José Luis Redondo

¿Una Ley de Educación para el consenso?

Publicado en Iniciativa Socialista número 75, primavera 2005

Lo primero que deberíamos preguntarnos es por la necesidad de una nueva ley. Los problemas reales, las deficiencias de formación (como aparecen en el informe PISA), la convivencia en los centros, la formación de centros “gheto”, los “objetores escolares”, etc, no se resuelven con nuevas legislaciones, precisan de medidas prácticas y organizativas que exigen una inversión mayor en educación.
Sin embargo, la existencia de la LOCE, promulgada por el PP y suspendida parcialmente por el Gobierno socialista, obliga a sacar una nueva ley que la enmiende. Se ha intentado por todos los medios que existiera un pacto escolar, para asegurar la duración de la nueva ley de educación independientemente del signo político del gobierno. Sin duda sería necesario este acuerdo educativo, siempre que respondiera a los problemas reales. Este acuerdo sería positivo, pero no es realmente posible con las posiciones de ruptura total que están manteniendo el PP y la Iglesia católica, principal propietaria de los centros concertados y  celosa de asegurar la transmisión de su ideología.
El empeño del Gobierno y del Ministerio de Educación en forjar este acuerdo acercando la nueva Ley a la LOCE, convierte a la primera en un apaño. Esperemos que el proceso de negociación con las comunidades autónomas y de acuerdos parlamentarios pueda cambiarla, pues es sin duda la ley más de derechas planteada hasta ahora por el PSOE en esta legislatura. Una ley que no responde a su propuesta electoral.

Sin entrar en el detalle de todos los contenidos de la Ley pueden resaltarse algunos mas significativos. Hay que tener en cuenta que es una evaluación algo prematura, porque no existe memoria económica y sin los recursos adecuados muchas de las medidas  se convertirán en deseos piadosos:
- Se restablece la unidad educativa de la escuela infantil y se asegura la gratuidad de 3 a 6 años, lo que en los términos de la Ley supone la generalización de las subvenciones en esta etapa. El aumento de gasto que esto supone puede provocar que no existan recursos suficientes para otras medidas. Además, si se asegura la entrada de los niños en la enseñanza concertada se les convierte en clientes cautivos que seguirán en el centro hasta el final de sus estudios.
- Se fortalece la escuela concertada sin que esté claro que pueda controlarse la violación de las normas de los conciertos: cobros de cuotas prohibidas, control de entrada de los alumnos e ideologización máxima. El Ministerio pondrá una parte de los recursos, pero el control queda en las manos de las Comunidades Autónomas y de los centros. El fortalecimiento de la escuela concertada, que es cada vez más privada, aumentaría el declive de la escuela pública.
- Se proponen apoyos a la etapa de primaria, con el objetivo de que todos los niños sepan leer y escribir comprensivamente, así como el dominio del cálculo matemático. Es sin duda uno de los fallos más graves que ha revelado el informe PISA, que inhabilita para un aprendizaje posterior. Para conocer la situación real se van a hacer pruebas diagnóstico en 4º de primaria y en 2º de ESO. Es una medida muy adecuada, ya que en primaria se producen los retrasos escolares que van a seguir acumulándose posteriormente, pero para eso no se necesita ninguna ley. Falta conocer los recursos que se van a invertir, porque tienen que permitir una acción generalizada y no testimonial.
- Se anulan los aspectos más nefastos de la LOCE, entre ellos la supresión de los itinerarios. Se vuelve a la diversificación  (que ya estaba en la LOGSE), esta vez desde 3º de ESO, a la reducción de materias en 1º y 2º de ESO, a las agrupaciones flexibles, los refuerzos y el tratamiento personalizado. Todo ello precisa más profesores y más profesionales de todo tipo en el centro, en definitiva más recursos. Es habitual que las distintas administraciones al plantear medidas, como centros bilingües, más diversificación... las lleven a cabo en un número muy reducido de centros; son en definitiva medidas demagógicas que no cambian la situación de la enseñanza, aunque esperemos que esta vez no sea así. En 4º de ESO, se habla de optativas de orientación hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, es decir, lo que se planteaba en los itinerarios pero sin crear barreras entre los dos caminos, pero la pregunta es: ¿no se crearán en la práctica? Se recoge de la LOCE las iniciaciones profesionales, para los estudiantes que no obtengan el título de la ESO, aunque para los que tengan 16 años, allí era a los 15 años. Se disminuyen las repeticiones sustituidas, por medidas de apoyo y refuerzo. En resumidas cuentas, se recogen aspectos importantes de la LOCE pero suavizados. No se da respuesta a los estudiantes que rechazan la escuela, los “objetores escolares”, que a lo largo de su itinerario escolar van interiorizando una actitud de fracaso.
- Se suprimen los dobles exámenes al acabar el bachillerato, uno para el título y otro para la entrada en la Universidad. Es decir, se deja como está. Hay que celebrarlo, ya que suprime la nueva barrera que se iba a implantar.
- Sobre la enseñanza de la religión, se oscila entre su obligatoriedad,  sea como hecho religioso o como religión confesional, igualándola con otras materias, que era la propuesta de la LOCE por una parte, y su eliminación del currículo, que propugnan las fuerzas laicas y que aprobó el Consejo Escolar del Estado por otra. El Ministerio se queda en medio y la deja como está, evaluable pero no computable, sin concretar si habrá asignatura alternativa. Las presiones de signo contrario se van a mantener hasta la aprobación de la Ley. Todavía podría conseguirse que la religión no tuviera asignatura alternativa. Hay que reflexionar sobre los nuevos problemas que supondrán, para los estudiantes y para los centros, la introducción de distintas religiones en el horario escolar.
Es aquí donde se ve con más claridad el miedo que tiene el Gobierno para avanzar hacia el cumplimiento de la Constitución, hacia un país no confesional en lo público, más laico. Así se produce una contradicción con otras medidas del Gobierno, el matrimonio de gays y lesbianas, la mayor facilidad del divorcio, la investigación con células madre, que han provocado un choque con la Iglesia y las campañas de ésta, desde la recogida de firmas para conseguir la religión como asignatura fuerte a la actual y esperpéntica de que “todos hemos sido embriones”.
Más pronto o más tarde se tendrá que denunciar el Concordato, ahora que cambia el papa podría ser un momento adecuado.
- No se aumenta la democracia en los centros respecto a la configuración del Consejo Escolar que se establecía en la LOGSE, introduciendo la acción de la administración en la elección del director, recogiéndolo de la LOCE. Conseguir la participación de los padres en primaria y en los niveles inferiores  de la ESO y sobre todo de los alumnos en los superiores, sería esencial para canalizar los auténticos problemas de los centros.

Una de las dificultades mayores para conseguir una ley que incida y resuelva los problemas reales de la educación está en las transferencias de las competencias a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, si no se pacta y vigila la implantación de la Ley muchas de las medidas pueden no convertirse en operativas; basta pensar en la Comunidad de Madrid y en la política de Esperanza Aguirre contra los servicios públicos: se están subvencionando centros que separan a los niños de las niñas y que cobran cantidades de hasta 5.000 euros.
En la situación política actual parece difícil llegar a ningún consenso, ni formal ni real, con las Comunidades gobernadas por el PP, que ha hecho bandera de la LOCE. Tampoco con la Iglesia que está implicada por los colegios concertados y la asignatura de religión.
Sin embargo, el PSOE para sacar adelante la Ley, aun sin consenso, precisa pactar con otras fuerzas parlamentarias y no es probable que la apoyen IU-IC, ER y el grupo mixto, aunque sí CIU y nadie sabe la posición del PNV.

En el periodo que se abre los ciudadanos y las organizaciones progresistas deberíamos presionar para un giro a la izquierda de la Ley, para una memoria económica que asegure los recursos adecuados para la escuela pública y sobre todo para que se implanten medidas de control de las  ayudas y de la admisión de alumnos en los centros.
Es significativo la falta de debate que ha tenido la Ley, no ha llegado a los centros, ni a profesores, ni a padres, ni a estudiantes. En la misma línea está el intento de acuerdo, casi clandestino, que ha acercado posiciones entre CCOO y FETE con la FERE (empresarios directos) pero ha dejado fuera a la CEAPA, padres de la escuela pública, y a la CONCAPA, relacionados con el PP y con las posiciones doctrinales de la Iglesia.
Puede que esta Ley marque las limitaciones reformistas del PSOE, que pretendiendo mantener votantes de centro, busca dar una de cal y otra de arena en las relaciones con la Iglesia. Una Iglesia que de nuevo está  pretendiendo imponer la moral social y su territorio de poder.
Las reacciones que el anteproyecto está provocando indican que no contenta ni a unos (CONCAPA, FERE, PP) ni a otros (CEAPA, sindicatos, organizaciones estudiantiles e izquierda en general). Las posiciones intermedias en las que se sitúa el Gobierno como si hubiera pactado, sin hacerlo, pueden suponer rechazos desde ambos lados. Sin embargo, el acercamiento de posiciones que se ha producido durante el intento de acuerdo puede conducir al apoyo de CCOO y FETE, así como de la FERE, con pequeños cambios en la Ley. Este acuerdo, si se da, difícilmente va a traducirse en acuerdos parlamentarios, y tampoco va a satisfacer las demandas de padres y  profesores.
Hay que proclamar enérgicamente que ya que no existe un acuerdo para la estabilidad de la Ley, hay que avanzar hacia una Ley progresista. Una Ley que responda a los problemas reales, que debilite el poder de la Iglesia y de los colegios concertados, una Ley que permita avanzar hacia una cultura laica para todos.