Poco bueno dice sobre la responsabilidad y mesura de la mayoría derechista el que ni siquiera hayan dado la oportunidad de ser puesta a prueba una ley que fue aprobada con el voto de todos los demás grupos parlamenarios y que, incluso, había llegado a contar con el voto favorable del P.P. en el Congreso de Diputados, aunque después de sesdiciese de ello.

Este no es lugar para entrar a detallar lo que la población inmigrante en nuestro país ha perdido con la nueva ley, ni todo lo que hemos retrocedido en la aspiración a sustituir las pulsiones patróticas y excluyentes de muy diversos nacionalismos -Arzalluz no tiene la exclusiva- por una verdadera política de civilización. Sí querríamos, no obstante, reflexionar sobre el significado de la tajante negativa a reconocer en todo ser humano un sujeto de derechos, negativa en la que ha tenido la voz cantante el señor Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el entusiasta apoyo de José María Aznar y el grueso del partido Popular, con la muy honrosa excepción del ex-ministro Manuel Pimentel, que ha tenido la dignidad de firmar artículos y documentos críticos en los que no se han atrevido a figurar los líderes de la oposición socialista, de cuyo timorato e ineficaz comportamiento hablaremos más adelante.

La postura sostenida de forma reiterada por Mayor Oreja forma parte de la misma lógica, aunque en otras condiciones políticas y sociales, que la de aquellos que, con toda "naturalidad", defendieron el voto censitario o la exclusión electoral de las mujeres. Más aún, nos atreveríamos a decir que forma parte también de los mismos "intereses", actualizados a la muy diversa estructura social de hoy en día.

Negar a los extranjeros "sin papeles" derechos como el de asociación, sindicación y huelga es anticonstitucional y, por encima de todo, profundamente reaccionario.

Es anticonstitucional, porque una lectura atenta de la Carta aprobada en 1978 permite observar como determinados derechos son asignados, textualmente, a "los españoles", mientras que otros corresponden a "todos" o a "todas las personas", o, simplemente, se "reconocen" genéricamente, sin limitación de ámbito. Y, en los derechos a que nos estamos refiriendo, la Constitución dice:

- "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa"

- "Se reconoce el derecho de asociación"

- "Todos tienen derecho a sindicarse libremente..." (aquí la Carta establece posibles excepciones, pero se refieren a cuerpos con disciplina militar)

- "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus derechos"

Como puede comprobarse, la redacción de estos artículos es totalmente diferente a la de aquellos que, efectivamente, hablan solamente de los españoles, como el que dice "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional".

Pero lo realmente importante es el significado material de la postura sostenida por el P.P., con la complicidad de CiU y CC. La derecha española ha apostado por la servidumbre y por la superexplotación de los inmigrantes sin papeles. El proyecto de la derecha no puede reducirse a una expulsión masiva de "ilegales", sino que es más complejo: pretenden echar a una parte de ellos, pero también convertir al resto en mano de obra baratísima y dócil en manos de patrones sin escrúpulos.

¿Qué significa, si no, negar el derecho de huelga a un inmigrante sin papeles? Los derechos de huelga y sindicación no emanan de una nacionalidad o de una situación legal determinada, sino de la condición asalariada misma. El Estatuto de los Trabajadores es muy claro en cuanto a su ámbito de aplicación: "será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario".

Un trabajador asalariado "sin papeles", trabajando sin contrato para un empresario cualquiera, podrá estar violando la Ley de extranjería, o estar cometiendo un delito fiscal por no declarar sus ingresos, o cualquier otra cosa semejante que puede ocurrírsele a las más xenófobas mentes, pero no pierde el derecho a ser retribuido según la Ley, a sindicarse, a realizar huelga... Cuando el P.P. dice que no es así, que no tiene derecho a hacer huelga o a sindicarse, está dirigiendo un mensaje clarísimo: tú eres un "ilegal", quizá te permitamos informalmente quedarte por aquí una temporada, sin derechos claro está, así que si algún empresario te paga una mierda por trabajar un montón de horas en penosas condiciones higiénicas, agradéceselo, y no se te ocurra juntarte con los rojos de los sindicatos y, mucho menos aún, hacer huelga. Y si la haces y te despide, no rechistes, porque no sólo no vamos a hacerte caso, sino que a lo mejor "resolvemos un problema", te drogamos, te metemos en la bodega de algún barco y de dejamos tirado por ahí. Si en algún momento alguien pudo dudar si el alma del P.P. estaba representada por Pimentel o por el Alcalde de El Ejido, ahora las cosas están bien claras: José María Aznar y Juan Enciso, la misma cosa son.

Este objetivo clasista de la Ley aprobada por el P.P., CiU y CC es la razón de fondo del empeño contrareformador de la derecha, ya que, en realidad, la Ley 4/2000 centraba su novedad progresista en el trato dado a las personas que ya estaban en españa, pero, desde luego, no significaba ninguna apertura de puertas ni implicaba ningún "efecto llamada". Citando a Miguel Pajares, una de las personas que más saben sobre el tema, debe recordarse que:

"En términos generales (no nos referimos ahora sólo al control del flujo de entradas) podemos decir que la ley 4/2000 cambió aspectos muy importantes, aunque también se ha de decir que otros, no menos importantes, los dejó casi como estaban. Si tuviésemos que simplificar al máximo nuestra valoración de esta ley, diríamos que mejoró mucho la situación para las personas inmigradas que ya están en España, pero apenas cambió las cosas para las que quieren venir. Lo que precisamente modificó muy poco fue el sistema de entrada, como explicaremos enseguida. Para quienes ya están aquí, la ley estableció una amplia equiparación de sus derechos con los de los españoles (no en todo, ya que en algunos aspectos, como el derecho al trabajo, apenas hubo mejoras); y lo hizo con una importante particularidad: que muchos de los derechos fueron reconocidos también a las personas que se hallan en situación irregular (los llamados sin papeles). Esta particularidad fue lo que convirtió esta ley en una de las más avanzadas de Europa." (Miguel Pajares, Una política de flujos migratorios, octubre del 2000, texto completo en http://www.inisoc.org/flujos.htm).

Debemos reconocer que, en este caso, el P.P. había avisado. Estaba muy claro que si tenía mayoría para hacerlo, lo haría. Y tuvo mayoría. Así que, si se empeñaba en ello, su contrareforma pasaría hacia adelante. Pero lo que debemos preguntarnos es: ¿por qué con tan poca resistencia? ¿Por qué, salvo acciones de grupos muy minoritarios, no hubo respuesta en la calle, y bastante tibia, hasta después de que la ley hubiera sido ya aprobada? A mi entender, creo que la nueva ejecutiva del PSOE, que ha tenido aciertos importantes en otros aspectos (postura ante la cumbre de Niza, Presupuestos Generales, submarino británico en Gibraltar, denuncia de la actuación policial contra manifestantes por la condonación de la deuda externa, propuestas contra la Violencia de género, etc.) y posturas discutibles en otros (acuerdo del 8 de diciembre con el P.P., legítimo como postura política común de dos partidos, pero inútil como "pacto antiterrorista" pues no deja hueco en él a PNV y EA, incluso aunque rompiesen todos los lazos que aún puedan mantener con EH; apoyo a las reformas del Código Penal; apoyo a los nuevos desarrollos de la LOGSE), cometió el mayor de sus errores políticos con su comportamiento ante la iniciativa contrareformadora de la Ley de extranjería, que tuvo efectos desvastadores en la posibilidad de una movilización previa que pudiera, al menos, haber forzado cambios más importantes en los proyectos del Partido Popular.

La dirección socialista se equivocó de lealtad, pues puso más de ella hacia el Gobierno que hacia los inmigrantes. Con buena intención, sin duda. Posiblemente, pensó que, dada la mayoría absoluta del P.P., más valía lograr que la ley fuese algo menos mala, beneficiando con ello a los inmigrantes, que darse el gusto de romper la baraja y mantener posturas muy firmes, pero nada efectivas. Pero era una opción equivocada, fruto quizá de la inexperiencia. En realidad, en política, incluso para llegar a un acuerdo, el camino a recorrer es el contrario. En vez de renunciar a presentar una enmienda a la totalidad, en vez de aprobar gran parte del nuevo texto del P.P., en vez de estar difundiendo que era posible un pacto hasta muy pocas horas antes de que el P.P. impusiera en el Senado el rodillo de su mayoría absoluta, en vez de manifestarse después de que la Ley ya ha sido aprobada, lo que no deja de ser un acto testimonial más propio de grupúsculos que de un partido con voluntad de gobierno, en vez de todo ese recorrido de cesiones, lo razonable habría sido presentar como enmienda a la totalidad el texto íntegro de la Ley aprobada hace menos de un año, haber liderado, junto a los sindicatos y organismos como SOS-Racisme, una movilización social crítica, haber desarrollado una intenta campaña de explicación pública, y, sobre esa base, haber tratado de negociar mejoras en la Ley. O sea, justo al revés de cómo se ha hecho.

Ahora, con la ley aprobada, estamos peor que antes. Pero el conflicto no ha terminado. La derecha va a querer hacernos cómplices de su racismo, de su xenofobia, de su decisión de facilitar la explotación despiedada de los inmigrantes y, en cotas aún más graves, de las inmigrantes. De momento, ya ha lanzado sus amenazas hacia los sindicatos, a los que exige que se nieguen a aceptar la afiliación de los "sin papeles". La respuesta sindical ha sido la correcta: no, la tarea sindical no es la de ser una policía de fronteras, sino la de propiciar la asociación y la solidaridad de los trabajadores más allá de toda frontera. Atención, que se acercan tiempos en los que quizá la desobediencia civil se convierta en una exigencia política si queremos defender la democracia dentro del sistema democrático y con medios democráticos.
 

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