Artículo publicado en el diario
El Periódico, 22 de julio de 2000
Hace sólo dos años, en julio de 1998, el entonces secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaraba solemnemente que
el acuerdo de Roma sobre el estatuto del Tribunal Penal Internacional era
un momento histórico, de gran esperanza, y un paso gigantesco en
el camino de la justicia "para que no queden impunes los delitos más
odiosos, como son los de genocidio, los crímenes de lesa humanidad
o los crímenes de guerra". En las mismas fechas, Emma Bonino afirmaba,
en las que serían casi sus últimas declaraciones como comisaria
europea: "El compromiso adquirido en Roma es más que aceptable y
pondrá fin a todos los intentos de obstruccionismo". Es decir, que
el Tribunal es una oportunidad para la humanidad.
Muchos pensábamos que los riesgos de que el Tribunal se encallara
en el largo proceso de ratificaciones nacionales del acuerdo no era suficiente
para el desánimo. Habíamos tenido que esperar medio siglo
y 130 millones de víctimas en 250 guerras, pero el gran paso se
había dado: renunciar parcialmente a la soberanía nacional
a cambio de la soberanía de la justicia internacional. En estos
dos años, el balance es desigual a pesar de que el ritmo de las
ratificaciones nacionales al estatuto ha sido superior al que podíamos
imaginar. Incluida España que, al final, disipó sus dudas
constitucionales en una votación unánime de nuestro Parlamento
pero, lamentablemente, sin la cobertura mediática y política
que la ocasión requería.
La resolución del caso Pinochet, y sobre todo, los genocidios
de Kosovo, Timor y Chechenia, han evidenciado que las legalidades nacionales
sólo son aceptables internacionalmente desde la justicia y el cumplimiento
de los derechos humanos sin excepción. El anuario de Amnistía
Internacional del 2000 denuncia duramente a EEUU, China y Rusia, tres de
los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
circunstancia que no deja de ser cómicamente cínica si no
fuera por el dramatismo que la acompaña.
Estados Unidos, denunciado sistemáticamente por su política
de derechos humanos (pena de muerte, derechos de las minorías étnicas,
situación en las cárceles) ha apadrinado el ingreso inmediato
de China en la Organización Mundial del Comercio y avala el futuro
acceso a la mismo de Rusia, a la vez que se la acoge en el G-7, el selecto
club de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Y, de nuevo,
lentamente, se abre paso una política internacional de hechos consumados,
de dobles morales y varas de medir, que disculpa a Putin del genocidio
checheno o tolera lo inaceptable del régimen chino o a cambio de
sus mercados y sus recursos, o de una concepción de la estabilidad
profundamente autodemocrática.
En el escenario global, la justicia mundial es la garantía de
la gobernabilidad de un planeta sin fronteras para la actividad económica
y comercial. Todos los que participamos activamente, cada uno desde sus
posibilidades, en la Conferencia de Roma a favor del Tribunal Penal Internacional,
sabíamos que sin un proceso de reformas imprescindibles e inaplazables
de las Naciones Unidas y sin una revitalización autoexigente de
los acuerdos de las conferencias internacionales el Tratado del Tribunal
o las conferencias de seguimiento de Pekín sobre la mujer, o de
Copenhague sobre el desarrollo social podían dar, como así
fue, un balance negativo. Y ahora viene Kyoto. Y nos tememos constatar
lo peor: el planeta herido está al borde del colapso.
Y no se pueden cumplir los compromisos de iure sin dotarles de medios
y de plazos, a no ser que lo que se quiera es realmente incumplirlos de
facto. En Berlín, se reunieron hace dos meses 14 jefes de Estado
y de Gobierno progresistas para admitir que la única garantía
de futuro para el siglo XXI era impulsar la gobernabilidad del planeta.
Que la magnitud y complejidad de los retos a los que nos enfrentábamos
requerían de una respuesta mundial si no queríamos que la
globalidad impusiera un ritmo suicida para la mayoría de los habitantes
del planeta al margen del control de la política, y por lo tanto,
de la democracia. Pero, otra vez más, las palabras no dieron paso
a los hechos. Hoy la justicia, y fundamentalmente la internacional, es
nuestra apuesta democrática y progresista más sólida.
Sin justicia a escala de los problemas y de las violaciones del derecho,
la gobernabilidad ni es posible ni está garantizada, a riesgo de
lo peor. Sin medios para la justicia no hay credibilidad política.
Y sin espacio político y democrático, la economía
de mercado y su desigual pero corregible progreso, no podrán lograr
existir con garantías mínimas.
Ahí va un ejemplo. La semana pasada participé, junto
con el juez Baltasar Garzón en la Semana de los Derechos Humanos,
curso que él mismo dirigió con gran éxito y repercusión
en El Escorial. Al despedirme le pedía a una de sus eficaces colaboradoras
que me diera la dirección de correo electrónico para mantener
nuestro contacto. "El juzgado no tiene e-mail, ni tampoco acceso a Internet",
me respondió avergonzada. Indignado y, todavía atónito,
comprendí de facto que no hay futuro de iure en nuestro planeta
si el delito se persigue con máquina de escribir y papel carbón,
en dura pelea con las fronteras, mientras los delitos y los delincuentes
viajen por Internet y sin fronteras. Y no sé si se trata de inconsciencia
política o de un deliberado y neoliberal dejar hacer ...