La crisis del trabajo y el aumento masivo del desempleo son realidades sensibles que nos desafían a repensar y redifinir políticamente el modo en que la economía influye y se vincula a nuestra vida cotidiana. Para subrayar esto, he pensado que la presentación crítica de una propuesta para enfrentar la crisis, mediante la instauración de un "abono universal" o "renta de ciudadanía", quizá fuese una buena manera de hacerlo.

La propuesta que me servirá de punto de partida es la adelantada y elaborada por Jean-Marc Ferry en numerosos escritos e intervenciones desde la segunda mitad de la década de los 80. No pudiendo entrar aquí en el análisis de otras tomas de posición comparables, asumidas individualmente o por movimientos políticos (como el partido Vivant, recientemente creado en Bélgica), creo que el concepto de "renta de ciudadanía" y sus considerandos en Jean-Marc Ferry me permiten plantear algunas cuestiones decisivas. Debemos tener en cuenta también que su autor se declara partidario de una forma de democracia para la que, siguiendo a Jürgen Habermas, la validez de las normas y de las decisiones políticas dependería de la participación de los interesados en un debate en el que todos los interlocutores se encuentran en pie de igualdad e igualmente vinculados a la regla del mejor argumento. De esta forma, el alcance político de la discusión tal vez se vuelva más explícito desde el comienzo, aunque yo piense -al contrario de lo que ocurre con Habermas y el propio Ferry- que tal idea de democracia desautoriza radicalmente a los regímenes de "Estado de Derecho" de las oligarquías liberales (Castoriadis) vigentes en Occidente y a su división del trabajo político.
 

El telón de fondo de una propuesta

- profundización de las desigualdades (por ejemplo, en el período 1973-1992 la renta media en EE.UU. del 20% de familias más favorecidas aumento un 19%, mientras que disminuyo un 12% para el 20% más pobre);

- disminución del número de empleos y aumento del tiempo de trabajo y/o la intensidad de éste para los trabajadores empleados (Jeremy Rifkin, en su libro El fin del trabajo, y a semejanza de otros muchos autores, explica cómo la relativa reabsorción del desempleo en EE.UU. o Gran Bretaña sólo se verifica mediante otros fenómenos que las estadísticas oficiales esconden: multiplicación de los trabajadores supernumerarios o en situación de pluriempleo, así como empleos que no permiten superar el umbral de la pobreza, por no hablar de los "desaparecidos", esos cinco o seis millones de individuos que, en el caso de EE.UU., no figuran en las estadísticas, por no haberse inscrito oficialmente en las oficinas de (des)empleo o por haber desistido de buscar trabajo, etc.);

- marginalización y segregación de sectores y territorios cada vez más vastos;

- absentismo político generalizado de las poblaciones;

- corrupción y cinismo de los comportamientos convertidos en obligatorios por el sistema, acompañados por la erosión del espacio público y por la cuasi-constitucionalización automática de las grandes orientaciones económicas de fondo, dejando éstas de ser presentadas como decisiones políticas y pasando a ser impuestas como condiciones objetivas, necesidades técnicas o imperativos (sobre)naturales.

Si, partiendo de este cuadro, es comprensible la nostalgia a la que hoy muchos se entregan, evocando los "Treinta años de Gloria" (1945-1975) del Estado-Providencia y del Estado de bienestar (welfare), y si es innegable que el mundo del trabajo, en los países desarrollados, gozó en cuanto a la distribución de las rentas de una situación mucho más favorable que la actual, no por eso debemos olvidar que durante el mismo período se consagró también, a su modo, la subordinación de la acción política de los ciudadanos al papel que desempeñaban en la producción y en la división jerárquica del trabajo. La instauración del Estado social fue pareja a la aceptación por el mundo del trabajo y por el conjunto de la población de la lógica de la economía política establecida, a la que Castoriadis denominaba el imaginario de la expansión ilimitada de las fuerzas productivas y de la extensión del control pseudo-racional. La división del trabajo político y la lógica de la dominación jerárquica en el ejercicio del poder se consolidaron, bajo muchos aspectos, con la ampliación del papel del Estado, la burocratización de los sindicatos, las divisiones según categoría y el neo-corporativismo socio-profesional. El trabajo y los trabajadores eran ciertamente valorados ideológicamente, pero sobre todo en cuanto factores de la producción y empleados, de modo que, cuando la importancia del trabajo como factor productivo disminuyó en el mundo desarrollado, las diferentes categorías de la población asalariada se vieron empujadas a luchas defensivas y sectoriales (las únicas para las que estaban, mejor o peor, organizadas). Hasta el momento, ha brillado por su ausencia en el terreno de los conflictos sociales aquello que, en términos alternativos, sería la primera prioridad: la exigencia de subordinación de la producción y del conjunto de la actividad económica a la deliberación y a la decisión política de la ciudadanía democrática. Sería preciso, sin duda, distinguir y matizar este resumen: dar cuenta de los movimientos y tendencias que anunciaban proyectos diferentes, reflexionar sobre ciertos aspectos de las experiencias escandinavas y holandesa, recordar los sobresaltos sufridos por el orden establecido en los años 60, etc. Pero, en conjunto, no me parece que el balance deba ser diferente del que acabo de sugerir, y ahí está la situación actual para comprobarlo.

Precisamente ante la crisis del trabajo que se afirma en esta situación, la pensadora francesa Dominique Méda se pregunta: "¿qué es lo que nos faltaría si, de hecho, cada vez necesitásemos menos trabajo para asegurar el mismo nivel de producción?", para, con la siguiente respuesta, mostrar la insuficiencia de las soluciones que retoman los presupuestos, más o menos reciclados en función de las circunstancias, del Estado-Providencia: "Dejaríamos, muy simplemente, de disponer del medio esencial de distribución de las rentas, garantías sociales y estatutos, y, por consiguiente, también del principio de orden en que se asientan, desde hace dos siglos, nuestra sociedades". Dejando por ahora de lado otros aspectos del análisis de Dominique Méda, a veces igualmente certeros y en otras ocasiones discutibles, ya es tiempo de que intentemos ver mejor qué es lo que se juega en todo esto, lo que podemos hacer a través de la discusión de la propuesta de creación de una "renta de ciudadanía" formulada por J.-M. Ferry.
 

¿Qué es el abono universal o la renta de ciudadanía?

Ferry piensa que, en un primer momento, a título provisional y con la vista puesta en la adopción del principio de la "renta de ciudadanía", el montante de ésta debería situarse "en torno al 15% de los Productos nacionales brutos". Esta estimación, realizada en 1996, debería ser actualizada y corregida, una vez adoptado el principio, en función de las circunstancias, ya que no debe corresponder a un "subsidio" sino a una "verdadera renta de existencia".

No puedo ocuparme aquí de los aspectos técnicos de la financiación de este abono universal. Bastará con aclarar que, según Ferry, su creación permitiría disminuir en gran parte los costes burocráticos y monetarios inherentes al actual sistema de prestaciones selectivas y lograr resultados más equitativos (además de liberar a los beneficiarios de las actuales prestaciones condicionales de las humillaciones y contrariedades asociadas con la necesidad de demostrar las declaraciones que realizan sobre sus condiciones de carencia). En este orden de ideas, la renta de ciudadanía universal e incondicional substituiría o permitiría disminuir el montante de ciertas prestaciones sociales, desde los subsidios de paro hasta los ingresos mínimos condicionalmente garantizados, pasando por las prestaciones familiares relativas a hijos mayores, personas de la tercera edad, ayudas para la vivienda, subsidios a los agricultores, etc. En suma, desde el punto de vista financiero, la garantía de un abono universal o renta de xistencia sería una operación sin costes, si no rentable.
 

El sector cuaternario y un primer balance crítico

En resumen, esperando haber retomado correctamente las grandes líneas de la propuesta de Ferry, creo poder adelantar que la creación de un abono universal, acompañada de medidas de protección y promoción de un sector cuaternario, se muestra insuficiente para invertir el orden dominante de prioridades en lo que se refiere a la articulación entre las dimensiones de la economía y las de la ciudadanía. De hecho, los ciudadanos de una democracia, en cuanto iguales respecto al poder, deben poder participar de modo también igualitario en la definición del lugar y del valor de la economía, esto es, en la definición de lo que su economía debe producir, colocar en el mercado, atribuir a cada uno como renta en función de los recursos disponibles, así como en la fijación de los objetivos prioritarios, lo que implica una democratización de la economía política mucho más profunda que las medidas de "distribución primaria social igualitaria" de que nos habla nuestro filósofo.

Hay que subrayar el impresionante contraste entre, por un lado, algunos pasos del análisis que Ferry nos propone sobre los impasses del orden económico actual, y, por otro lado, sus conclusiones programáticas. En un libro publicado en 1991 bajo el título Les Puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine (Éditions du Cerf, 2 vols.), podemos leer que, al contrario de un lugar común muy difundido, "(...) no existe de hecho ninguna clave económica (...) de reparto de la renta global (...) nadie puede decir en qué se basa, en términos económicos, una jerarquía de las rentas, por qué (...) la renta primaria de cierta categoría se relaciona con otras rentas según este o aquel coeficiente multiplicador, etc.". Diríase que este análisis de los "absurdos del actual reparto" denunciados por el autor debería conducirnos a propuestas un poco más radicales de repolitización democrática de la economía, del tipo, por ejemplo, de las que Castoriadis presenta (y yo retomo aquí en gran medida) en los textos "La 'racionalidad' del capitalismo" y "¿Qué democracia?" (cf. Les Figures du pensable, París, Seuil 1999). En otras palabras, si el criterio de reparto de los lugares de decisión de la actividad económica y de las rentas de los ciudadanos no puede hacer valer en su favor ni la objetividad del cálculo económico ni la deliberación explícita del debate democrático, entonces se hace necesario democratizar en profundidad todo el campo de la economía y definir en nuevos términos su lugar en la vida de los individuos y de la sociedad.

División del trabajo político y ciudadanía gobernante

Si bien Dominique Méda reconoce el papel que corresponde al poder político tanto en lo que se refiere a la conservación del orden económico establecido como en cuanto a la posibilidad de su deseable transformación, tenemos la impresión de que no se atreve a pensar hasta el fin la redefinición radical de las propias formas de la actividad política -y de las relaciones de los ciudadanos con la política y con el poder- que implica la reorganización de una economía gobernada por las decisiones conscientes, y debidamente debatidas, del conjunto de los ciudadanos. Se diría que D. Méda, como muchos otros, no consigue concebir el poder político si no es bajo su actual forma de Estado, pese a que todo su análisis demuestre la necesidad de otras formas de poder. Parece no darse cuenta de la complicidad profunda que existe, por un lado, entre la naturaleza y la lógica del Estado contemporáneo (la dominante división del trabajo político) y, por otro lado, la heteronomía de la división social (en realidad, política) del trabajo. No se trata, en mi perspectiva, de proponer un decreto de abolición del Estado. Pero pienso que, para tornar en democrático el poder político, es necesario que el ejercicio de una ciudadanía gobernante sustituya, en todos los ámbitos donde vaya logrando instaurarse, al poder estatal y a su división jerarquizada del trabajo político. Nótese que la forma estatal de división del trabajo político es hoy cómplice, tras haberlo sido de los desvaríos totalitarios, de la privatización creciente y de la erosión del espacio público, y cómplice también de la administración jerárquica de la vida económica y de su funcionamiento cada vez más incontrolable y substraido a la publicidad de la agenda política explícita; cómplice, en suma, de la mayor parte de los males cuya persistencia es invocada como justificación de su papel y de su necesidad. Bien mirado, la privatización del poder político (reconvertido en "funcionamiento de la economía") y su ocultación progresiva no son un efecto de la debilidad del Estado, sino de su funcionamiento fuera del control de los ciudadanos. Si queremos un ejemplo reciente, toda la historia de los países ex-"comunistas" está ahí para dárnoslo.
 

Nuevos aspectos y conclusiones provisionales

Este cuadro nos obliga a enfrentarnos a la siguiente alternativa: o el abono universal fortalecerá a la economía establecida, esto es, a su racionalidad instrumental y a su autonomización en relación al espacio público de deliberación/decisión democrática, y en ese caso el sector cuaternario quedará reducido a funcionar como válvula de seguridad, o bien el desarrollo del sector cuaternario y de la economía social entrará en conflicto con el funcionamiento de la gran economía dominante y no podrá dejar de emprender su "cuaternarización" generalizada. Es evidente que esta segunda hipótesis es inverosímil a menos que la instauración del abono universal sea acompañada, desde el comienzo, por medidas y luchas políticas que pretendan "cuaternarizar" el conjunto de la actividad económica. Claro está que cuando hablo de "cuaternarizar" no pienso en una esfera productiva reducida, en su conjunto, a las actividades no mecanizables, personales y autónomas a las que Ferry se refiere. Más bien me refiero a una dimensión "crítica y reflexiva" por cuyo desarrollo y extensión, reanimando la participación social y política de los ciudadanos, también apuesta nuestro filósofo. Y pienso también en algo similar a esa "autolimitación consciente del dominio reservado a la producción y al trabajo", de que nos habla un texto de Habermas y que, aunque más radicalmente de lo que éste parece pensar, señala el camino de aquello a lo que aquí denomino una repolitización democrática y ciudadana de la economía política.

Esta repolitización pasaría, entre otras cosas y muy esquemáticamente, por:

- una democratización de las empresas, atribuyendo a la deliberación de los trabajadores las normas de gestión y el conjunto de la organización de las actividades;

- una democratización del mercado que haga de su modo de funcionamiento una garantía de la verdadera soberanía de los consumidores (si Ferry justifica la creación de un abono universal como medida comparable a la instauración del sufragio universal, debemos tener presente, como remarcó hace mucho tiempo Castoriadis, que la trasposición de la lógica "un elector, un voto" implica una igualación sin rodeos de las rentas de los que "votan" en el mercado.

- a la par de la democratización de las rentas y de la consagración de sectores de experimentación/innovación en el cuadro de la actividad económica, una asignación igualitaria del trabajo necesario para satisfacer las exigencias del mercado y las necesidades colectivas debidamente avaladas por el autogobierno de los ciudadanos.

- por último, con la vista puesta en la institución de este autogobierno y como condición de todos los puntos anteriores, la publicitación democrática del ejercicio del propio poder político, según las grandes líneas antes delineadas.

Llegado a este punto, soy muy consciente de la objeción casi automática que muchos opondrán a esta defensa de la repolitización democrática de la economía. En efecto, la idea de una autolimitación consciente del dominio del trabajo y de la producción equivale, según el imaginario dominante, a ignorar las leyes, o a destruir los resortes reales, de la propia economía, ya que, según tal objeción, si confiamos al conjunto de los ciudadanos el poder de decidir los límites del dominio de la producción y del reparto de las rentas, la tendencia igualizadora que se afirmaría llevaría a la destrucción del conjunto de las motivaciones e incentivos que impulsan el trabajo, la innovación, etc.

Sin embargo, este argumento sólo es válido si se admite que la economía establecida es la única posible. Es verdad que la autolimitación consciente de su dominio anula el principio de autonomización de la economía, es decir, despoja de su centralidad la significación imaginaria de la expansión ilimitada de las fuerzas productivas. Pero, dicho esto, no veo porqué los seres humanos, en ausencia de la escala de rentas y de poder de dirección hoy existente, no podrían sentirse motivados por la definición de objetivos ligados al trabajo, a la innovación, a la investigación, a la formación y al perfeccionamiento tecnológicos y críticos. Destruir la motivación económica hoy instituida y colectivamente asumida sería, para cada uno de nosotros, una liberación del sí mismo ante una subordinación reductora y una única vía de expresión que nos empobrece y uniformiza. Por otra parte, cabe preguntarse si el propio deseo de distinguirnos de los otros, con la emulación que ese propósito puede comportar, tendría que desaparecer simplemente porque no se pudiese convertir a esos otros en subordinados. En definitiva, el rechazo con conocimiento de causa de la presente jerarquía de las rentas y de los estatutos de dirección, rechazo bien elucidado en sus razones, ¿no significaría más bien una extensión inédita del papel de las satisfaciones intrínsicas del trabajo y de la vocación individual dentro y fuera del trabajo, así como del derecho a la diferencia y de la expansión de la singularidad de cada ser humano?

Pero, en lo inmediato, ¿qué pasa con la propuesta de una renta de ciudadanía, tal y cómo la formula Jean-Marc Ferry? Pues bien, manteniendo todas las críticas anteriores, me parece que es un buen tema de discusión, sobre todo cuando tenemos presente que la idea de crear un abono universal no puede ser presentada como un fin en sí mismo, sino como un primer paso en el sentido de la democratización de la economía y del poder político que, en su nivel, se ejerce. Por discusión, evidentemente, debe entenderse un debate público y amplio sobre sus objetivos, sus precondiciones y su montante. Si se trata de instituir una renta de ciudadanía, antes es preciso dar la palabras a los ciudadanos, para que sean ellos quienes se pronuncien.

Así, el debate sobre la instauración del abono universal, en cuanto medida inmediata, tal vez podría contribuir a la emergencia de un espacio público ampliado y renovado, tendiendo a institucionalizar su propia legitimidad y a emprender, contra la actual división del trabajo político, la creación de formas alternativas que promuevan la participación igualitaria de los ciudadanos en el ejercicio del poder.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La presentación de la propuesta de Jean-Marc Ferry cita y retoma esencialmente los dos siguientes textos del autor: L'Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, París, Cerf, 1995, y "Revenu de citoyenneté, droit au travail, intégration sociale", artículo publicado en Vers un revenu minimum inconditionnel?. La revue du M.A.U.S.S. semestrielle, nº7, París, La Découverte/M.A.U.S.S., 1996. Una buena presentación de la misma propuesta se encuentra en el sucinto ensayo de la filósofa belga Claudine Leleux, Travail ou revenu?, París, Cerf, 1998.

Sobre los absurdos y sofismas de la ideología del mercado capitalista, la democratización de la economía, la política de igualación de las rentas, el ejercicio del poder político por el autogobierno de los ciudadanos, citemos fundamentalmente los textos de Cornelius Castoriadis: "La 'rationalité' du capitalisme"; "Quelle démocratie?" en Figures du pensable, París, Seuil 1999, y "La démocratie comme procédure et comme régime" en La Montée de l'insignifiance, París, Seuil, 1996.

Sobre la crisis del trabajo-empleo, tanto en la dimensión material como en el plano del imaginario y de los valores, deben leerse atentamente los textos de Dominique Méda, que además contienen útiles referencias bibliográficas: O Trabalho. Um Valor em Vias de Extinção, Lisboa, Fim de Século, 1999; "L'Ambiguïté d'un revenu minimum inconditionnel" en Vers un revenu minimum inconditionnel? La revue du M.A.U.S.S. semestrielle, nº7, París, La Découverte/M.A.U.S.S., 1996, y Qu'est-ce que la richesse?, París, Aubier, 1999.

Hay datos muy esclarecedores sobre la crisis del Estado-Providencia en numerosas obras recientemente publicadas, entre las que citaré: Jeremy Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global labor Force and the Down of the Post-Market Era, Nova York, Jeremy P. Tarcher/G. P. Putnam's Sons, 1995; Riccardo Petrella, Le Bien commun. Éloge de la solidarité, Éditions Labor, 1996; Hans-Peter Martin y Harald Schumann, A Armadilha da Mundialização, Lisboa, Terramar, 1998; Immanuel Wallerstein, L'Après libéralisme, Paris, Éditions de l'Aube, 1999, y Comment peut-on être anticapitaliste? La revue du M.A.U.S.S. semestrielle, nº9, La Découverte/M.A.U.S.S., 1997 (varios autores -I. Wallerstein, J. Baechler, A. Caillé, J. T. Godbout…-, cf. sobretodo los textos de Gerald Berthoud, François Fourquet, Jean-Claude Michéa e Serge Latouche).
 

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