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Prepararnos contra el racismo

Miguel Pajares

Miguel Pajares es Presidente de CITE (CCOO) en Cataluña y autor del reciente libro La inmigración en España. Artículo publicado en Iniciativa Socialista número 54, otoño 1999



 

El compromiso político necesario

A principios de agosto, de este año 1999, saltó a los medios de comunicación la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que ya tenía elaborada la Ponencia del Congreso de los Diputados. Ello reanimó el debate sobre la necesaria integración de las personas inmigradas en nuestra sociedad, y a su vez estos aspectos –legislación e integración- se relacionaron con los recientes hechos xenófobos de Terrassa (Barcelona) y otras localidades. Ley de Extranjería, integración social y racismo: tres temas claramente diferenciados pero que, efectivamente, alguna relación tienen entre sí.
No es necesario insistir más en que el viejo tópico de “aquí no somos racistas” no tiene ningún fundamento. La sociedad española, puede ser tan racista como lo es cualquier otra sociedad europea. Lo ha sido durante siglos con respecto a los gitanos y lo es ahora con respecto a la inmigración extranjera. Existe lo que se ha dado en llamar racismo institucional, consistente en todo el conjunto de condiciones discriminatorias que padecen los inmigrantes, muchas derivadas de una legislación de extranjería que en España ha sido, hasta ahora, muy parecida a la de otros países europeos. Existe también lo que llamamos racismo social, referido al conjunto de comportamientos que la población tiene respecto a los inmigrantes o los gitanos; y sobre ello también podemos encontrar entre la población española actitudes muy parecidas a las que se dan en otros países.
Pero al analizar más detenidamente nuestro racismo social, encontramos alguna diferencia con lo que pasa en otros países europeos, y es sobre esto sobre lo que quiero hacer una primera reflexión en este artículo. En España, el racismo social tiene escasa capacidad movilizadora, fundamentalmente porque no hay un racismo político que lo represente y lo organice. Aquí no tenemos –hasta ahora- ningún partido político que construya su discurso sobre argumentos racistas o xenófobos y que obtenga porcentajes de voto importantes, como ocurre en otros países europeos. En algunos países, los argumentos xenófobos se exponen en el parlamento, se reproducen por los medios de comunicación y adquieren cierta cobertura legal. Ello ayuda a que las personas más penetradas por ideas racistas las digan en voz alta y hace posible cierta organización y movilización social tras las propuestas racistas. Aquí esto no pasa, pero la frontera entre lo que ocurre hoy y lo que puede ocurrir mañana es más débil de lo que parece a primera vista.
Los hechos de julio en Terrassa nos obligan a reflexionar más sobre este asunto. Puede afirmarse que en un barrio de Terrassa se ha producido la primera movilización social importante de tipo xenófobo. Afirmación a la que se pueden añadir muchas matizaciones: ha participado sólo una minoría de los vecinos; no es la primera movilización de este tipo (ha habido otras, sobre todo para impedir asentamientos de gitanos); ha habido instigadores de extrema derecha ajenos al barrio; etc. Pero el hecho es que se ha tratado de una movilización social, lo que es cualitativamente diferente de los actos aislados de tipo xenófobo que diariamente protagonizan personas concretas en la calle, en el interior de una comisaría, en el trabajo, en una ventanilla de la Administración, o en la entrada de una discoteca.
Cuando la xenofobia empieza a adquirir capacidad de movilización social se está pasando a otro estadio, lo que obliga a la sociedad a adoptar nuevas medidas, y lo primero que nos hemos de plantear es extremar las precauciones para que no se convierta en racismo político. Hay que evitar que surjan políticos dispuestos a sacar provecho electoral de las tendencias sociales xenófobas, lo que exige compromisos firmes de todas las fuerzas políticas en esa dirección. Y no se trata sólo de aislar a los políticos que puedan aparecer dispuestos a lanzar argumentos xenófobos contra la inmigración, se trata, sobre todo, de ser beligerantes contra la xenofobia allá donde aparezca. No puede volver a ocurrir que, ante hechos como los de Terrassa, alcaldes y otros responsables políticos sean tibios en su respuesta y no salgan inmediatamente a la palestra  para oponerse a las posturas xenófobas. Que la xenofobia proceda de los propios vecinos, o de los propios votantes, no justifica la ambigüedad política consintiendo posturas que se sitúan en las antípodas de los valores de la democracia y la dignidad humana.
 

La reforma de la legislación de inmigración.

A ese compromiso político hay que añadir la creación de las condiciones legales y sociales favorables a la integración de la población inmigrada. La legislación de inmigración debe definir al inmigrante como una persona de pleno derecho, porque cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando es la propia ley la que dice que los inmigrantes son personas con menos derechos, resulta más difícil convencer a la población de que debe tratarlos en condiciones de igualdad. Ésta es la conexión que la xenofobia tiene con la legislación y las políticas de inmigración: cuando desde las instituciones públicas todo son prevenciones y medidas restrictivas contra la inmigración, se está difundiendo un mensaje que va en contra de las otras propuestas que se hacen para que la sociedad trate a los inmigrantes sin discriminación.
En España estamos concluyendo un proceso de reforma de la Ley de Extranjería, en el que se han logrado establecer cambios importantes, aunque algunas cosas también importantes quedan como estaban. Al plantearse la reforma de la ley, las preguntas que cabe formularse son de este tipo: ¿Cómo pueden canalizarse los flujos de inmigración por vías legales? ¿Cómo resolver la situación de irregularidad en la que se hallan muchos inmigrantes? ¿Cómo pueden, finalmente, las personas inmigradas alcanzar un nivel de derechos que las equipare al resto de la ciudadanía?
La primera de estas preguntas es probablemente la más difícil de responder dadas las prevenciones, los miedos y los prejuicios que en la Europa actual se han desarrollado con respecto a la inmigración extracomunitaria. Es obvio que ahora no puede plantearse una opción de fronteras abiertas y, por tanto, la inmigración deberá estar limitada por un contingente anual. Los contingentes se establecieron en 1993 y supusieron un paso importante para dotar a la inmigración de vías legales; no se plantearon bien, ya que, al no existir otras vías para regularizar a las personas en situación irregular, se utilizaron para esto, en lugar de utilizarse para dar entrada a los nuevos inmigrantes. Pero, a pesar de ello, cabe remarcar que en la década de los noventa España fue el primer país en ponerlos en marcha (recientemente se establecieron también en Italia), cuando el resto de la Europa comunitaria rechazaba la entrada de inmigración laboral. Reconocer que la inmigración es necesaria y que debe darse entrada legal a cierto contingente de inmigrantes es algo todavía pendiente en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea.
El contingente, para servir como cauce de entrada legal, debe establecerse con cierta amplitud, y los requisitos que se exigen a los solicitantes deben ser realistas. Hasta ahora, la exigencia más importante ha sido disponer de una oferta de empleo, que además debía ser para un sector laboral de los que requieren extranjeros por no encontrar nacionales dispuestos a trabajar en ellos. Dos objeciones caben a estos requisitos. La primera es que si ya hemos limitado la entrada de inmigración laboral con un contingente, no es necesario hacerlo también señalando los sectores laborales para los que daremos los permisos; esto es introducir la discriminación en un derecho fundamental como es el del trabajo (discriminamos porque aceptamos al extranjero para recoger las hortalizas pero no para trabajar en un taller mecánico o en una oficina). La segunda es que las ofertas de empleo de determinados trabajos no llegan a los países de origen de la inmigración (quien necesita un peón no se va a Senegal a buscarlo), y por tanto hay que añadir otras posibilidades. En este sentido, la opción introducida en la ley italiana de 1998 puede ser válida: se acepta la entrada de inmigrantes sobre la base de la acogida (han de tener familiares que les aseguren el cobijo, la alimentación y la asistencia sanitaria) para que busquen el trabajo cuando ya están en el país de destino. Lo interesante de esta opción es que el inmigrante entra legalmente y no necesita ponerse en manos de las mafias, ni someterse a las condiciones de sobreexplotación que normalmente sufren quienes están en situación irregular.
La segunda cuestión que planteábamos se refiere a la necesidad de corregir la situación de irregularidad en la que se halla una buena parte de nuestra población inmigrada. La expulsión no debe ser la respuesta del Estado a esa situación, sobre todo cuando se trata de personas que no han cometido delito alguno y cuya única falta ha sido entrar irregularmente a un país que no les ofrecía ningún cauce de entrada legal. Hay que abrir vías para que esas personas puedan acceder a la legalidad. La que se ha planteado en la nueva ley, de regularizar a toda persona que demuestre que lleva dos años en España, es una buena medida; con ella lo que se dice es que, en el peor de los casos, nadie estará más de dos años en situación irregular.
Por último, la tercera cuestión se refiere a los derechos que se otorgan a la población inmigrada. Hablamos aquí de asistencia sanitaria, educación, acceso a la justicia gratuita, vivienda, prestaciones sociales, etc., pero también hablamos de derechos políticos, es decir, del derecho al voto. Las personas inmigradas no pueden convertirse en un sector de población en permanente situación de inferioridad de derechos, porque ello contradice las bases universalizadoras de nuestra democracia y favorece la xenofobia. El texto de la nueva ley supone avances importantes en la equiparación de derechos, pero sigue pendiente el derecho al voto (se reivindica concretamente para las elecciones municipales).
Dicho todo lo anterior respecto a la legislación de inmigración, tengo que añadir que los cambios legislativos deben venir acompañados de políticas sociales amplias contra las situaciones de marginación y de penuria socio-económica (no sólo de los inmigrantes, sino de todos los sectores sociales que las padecen). Cuando un parado o un vecino de un barrio desatendido se enfrenta al inmigrante extranjero, hay que decirle que está errando el tiro y hay que combatir sin ambages su xenofobia, pero poco se avanzará si en lugar de ampliar las políticas sociales para atender esas situaciones lo que se hace es recortar los presupuestos dedicados a ellas. Todas las instituciones públicas (locales, autonómicas y centrales) tienen aquí responsabilidades importantes; la Ley de Extranjería no tiene la culpa de todo.
 

La perspectiva europea.

La reforma de la legislación sobre inmigración en España es de gran importancia en el contexto europeo. Con la entrada en vigor del tratado de Amsterdam, en mayo de 1999, se han comunitarizado los temas de la inmigración y el asilo, lo que ha supuesto un hecho muy importante. Estos eran temas que se habían ido armonizando a nivel europeo, pero siempre tomando las decisiones en el marco intergubernamental (entre los ministerios de interior y justicia) con escaso control democrático. Primero con acuerdos como el de Schengen y luego en el marco del llamado tercer pilar de la Unión Europea, que también es un marco intergubernamental en el que la Comisión y el Parlamento europeo no tienen competencias.
Al pasar la inmigración al pilar comunitario (primer pilar) se ha abierto la perspectiva de establecer normativa europea en este tema; directivas o reglamentos que serán leyes a las que todos los países de la Unión tendrán que adoptar sus normativas. ¿De dónde se parte para abordar el desarrollo de una normativa europea de inmigración? Lo que ahora tenemos son las leyes nacionales de los 15 Estados y también tenemos las cosas que se han ido haciendo a nivel comunitario. Ni lo uno ni lo otro nos permite ser optimistas y contar con que lo que se haga sea una normativa integradora que equipare los derechos de los residentes con los de los nacionales de los Estados miembros. Las leyes nacionales se han ido haciendo, en la década de los noventa, cada vez más restrictivas –con la única salvedad de las últimas modificaciones realizadas en Italia, Francia y España, que han ido en una dirección más integradora- y los textos comunitarios que han comenzado a elaborarse no difieren de esa línea restrictiva. En ambos niveles se valora poco la importancia de la integración social de la población inmigrada; se niega la libre circulación por los países de la Unión Europea a los residentes extracomunitarios; se restringe el derecho al trabajo y otros derechos fundamentales. En conjunto, las normativas se centran en el objetivo de combatir la inmigración ilegal, o sea, de mejorar la estructura policial y de fronteras para evitar la entrada de inmigrantes. Lo que hasta el momento se está haciendo, en el marco comunitario, es continuar en la dirección de  la “Europa fortaleza”, y las líneas de trabajo del Consejo Europeo de Tampere (octubre 1999) confirman esta tendencia.
La reforma de la Ley de Extranjería española apunta en otra dirección y deberá servir también para influir positivamente en el proceso de desarrollo de la normativa europea. Lo que ha de instaurarse como objetivo central de esta normativa es que los residentes extracomunitarios obtengan, en plazos de tiempo razonables, todos los derechos de ciudadanía. Ello no afecta sólo a la normativa de inmigración, afecta también a algunos aspectos del propio Tratado de la Unión Europea, ya que necesariamente ha de llegar a plantearse la concesión de la ciudadanía europea a los nacionales de terceros países que residen de forma estable en la Unión Europea (el concepto de estabilidad puede vincularse a la obtención de la residencia permanente).
La normativa comunitaria de inmigración deberá establecer la residencia permanente (por ejemplo a los 5 años de residencia legal) y los derechos que a ella se vinculan; entre los cuales, resultan de especial importancia el derecho a la libre circulación –en las mismas condiciones que ya está establecido para los ciudadanos y ciudadanas europeas- y el derecho al voto en elecciones municipales y europeas. Y junto a esto, la normativa habrá de resolver cuestiones como la vinculación de las políticas de inmigración con las de cooperación al desarrollo; la apertura de vías legales accesibles para canalizar los flujos de inmigración; el desarrollo efectivo del derecho a la reagrupación familiar; etc. Todo ello en una clara perspectiva de favorecer la integración social de la población inmigrada y de equiparar sus derechos con los del resto de la ciudadanía.
La lucha contra el racismo en Europa tiene otros campos de trabajo no menos importantes que las normativas de inmigración y de asilo. Y concretamente en el terreno legislativo está también pendiente el desarrollo de las directivas contra la discriminación racial que el Artículo 13 del Tratado de Amsterdam ha autorizado. Si en este texto me he centrado en los aspectos relacionados con la normativa de inmigración es por la oportunidad que se ofrece para su reforma en España y por las perspectivas que ello abre, y también porque en el combate contra la xenofobia no siempre se tiene en cuenta la importancia que tienen las leyes de inmigración, y éste es un buen momento para señalarlo.

 
 
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