Juan Manuel Vera

Referéndum, participación y ciudadanía

Publicado en Iniciativa Socialista, número 75, primavera 2005

El pasado 20 de febrero se celebró el referéndum consultivo sobre el tratado constitucional europeo. La participación fue del 42,32%, lo que supone que votaron aproximadamente 14 millones de inscritos frente a un censo potencial de 34,5 millones. El 76,73% de los votantes lo hizo afirmativamente. La participación fue la más baja que ha tenido lugar en España en las 22 consultas electorales desde el final de la dictadura (cabe recordar que la participación en los dos anteriores referéndum celebrados en España había sido del 67,11%, en 1978, en la consulta sobre la Constitución española y el 59,43% en el referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN). Según los datos del Eurobarómetro (Europa Press, 18/3/2005) la abstención llegó al 73% entre los jóvenes entre 18 y 24 años.
La baja participación plantea cuestiones importantes. Se ha dicho que resulta una señal preocupante que refleja un escaso interés ciudadano para opinar sobre una cuestión trascendente, o más en general, que demuestra un generalizado desinterés en participar en decisiones colectivas. En los días siguientes al referendo, en los medios de comunicación aparecieron algunas voces aparentemente impactadas por lo que consideraban una señal de alarma. Pero en nuestra sociedad acelerada, una aparente preocupación de esa naturaleza no llega a durar más de una semana, el tiempo suficiente para que un tema nuevo sustituya al precedente. En este ambiente cabe poco la reflexión. Resulta ciertamente difícil ante la presión de la actualidad permanente. Las noticias se consumen en un tiempo cada vez más breve, y la presión de lo emergente sustituye inmediatamente a lo que ayer era novedad. De hecho, puede parecer extravagante dedicar ahora unas líneas a un referéndum que tuvo lugar en febrero. ¿Alguien se acuerda todavía de él?

Una impresión personal

En televisión, durante la campaña, en varias de las entrevistas efectuadas por el reportero televisivo de turno a ciudadanos que circulaban por la calle,  surgía una escena que se repetía. Al preguntarles por la Constitución europea, o incluso por Europa, el circunstancial protagonista respondía con una amplia sonrisa de autosatisfacción: “No sé nada. Es que no estamos informados. Es que no nos han informado”.
Era muy significativa la sonrisa que acompañaba a la negativa. Porque las susodichas entrevistas no dejaban ninguna duda de que los interrogados no estaban dispuestos a hacer ningún esfuerzo por informarse. En una sociedad dominada por los instrumentos publicitarios, el ciudadano no denuncia la ausencia de información, parece que se queja sonrientemente de que aún no ha recibido información por inoculación inconsciente e indolora, parece que se queja de no haber recibido pasivamente suficientes mensajes suministrados del mismo modo en que ha asimilado los últimos modelos de automóviles o la más reciente oferta de telefonía móvil. Tras la anécdota se divisa, o a mí me lo parece al menos, algo que la sobrepasa, una actitud diríamos antropológica de muchos ciudadanos contemporáneos poco dispuestos a asumir el esfuerzo (porque implica un esfuerzo) de informarse, de crearse su propia opinión, de tener su propio punto de vista.

Adoptemos como hipótesis que una de las causas de que muchos ciudadanos (y entre ellos, lo que es más preocupante, muchísimos jóvenes) no votaran fuera su falta de información. De acuerdo. La pregunta pertinente me parece que es la siguiente, ¿por qué no se informaron? ¿por qué no consideraron importante esforzarse en formar una opinión propia? ¿Tiene algo que ver esa actitud con la metafísica del especialista, del representante que decide por nosotros, con la educación ciudadana de que otros deben pensar  por nosotros? Y más allá de todo ello, ¿es peligrosa esa desciudanización del ciudadano?
Algún lector, a estas alturas, ya habrá pensado si toda esta argumentación no es una exageración. No lo creo, porque si el ciudadano es el protagonista de la democracia no podemos menospreciar los efectos de su atonía. Otro lector, o el mismo, puede pensar si acaso no hay otras explicaciones y que el referéndum consultivo, excepcional de nuestro régimen político, no es un óptimo instrumento de participación. Estaría dispuesto a admitirlo, pero creo que, aún así, no podemos eludir la valoración de los instrumentos existentes, por insuficientes que parezcan. Finalmente, un último lector reticente podría pensar que estoy cargando las tintas en el ciudadano, cuando existe una responsabilidad de quienes organizan el debate público que en esta, como en otras ocasiones, no ha sido precisamente ejemplar. Ciertamente, la parcialidad institucional no favorece un debate serio. Una controversia democrática exige un respeto escrupuloso al derecho de defender las posiciones alternativas que no encaja demasiado con la mera proyección de las representaciones parlamentarias. Ese mal se manifiesta de forma permanente en nuestra sociedad, donde en tantas ocasiones se confunde el derecho de opinión con el peso electoral de los partidos.

¿Cuál es el secreto de la baja participación? No lo sé. En todo caso, me interesa más la pregunta que la respuesta, especialmente si pensamos en la paradoja que supone que cuando hay que tomar postura ante una cuestión de debate público se produce menor participación que cuando se trata de una contienda política entre partidos, más deportiva, donde se elige a unos, para que nos representen, frente a otros aspirantes a representarnos.

¿Hay que tener en cuenta los efectos de nuestros actos políticos?

Planteemos otro asunto. Para que no haya equívocos, afirmaré desde este momento mi postura favorable a la participación y al voto afirmativo en la consulta. Sin profundizar en ello, diré que me pareció esencial que la construcción europea siguiera adelante y que percibo que la única opción que lo permite es dicho proyecto, a pesar de sus deficiencias. Desde luego, los opositores no me convencieron en absoluto de que un triunfo del voto negativo nos situara en mejor posición para el desarrollo de Europa. Como tampoco me convencieron ninguno de los argumentos de que el mencionado proyecto supusiera un retroceso respecto a la situación actual. Evidentemente, no hay que dar ninguna importancia a las burdas falsedades utilizadas en la campaña. Se llegó a decir que el texto propiciaría la pena de muerte, supondría un paso insalvable hacia el ultraliberalismo o que la reforma de la Constitución sería imposible en 50 años. Ninguna de esas críticas atendía a los defectos, y los tiene importantes, del proyecto que, en mi opinión, tienen mucho más que ver con la imparable tendencia a la oligarquización del modelo político occidental.
Una cuestión que llama mi atención es la ligereza con que se defienden determinadas posturas políticas, por ejemplo la actitud de la izquierda española del no, aunque en Francia se manifiesta de forma similar, o la falsa coherencia de ciertos abstencionistas por principios.
Empecemos por el no. Es llamativa la irresponsable alegría con la que se eluden los problemas prácticos y las consecuencias de posibles mayorías negativas. En España, el voto negativo tenía tres componentes: el voto de extrema derecha y de los sectores más exaltados del PP, el voto nacionalista y el voto de una gran parte de la izquierda de origen comunista o radical. Evidentemente, en Cataluña y en Euskadi prevaleció en los votos negativos la influencia nacionalista, mientras en el resto del Estado se mezclaron con desigual proporción los votos de la derecha extrema y los de la izquierda más euroescéptica (según datos del Eurobarómetro cabe resaltar que el 19% de los votantes del Partido Popular votó no y un 8% en blanco, frente al 4% de voto negativo y 3% de voto en blanco de los electores del PSOE). Está claro que en España el voto negativo se repartió entre posiciones que expresan actitudes radicalmente distintas sobre el proyecto europeo. En Francia, donde el frente trasversal de rechazo es bastante amplio, la mezcla también es llamativa, pues al voto lepenista y de sectores de la derecha parece ser que se unirá un voto muy significativo de simpatizantes de partidos de izquierda y extrema izquierda.

Un principio de responsabilidad parece que exige analizar, explicar y prever las consecuencias de nuestros actos o de las situaciones que contribuimos a crear. Y como ocurrió en España parece que en Francia se repite la historia. A mí me parece irresponsable llamar a votar no a un proyecto y abstenerse de señalar con seriedad las consecuencias del triunfo del voto propiciado. ¿Un no se gestionaría desde la izquierda o desde los euroescépticos de derechas? ¿Cual es la base social de reformulación del proyecto europeo si triunfa el no? ¿Es cómodo formar un frente de facto con el antieuropeísmo estatalista? Y más allá de todo ello, ¿el voto de protesta no genera una responsabilidad en quienes lo promueven sin preocuparse de sus consecuencias? ¿O eso es parte de la infantilización publicitaria en que parece desenvolverse la opinión pública contemporánea, encerrada en una perpetua adolescencia en la cual la culpa siempre es de los otros?
Pongamos otro ejemplo de ausencia de sentido de la responsabilidad, aunque sea marginal, consistente en querer mantenerse en una pureza virginal digna de una preadolescencia poco precoz. Es la posición fundamentalista de algunos sectores libertarios que argumentando la deficiencia y restricciones a la participación colectiva optan por defender la abstención general, fomentando, me parece, de esa manera, la apatía y el desvinculamiento. Un ejemplo, una declaración de CNT-AIT, de Madrid, que llamaba a no votar, razonaba de la siguiente manera: ”nos parece una burla que después de 19 años de pertenencia a la CEE, y tras suscribir todos los tratados que han ido conformando la UE, sin que se haya producido ninguna consulta sobre ninguno de ellos, y sin importar las consecuencias que haya producido en la vida de los ciudadanos; después de 19 años robándonos el derecho a decidir sobre tratados y leyes que han tenido influencia directa sobre nuestras vidas, se nos pida ahora que ratifiquemos la constitución europea. Nos parece una burda maniobra de imagen que se nos pida nuestra opinión sobre una ley que se va a aplicar sobre una realidad que se ha construido y va a seguir construyéndose a nuestras espaldas y sobre nuestras espaldas”. Es decir, puede interpretarse, que como rechazamos que no se nos haya consultado en el pasado, ahora que existe una consulta rechazamos la participación para poder seguir quejándonos de que se construye “a nuestras espaldas”. Por supuesto, nadie tiene muchas dudas de que en caso de que hubieran efectuado en el pasado otras consultas, la CNT-AIT hubiera mantenido el llamamiento a la abstención. El mantenerse al margen legitima el derecho a seguir diciendo siempre lo mismo, independientemente de la realidad. El corolario de la declaración que estamos comentando es un genuino pase para la galería de fotos. “Por todo esto, y porque en CNT creemos en la capacidad de las personas para crear ámbitos de construcción social donde se pueda participar en la toma de decisiones desde su origen y porque estamos convencidos de que esto es posible no sólo para pequeñas comunidades, sino también para organizar grandes sociedades, nos negamos a participar en un referéndum que sólo podemos ver como una farsa”. ¿Resulta claro el planteamiento? Mientras no llegue una arcadia participativa perfecta, es una ofensa participar. Al fin y al cabo, parecen querer decir, nosotros no somos responsables de nada de lo que pasa o pueda pasar. Somos irresponsables por definición. ¿Es esa la actitud adecuada para construir espacios de autonomía, desaprovechando los instrumentos que existen, o se trata de un mero planteamiento ilusorio e inconcreto en el que no parecen creer ni sus propios patrocinadores, que no se sienten ni siquiera obligados a revelar cual es el mecanismo de decisión colectiva que defienden?

¿Democracia representativa frente a democracia directa?

Entre los comentarios ocasionados por la baja participación en el referéndum no ha faltado alguna andanada en contra de la llamada democracia participativa, aprovechando para extender desconfianza respecto a todo lo que suene a democracia directa, incluso bajo una fórmula tan imperfecta y limitada como el referéndum previsto en nuestro ordenamiento constitucional.
El profesor Francesc de Carreras, en el artículo “Democracia y referendos” (La Vanguardia, 24 de febrero de 2005) cuestiona la calidad democrática del referéndum como forma de participación ciudadana tras preguntarse si los referendos son instrumentos idóneos para que los ciudadanos tomen decisiones políticas, partiendo de la base de que las cuestiones complicadas no deben someterse directamente a la gente. Así introduce, una vez más, al debate tradicional de la teoría política entre el papel de la democracia directa y el de la democracia representativa. Lo hace de una forma algo extraña pues los partidarios de la democracia directa o de algún régimen mixto no consideraríamos este tipo de referendo como la formulación óptima. Lo importante es que Carreras no oculta su preferencia porque sean los representantes quienes decidan respecto a  las decisiones importantes y complejas. A lo mejor, en su opinión, sobre lo que deben opinar los ciudadanos es sobre cuestiones simples, irrelevantes y descafeinadas, o limitarse a elegir representantes.
Curioso amor por los representantes. Al teorizar se olvida siempre que el representante lo es de alguien y frente a alguien. La elección de delegados o magistrados posiblemente es necesaria e inevitable, pero no necesariamente y en todo lugar y momento deban decidir y hablar en nombre de otros. Efectivamente, siempre se olvida que los representantes surgieron como delegados del pueblo frente al poder establecido, la monarquía, y que era ese factor el que les daba carta de naturaleza como representantes. Si la soberanía reside en el pueblo, ¿frente a quienes representan los representantes? ¿frente al propio pueblo?

La justificación clásica de la representación, que cita Carreras, es la de Constant,  que sostiene que debe haber representantes porque los ciudadanos no quieren o no pueden ocuparse de los asuntos públicos o bien no tienen tiempo o posibilidad de hacerlo. La defensa de la democracia representativa frente a cualquier régimen mixto (combinación de instituciones formadas por delegados o magistrados electos -”representantes” en el sentido habitual- y de instituciones que permiten la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones mediante distintos mecanismos de consulta) se asienta en una certeza: la mayoría de los ciudadanos no están interesados en participar en el gobierno de los asuntos comunes. ¿Estamos ante un criterio positivo o ante un enfoque normativo? Es posible compartir que, hoy por hoy, la mayoría de los ciudadanos creen que deben dedicarse exclusivamente a sus asuntos privados, porque han sido educados como ciudadanos de esa manera. Incluso es perfectamente asumible reconocer que a muchos les faltan capacidad o conocimientos para decidir sobre los asuntos comunes (aunque tampoco afirmaría que nuestros diputados y senadores siempre tengan esa capacidad y conocimientos).
Pero, ¿es bueno que eso sea así? Esa es la verdadera pregunta. Los defensores de la exclusividad de la democracia representativa representan frecuentemente una corriente elitista dentro del liberalismo político y consideran que así son y así deben ser las cosas y, por tanto, su concepción de la educación ciudadana se orienta a que las cosas sigan así. Quienes no participamos de la concepción elitista y pensamos que la democracia representativa, abandonada a sus tendencias naturales, tiende a convertirse en un régimen oligárquico, difícilmente podemos compartir ese criterio.

Los especialistas son necesarios. Los delegados son necesarios. Lo que no significa que necesariamente deban actuar en nuestro nombre. Deberían hacerlo en el suyo, como electos para el desempeño de determinadas tareas y funciones. Y podemos aceptar, por supuesto, que no todas las decisiones de la agenda política deben ser sometidos a consulta. Pero, ¿no deberían serlo todas las decisiones de especial importancia? Posiblemente sean los ámbitos locales donde la democracia participativa pueda y deba a afectar a más cuestiones, pero los que simpatizamos con la idea de una democracia libertaria pensamos que debería extenderse a todas las decisiones de especial importancia, con algunas excepciones respecto a los derechos individuales que se puede aceptar que deban estar excepcionalmente protegidos y, en cierto sentido, limitado su sometimiento al debate público mediante disposiciones constitucionales. En todo caso, para que una democracia más participativa sea posible hay que reformar la forma y contenido de los debates públicos y también la formulación de las consultas ciudadanas para que resulten claras y reflejen de la mejor forma posible las alternativas existentes. La democracia exige transparencia en las decisiones, consultas a los ciudadanos mediante múltiples mecanismos, calidad de los debates públicos y un notable ejercicio de responsabilidad de todos quienes participan. Tan cierto como que no hay ciudadanía sin foro es que no puede haberla sin autocontención.
En todo caso, resulta paradójica la preocupación del profesor Carreras por un mecanismo tan limitado como el del referéndum. La realidad es que los problemas del funcionamiento político de las democracias occidentales tienen que ver con la democracia representativa y no con los mecanismos de democracia directa, relegados generalmente a procedimientos excepcionales y residuales. Pero la explicación de la creciente preocupación de los partidarios de la democracia elitista es bastante transparente. El fenómeno de la democracia digital puede socavar todas las restricciones de tamaño y coste de la consultas populares que se han alegado tradicionalmente contra  cualquier mecanismo de democracia directa.
El referéndum puede parecer una caricatura de democracia colectiva pero no deberíamos rechazar ninguno de esos residuales y limitados instrumentos de los que disponemos para la participación ciudadana. Otra cosa es que resulten incómodos porque acaben retratando un estado de la ciudadanía bastante triste. La individualización, la falta de desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa, la mala calidad de la democracia, ya estaban aquí. El pasado 20 de febrero, simplemente, tuvimos un espejo donde ver esa realidad.