Ir a página principal de Iniciativa Socialista
Ir a archivo de documentos
 

MANIFIESTO JULIANO

CONTRA EL CLERICALISMO

Colectivo Juliano/Iniciativa Socialista


* Manifiesto publicado en  Iniciativa Socialista número 53, verano 1999
 

1. Un viejo poder

La sombra de un viejo poder, difuso pero claramente perceptible, deja sentir, cada día más, su pegajosa influencia sobre nuestro país. No procede de ninguna institución civil que tenga carácter representativo ni proviene de acuerdo alguno tomado libremente por l@s ciudadan@s; no es ejercido por delegación humana; no es democrático ni igualitario ni se ejerce con claridad y valentía, sino desde la oscuridad, el sigilo y el disimulo; no admite límites en ningún campo -ni del hacer ni del saber- ni acepta controles políticos a su actuación; rechaza la tolerancia como tibieza moral y, siempre que puede, manifiesta su vocación totalitaria; tampoco responde a criterios que tengan que ver remotamente con la razón o el juicio científico. Muy al contrario, reposa en la superstición y en la controlada difusión de un cuerpo de dogmas -de los que no se puede discrepar- realizada desde un gran aparato administrativo distribuido por todo el mundo, dotado de una estructura interna de tipo autoritario -que discrimina por principio a las mujeres-, que está dirigida por una reducida oligarquía de varones solteros, a cuya cabeza se encuentra un simple mortal que se dice investido de una autoridad sobrehumana y respaldado por la legitimidad conferida por la voluntad de un ser supraterrenal cuya existencia nunca ha podido ser demostrada.
Este viejo poder es la Iglesia Católica, que desde antiguo ha venido sometiendo a fuertes constricciones la vida de gran parte de los habitantes de Europa, luego, de gran parte de la población del mundo y, por supuesto, de España, en donde esta dilatada tutela ha sido especialmente oprobiosa, dados los estrechos vínculos que ha mantenido con las tradicionales clases dominantes y en particular con la monarquía.
La temprana alianza del trono y el altar establecida en la larga lucha contra la ocupación árabe, convirtió el espíritu de aquella primera cruzada en el pretexto de una interesada colaboración que ha durado siglos, por la cual el poder político, representado por la monarquía absolutista, asumió los preceptos de la moral católica como principios inspiradores del gobierno del Estado y se invistió, como brazo secular del dogma católico, en defensor de iure y de facto de las prerrogativas de la Iglesia y en perseguidor de la heterodoxia en el campo de aquello que tuviera que ver con la fe, que ha sido muy extenso. Por su parte, la Iglesia católica, como exclusiva administradora de la voluntad de Dios, legitimó aquel régimen político, y especialmente el poder real, con lo cual se constituyó en el supremo poder del reino al conseguir, según se dice en un antiguo manual de inquisidores, la más absoluta sumisión del pueblo a los príncipes y de éstos a la clerecía.
Esta firme alianza del trono y el altar permitió, durante largo tiempo, demorar el éxito de las tentativas de alterar ese orden y, en el caso de España, dificultó grandemente, cuando no abortó, los intentos de innovación política e intelectual.
 

2. Un poder que rechaza el renacimiento y la ilustración

En primer lugar, frente a los aires renovadores del Renacimiento, la Iglesia española fué la más firme defensora de la reacción refeudalizadora que surgió del Concilio de Trento, y su aliada, la monarquía católica de la Casa de Austria, se convirtió en el brazo armado que, con éxito variable, trató de imponer los postulados de la Contrarreforma en una Europa que estaba siendo ganada por las doctrinas de Lutero y de otros reformadores protestantes.
La alianza volvió a funcionar eficazmente para oponerse, primero, a las ideas de la Ilustración y del liberalismo, que, en el caso de España, han sido corrientes especialmente débiles y debilitadas por la acción conjunta del poder político y del religioso, y después, para hacer frente a las ideas emancipadoras -el socialismo, el comunismo, el marxismo, el anarquismo- de un nuevo sujeto social surgido de la revolución industrial: el proletariado.
Las encíclicas papales emitidas contra el mundo burgués que asomaba tras el derrumbe del Antiguo Régimen -el sistema representativo, las libertades civiles, la opinión pública, la naciente democracia, la tolerancia, el progreso de las ciencias, el avance del derecho desde una perspectiva no canónica, etc-, en el que aparecía el ciudadano moderno como un nuevo soberano, fueron seguidas con especial entusiasmo por la Iglesia católica española y sirvieron de inspiración a nuestros piadosos gobernantes del siglo XIX.
En 1832, Gregorio XVI, en la encíclica Mirari Vos condena la indiferencia religiosa, por la cual la sociedad se organiza al margen de la religión y el Estado puede ser laico -De esta fangosa fuente del indiferentismo religioso mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, "delirio", que afirma y defiende la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso al abrigo del escudo de la inmoderada libertad de opiniones...-, y defiende, en el siglo del constitucionalismo, la cuestionada autoridad de los reyes -han sido divulgadas (...) ciertas doctrinas que derrumban la fidelidad y la sumisión que se debe a los príncipes, con cuya cosa se fomenta el fuego de la rebelión-.
La misma encíclica condena libertad de imprenta: Debemos tratar también en este lugar de la libertad de imprenta, nunca suficientemente condenada si se entiende por tal el derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos, cuya libertad es deseada y promovida por muchos.
Pío IX, en la encíclica Quanta Cura (1864), vuelve a condenar la libertad de conciencia -Y partiendo de esta falsa idea social, sus propagadores no temen fomentar la opinión, desastrosa para la Iglesia católica y para la salud de las almas, y calificada por nuestro predecesor, de feliz memoria, de "locura", que la libertad de conciencias y de culto es propio e inalienable derecho individual que se debe proclamar en las leyes y establecer en todas las sociedades rectamente constituidas- y a arremeter contra la soberanía popular -Algunos, poniendo al margen totalmente los sanísimos y ciertísimos principios de la razón, se atreven a decir que la voluntad del pueblo, manifestada en la renombrada opinión pública, o de otra forma, es la suprema ley, libre de todo derecho divino o humano-.
En el apéndice de la misma encíclica, el Syllabus Errorum, se condenan ¡ochenta! errores del mundo moderno, entre ellos el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el naturalismo, el panteísmo, el nacionalismo no cristiano, el matrimonio civil, la enseñanza laica, la libertad de cultos, la libertad de prensa y el indiferentismo religioso.
La condena es la respuesta de una institución yerma de ideas ante la libertad de opinión, de discusión y de creencia. Frente a la emergencia de valores civiles; frente a la discusión política, el debate ideológico y la controversia cultural o científica, la Iglesia se encuentra desarmada, vacía de razones y no halla más solución que recurrir al anatema y al argumento de autoridad. En julio de 1870, Pío IX, en la encíclica Pastor Aeternus, declara que el Papa cuando habla ex cathedra está asistido por la divina providencia y es, por lo tanto, infalible en sus manifestaciones. Así, frente a la libertad de opinar y de discutir -de errar y acertar, de aportar y coincidir, de criticar y de oponer-, tenida como derecho de la ciudadanía, la Iglesia responde de forma rotunda que el Papa no se equivoca y que, por lo tanto, es inútil toda discusión entre ciudadanos, por muy cultos que sean, sobre materias en las que la Iglesia pueda opinar.
La Iglesia católica permanece anclada en el pasado, defendiendo el caduco mundo del Antiguo Régimen, con el que le fue tan bien, pero que ya es, irremediablemente, historia. No entiende ni comparte los valores del mundo moderno, hecho a imagen y semejanza de la clase burguesa, y mucho menos los de su antagonista, la clase obrera, ganada por perniciosas doctrinas políticas y organizada en sectas. Todavía León XIII, cuyo pontificado se extiende desde 1878 a 1903, y que conoce la existencia de poderosos partidos y sindicatos obreros, dice, en 1878, en la encíclica Quod Apostolici Numeris: Los Papas Pío VII y León XII condenaron con anatemas las sectas ocultas y amonestaron a la sociedad sobre el peligro que éstas representan. Y sobre todo, Pío IX, es de todos conocido cómo ha combatido, ya sea en alocuciones, ya en encíclicas, contra los inicuos intentos de las sectas, y señaladamente del socialismo, el cual de ellas deriva.
Que poco después (1891), en la encíclica Rerum Novarum, abogue por la justicia social y siente las bases de lo que será la doctrina social de la Iglesia, no quiere decir que admita la legitimidad de los partidos obreros ni su aspiración a ocupar el poder político, pues la doctrina está clara en la Quod Apostolici Numeris: (...) hablamos de aquella secta de hombres que bajo diversos y casi bárbaros nombres socialistas, comunistas o nihilistas, esparcidos por todo el orbe, y estrechamente coaligados entre sí por inicua federación, ya no buscan sus defensas en las tinieblas de sus clandestinas reuniones, sino que, saliendo a la luz pública, confiados y a cara descubierta, se empecinan en llevar a término el plan, tiempo ha concebido, de trastornar el fundamento de toda sociedad civil.
 

3. Un viejo poder que no se resigna a dejar de serlo

Desde entonces han pasado más de cien años, el mundo ha continuado evolucionando, no siempre a mejor, pero la Iglesia ha seguido a remolque de los acontecimientos, lejos aquel tiempo medieval en que custodiaba el saber en los monasterios y lo difundía en los libros manuscritos, promovía universidades y estaba a la cabeza del conocimiento de la época.
Hoy debemos reconocer que la Iglesia ha perdido el papel funcional que tuvo en otros momentos al vertebrar la sociedad, al establecer la primera administración que precedió a la civil y al atender a las clases subalternas con su extensa red de socorros. Pero eso ya forma parte de la historia.
En los últimos siglos la Iglesia se ha mostrado reacia a dejar el preeminente lugar que antaño ocupó, a dejar el paso expedito al desarrollo de la filosofía, de la ciencia, del derecho, de la ética civil y de la política como disciplinas autónomas, como actividades laicas, seculares, sin la ingerencia de sus dogmas.
Durante el siglo XIX, el siglo en el que se asientan los valores modernos y emerge un pensamiento político alternativo al mundo burgués, el siglo del constitucionalismo y de la lenta extensión de los derechos, el siglo en que la ciencia y la cultura experimentan un desarrollo vertiginoso, en España la Iglesia ha apoyado a los personajes más reaccionarios y ha hecho suyas las políticas más impresentables con tal de que fueran obra de gobiernos católicos.
Esta permanente intromisión de la Iglesia en la vida política, alentada por los gobiernos conservadores y la dinastía borbónica, alcanza su máxima expresión en el encono mostrado con el efímero gobierno de la I República, en la beligerancia con que recibe a la II República y en el incondicional apoyo concedido a la conjura que llevó al intento de golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que la resistencia popular desbarató y transformó en guerra civil.
La victoria militar de las fuerzas reaccionarias convertida en una nueva cruzada colocó a la Iglesia en una posición inmejorable en el nuevo Estado nacional-sindicalista, pues le fue confiada la tutela sobre la cultura y la enseñanza, ejerció un papel legitimante con la dictadura, asumió la asistencia personal del dictador y ofició de representación <<social>> en las Cortes orgánicas. Por todo ello, no responde a la verdad decir que la Iglesia católica colaboró con el Régimen de Franco, sino que, en realidad, fue uno de los pilares del mismo Régimen; es inimaginable el franquismo sin la Iglesia. Franco llevó a cabo, de manera sangrienta, lo que la Iglesia había venido preconizando desde atrás, sin que a ésta le importara demasiado la forma en que se habían realizado sus deseos.
Considerar la victoria en la guerra civil como resultado de una cruzada suponía una doble legitimación. Por un lado, era un premio a Franco y una manera de conceder la más alta legitimidad a un régimen político instaurado con sangre -Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios-, y, por otro, era una forma de santificar la colaboración de la Iglesia en la matanza. Con ello, una parte de las víctimas (de la guerra y de la posguerra), a las que, por sus erróneas creencias, se acusaba de haber sido la causa del conflicto, eran convertidas en gentes inicuas por una decisión eclesiástica.
El Concilio Vaticano II -una oportuna, aunque tardía, puesta al día de la doctrina católica, especialmente en los aspectos litúrgicos, para responder a las conmociones políticas y culturales de los años sesenta- supuso un severo varapalo para la jerarquía de la Iglesia española vinculada al Estado y un aliento para la feligresía de base que, de una u otra manera, se enfrentaba con el Régimen.
El desenlace que tuvo el franquismo y el modo en que se resolvió el dilema entre la reforma de la dictadura o la ruptura con la misma dio como resultado un régimen de libertades civiles, contra el que la propia Iglesia había luchado, pero que le permitió conservar su poder económico, su influencia espiritual y una relación de privilegio con un Estado que ya no era confesional, pero tampoco decididamente laico.
Pasada la etapa contestataria del franquismo tardío y de la transición y consolidado el régimen parlamentario, hoy gobierna España la alianza política de tres partidos burgueses, católicos y conservadores (PP, PNV, CIU), cuyos miembros rezan al mismo Dios, en idioma distinto pero obedecen a la misma jerarquía, que se expresa en el mismo lenguaje de siempre -el del autoritarismo, el del temor, el de la sinrazón, el de la superstición-, y que sirve, hoy como antaño, a las clases mejor acomodadas en una sociedad cada día más injusta.
Al abrigo del Gobierno clerical-conservador del Partido Popular, lo más rancio de la jerarquía eclesiástica, reforzada con los últimos nombramientos en la Conferencia Episcopal -Rouco Varela y Carles-, vuelve por sus rancias esencias a tratar de recuperar viejos fueros y a intentar influir sobre asuntos sociales y políticos, amparada en la renacida intolerancia del papa polaco, quien, utilizando a su favor los vientos de derecha que han soplado en casi todo el mundo en las dos últimas décadas, ha emprendido una cruzada contra la labor de sus predecesores y contra la liberalización de costumbres surgida de los años sesenta.
Al lado de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y de sus epígonos, Bush y Major, el papa Woijtila ha contribuido de manera notable al rearme del conservadurismo en el mundo (tarea en la que han colaborado eficazmente ayatolas y rabinos en sus respectivas áreas de influencia), pues, para desconcierto de muchos, ha utilizado medios y formas políticas actuales para difundir una crítica que se remonta a los valores modernos emanados de la Ilustración.
Juan Pablo II utiliza una avanzada tecnología y los medios de comunicación para montar una parafernalia que le permite rodearse de las masas como si fuera una estrella de la canción o un político populista, pero su mensaje es añejo, y, fiel a la idea de que se alcanza el cielo viviendo en la tierra un infierno, no trae sino más dolor y más sufrimiento a los que creen en él, pues cada día está más lejos de responder a las necesidades de hoy. Su doctrina contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los avances de la ciencia y del derecho, y, en materia sanitaria, la más elemental sensatez.
A su proverbial machismo, que relega a las mujeres a un lugar secundario en la sociedad, se suma su insistente campaña contra toda forma de sexualidad que no tenga como fin la procreación. De ahí su beligerancia contra la homosexualidad, el derecho al aborto, al que equipara con el holocusto judío, el control de la fertilidad femenina y el uso del preservativo, que indican la indiferencia de la Iglesia ante el sufrimiento provocado por la galopante extensión del sida y una natalidad desbocada, que agravan la situación de los países del Tercer Mundo, ya suficientemente golpeados por el hambre y la miseria. De ahí viene, también, el remedio papal de premiar con indulgencias la continencia sexual. Su moral, levantada contra la razón y el dolor humano, ha llevado recientemente al Vaticano a criticar la decisión de la ONU de distribuir una píldora abortiva a las mujeres kosovares que habían sido violadas.
En otro orden de cosas, de menor repercusión social pero igualmente indicativas del espíritu que anida en el Vaticano, está la crítica por la concesión del premio Nobel a José Saramago, al que acusa de comunista recalcitrante, y la intercesión del propio Juan Pablo II a favor del genocida general Pinochet.
Tampoco en España la Iglesia católica se resigna a perder un ápice de la influencia y de las prebendas que inmerecidamente disfruta.
En muy poco tiempo hemos tenido ocasión de comprobar que ha deseado extender esta tutela a toda la sociedad, no sólo a sus fieles, e influir en ciudadanos, en partidos y en el propio Gobierno con su peculiar sentido de la moral y de la política.
Ha sacado a su gente a la calle -como hizo contra la reforma de la enseñanza (LOGSE)-, ha instrumentalizado a escolares, ha movilizado institutos, asociaciones de padres y madres de alumnos, a la prensa bajo su férula y ha clamado desde púlpitos y confesionarios contra la despenalización del cuarto supuesto del aborto, cuando la reforma de la ley se discutía en el Congreso, y en su momento, pues está en ofensiva permanente, arremetió contra el proyecto de la Generalitat de legalizar las parejas de hecho.
Amparándose en la libertad de expresión, un derecho que siempre han perseguido, jerarcas eclesiásticos imparten a diario su doctrina y presionan sobre un dócil Ministerio de Educación para hacer de la religión católica una materia del currículo académico, aumentar las subvenciones a los colegios de religiosos y mantener los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas.
 

4. El colectivo juliano, propone

A las puertas del siglo XXI, creemos que esto se tiene que acabar.
Ahora que se habla con insistencia del derecho de autodeterminación nosotros lo pedimos también, pero no del territorio, sino de las mentes. Aún con notable retraso con respecto a otras épocas y países, volvemos a pedir la soberanía de la razón y de la ciencia como elementos fundamentales para alumbrar la convivencia civil y regular el orden político y jurídico. Nos adherimos a las ideas de la modernidad, que tantas dificultades tuvo para desarrollarse en nuestro país, que sólo es moderno a ratos y en el aspecto económico y utilitario, pero cuesta enormemente que su espíritu cale en las mentes y las actitudes de la mayoría de las gentes.
Postulamos una moralidad laica, una ética laica, como lo fue en su origen y como la entendía Aristóteles; una ética civil, que regule el comportamiento individual para adecuarlo a la supervivencia de la vida compartida, de la vida en comunidad, de la vida pública, y que preserve de indeseadas influencias un ámbito particular de cada humano: el de la conciencia, de las creencias, del pensamiento.
No quitamos a la Iglesia su potestad para dictar normas de conducta a sus fieles, pero le negamos legitimidad para hacerlo con el resto de la ciudadanía y para convertir su doctrina en normas del Estado.
Tiempo es de colocar a la Iglesia en su sitio -lejos del poder y en el ámbito de lo privado-, y de empezar a aplicarle el mandato evangélico de que <<su>> reino no es de este mundo.
Como no participamos del proyecto de clericalizar el país ni reconocemos a la Iglesia el derecho a hablar en nuestro nombre como supuestos católicos, renunciamos -e invitamos a hacerlo a quien lo desee- a seguir perteneciendo nominalmente a una institución a la que nos vincularon sin habernos consultado, cuando no habíamos desarrollado plenamente nuestra razón ni nuestra autonomía.
 
 
Ir a página principal de Iniciativa Socialista
Ir a archivo de documentos