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La primera de las cuestiones que creo necesario apuntar es el hecho de que cuando hablamos de violencia terrorista, los ciudadanos vascos lo hacemos insertos en un determinado marco político cual es la democracia. Se podrán poner todo tipo de objeciones y cortapisas al mayor o menor grado de altura democrática en España, pero lo que es indiscutible es el hecho de que habitamos, con todas esas imperfecciones que se quieran señalar, dentro de un sistema que garantiza constitucionalmente las libertades políticas de sus ciudadanos. Y es precisamente este marco político en el que convivimos el que ha albergado desde su nacimiento constitucional conductas heredadas de violencia terrorista, con fines claramente políticos, que no han sido erradicadas hasta la fecha. Esos objetivos políticos y alternativas coyunturales de aquellos que consideran la violencia como instrumento necesario en la acción política, son día a día expuestos públicamente sin la menor cortapisa, traspasando innumerables veces la frontera de la legalidad (cosa que se debe demostrar ante los tribunales), amparándose para este proceder en los antes referidos derechos constitucionales. Sin embargo, cuando grupos afines cometen actos violentos para secundar idénticos objetivos, ya no se remiten a la ley para condenar estos desmanes, sino que denuncian la "farsa" de la democracia existente e incluso no dudan en calificar al Estado español como fascista. En resumen, mientras algunos juegan o intervienen políticamente con varias barajas, el sistema democrático sólo puede jugar con una, haciéndose enormemente difícil reconducir a los violentos a unas normas consensuadas. Y no creo necesario, llegados a este punto, distinguir entre violencia legítima e ilegítima. Doy esta distinción por supuesta y admitida y al mismo tiempo condeno como execrable cualquier intervención ilegítima del Estado de Derecho (léase GAL o cualquier cosa semejante) al abocarnos a una situación de indefensión en la que todo vale por igual, o lo que es igual: nada vale nada.
La violencia terrorista de ETA tiene una motivación política. Decir lo contrario y acusarlos de banda estrictamente mafiosa (aunque no niego tenga componentes de esta índole) es no querer ver la realidad de los hechos. En este caso, violencia terrorista y política van de la mano, pero esta última ha adquirido ahora un carácter ilegítimo por apoyarse en la primera. No creo necesario abundar en que todas las sociedades democráticas tienen problemas políticos y que la mayoría tratan de resolverlos sin recurrir a las armas. A casi todos los vascos nos gustaría formar parte de esta mayoría, pero al día de hoy, desgraciadamente, no podemos congratularnos por hallarnos en tal caso.
¿Se puede actuar haciendo caso omiso a la existencia de esta violencia, como si ETA no existiera? Me parece absurdo, sería como estar metido en el agua y no querer mojarse. La influencia y repercusión social y mediática de la actividad terrorista es insoslayable. Hemos de malvivir con ella y debemos de buscar los medios para erradicarla. Una de las "soluciones" que se plantea desde medios nacionalistas democráticos para acabar con esta situación es el llamado "diálogo", que en resumen significa promover que si hay motivaciones políticas en el terrorismo, éstas hay que satisfacerlas en algún grado para acabar con sus derivaciones de muerte, intimidación y extorsión. Pero al mismo tiempo, el nacionalismo en su conjunto reiteradas veces ha admitido participar de los fines de los violentos pero no de sus métodos. Nos encontramos así de sopetón, con que un sector de la sociedad vasca vería, gracias a la negociación y el diálogo, mejorada su situación política y se acercaría más a la consecución de aquellos fines que, casualmente, motivan la violencia política de una minoría. Esto, en suma, no supondría más que un acicate para aquellos que han optado por estas vías criminales y pienso que difícilmente iban a desterrar sus actitudes violentas al comprobar sus pingües beneficios. Que alguien esté dispuesto a morir y matar por unos ideales políticos no eleva estas ideas al género de benefactoras de la humanidad, al contrario, en el caso que nos ocupa no hay más que ver las consecuencias. También se puede, obviamente, mirar hacia otro lado o aseverar cínicamente contra toda evidencia (la del otro u opositor) que aquí se vive estupendamente.
La conocida separación de los fines y los métodos utilizados para alcanzarlos es falaz. Creo que hay que subrayar con firmeza la evidencia de que hay circunstancias en que determinados fines exigen medios no democráticos, y esto por la sencilla razón de haberse tomado consciencia en los sectores más radicales de que por las vías legales establecidas es imposible alcanzar semejantes objetivos. Así, algunos harán caso omiso de ese marco legal y lo reventarán, vía sufrimiento infligido al enemigo, en cuanto tengan ocasión, mientras otros lo cuestionarán constantemente porque no les permite alcanzar sus fines soñados. Unos y otros viajan en el mismo carro, unos mueven el árbol y otros recogen sus frutos, según conocida expresión.
Mientras el nacionalismo llamado democrático no abandone estas
ententes solapadas o manifiestas con aquellos que hacen de la violencia
arma política, la solución es enormemente difícil.
No se pueden cerrar los ojos ante la evidencia de que la oposición
política al nacionalismo y muchos de los no afines a sus tesis,
sufren una evidente persecución que en demasiados casos acaba en
el asesinato político, grado supremo de la aberración humana.
Por todo ello, desde ¡Basta Ya! se ha exigido como criterio básico
el respeto al marco legal vigente y nunca esa bobada del respeto a las
ideas, pues las hay muy perniciosas. Es la manera de poner en evidencia
y aislamiento a quien se beneficia del terror político, siendo la
tarea primordial de todos los demócratas acabar con quienes conculcan
la libertad de la ciudadanía. Alcanzado este objetivo, cada formación
política podrá encauzar sus fuerzas a la consecución
de los objetivos que prefiera, ya sean cambios en el marco legal vigente,
postular la independencia o segregación de un territorio, o lo que
sea, siempre que se respete la libertad y garantías democráticas
de cada uno de los ciudadanos y se admita que, una vez expuestas, todas
las alternativas son criticables y rechazables por los votos. Sin la presencia
de la violencia ilegítima hasta las ideas cobran otro valor, pues
dejan de parecer sospechosas.
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