El proyecto de Aznar
José
M. Roca
Iniciativa Socialista, nº 70, otoño
2003
El asalto al poder
La furibunda y bien orquestada campaña del Partido Popular (PP)
para erosionar al último gobierno socialista no fue sólo una
muestra de la aversión personal de Aznar hacia Felipe González,
ni tampoco la respuesta de un partido de “centro reformista” a los últimos
coletazos del decadente felipismo, plagados de abusos y de errores, sino la
primera parte, y más visible, de un proyecto que tenía por objeto
corregir el rumbo que había tomado España desde la muerte de
Franco, restaurar el poderío de las antiguas oligarquías, incluídas
las eclesiásticas, y desacreditar el socialismo y las ideas de izquierda
en general, apoyándose principalmente en la crítica a la práctica
gubernativa del PSOE.
Los errores y perversiones surgidos en el largo mandato de González,
bien aireados por la prensa, sirvieron al PP de excelente pretexto para señalar
los evidentes abusos de poder y los casos de corrupción en diversas
instancias del Estado y para disparar sus baterías contra el crecimiento
del gasto público, defendiendo, al mismo tiempo, su modelo de gestión
-más ágil, más eficiente y más barato-, inspirado
en la empresa privada. La crispada exigencia de Aznar -¡Váyase, señor González!-
representaba algo más que el mero deseo de desalojar del poder político
a un competidor gastado y a un equipo carente de ideas e incapaz de reaccionar;
no se trataba ya de sustituir un gobierno por otro como consecuencia de la
alternancia, sino de transformar la sociedad cambiando la orientación
general de la política, aun a costa de romper acuerdos establecidos
desde la transición.
La acelerada descomposición del tibio proyecto socialdemócrata,
la parálisis de las reformas, la prepotencia y los abusos de la nueva
élite política aglutinada en torno al poder y la utilización
partidista que hizo el PSOE de las instituciones del Estado para entorpecer
la investigación sobre los casos de corrupción y de terrorismo
de Estado, facilitaron notablemente la tarea de Aznar y del PP, junto con
la frustración de las excesivas espectativas sociales que habían
llevado al PSOE al Gobierno, al reducir al cacareada consigna del “cambio”
a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y en
la OTAN y al objetivo de que España funcione, imposible de alcanzar
sin efectuar profundas reformas estructurales, por lo menos, en el área
de la función pública y en la administración de justicia.
No obstante, junto a los vicios ya señalados, asociados en buena medida
al crecimiento económico de la segunda mitad de los años ochenta,
el PSOE creó bastantes infraestructuras, alentó la oferta pública
de viviendas relativamente baratas, aumentó las prestaciones sociales
y extendió, de manera modesta pero gratuita, tres servicios públicos
-sanidad, educación, pensiones- a toda la población. Si bien
es cierto que en los últimos años, extraviado ya el impulso
reformista y perdido el contacto con la sociedad, el PSOE se limitó
a aferrarse a lo ya realizado y a defenderse, malamente, de las acusaciones
de corrupción, deteriorando la vida democrática.
Ante tal situación, al PP, que contó con un notable respaldo
de los medios de información y con la errática colaboración
de Izquierda Unida, le fue relativamente fácil urdir un discurso demagógico
y tecnocrático que prometía una gestión más eficaz
del Estado, combatir la corrupción y aportar soluciones -ese fue el
lema de la campaña electoral de 1996- a los muchos problemas creados
por el PSOE, que quedó marcado de modo degradante -el socialismo es
paro y corrupción- y con él toda la izquierda, pues el discurso
de Aznar y de los suyos no hace distingos al afirmar el buen hacer de un moderno
partido de centro frente al progresismo trasnochado.
La segunda transición
Parte del comportamiento de Aznar sólo se comprende si se tiene en
cuenta su permanente lucha contra su antecesor, al que desea superar aun después
de haberle desplazado del gobierno. De ahí viene ese esfuerzo continuo
por aludir al pasado reciente, por recordar, de modo exagerado, el legado
recibido -paro, corrupción y seguridad social en quiebra, es la muletilla
que repite-, que sirve para eludir las responsabilidades de su mandato, pero
también para arremeter contra un adversario al que no le da tregua.
Para Aznar y el Gobierno, situarse como oposición de la oposición
es algo más que una hábil táctica defensiva: es la continuación
de la ofensiva comenzada en 1993, que ha obligado al debilitado adversario
a ir detrás y luchar en campo ajeno, al conservar el PP la iniciativa
en el ataque, marcar la agenda política, señalar la única
visión correcta de la realidad y poner el acento sobre los asuntos
de interés, quedando proscrita cualquier otra interpretación
tanto de los problemas como de las posibles soluciones. El carácter
autoritario de Aznar y el estilo crispado que utilizó contra González
cuando estaba en la oposición, mejorado con la experiencia de Gobierno
y con el manejo de los resortes del poder, sirven muy bien a este propósito.
Con una intención muy parecida a la de Franco, que gobernó
cuarenta años recordando a los derrotados su derrota y haciendo inventario
de los males, verdaderos o presuntos, de la II República y proscribiendo
la rememoración de sus aciertos, Aznar ha pretendido borrar los vestigios
de todo lo que el PSOE positivamente construyó (pero profundizando
en algunos de los aspectos más negativos de la política de González),
que fue un efecto tardío de la transición, sobre la cual también
ha extendido sus amnésicos propósitos. La segunda transición
propuesta por Aznar tiene la pretenciosa ambición de reinterpretar
el pasado, borrar los aspectos más progresistas de la primera, dejándola
como una consecuencia del reformismo del propio régimen franquista,
y hacer del gobierno del PSOE una transitoria anomalía en la historia
de una España gobernada desde siempre y para siempre por la derecha
católica.
Como en otros momentos de la historia, el gobierno de Aznar representa la
vieja prevención de la derecha española ante las consecuencias
políticas de la modernidad -el sufragio universal y el gobierno representativo-
y su vinculación puramente instrumental con el régimen democrático,
así como la ancestral desconfianza ante las expresiones culturales,
políticas y sindicales de las clases trabajadoras, un resultado indeseado
pero inevitable del sistema de producción que ha generado las grandes
fortunas que alientan el pensamiento conservador. Y como en otros momentos
de la historia, la derecha española halla su inspiración allende
nuestras fronteras. En un tiempo pudieron ser las doctrinas del reaccionarismo
católico francés o la conducción carismática (y
uniformada) de las masas -en versión italiana o alemana-, el caudillismo
militar o la tecnocracia preconciliar. Hoy, en plena etapa de restauración
conservadora en todo el mundo, la mezcla de liberalismo anglosajón,
de management y doctrina de la Legión de Cristo con proyección
imperial, casan bien con el republicanismo conservador de la Casa Blanca.
Con Aznar y el PP, la derecha católica española se homologa
con la derecha metodista norteamericana. El Partido Republicano y el PP, Bush
y Aznar, ambos creyentes, encarnan, en perfecta simbiosis, la identidad de
medios y fines, de objetivos e instrumentos sin contradicciones ni reservas
ideológicas, como ocurre cuando son los gobiernos socialdemócratas
o laboristas los que aplican las recetas ultraliberales. Con Aznar y Bush
al frente, el PP y el Partido Republicano coinciden en proyección internacional,
modelo económico, proyecto político y sustrato ideológico.
Y sin complejos, como dice Aznar.
La médula de la segunda transición es abordar una gigantesca
remodelación de la sociedad para devolver poder a la iglesia católica,
restaurar la moral tradicional, conservar el régimen democrático
(sin abjurar del franquismo) pero reducido al mínimo imprescindible,
disciplinar a la población para ampliar el beneficio empresarial reduciendo
riesgos (e impuestos) y transferir riqueza de las rentas bajas a las altas.
En esta asimétrica redistribución del excedente social, el propósito
de eliminar las empresas públicas y reducir el magro Estado de bienestar,
transfiriendo sus prestaciones a empresas privadas, ocupa un lugar central,
pues el patrimonio empresarial del Estado y la prestación de los servicios
sociales se consideran una especie de continente recién descubierto
y dispuesto para ser explotado, sobre el que los ultraliberales se han arrojado
con voracidad colonial. El pretexto para arrebatar al control social el patrimonio
colectivo acumulado es equilibrar el presupuesto nacional y conseguir el
tan cacareado déficit cero, coartada contable (y falsa) que permite
expropiar al conjunto de la población trabajadora los servicios que
forman el llamado salario indirecto, formado por detracciones en el salario
directo durante décadas, y confiarlo a empresas privadas con el argumento,
desmentido en la práctica, de que el servicio prestado será
mejor y más barato. La figura jurídica principal de esta gran
operación gubernamental es la privatización de empresas, sectores
o servicios del Estado, que, una vez saneados con fondos públicos,
se entregan, sin demasiadas formalidades legales, a precios muy ventajosos,
o incluso regalados, a empresarios afines.
En la gigantesca operación de reeducar a la población trabajadora
para adaptar la fuerza de trabajo a las cambiantes necesidades del capital,
otra de las prestaciones del Estado a la clase empresarial son las facilidades
legales concedidas y la disposición de fondos públicos para
reemplazar a la población asalariada con derechos, salarios altos y
empleo estable, por población con empleo precario y salario bajo, con
el efecto de una innecesaria y prematura renovación generacional y
la aparición de una nueva forma de servidumbre sometida al arbitrio
de los propietarios de capital. De este modo, el necesario disciplinamiento
de la población que acompaña a esta gigantesca remodelación
social corre más por cuenta del mercado que de las fuerzas de seguridad
del Estado, que sólo intervienen en último extremo, porque de
modo cotidiano, la disciplina social la impone la lógica del mercado
cuando es aplicada por los agentes sociales y asumida por los individuos como
norte y guía de sus propias vidas.
Es chocante que sea precisamente el PP el que aplique una política
tan contradictoria con dos ejes centrales de su programa: la defensa de la
familia y de la unidad de España. Con respecto a la primera, la erosión
del poder adquisitivo, la reducción de la capacidad de ahorrar y el
mayor endeudamiento de las familias españolas, así como la dificultad
para formar nuevas familias por la estancia de los jóvenes hasta edad
muy tardía en el domicilio paterno, debido a la situación del
mercado laboral y del mercado inmobiliario, no parecen preocupar grandemente
a los ideólogos populares, cuyo modelo inspirador debe ser la familia
cristiana de clase alta. Y con respecto a la unidad de España, cabe
señalar que su preocupación por la unidad del Estado debería
ser extensiva a la unidad de la sociedad, que las medidas ultraliberales de
su política económica contribuyen a socavar, al concentrar la
riqueza en los estratos más altos de la población y desasistir
y confíar a la suerte o a la beneficencia a los estratos más
bajos. Por lo cual cabe apuntar que, mientras el PP parece muy preocupado
por mantener la unidad de España por arriba, por las instituciones
del Estado, España, gracias a su política económica,
se desintegra lentamente por abajo.
Desde esta perspectiva, la economía, el plato fuerte del Gobierno,
deviene una disciplina esóterica, apta sólo para iniciados,
que se aleja cada vez más de su origen primigenio -oikós nomoi,
la gestión de la hacienda doméstica-, para reflejar un mundo
que tiene poco que ver con las condiciones reales de vida de la inmensa mayoría
de los ciudadanos, con lo inmediato y familiar, sino con magnitudes abstractas
que expresan los avatares del mundo de los negocios y cada vez más,
de los negocios especulativos, de las finanzas y los flujos y fluctuaciones
monetarias. Las abultadas y optimistas cifras de la economía española
no se traducen en creciente bienestar social, sino que reflejan sólo
la evolución de la parte de la sociedad reducida a su dimensión
cuantitativa. La economía, cuando no es un conjunto de conceptos contables
referidos a grandes cifras, es entonces una disciplina misteriosa que no logra
explicar de modo convincente los avatares de las cuentas domésticas,
salvo en lo que respecta a la medicina recetada por los augures, que siempre
es la misma, tanto en etapa de auge económico como de recesión:
flexibilizar el mercado laboral y contener los salarios.
Madrid, 12 de octubre de 2003.