Iniciativa Socialista (portada) Hacia un cambio de ciclo político

José M. Roca

Iniciativa Socialista, número 68, primavera 2003

Las numerosas y multitudinarias manifestaciones ciudadanas realizadas en España para rechazar la incondicional colaboración del Partido Popular (PP) con los belicosos planes del Gobierno de Bush (jr.) respecto a Irak, se han multiplicado, en buena parte espontáneamente, tras el comienzo de las operaciones militares. A la guerra, emprendida de manera unilateral por el gobierno norteamericano, han respondido l@s ciudadan@s de todas las regiones y nacionalidades ocupando calles y plazas y acudiendo de manera espontánea a ciertos puntos de encuentro público, situados, en muchos casos, frente a las sedes de instituciones políticas representativas (ayuntamientos, parlamentos, gobiernos autonómicos...), fenómeno que se presta a sugerentes interpretaciones pero que excede el comentario de estas notas.
No a la guerra. No al Gobierno.
L@s ciudadan@s de este país periférico, que por empeño del PP en sacarlo del rincón está en el centro del huracán político, han respondido a este acto, tan imperial por parte de Bush y tan servil por parte de Aznar, como ciudadanos del mundo y como miembros de esa nueva (y vieja, para desesperación de Rumsfeld) Europa que empieza a gestarse, ahora desunida por la eficaz colaboración del hasta ayer europeísta entusiasta José María Aznar y del habitualmente descreído europeo Tony Blair, que representa a un Estado políticamente más próximo a los Estados Unidos que a la Unión Europea, seguidos por el self-made-richman a la italiana, Silvio Berlusconi, ahora taimadamente eclipsado.
Sin embargo, este explosión de solidaridad con las inevitables víctimas de la guerra y de indignación ante el comportamiento oscuro y prepotente del gobierno español en la gestación política del conflicto armado no tiene su única causa en este gravísimo acontecimiento internacional, sino que en sus actuales dimensiones se ha generado por una acumulación de efectos locales, nacionales, cuyos antecedentes están temporalmente distantes. De modo que, en realidad, a lo que estamos asistiendo es a una airada evaluación civil de lo que han supuesto los siete años de gobierno del PP para un amplio sector de la población. Podríamos decir que, en buena parte, es el balance, en términos de respuesta social, de los resultados del déficit cero efectuado por los afectados, agravado por el cada día más evidente componente autoritario en el modo de gobernar.
El déficit cero ha sido una argucia política disfrazada de coartada contable para reducir dinero público destinado a gastos sociales (España es el país de la UE que destina menos dinero a protección social por habitante, en 2002 fue el que menos ayudó a las familias -sólo un 2,1% del gasto de protección social-, y que destina a ayuda humanitaria un 60% menos que los países desarrollados) y emplearlo en financiar actividades privadas, deshacerse a precio de saldo de empresas públicas y trocear el Estado para vender o arrendar sus actividades y servicios más rentables a grupos empresariales afines al partido gobernante.
El evidente deterioro de la sanidad pública -España está a la cola de la UE en camas hospitalarias- el aumento de las listas de espera, la insuficiencia de los servicios auxiliares (las ambulancias que no llegan), la fuga del personal sanitario a otros países y el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas sin la financiación adicional con la intención de quitar un problema de encima al Gobierno central, forman parte del balance del déficit cero, como lo forma el programado deterioro de la enseñanza pública por la desvergonzada transferencia de fondos públicos a los colegios privados, especialmente a los de la Iglesia católica, favorecida también por otras muchas vías, que en muchos casos rozan la discrecionalidad. En la investigación no se ha avanzado gran cosa, ni con Birulés ni con Piqué: los investigadores siguen marchándose y los fondos prometidos no llegan (los 500 científicos del programa de bandera Ramón y Cajal, que pretendía recuperar científicos de valía mundial, llevan tres meses esperando su contrato, y más de 1.500 científicos han firmado, en el mes de marzo, el Manifiesto por la ciencia, donde advierten que el Gobierno está llevando la ciencia española al desastre). Un reciente informe de la revista EMBO Reports indica que España, con Irlanda y Grecia, está por debajo del 50% de la aportación pública -1/3 del 3% del PIB- que la UE ha acordado destinar a I+D en el año 2010, por lo cual España deberá aumentar un 136% el gasto en ese capítulo para cumplir dicho objetivo. En consonancia con esos datos, España se encuentra entre los últimos puestos en dotación de bibliotecas públicas pero en los primeros en accidentes laborales y de circulación, a pesar de estar en la media alta en el precio de la gasolina.
La contención salarial y de las pensiones de los jubilados, a quienes les han “birlado” un 2% a pesar de esa campaña de propaganda en la que el Gobierno afirma haber cumplido, y el aumento del desempleo provocado por un crecimiento económico que no ha cumplido las previsiones, se han visto agravados por una inflación de las más altas de la Unión Europea, que ha golpeado a las economías más débiles. Todo esto está en el fondo de esa masiva protesta, como lo está la precaria situación de los jóvenes, sometidos a las condiciones manchesterianas de las empresas de trabajo temporal y de una patronal abusadora, y el escandaloso precio de las viviendas, que ha convertido un derecho constitucional en una quimera, sin que la inversión en vivienda pública haya dejado de descender.
El afán gubernamental por impedir la difusión de opiniones críticas y su intento de controlar la opinión pública creando un grupo mediático (Onda Cero, Antena 3, Vía Digital) a través de la Telefónica, dirigida por un compañero de pupitre de Aznar, unido a otros grupos afines a la doctrina Aznar (RTVE, ABC, El mundo, La razón, Agencia EFE) ha generado el rechazo de un amplio sector de la población muy celoso de preservar los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución.
También ha sido notoria la indiferencia en materia de seguridad ciudadana (6.800 policías menos y casi 3.000 investigadores) siguiendo el criterio de privatizar servicios públicos -el que quiera seguridad que se la pague- y en materia de seguridad laboral.
En cuanto a corrupción política, el PP ha mostrado que no es incompatible con ella. Estamos lejos del caso Naseiro, pero tenemos cerca los casos de Cañellas, Piqué y Jaume Matas, el IMEFE y la privatización de la funeraria municipal de Madrid y las aventuras financieras en paraísos fiscales de personajes cercanos al gobierno y, sobre todo, el caso de Gescartera, que abunda, además, en el trato de favor dispensado a la Iglesia católica. Y de la misma manera que el Gobierno ha encontrado rechazo social en temas como el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de extranjería, por ejemplo, lo ha suscitado también en otros que revelan actitudes de lo más arcaico -la postura ante las parejas de hecho, los derechos de los homosexuales, la violencia doméstica o el insólito apoyo de Ana Botella al acosador de Nevenka Fernández- o en hechos más triviales pero pretenciosos -la boda principesca de la hija de Aznar, las ínfulas del presidente en su visita a Bush (con los pies sobre la mesa) o su sobrevenido (y patético) acento tejano-.
En el terreno internacional, el Gobierno Aznar ha mostrado su escasa capacidad para defender intereses españoles en la Unión Europea, como lo pone en evidencia la gestión del acuerdo pesquero con Marruecos, y a la vez su prepotencia en las relaciones bilaterales con este país (retirada de embajadores, “operación Perejil”) y su sometimiento a las decisiones del “amigo americano”. Pero donde el Gobierno ha carecido por completo de ideas y de reflejos ha sido ante los acontecimientos no previstos, que a la larga le han ocasionado un serio desgaste. Así, las erráticas medidas adoptadas por Celia Villalobos en el caso de la encefalopatía espongiforme -vacas locas- habrían de ser un antecedente de la incompetencia gubernamental en el caso del Prestige. Y la negativa del Gobierno a admitir en el Congreso la gravedad del problema se vería confirmada por la misma actitud ante los casos de Gescartera, naufragio del Prestige y crisis de Irak, todos ellos de gran repercusión en la opinión pública, pues el Gobierno ha pretendido suplir sus carencias y su falta de resolución acallando las protestas que suscita su política y negando a la oposición parlamentaria la función de control y de interlocución en los asuntos de trascendencia nacional. En el tema del País Vasco o en la Ley Orgánica Universitaria, el Gobierno se ha mostrado especialmente reacio a admitir otras opiniones. La fomentada crispación que condujo al Partido Popular al poder ha sido convertida en un componente esencial de su forma de gobernar. La bronca inicial ha sido convertida en bronca permanente y la oposición ha sido designada culpable, por acción o por omisión, de todo aquello que causa disgusto al Gobierno, el cual parece incapaz de admitir que su política ha ido afectando cada vez a más sectores sociales y sumando agraviados, que han mostrado de muchas y muy contundentes maneras su repudio: la huelga general del 20 junio 2002 contra la reforma del mercado laboral, la huelga general de educación el 29 octubre 2002, las masivas movilizaciones contra la LOU y la Ley de Calidad de la Enseñanza en otoño e invierno del 2002, las manifestaciones contra su gestión en el caso del Prestige y ahora contra la participación en la guerra contra Irak, como colofón y muestra de servilismo, cerrazón y secretismo en un asunto gravísimo.
Este es un gobierno ampliamente deslegitimado por la opinión de los ciudadanos en las encuestas y en la calle.
Un cambio de ciclo
Puede estarse gestando, interna y lentamente, en amplios sectores de la población la idea de que hay que terminar un ciclo político conservador y ultraliberal y de que es posible hacerlo.
Hasta fechas cercanas los sondeos de opinión, al tiempo que reflejaban la pérdida de votos del PP y la ganancia del PSOE, aportaban, además, dos datos de interés. Uno recogía los deseos particulares de los entrevistados expresados en la intención de voto (lo que les gustaría que ocurriese), y otro recogía la percepción que los entrevistados tenían sobre la intención de voto de los demás (lo que esperaban realmente que ocurriera, aunque no les gustara). Ante la pregunta ¿quién cree que ganaría, si hoy se celebrasen unas elecciones?, la respuesta mayoritaria hasta ahora ha sido que ganaría el PP. Es decir, si los encuestados no percibían signos que les hicieran pensar que la mayoría había cambiado de opinión seguían creyendo que, más o menos, la intención de voto seguía siendo la misma. Sin embargo se están produciendo acontecimientos visibles que van indicando un cambio lento de actitud con respecto al Gobierno del PP, que representan, además, el efecto de una acumulación de agravios y quejas, porque para ciertos sectores de la población ya son perceptibles los efectos de la política del PP que para otros sectores estuvieron muy claros desde el principio. Pero todo se ha precipitado desde este verano, porque ya había suficientes desaguisados gubernamentales que habían abonado el campo a la indignación popular. Y todo lo que ha ocurrido ha sido muy rápido, las iniciativas de Nunca máis han quitado el sueño al Gobierno, las movilizaciones en la enseñanza y la terquedad de Aznar con respecto a Irak, más los adversos resultados económicos, han provocado la indignación popular expresada en la calle, que, por otra parte, enlaza con una ola de movilizaciones sociales contra la globalización capitalista, que tiene en Seattle su punto de arranque.
Es posible que estemos asistiendo al comienzo de un cambio profundo que excede el contorno de nuestro país y que, como todo comienzo, sus rasgos sean difíciles de percibir con claridad. Es posible que, en medio de un gran desorden, se esté alumbrando un nuevo orden mundial, pero no sólo a instancias de EE.UU., ni a su imagen y semejanza. No hablo de un orden establecido unilateralmente por un solo país que aspira a ejercer una hegemonía indiscutible, sino de un orden resultante de presiones multilaterales, configurado por fuerzas actuantes de origen y de identidad muy diversos (políticas, económicas, étnicas, religiosas, nacionales e internacionales, institucionales y sociales), que discuten esa hegemonía, aunque en principio no puedan anularla y sustituirla sino sólo combatirla.
No podemos perder de vista que el movimiento emergente conocido como antiglobalización o por otra globalización, y aglutinado por la idea de que otro mundo es posible, es una respuesta a las peores consecuencias de dos largas décadas de capitalismo salvaje, inauguradas por los gobiernos conservadores de Reagan y Thatcher en 1980, y que como ha ocurrido en otros casos ha podido tener un origen casi anecdótico pero sorprendente en sus efectos sociales. Actitudes de grupos minoritarios como los provos y los kabuters holandeses abrieron el camino a la comuna de Berlín en 1967, discursos minoritarios como el situacionismo o formas de vida casi marginales como las de hippies y beatnicks prepararan el gran rechazo a la sociedad de consumo y a la guerra, y lo que se preparó como un acto más contra la intervención de EE. UU. en Vietnam, en la universidad de Nanterre, dio lugar al mayo del 68. La comuna de Berlín del 67, el mayo francés del 68 y el otoño italiano del 69 señalan tres momentos del colosal movimiento de insubordinación civil que recorrió -y transformó, a pesar de su fracaso- la Europa occidental surgida de la II Guerra mundial. Pero la conmoción no se detuvo ahí, ni se limitó a un continente -recordemos México, Estados Unidos, la América Latina insurgente, Japón y los países de África en proceso de liberación colonial- ni a un sistema económico y político -recordemos, también, la primavera de Praga-.
Hoy, como entonces, aparece un gobierno norteamericano implicado en una guerra de agresión recalcando la idea de que en los últimos años los EE.UU. se han visto envueltos en demasiadas guerras fuera de sus fronteras, guerras, que, según Emmanuel Todd, se libran contra enemigos pequeños. Lo cual es cierto, pues desde la II Guerra mundial, EE.UU no se ha vuelto a batir con enemigos de su talla.
Y hoy, como entonces, los jóvenes han aparecido como los principales componentes de esta conmoción. Podemos decir que ha surgido una generación en términos políticos, como una porción de una cohorte generacional que comparte la cultura, aspiraciones y experiencias que marcan un período histórico determinado. Esta generación, que, como Ortega señalaba en El tema de nuestro tiempo, surge como una generación de combate, ha recibido su bautismo político como conjunto de ciudadanos activos en las movilizaciones de la calle, en la demanda al Gobierno, en la crítica a la actividad política, con la información y la reflexión, pues, frente a la apatía ciudadana y la indiferencia hacia la política de hace no mucho tiempo, es innegable el aumento del interés por los asuntos políticos que ha acompañado a este multitudinario abandono de la pasividad, que en España no se producía desde la transición.
La legitimidad cuestionada
Volvamos al marco político doméstico. Estamos en un sistema político en el que la representación política descansa en la opinión de los ciudadanos expresada en las urnas. Siendo así, este gobierno tiene una legitimidad de origen. Sin embargo, esa legitimidad hoy se halla seriamente cuestionada porque el Gobierno está enfrentado a la inmensa mayoría de la población, incluyendo a sus propios votantes, por una decisión sobre un asunto que no es baladí: una guerra. O la guerra o la opinion de los ciudadanos, pero no se pueden mantener ambas cosas si el Gobierno gobierna en nuestro nombre. O el Gobierno se equivoca o se equivoca la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero alguien tiene que rectificar.
Si este gobierno fuera verdaderamente democrático, es decir, si de verdad le importara sentirse respaldado por la opinión de los ciudadanos, debería desdecirse de sus apoyos a Bush apoyándose precisamente en la opinión pública -la coartada es magnífica y democrática- o bien debería convocar eleciones generales de inmediato para comprobar si las urnas le devolvían la legitimidad que ha perdido en la calle.
Para desgracia nuestra, tenemos unas instituciones políticas que pueden permanecer sordas y ciegas ante lo que sucede en la calle, y el Gobierno, haciendo uso de la ortopedia parlamentaria, puede vetar cualquier iniciativa de la oposición que tenga que ver con lo que ocurre en la sociedad. Aznar, si quiere, puede hacerse el sordo o el muerto, pero los ciudadanos no están ni sordos ni muertos. Y estas manifestaciones en la calle nos han hecho ver que los ciudadanos no estamos solos, que lo que pensamos solos en nuestra casa otros muchos lo piensan en la suya y lo expresan, como nosotros, colectivamente, en la calle.
En la calle los ciudadanos establecen contacto directo entre sí; dejan de ser moléculas, individuos atomizados, para convertirse en pueblo; es decir en la representación colectiva de la soberanía, al margen de las instituciones, cierto, pero no por eso los ciudadanos dejan de percibirse colectivamente como lo que realmente son: acreedores del poder político. Y cuando la ciudadanía empieza a ser consciente de su poder colectivo los cambios políticos empiezan a ser posibles.
Así las cosas, se abre una puerta a la esperanza de que, a corto plazo, aunque no inmediatamente como sería lo deseable, y a pesar de la terquedad del Gobierno, se produzca un cambio de ciclo político. Pero también queda la duda: ¿Sabrá el PSOE, como máximo beneficiario, aprovechar este inesperado regalo, que la sociedad española ha puesto a su alcance sin haberlo merecido?
Madrid, 30 de marzo de 2003