesional, pero el chaparrón de críticas recibido le hizo desistir. Aunque por poco tiempo, porque en septiembre del año 2001 volvió a la carga intentando situarla entre las materias de segundo curso de bachillerato y en el ciclo medio de la formación profesional.
También le ha faltado tiempo al arzobispado de Madrid para criticar el proyecto de Ley de Calidad de la Eduación, del pasado marzo, por sus silencios clamorosos y lamentables lagunas, referidos a la formación religiosa y moral de los alumnos. En su audacia, la nota del arzobispado funda su reclamación en dos pilares imprescindibles: la Constitución Española y los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. La pretensión de los obispos venía avalada por la opinión del Vaticano, que reafirmaba la validez de los acuerdos de 1979. Con lo cual, se equipara la Constitución, aprobada en referéndum y que representa, al menos formalmente, a toda la ciudadanía, con los acuerdos negociados en secreto (mientras se discutía la Constitución), en una etapa de transición, por un Gobierno católico -e interino, por ser constituyente-, y firmados, sin consulta popular, con una iglesia que sólo representa el credo de una limitada porción de la población (aunque me temo que representa la fe de una crecida proporción de la clase política).
Este celo pastoral no es privativo de la diócesis de Madrid pues lo hallamos también en los obispos catalanes, que en fecha reciente han rechazado la campaña de la Generalitat para prevenir el sida con los argumentos habituales: no prioriza la fidelidad y la abstinencia y banaliza el sexo. Concluyen su comunicado reclamando una auténtica educación sexual en valores. O sea, que los obispos desean impartir una auténtica educación sexual por medio de la abstinencia, que será algo así como enseñar a conducir pero sin coche. Por otra parte, la Iglesia, que en España ha sido una encarnizada enemiga de la educación sexual -aún recuerdo las campañas de Carmen Alvear y la CONCAPA-, ahora se erige en intransigente defensora de la educación sexual sin sexo.
Cuesta comprender esta preocupación por la educación sexual en gente que voluntariamente ha renunciado a ella. Y cuesta entender que en parte de los creyentes esa renuncia sea una condición indispensable para ejercer un papel de ministros que los convierte en funcionarios del único Estado del mundo que no tiene crecimiento vegetativo de su población. Desde esta renuncia a la propia sexualidad, la intervención sobre la actividad sexual de los demás se convierte en una mera cuestión de poder, y el afán educativo en esta materia tiene como fin extender el poder de la Iglesia sobre las vidas de los creyentes. Desde esta postura, se entiende que la educación sexual auténtica se ponga en manos de expertos inexpertos en materia sexual, pero expertos muy expertos en el arte de manipular conciencias.
Tal es el caso de la Consejería de Educación
de Madrid, que pretende firmar un convenio, adjudicado a dedo, con una
fundación avalada por la Iglesia para impartir 60 cursos de sexualidad
en los institutos de la región. La Fundación Solidaridad
Humana, que así se llama la entidad agraciada, ha asesorado a la
subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia
Episcopal y sus fundadores están cercanos a Comunión y Liberación,
lo cual no acredita un conocimiento de la materia superior al de los profesores
de la enseñanza pública, pero tampoco parece un serio impedimento
para educar a los jóvenes en el verdadero amor.
La Iglesia católica tiene como ideal político el régimen medieval. Una curia con un poder ilimitado legitimaba al poder político, la norma moral del credo católico señalaba la conducta civil y muchos pecados eran delitos castigados por la ley. El poderío de la Iglesia era incuestionable y la dominación eclesiástica sobre las conciencias estaba apoyada por el brazo del Estado. El tiempo afortunadamente pasó y aquella manera de gobernar también, pero la Santa Madre nunca se ha resignado a verse desplazada y siempre que ha podido ha tratado de recuperar aquella posición tan ventajosa, sea apoyando regímenes políticos que trataban de aproximarse a aquel trasnochado modelo, como el de Franco, sea conservando privilegios o creando parcelas de excepción en las sociedades modernas para privar a los ciudadanos de libertades que el Estado concede, pues una de las facetas más atractivas de los estados modernos es la tendencia a entrometerse lo menos posible en los asuntos particulares de los ciudadanos, en particular aquellos que atañen a sus sentimientos y su convivencia. Pero la Iglesia no comparte esta actitud y rechaza los cambios legales que puedan privarla del poder de influir sobre los asuntos privados -íntimos- de la ciudadanía.
Esta postura se manifestó, en su día, en la discusión en el Congreso sobre la despenalización del cuarto supuesto de aborto, donde el Partido Popular repitió los argumentos de la Iglesia, que nunca se recató para expresar públicamente su demagógica opinión (en la llamada guerra del catecismo, la Iglesia repartió 200.000 textos escolares en los que equiparaba el aborto con el homicidio y el terrorismo.), y se ha vuelto a repetir en diciembre de 2001 en el debate sobre la ley del divorcio, que otros partidos deseaban reformar para acortar los plazos, suprimiendo el periodo de separación previa, e introducir el divorcio de común acuerdo, adecuando la ley a los cambios sociales.
De las 102.000 parejas que quedaron judicialmente rotas el año pasado, 63.000 corresponden a separaciones y 39.000 a divorcios. Como la etapa de separación previa es condición necesaria para obtener el divorcio, las cifras muestran que sólo una parte de los separados continúa luego los trámites que llevan al divorcio. Otro dato a tener en cuenta acerca del cambio operado en la sociedad española es que más de la mitad de las separaciones y divorcios se produce de común acuerdo. Pero para la arcaica mentalidad del Gobierno, los datos ofrecen una visión de la sociedad que es molesta porque se aleja de la familia cristiana (de clase media) que tiene como modelo, por tanto, el Gobierno (católico) no va a dar facilidades para que se rompan las familias. Y el lema católico: lo que un cura ha unido que no lo separe nadie, el Partido Popular lo ha reconvertido en: si no hay más remedio, lo que un juez ha unido que lo separe otro juez, pero lo más tarde posible, a ver si mientras tanto la pareja se lo piensa mejor y renuncia a divorciarse. Y si no pueden divorciarse, aún mejor, porque este es el verdadero propósito de la Iglesia en nuestros días.
En el mes de enero, Juan Pablo II, ante el Tribunal de
la Rota Romana (que anula matrimonios a cambio de elevados estipendios),
solicitaba a los jueces y abogados de los países en los que existe
el divorcio que hicieran caso omiso de las leyes sobre esta materia y que
recurrieran a la objeción de conciencia para que se cumpliera la
moral católica por encima de la legalidad. Lo curioso del caso es
que esta injerencia del Papa en asuntos que afectan a la labor de los parlamentos
y al fundamento democrático de los Estados de derecho; esta apelación
a desobedecer las leyes vigentes dirigida a quienes mejor deben conocerlas
y aplicarlas no ha merecido respuesta por parte de nuestro Gobierno (ni
de ningún otro, según creo).
El afán recaudatorio de la Iglesia ha crecido desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, que ha atendido muchas de sus peticiones. Le ha asegurado 21.000 millones de pts anuales, si esa cifra no se alcanza a través de la donación voluntaria que establece el IRPF. En 2001, la suma entregada fue de 21.700 millones y en el 2002 será de 22.200. En segundo lugar, el Gobierno ha decidido aumentar un 22% el gasto destinado a la docencia de la religión católica en infantil y primaria, que asciende a 30.300 millones de pts. También ha aumentado otras ayudas a la Iglesia: el 60% las destinadas al patrimonio histórico, el 25% el plan de catedrales y el 21% a la arquitectura. Sin embargo no es todo, pues la Iglesia recibe 420.000 millones de pesetas en subvenciones por la enseñanza concertada, además de aportaciones de gobiernos autónomos y de las percibidas por otros muchos capítulos (Cáritas y otras organizaciones sociales, más el personal religioso que atiende guarderías, hospitales, orfanatos, centros de caridad, de disminuidos y reeducativos y asilos, y los capellanes de hospitales, cuarteles y cárceles), que dan un monto superior al medio billón de pesetas anuales.
Lo dicho no evita las dádivas con dinero público efectuadas por gobernantes de diverso nivel, como las del pío alcalde de Madrid, que son muy difíciles de evaluar. También hay que recordar que la Iglesia española vive virtualmente en un paraíso fiscal, puesto que está exenta de los principales impuestos (IRPF, IVA, IBI, IAE, sociedades, transmisiones patrimoniales, licencia de obras...).
En ocasiones las atenciones del Ejecutivo con la Iglesia no revisten forma monetaria, pero siguen expresando un trato de favor. En el mes de octubre del año pasado, la Comisión Constitucional del Congreso decidió, a petición del PP, PNV, CiU y Coalición Canaria, que las asociaciones de la Iglesia quedasen al margen de la ley de asociaciones, que obliga, entre otras cosas, a rendir cuentas y a regirse de forma democrática.
Otras veces una alambicada intervención permite
salvar algo de la quema general, como ha ocurrido en el espinoso asunto
de Gescartera, en el que la Iglesia ha podido recuperar, a costa de otros
damnificados, casi mil millones de pesetas de los 2.500 invertidos. Y a
pesar de todo, los obispos no están contentos; se quejan por las
críticas que reciben. Cuando ya se había creado una comisión
de investigación en el Congreso y se conocían las relaciones
de la Iglesia con el kiosco financiero de Camacho, los obispos se sintieron
víctimas de una campaña de descrédito y protestaron
por la información aparecida en la prensa. En fecha más reciente,
febrero de este año, el presidente de la Conferencia Episcopal comparaba,
con notable exageración y sin ningún atisbo de rubor, las
actuales críticas a la Iglesia con el martirio sufrido por los primeros
cristianos.
En este ámbito la actitud de la Iglesia española es muy preocupante. Mientras se advierte una acelerada puesta al día en lo relativo a la gestión de su cuantioso patrimonio -en octubre de 2001, el X Sínodo de Obispos recomendó crear consejos de administración para tal fin, y en 1999, la Iglesia española creó una sociedad para invertir en bolsa- y en su adaptación al dinámico mundo de los negocios, en el campo doctrinal la Conferencia Episcopal ha seguido el camino contrario al aggiornamento, bien es verdad que a instancias de la involución dogmática experimentada en Roma desde la llegada del papa polaco al solio pontificio, de la reacción conservadora que inunda la sociedad occidental y de la progresiva pérdida de vigor de las actitudes críticas que acompañaron en España al cambio de régimen.
La opinión de la Iglesia sobre el origen de la vida humana y el aborto, sobre la educación, sobre la actividad sexual y el matrimonio, sobre la prevención del sida y el control de la natalidad, sobre la homosexualidad y la nueva postura pontificia sobre el divorcio muestran una curia de hombres muy celosos de su capacidad de decidir sobre la vida de las personas, particularmente de las mujeres, y siempre reacios a permitir que los individuos aumenten su autonomía.
La actitud con respecto a la autodeterminación personal indica que la Iglesia aún se resiste a aceptar nociones filosóficas, políticas, científicas y sociológicas de la modernidad, especialmente aquellas que defienden una visión dinámica y cambiante de las relaciones sociales, promovida por individuos que buscan, entre otras cosas, ampliar los límites de su libertad y de su razón, contra las cuales la Iglesia enfrenta con tenacidad enfermiza la doctrina de la tutela permanente sobre cuerpos y mentes.
Así, pues, la Iglesia católica representa hoy una de las posturas más retrógradas del mundo civilizado en lo que respecta al pensamiento y a la moral, en la que se ve acompañada por los sectores integristas de otros credos.
Particularmente grave es la opinión acerca de la
pena de muerte, defendida en el nuevo catecismo, que es contraria, por
lo pronto, a la Constitución.
La Iglesia tiene asignaturas pendientes. Y una de ellas es asumir la revisión autocrítica del compromiso contraído con la dictadura de Franco, que tanto se aproximó al régimen medieval que la Iglesia tiene como gobierno ideal. Revisión que un sector minoritario del clero intentó.
En la etapa final de la dictadura y siendo vicepresidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Tarancón, una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes abordó por vez primera (1971) el tema de la guerra civil y el papel jugado en ella por la Iglesia, pero el documento en que se trataba el asunto y que en sus líneas finales solicitaba el perdón no alcanzó la mayoría suficiente al ser votado. En 1972 Tarancón fue elegido presidente de la Conferencia pero nunca pudo cumplir el objetivo de que la Iglesia pidiera perdón públicamente por su comportamiento en la guerra, aún siendo un momento más propicio, porque un sector del clero pretendía despegarse de un régimen en agonía (otro mantenía su fidelidad a la dictadura. "Tarancón al paredón", decían los ultras).
El régimen democrático trató con deferencia a la Iglesia, pero ésta nunca ha estimado oportuno romper sus vínculos con la dictadura ni reconsiderar la legitimidad concedida a la insubordinación militar de 1936 al calificar a la guerra civil de cruzada contra el comunismo, y se ha alineado con los sectores sociales más nostálgicos con el franquismo y con las actitudes políticas más recelosas con respecto al sistema democrático, que no debe inspirarse en la doctrina católica sino en la mayoritaria voluntad de los ciudadanos. En este aspecto, el silencio de la Conferencia Episcopal durante la intentona golpista de 1981 fue harto elocuente.
En fecha reciente, y en contraste con la Jornada Universal del Perdón convocada por Juan Pablo II durante el Jubileo del año 2000, la Conferencia Episcopal española ha rehusado pedir perdón por su actitud durante la guerra civil con el argumento de que la Iglesia también fue víctima. De acuerdo con esta idea, la jerarquía católica ha presentado a la comisión de los Nuevos Mártires del Jubileo una lista con 10.000 personas, la mayoría muertas entre 1931 y 1939, que aspira sean llevadas a los altares, pues cuantos más mártires haya más sentido tiene conservar la denominación de cruzada dada a aquel expolio del que la Iglesia obtuvo tantas ventajas. La guinda de este furor santificante es revitalizar la propuesta de beatificar a la reina Isabel de Castilla, la Católica, para hacerla santa.
Con este gesto, la Iglesia, que retoma un proceso empezado en 1958, propone como ejemplo a una persona cuya actitud intransigente con judíos, moriscos y cristianos dista de ser un modelo en nuestros días, y que sumió al país en la oscuridad durante siglos al instaurar la Inquisición. Con todo ello, la Iglesia española no rompe sus vínculos con la dictadura de Franco, asume sin arrepentimiento ni rubor su postura durante la guerra civil, reafirma su concepción jerárquica de la sociedad y su deseo de retornar siempre que pueda a una gobierno autoritario. Es inaudito que con tales intenciones reciba tanto dinero público de un Estado democrático.
Madrid, abril de 2002
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