Otra arquitectura mundial

Ha llegado la hora de reconocer a la humanidad como sujeto político y jurídico. La humanidad existe, es un hecho que no requiere ser demostrado. Pero, hasta el presente, no ha habido reconocimiento de la humanidad como sujeto político en el que se encuentran representados todos los seres humanos, ni como sujeto jurídico, titular de derechos y deberes.
Nuestras sociedades han reconocido a las “naciones” (de donde derivan los “Estados-nación”) sobre la base del principio (o derecho) de autodeterminación de los “pueblos”. Han reconocido también al ciudadano, al individuo, sobre la base del principio (o derecho) de que toda sociedad se fundamente sobre los individuos, los ciudadanos. Finalmente, han reconocido a las personas jurídicas -empresas, asociaciones, iglesias, partidos políticos, sindicatos- en el ámbito del derecho público y privado nacional e internacional. Así, la ONU no representa a la humanidad, sino a los Estados-nación miembros y sobre todo, por no decir exclusivamente, a los intereses de los Estados más poderosos. Desde hace algunos años, la UNESCO ha creado el estatus de “patrimonio común de la humanidad” atribuido a un monumento, una ciudad, un lugar, pero eso no significa que se haya reconocido a la humanidad como responsable de ese “patrimonio”, jurídica y políticamente, pues los Estados implicados siguen siendo los titulares de la responsabilidad.
La única verdadera autoridad política mundial existente actualmente es la Organización Mundial de Comercio (OMC). Gracias a su “órgano de resolución de las diferencias”, posee precisamente un poder reglamentario, judicial y sancionador irrecusable, pero no representa a la humanidad, sino exclusivamente a los intereses económicos y políticos de los Estados firmantes de los acuerdos comerciales. En resumen: hasta el momento, ningún tratado, convención, acuerdo o “contrato” internacional o intergubernamental ha gestado a “la humanidad” en el ámbito político y jurídico. Desde ese punto de vista, la humanidad sigue siendo un concepto abstracto.
La actual mundialización no es otra cosa que la afirmación en el ámbito mundial de los poderes de decisión y control de las fuerzas ligadas a la economía capitalista de mercado, bajo la hegemonía militar, política y cultural de Estados Unidos y “Occidente”. Esta mundialización del capitalismo de mercado y de la hegemonía de EE.UU. ni necesita ni está interesada en el reconocimiento político y jurídico de la humanidad.
Además, según los defensores de esta mundialización, la “gobernanza” mundial significa la ausencia de un sujeto mundial y el establecimiento de dispositivos de decisión y control en los que todos los agentes, mezclados los públicos con los privados, serían, según ellos, libres e interactuarían colocados todos en el mismo plano de igualdad.
Creo que la afirmación de una “política mundial” y de un “derecho mundial” se hizo necesaria a partir de la “conquista” nuclear y su expresión militar bajo la forma de la bomba atómica. La toma de conciencia en 1969 de la finitud y pequeñez de nuestro planeta Tierra, visto en las pantallas de televisión gracias a la aeronave Apolo como una pequeña bola azul suspendida en el vacío, no ha hecho más que reforzar esa necesidad, que comporta, en primer lugar, la instauración de un “Tribunal penal mundial para los crímenes contra la humanidad” y de una “Autoridad mundial de la vida y la convivencia”.
En cuanto a la definición y promoción de un conjunto de bienes comunes considerados como patrimonio mundial y de servicios públicos comunes a escala mundial, su propiedad y gestión no deberían en ningún caso y de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, convertirse en objeto de apropiación de sujetos privados ni quedar bajo su responsabilidad. Entre los bienes comunes indispensables para asegurar a todos el derecho a la vida en torno a los años 2020-2025, deben figurar el agua, los servicios primarios de salud, la vivienda y la educación.
Estos bienes deben seguir siendo propiedad de la colectividad, o volver a serlo allá donde carezcan de esa condición. Los servicios correspondientes deben ser gestionados y asumidos por instituciones públicas, democráticamente controladas, inspiradas por los grandes principios de la cooperación y la solidaridad.
El derecho a la propiedad intelectual no puede aplicarse a estos bienes comunes, ni tampoco en aquellos ámbitos que puedan influir sobre ellos de forma determinante. Y lo mismo hay que decir sobre las negociaciones comerciales. Haciendo frente a las preferencias mostradas por los responsables políticos y económicos de los países de la OCDE que, en la conferencia de Doha [noviembre 2001], han presionado para incluir los servicios públicos en el orden del día de la nueva ronda de negociaciones de la OMC, los ciudadanos deben movilizarse para defender los elementos en que se fundamenta de la res publica. Esa es la condición esencial para garantizar la seguridad de la “convivencia” y la voluntad de “hacer sociedad” en común.
El concepto y la práctica de los servicios universales no han impedido la privatización y la mercantilización de los bienes y servicios correspondientes. La mercantilización de la salud, la educación o el agua, por ejemplo, constituye hoy uno de los mecanismos más eficaces de destrucción de la convivencia y de los vínculos de solidaridad dentro de cada país y entre todos ellos.
La construcción de alternativas debería, por tanto, proponerse la definición de una “política de bienestar mundial”. Esta política estaría articulada en torno a una Organización Mundial del Desarrollo Social (OMDS), que reagruparía las funciones y poderes del FMI, de la Banca Mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO; de la OIT. También sería conveniente asegurar la creación y gestión de un impuesto mundial, del que la tasa Tobin sería un primer bosquejo. Es preciso evitar caer en las derivas nacionalistas, oligárquicas y tecnocráticas que han marcado el funcionamiento del sistema multilateral intergubernamental de las Naciones Unidas y su preferencia por la segmentación sectorializada y burocratizada de las tareas.
Para hacer todo esto, resulta conveniente hacer surgir nuevas formas de democracia representativa a escala mundial, tomando en cuenta las lecciones que puedan extraerse de la primera experiencia de democracia representativa internacional conocida, el Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo. Ese es el significado de la propuesta de creación de un Parlamento mundial de la vida y de la seguridad. Considero que, al comienzo, este “parlamento” debería ser resultado de una iniciativa de “auto-organización” procedente de los parlamentarios nacionales. Creo que ningún poder podría impedir legalmente que quinientos parlamentarios decidiesen reunirse en “asamblea mundial” y comenzar a elaborar principios, reglas, normas...
El problema quedaría así situado en el terreno de la voluntad política y de la relación de fuerzas entre el grupo de los 500 parlamentarios y el resto de los poderes actuales, muy poderosos, que, inevitablemente, se opondrán a tal iniciativa a la que acusarán de ser, quizá, “muy simpática” pero “irrealista” y carente de efectos prácticos. La OMDS, el Parlamento de la vida y la seguridad, y el impuesto mundial constituyen dispositivos portadores de la nueva arquitectura de una política mundial a construir durante los próximos veinte o treinta años.