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20-J: sobran las razones

 José Luis Mateos

 Sobran las razones, la convocatoria por los sindicatos (CC.OO. y UGT) de Huelga General para el próximo 20 de Junio, es una medida razonable y conveniente. Es el momento de decir ¡basta!, de poner límites al aluvión de iniciativas reaccionarias y profundamente clasistas por parte del Gobierno del PP, de impedir que derechos democráticos reconocidos, que contribuyen a un mínimo de cohesión social, sean peligrosamente cuestionados.

La bochornosa presidencia española de la UE debe tener el colofón que su presidente merece: el desprecio y el rechazo de la "mayoría social" expresado a través de una Huelga General, un acto cívico de recuperación democrática. Sí, porque la democracia necesita, de nuevo, ser reconstruida…, su calidad se deteriora al mismo ritmo que se incrementan las desigualdades sociales y la exclusión.

Superada por el PP la etapa "centrista", estos últimos dos años pueden calificarse como auténtico "bienio negro". Un tiempo en que se rompen los equilibrios sociales restaurados en la Transición y reflejados en la Constitución. ¿Qué ha ocurrido para que los grupos más reaccionarios y poderosos determinen en exclusiva el devenir del país? ¿Qué espacios de la vida social escapan a su valoración en términos de negocio? Es habitual que los procesos históricos produzcan personajes acordes con los valores e ideas de los proyectos que se defienden, sólo así podemos explicarnos que Aznar –con toda su mediocridad y resentimiento- se eleve hasta ejercer funciones de vanguardia de dichas políticas, aquí y en Europa.

Pero para cambiar la naturaleza de la democracia, disminuir su calidad, reducir su amplitud, limitarla a la esfera electoral-institucional…, ha sido necesario invertir las políticas fiscales, impulsar agresivas medidas de privatización de los servicios públicos, apostar por el empobrecimiento de las garantías de la protección social y por último, restaurar el carácter unívoco de la autoridad en la empresa, el poder exclusivo del empresario. Por esa dirección avanzan los cambios legales introducidos en la regulación -¿desregulación?- de las relaciones laborales.

Esto ocurre con el considerado detonante de la convocatoria de huelga, la injusta reforma o recorte de las prestaciones por desempleo. Según datos de organismos oficiales, en este país se encuentran 1,5 millones de personas inscritas en el INEM u otros servicios públicos de empleo, pero sólo el 57% recibe algún tipo de prestación económica; además, casi la mitad tienen subsidio, es decir 330 euros al mes. Para más de la mitad de beneficiarios de prestaciones contributivas el tiempo de percepción no supera los 4 meses, mientras que quienes generan derechos superiores al año solo lo agotan el 15%. La sociedad debe saber que de los 580.000 trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura apenas el 40% percibe prestación alguna, lo que supone un coste de 980 millones de euros, lo que contrasta con los 6.000 millones que perciben los empresarios agrícolas a través de las subvenciones. En fin, el sistema de desempleo no cubre a todas las personas a las que debería proteger y sin embargo, dispone de un superávit de 3.600 millones de euros, cantidad que el Gobierno puede expropiar a los asalariados y destinar a reducir el déficit público. Sobran valoraciones éticas, sencillamente un robo.

Estos datos desnudan los argumentos del Gobierno, profundamente ideológicos y por tanto, repletos de mentiras. Afirmar que las garantías sociales fomentan la holganza es propio de personalidades autoritarias, enemigas de toda concertación y ajenas a toda idea de cohesión social. Recordemos que de las prestaciones revisadas por los servicios públicos de empleo, sólo el 3% contiene alguna irregularidad y tan sólo el 1% de las ofertas de empleo quedan sin cubrirse (¡cómo serán!), en cambio el 48% de los contratos temporales son fraudulentos, según la Inspección de Trabajo.

El decreto no tiene más beneficiario que los intereses empresariales: con la supresión de los salarios de tramitación van a disponer de casi 500 millones de euros adicionales, que antes, terminaban en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras. Pero alterar las relaciones laborales y los niveles de protección social ha sido posible si simultáneamente se reduce el ámbito de lo público (aquello que contribuye a que la sociedad sea más igualitaria), de deteriorar sus servicios y prestaciones y por supuesto, de transformar los cauces que permiten el ejercicio de derechos en instrumento de negocio.

Esa triste función es la que corresponde a la Escuela Pública, víctima del odio reaccionario a su carácter democrático, laico y no sexista, excluida de las prioridades gubernamentales, ignorada en los conciertos con la enseñanza privada (incluso a escuelas que restauran la superstición y la vieja separación entre niñas y niños). La Ley de Calidad no aspira a solucionar los graves problemas de integración o fracaso sino a implantar una contrarreforma, un modelo más selectivo y segregador. Al fondo, nuevas privatizaciones parecen susceptibles de acometerse. No olvidemos que la actual presidencia de la UE, a través del Acuerdo General para el Comercio de Servicios, no dejará escapar la ocasión que brindan las numerosas mayorías conservadoras que asolan el continente.

No nos engañemos, este Gobierno no aspira al "pleno empleo" ni ésta es la "sociedad de las oportunidades". No importa la inseguridad que generan sus políticas en millones de seres. Si importa vencer la resistencia del factor trabajo. También importa imponer su aberrante concepción de la inmigración, ese triángulo infecto cuyos vértices inmigración-delincuencia-inseguridad deben contestarse con otro radicalmente democrático inmigración-políticas sociales-financiación del desarrollo. Importa, en definitiva, asegurar una globalización sin democracia y sin derechos.

En fin, nosotras y nosotros nos sentimos comprometidos con la convocatoria de CC.OO. y UGT, identificados con las muchas razones que les asisten. Por eso entendemos y compartimos las preocupaciones de las gentes progresistas de este país, sus deseos y aspiraciones. En estas circunstancias, la huelga significa la movilización de la parte más democrática de la sociedad civil, un derecho y un acto cívico de inmenso valor. Los sindicatos no deben sentirse solos, nos esforzaremos para que la sociedad haga suyos los motivos. Que el 20-J los intereses anti-sociales y anti-democráticos que Aznar representa se estrellen contra la voluntad de la "mayoría social".

Empecemos a cambiar las cosas, que las nuevas dinámicas que se abran obliguen a las fuerzas conservadoras a batirse en retirada. La recuperación del espacio de lo público, la calidad de la democracia y los derechos humanos así lo necesitan.
 
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