Decretazo:
Aznar pierde el partido
Armando Montes
Lo recordamos bien. José María Aznar, chulo él, había
declarado que no le bastaba con lograr un empate con el movimiento sindical
en la confrontación provocada por el decretazo. No, él quería
“ganar el partido”. Recordamos también al portavoz del Gobierno asegurando
que la huelga no había existido. Y la insistencia con la que Aznar
y el Partido Popular explicaban que si habían recurrido al uso del
decreto-ley, reservado a casos de urgencia, era por razones de responsabilidad
política ineludible.
Pues bien, tras la gran concentración sindical y ciudadana del 5
de octubre en Madrid, el gobierno de la derecha española se ha visto
obligado a aceptar un retroceso en toda regla en sus propósitos. Hemos
logrado una victoria. La primera gran victoria social sobre el gobierno del
PP desde 1996. Un triunfo alcanzado en una fase política en la que
Aznar no está mostrando precisamente un rostro negociador y dialogante,
sino, muy por el contrario, inflexible e intransigente. Una fase en la que
no ha vacilado en hacer algo tan escandaloso como quedarse sólo frente
a la totalidad del resto del arco parlamentario para cerrar paso a la iniciativa
socialista de Ley integral contra la violencia de género. Diga lo que
diga Rajoy, se han “envainao” su decretazo. Aunque, verdad y prudencia obligan,
convendría hacer, a fecha de hoy, dos salvedades: la primera, que
aún no han cedido en lo que hace referencia al PER y los jornaleros
agrícolas de Andalucía y Extremadura; la segunda, que con este
tipo de gente, a la que no importa incumplir compromisos, conviene posponer
la fiesta por la victoria alcanzada hasta que realmente se plasme en la aprobación
de enmiendas al decretazo en sede parlamenetaria, no sea que tengamos espantadas
de última hora.
En todo caso, lo ocurrido refleja la frivolidad y irresponsabilidad del
actual gobierno español. Hemos pasado por una huelga general, millones
de personas han renunciado a un día de salario para poner freno a
estas políticas antisociales, decenas de miles de mujeres y de hombres
han padecido en sus carnes las consecuencias de una ley que parecía
tan “urgente” y que resultará, al parecer, tan breve. ¡Qué
sandez!
Ahora se plantea otro importante reto: la Ley de Calidad, iniciativa clasista
y clerical que, pese a su nombre, no aborda la mejora de la calidad de la
enseñanza ni la reducción del fracaso escolar. En lo esencial,
esta ley tiene dos objetivos: segregar y privatizar.
Esta lucha va a ser más dura y difícil. La insuficiente financiación
de una polítrica educativa que, en sus principios, era mucho más
avanzada y justa, ha ido acumulando malestares diversos que hoy complican
alcanzar un consenso social contra la Ley de Calidad similar al logrado contra
el decretazo. Y, además, el PP va a ser mucho más firme en este
ámbito. Su compromiso con la Iglesia es claro: nosotros os entregamos
la enseñanza, vosotros fabricáis mentalidades reaccionarias.
Sera duro, pues. Pero es un reto inesquivable. La educación será
el terreno de una gran confrontactión social.
octubre 2002