Gonzalo Sichar Moreno es Coordinador de Maestrías de la Universidad Autónoma de Madrid en Guatemala. Artículo publicado en Iniciativa Socialista número 54, otoño 1999

Una de las labores más arduas tras los enfrentamientos bélicos es la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de una sociedad civil que durante el periodo anterior ha estado subordinada al poder militar del bando dominante en su territorio. Está claro que las firmas de paz, en el mejor de los casos, suponen meros propósitos de intenciones que de nada sirven si no van acompañadas de políticas de desarrollo (o al menos de reconstrucción de infraestructuras) y de algo que se suele olvidar (en la mayoría de los casos intencionadamente): la educación para la paz. Otro aspecto muy importante es acabar con la impunidad que durante la guerra concedió cada bando a sus héroes que “mantuvieron a raya al enemigo”. Pero aún cuanto se cumpliera todo ello la paz no sería firme y duradera a menos que se lograse democratizar una sociedad que durante el periodo bélico vivió más cumpliendo las órdenes de la estrategia militar que la voluntad popular. En las épocas de guerra los Estados Mayores de la Defensa adquieren mayor poder real que el Gobierno y el Parlamento (en el caso de ejércitos regulares) y las Comandancias Generales dominan a los aparatos políticos de los movimientos insurgentes (si hablamos de guerrillas).
La teoría de las Relaciones Internacionales, además, nos dice que nunca ha habido guerras entre dos democracias (1), y si repasamos la historia de la humanidad no encontraremos demasiados ejemplos que invaliden esta teoría. Es por ello fundamental para que una sociedad viva en paz que se democratice, y cuanto mayor grado de democracia alcance tanto más difícil será que los conflictos los resuelva por la vía violenta, ya que uno de los grandes méritos del proceso  democrático es que permite que los problemas afloren a la superficie para poder ser debatidos y resueltos antes de que alcancen su punto álgido.
Se suele discutir mucho acerca de si en Estados que han sufrido guerras los procesos de pacificación que llevan a cabo democratizan el sistema político o si es a la inversa, que la democratización posibilita la paz. En la mayoría de los casos son procesos simultáneos y que tienden a retroalimentarse, y por contra, si falla uno el otro suele fracasar también. Por ejemplo, en la paz impuesta a Bosnia no se vislumbra ningún atisbo de democratización en la sociedad (pese a todas las instituciones democráticas de los acuerdos de Dayton) y el peligro de que resurja la guerra una vez abandonen el territorio las fuerzas internacionales no lo niega ni el más optimista. En la deficiente paz entre Rusia y Chechenia (contagiando la tensión a otras repúblicas caucásicas) también hay una gran carencia democrática en ambos bandos y la paz pende de un hilo. En muchos de los conflictos africanos la falta de democracia es uno de los principales factores de guerra que sumados a las fronteras artificiales trazadas con tiralíneas después de las colonias sin tener en cuenta a los pueblos y su historia hacen de esta región una bomba permanente.
En los numerosos procesos de pacificación llevados a cabo en América Latina el factor democrático es básico. En una sociedad verdaderamente democrática la inmensa mayoría de los actores sociales del país participarán en la nueva concepción del Estado y en la reconstrucción nacional. Si compartimos el supuesto de que cuantos más sectores sociales participen en la reconstrucción nacional hay más garantías de una paz firme y duradera, será lógico estar de acuerdo con llevar la democracia a los máximos niveles de participación. Es decir, no conformarse con que haya mayor nivel de participación en los eventos electorales sino en trabajar por llegar a una democracia plena construida desde lo local y la participación de la sociedad civil.
Si tomamos la definición de Democracia de Lindblom como “un sistema en el que el electorado: 1) incluye a todos los miembros adultos y cuerdos de la sociedad; 2) es soberano. Para ser soberano, un electorado debe cumplir dos condiciones: 2a) estar informado; 2b) no debe haber ninguna clase minoritaria estable que sea privilegiada (es decir, que posea un poder político al menos equivalente al de los representantes elegidos y no comparable con el de ningún otro grupo estable)” [Citado en Schweickart (1997), p. 305], nos opondremos al modelo liberal de democracia, que consiste únicamente en la participación política a través del voto. Y “no cabe duda que no es lo mismo votar informado que votar desinformado. No es lo mismo votar habiendo comido ese día que con tres días con el estómago vacío” [Martínez Bullé-Goyri (1996), pp. 241-242.]. Habrá que hacer un arduo trabajo para que la información llegue a toda la población y también se deberán llevar a cabo políticas encaminadas a reducir los altos niveles de pobreza para que no haya prisioneros del «voto hambriento». Hasta Joao Soares —ex-secretario general de la OEA— advierte que “mientras la libertad de vivir esté vedada para los grandes grupos de la población de las Américas, la democracia de que disfrutan los demás ciudadanos del continente será incompleta e imperfecta y correrá el peligro de desmoronarse”[ Díaz (1997), p. 183]. Hernando de Soto —ex-asesor de Fujimori y por tanto nada sospechoso de tener ideas revolucionarias— llega más lejos al decirnos que “en América Latina no existe una economía de mercado para todos [...] no existe democracia [y que] nos engañamos y hasta engañamos a los países desarrollados haciéndoles creer que vivimos en una democracia”[ Díaz (1997), p. 185]. Y es que “democracia no es sólo elecciones limpias; democracia es participación real de las comunidades en su propia vida”[ Villoro (1996), p. 184] y en esto es en lo que se debe incidir. El que la democratización de la sociedad deba iniciarse en los ámbitos que determinan la experiencia cotidiana de los hombres, es decir, en el nivel económico-social, ya que es “el fundamento y sustento de toda la sociedad en última instancia”[ Saña (1998), p. 27], está demasiado alejado del «pensamiento único» como para que en los círculos dominantes se pueda tan siquiera insinuar. Ha habido casos, como el socialismo autogestionario de Yugoslavia, donde, por tener menor libertad política, aunque gozase de mayor democracia en las relaciones de producción, desde «el mundo libre» siempre se les tildó de dictatoriales. Pero para que haya una sociedad en la que la resolución de los conflictos sea pacífica, necesita de ambos ámbitos de democracia: el político y el económico. De este modo no habrá clases dominantes con mayor poder que el Legislativo (y si la democracia política funciona bien decir Parlamento equivaldría a hablar de voluntad popular) y que, por tanto, pudieran ejercer sus privilegios y abusos al margen de las relaciones democráticas y por consiguiente podrían oscurecer la voluntad de la sociedad.
Sobre la importancia de llevar la democracia al nivel económico nos debería de convencer la postura de William Buckley, opinión compartida por muchos grandes empresarios, al decir “dadme el derecho a gastar mis dólares como me plazca y, si tengo que elegir, os cederé a cambio mis derechos políticos, seguro que con esta transacción —y supuesto que entre las cláusulas del contrato se incluya la imposibilidad de que se tome decisión política alguna que afecte a mi soberanía sobre mis dólares— habré incrementado mi dominio sobre mis propios asuntos”[ Citado en Schweickart (1997), p. 313].
Si en todos los conflictos armados es importante el componente democrático, aún juega un papel más preponderante cuando hablamos de guerras civiles, debido a que los antiguos beligerantes ahora van a tener que convivir en la misma sociedad y territorio. Y si el motivo de la guerra fue por lucha de clases (como ocurrió en la mayoría de las guerras latinoamericanas) entre un pueblo desposeído —ayudado por guerrillas en bastantes casos, pero a veces también atacado por ellas— contra un gobierno/ejército colaboracionista de las clases pudientes, el problema que va a enfrentar el proceso de paz es la negativa de la clase dominante a ceder su poder ante las futuras estructuras democráticas que pudieran surgir de los acuerdos de paz.
Un ejemplo clásico de esta negativa de ceder poder es la oposición de las clases dominantes y sus gobiernos —ya “demócratas” o se trate de dictaduras— a la formación de cooperativas y otras formas de producción y comercialización democrática y autogestionaria. Las cooperativas no sólo logran independencia a los campesinos y les evita tener que emigrar a las grandes plantaciones trabajando en condiciones infrahumanas por un mísero salario, además les obliga a invertir un porcentaje de los excedentes en gastos sociales, con lo que consiguen unos beneficios para la comunidad que no lograrían si sus pobladores se dedicasen a trabajos por cuenta ajena.
En las comunidades indígenas donde se rigen por ellas están muy entremezcladas las funciones de la cooperativa con la vida comunitaria y las obligaciones de los asociados con sus obligaciones como miembros de la comunidad. Esto es debido a la relación tan estrecha entre su trabajo y su forma de vida, que sólo se entiende apelando a su propia cosmovisión, como manifestaron en la Declaración de San José, de 1981: “Para los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de posesión y de producción. Constituye la base de su existencia en los aspectos físico y espiritual”[ Citado en García (1996), p. 158-159]. La cosmovisión india tiene un alto sentido democrático y, como no separan producción agrícola (tierra) con el resto de su vida, es lógico que también su sistema productivo sea democrático. Cuando hablamos de este sentir democrático en el pensamiento indio no lo hacemos engañándonos por mitificaciones sino apelando a la renovada cosmovisión indígena. Es decir, que “cuando los indígenas o los negros de hoy presentan su cosmovisión, no están haciendo una pura reconstrucción del pasado, sino que están proponiendo su cosmovisión actual, inspirada, por cierto, en la de sus antepasados, pero también renovada y purificada a lo largo de estos siglos de  presión y resistencia” [Girardi (1994), p. 26.]. “No se trata de hacer defensa a ultranza ni de idealizar hechos y sucesos que ocurrieron en contextos específicos, es más bien emprender una búsqueda de lo positivo con el fin de perpetuarlo en nuestra generación y en la que educamos actualmente”[ Gómez (1997), p. 69.].
Si tomamos el caso concreto de Guatemala, en pleno proceso de pacificación, la oposición a las cooperativas se manifestó de la forma más cruel. La situación de violencia en este país lleva ya largos siglos, con la única interrupción (relativa) del periodo 1944-54, en los llamados gobiernos democráticos o revolucionarios. Pero desde la intervención de la CIA en 1954 y sobre todo desde la aparición de grupos guerrilleros a principios de los ‘60 la violencia creció a límites inimaginables. Y, a pesar de que en la violencia indiscriminada (1981-83) no hubo distinción, en las etapas de represión selectiva fueron los líderes cooperativistas y sindicales junto con todos aquellos que luchaban por una democracia política o económica los más brutalmente aniquilados.
La necesidad de los campesinos de organizarse para producir más teniendo pocos recursos tiene el riesgo de llevarles a ser el punto de mira de los sectores más reaccionarios del agro y del ejército, ya que nunca han visto bien a las cooperativas, acusándolas en muchas ocasiones de trabajar para la guerrilla. Pues, aunque “el sector cooperativo antes de la etapa de la violencia política, se encontraba consolidado orgánicamente, y a nivel económico era un sector dinámico [y] las comunidades que tenían cooperativas eran prósperas [y] contaban con puestos de salud, tiendas de consumo, [...] secadoras de cardamomo, escuelas, trilladoras de arroz,...”[ Gutiérrez (1989), p. 11], ya en los ‘70 “el ejército empezó a poner un control más fuerte sobre las cooperativas y decía que toda la organización que había alcanzado no era por ser campesinos trabajadores sino porque la guerrilla estaba dando ideas y todo” (2). Además, en esta visión de los militares se aprecia gran dosis de racismo y clasismo al suponer que los campesinos (en su mayoría indígenas) por sí solos no sabrían sacar adelante una explotación agrícola.
Hay que señalar que las represiones sistemáticas a estos sistemas democráticos se hicieron en nombre del anticomunismo acusando al “comunismo” (3)  de totalitario y restrictivo de las libertades. Por eso no es de extrañar que gobiernos “democráticos” como el caso de los Estados Unidos se prestaran a brindar apoyo a los genocidas. Y es que cuando la democracia entra en confrontación con la libertad (de mercado) es más valorada ésta que aquella por los Estados capitalistas. Estos comportamientos tiránicos de las “democracias” en tierras ajenas no debe de extrañarnos si partimos del nacimiento de las “democracias” occidentales: “la burguesía utilizó el sistema parlamentario contra las mismas clases populares que había movilizado para combatir a la nobleza”[ Saña (1998), p. 25]. Tal vez sostener la tesis de Saña de “que el parlamentarismo es un reflejo de la democracia indirecta o representativa, y, por ello, la negación de la democracia directa o gobierno del pueblo”[ Saña (1998), p. 25] es ir demasiado lejos pero tiene bastante de razón. “La praxis parlamentaria conduce, en mayor o menor grado, a una despolitización del ciudadano, que se acostumbra a ceder la iniciativa a los profesionales del poder y de la gestión pública. Eso explica, entre otras cosas, el incremento del abstencionismo electoral y del retroceso todavía más acelerado del asociacionismo, tanto político como sindical”[ Saña (1998), p. 26]. Y una vez despolitizado, se le tiende a mostrar que todos los candidatos son iguales, lo que beneficia la llegada de “mesías” y “salvadores de la patria” como Fujimori, Ríos Montt, Chávez...
El lenguaje conservador nos dice que hay que disminuir el papel del Estado y fortalecer el mercado. Incluso se atreve a decir que de esta manera se refuerza la sociedad civil porque la iguala al sector privado y la contrapone con el público. Pero reforzar la democracia participativa no se debe confundir con dar un mayor protagonismo a la sociedad civil restando poder al Estado (4) y, por tanto, favorecer a la iniciativa privada frente a la pública. En el modelo tardoliberal se critica sistemáticamente al Estado para minimizarlo, se despolitiza a la Sociedad  Civil y al tratar al Mercado como dicotomía irreconciliable con el Estado queda en las manos de los intereses privados corporativos. Ante esto podemos hacernos la pregunta que se hacía Torres-Rivas: “¿Estado mínimo, mercado oligopólico y democracia plena?”[ Torres-Rivas (1992), p. 14.]. Entre otras razones la respuesta es “no” porque en el seno del mercado totalmente libre se producen fuerzas oligopólicas que niegan al propio mercado, como reconoce Galbraith en su teoría del sindicato como fuerza equilibradora, y que si no se dispone de mecanismos estatales de redistribución del poder cada vez la economía se va a parecer menos a la tan teóricamente querida por los liberales competencia perfecta. “El propósito final de la participación e integración sociales es la capacidad de participar en el debate político” [ Torres-Rivas (1992), p. 17] y para ello habrá que construir una democracia participativa y no sólo electoral, aunque, por supuesto, la existencia de elecciones es condición necesaria, y con esto nos estamos alejando también de los mesianismos de izquierdas que al creerse con una ideología “que defiende al pueblo” no les hace falta escucharlo mediante consulta electoral.
Con lo anterior estamos diciendo que sin elecciones no hay democracia pero que puede haber elecciones pluripartidistas y no existir democracia. En otras palabras, las elecciones son condición necesaria pero no suficiente para la democracia. Incluso puede haber elecciones “limpias” y carecer de democracia. Pues, aparte de lo visto en las condiciones sociopolíticas y económicas de Lindblom y en las reflexiones de Joao Soares y de Hernando de Soto, en Estados recién salidos de una guerra o donde aún sin haberse librado una guerra hay gran violencia estructural es difícil que haya democracia aunque no se produzca ningún pucherazo en las urnas. Sin embargo, las organizaciones internacionales veladoras de procesos democráticos (como la OSCE, UE, OEA, ONU, OUA...) muchas veces no detectan estas situaciones como falta de democracia.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y para el Parlacen de Guatemala, en 1995, encontramos ejemplos claros de un proceso electoral oscuro pese a los informes positivos de organismos internacionales. El único incidente de importancia que reflejaron los observadores internacionales acreditados fue un apagón de quince minutos en gran parte del país durante el recuento y que en muchas mesas sólo portaban linternas los del Partido de Avanzada Nacional, el que saldría ganador. Los observadores internacionales dieron las elecciones por válidas. Aún supongamos que realmente el apagón no distorsionase los resultados de una forma significativa (como parece que así fue) o incluso imaginemos que no se hubiese producido, ¿habrían sido limpias esas elecciones?. Aunque para un observador internacional, que llega pocos días antes de la consulta y que prácticamente se encarga de vigilar que no haya intimidaciones a la hora de ejercer el voto, cambio de papeletas, asesinatos de electores y candidatos,... las elecciones pueden darse por válidas, no son limpias porque en Guatemala hay un control del voto que va mucho más allá de las fechas de la contienda electoral:
Los antiguos Comisionados Militares y los antiguos Patrulleros de Autodefensa Civil (hipócritamente denominados desde la democracia de 1986 Comités Voluntarios de Defensa Civil) todavía ejercían en 1995 un control férreo sobre muchas comunidades rurales. De hecho en las zonas más devastadas por la política contrainsurgente de Ríos Montt es donde su partido FRG consiguió mejores resultados. Esto no es por la incultura de los indios, como salió publicado en un diario guatemalteco de gran tirada, sino porque precisamente en esas zonas es donde mayor control les quedó a estas organizaciones paramilitares. Y esto no lo detectan los supervisores internacionales.
También muchos finqueros entregan las papeletas a sus colonos y éstos no tienen otra alternativa electoral si quieren conservar su trabajo esclavizante. Y esto no lo detectan los supervisores internacionales.
En muchas comunidades muy pobres los partidos entregan regalos a los pobladores; si después hay menos votos que regalos llegan las desapariciones. Y esto no lo detectan los supervisores internacionales.
La mayor parte de los campesinos que comenzaron a retornar en 1993 del refugio mexicano carecían de cédulas de vecindad y del empadronamiento electoral; a partir de 1996 ya se agilizó su documentación, por tanto, sólo un mínimo porcentaje pudo votar en 1995. Y esto no sólo no se detecta por los observadores internacionales sino que reduce los datos oficiales de la abstención (5).
Hubo un caso en Chisec (ubicado en el departamento de Alta Verapaz, mayoritariamente q’eqchi’) donde retornados mam fueron a votar; tenían todos los papeles correctos pero sus apellidos les delataron su condición de retornados (a los que se les asocia con la guerrilla y el Frente Democrático Nueva Guatemala) y en la mesa les preguntaron que por qué estaban en Chisec. En este caso se atrevieron a votar pero la intimidación (que no fue detectada por observadores internacionales, porque no había, ya que no hay suficientes para cubrir todo el país) les podía haber hecho perfectamente darse la vuelta sin votar.
El control del Ejército sobre las comunidades parece que no va a menguar pese a que contradice el “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, firmado por el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 19 de septiembre de 1996 en México. La Coordinadora Regional de Derechos Humanos de Ixcán (CORDHI) denunció que soldados se presentan en diferentes comunidades y las «invitan» a crear un comité de apoyo a la  institución castrense. El 14 de septiembre militares fuertemente armados se presentaron en las comunidades de retornados Victoria 20 de Enero, Cuarto Pueblo, Pueblo Nuevo y Mayalán a izar banderas en las escuelas. También indicaron que los pobladores de las comunidades son invitados a integrar los “comités de la amistad, seguridad para el apoyo al Ejército”, y les proponen apoyo directo a proyectos de desarrollo, como construcción de viviendas, introducción de agua, luz y otros. Esto hace pensar a la población que surjan grupos similares a las PAC.
Vemos, pues, que pueden producirse situaciones de elecciones sucias que los observadores internacionales de tan prestigiosas organizaciones no detectan. Pero aún en el caso de que no hubiese este tipo de amenazas socavadas a la población que les impide votar con verdadera libertad, “hay métodos de emplear la riqueza para aumentar la probabilidad de que el resultado final de un proceso nominalmente democrático refleje los intereses de los ricos:
La creación de fundaciones e instituciones privadas destinadas a estudiar las maneras de proteger y potenciar sus intereses y de elaborar una «legislación modelo».
La creación también de foros de debate de financiación privada para reunir a altos cargos de la administración, intelectuales afines y dirigentes de grandes empresas que respalden sus posiciones.
Los propietarios de los principales medios de comunicación [...] pueden movilizarse contra las campañas políticas contrarias a los intereses generales de su clase (6).
Otra forma es la contribución con fuertes sumas de dinero a las campañas electorales. Y normalmente los partidos que defienden políticas populares encuentran serias dificultades para encontrar financiación privada. En el sistema democrático el dinero con el que se cuenta para una campaña es muy definitivo para las posibilidades de triunfo. Díaz refleja cómo en las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre de 1994 en 29 de las 35 (82,86%) competencias para el Senado ganó el candidato que más gastó; y en la Cámara de Representantes, 364 de los 421 (86,46%) ganadores fueron los mejor financiados[Díaz, (1997), p. 187].
Si estamos asistiendo a un sistema nominalmente democrático pero que en realidad refleja los intereses de los ricos, es decir, de una pequeña parte de la población, el sistema está teniendo un déficit democrático tan grande que podríamos no sólo decir que es la negación de la democracia directa —como decía Saña— sino que sencillamente no es democrático.
Y si nuestra tesis con la que comenzábamos de que “sin democracia no hay paz” es cierta estamos en un sistema de paz inestable en la mayoría de los Estados donde en estos momentos no hay guerra abierta. Galeano veía muy bien esta relación de riqueza-pobreza-represión-guerra cuando decía que “la injusticia social se reduce a un asunto de policía. Si los conjuntos de individuos ya no forman pueblos sino sociedades de consumo, y el consumo está vedado al ochenta por ciento de la humanidad, el orden mundial depende de la aplicación implacable de la represión y el olvido” (7). De forma que para que unos pocos sigan disfrutando de tanto a costa de que muchos no tengan ni lo básico sólo se podrá mantener por la vía de la fuerza, la represión y, si hay respuesta popular, también por medio de la guerra. De modo que aunque desapareciese el comunismo no terminaría el anticomunismo, como prueban la feroz represión gubernamental y paramilitar contra las poblaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero con la excusa de la presencia de guerrillas (sin apoyo del desaparecido bloque comunista), la continuidad de los escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala (ya sin guerrillas comunistas) y en Honduras (donde nunca operó una guerrilla significativa).
El belicismo anticomunista no tiene fronteras. Mucho antes de que conocieran fenómenos como la globalización, la transnacionalización, la internacionalización de la economía, las operaciones anticomunistas rebasaron las fronteras. “Si la política exterior occidental hubiera estado determinada por la democracia, más que por el anticomunismo, parece razonable suponer que los Estados Unidos (por circunscribirnos al principal protagonista):
1) No habrían enviado tropas a Rusia en 1918 para combatir la revolución; 2) no habrían visto tan favorablemente la toma del poder en Italia por parte de Mussolini ni habrían apoyado tan fácilmente la política de «contemporización económica» de Hitler; 3) no habrían apoyado el acceso al poder, en los años treinta, de las dictaduras «patriarcales» en América Central y el Caribe (Hernández Martínez en El Salvador, Somoza en Nicaragua, Ubico en Guatemala, Carisa en Honduras, Trujillo en la República Dominicana, Batista en Cuba...); 4) habrían ayudado a la República española en su lucha contra la sublevación antidemocrática de Franco (que gozó del apoyo material y personal tanto de Hitler como de Mussolini); 5) no habrían apoyado al corrupto gobierno de Chiang Kai-Shek en China; 6) no habrían respaldado los esfuerzos de los franceses por recobrar el control sobre Indochina después de la Segunda Guerra Mundial; 7) no habrían insistido en la partición de Corea a raíz de la Segunda Guerra Mundial ni habrían favorecido la instauración de una brutal dictadura de derechas en el Sur [...]; 8) no habrían urdido el derrocamiento del gobierno iraní y la entronización del Sha en 1953; 9) no habrían orquestado la destrucción de la democracia en Guatemala en 1954 ni favorecido la proliferación de gobiernos militares tanto en aquel país como en El Salvador y en Honduras; 10) habrían reconocido el derecho de los pueblos vietnamita, laosiano y camboyano a elegir su propio futuro, con lo que habrían evitado la guerra del Vietnam; 11) no se habrían opuesto durante tantos años a las luchas por la liberación de los negros en Sudáfrica; 12) no habrían mirado a otra parte (por emplear un eufemismo) cuando los militares indonesios ocuparon el poder en 1965 y aniquilaron a cerca de un millón de «comunistas»; 13) no habrían ayudado e instigado el establecimiento de gobiernos militares espantosamente crueles en la mayor parte de Sudamérica durante los años sesenta y setenta; 14) no habrían protegido la dictadura de Marcos en Filipinas, desde su establecimiento en 1972 hasta casi sus últimos momentos en 1986; 15) no habrían financiado movimientos insurgentes criminales contra los gobiernos populares que accedieron al poder en los años setenta tras derrocar a un dictador odiado o a un poder colonial (Nicaragua, Angola, Mozambique...; 16) no se habrían esforzado incesantemente [...] en destruir Cuba”(8); 17) no habrían invadido Granada; 18) no habrían apoyado la subida al poder de Noriega; 19) tampoco habrían invadido Panamá años después; 20) no habrían derrocado a Lumumba favoreciendo a Mobuto en Zaire; 21) no habrían esperado a apoyar a Kabila contra Mobuto a que el primero renunciase al marxismo y aceptase la economía de mercado (9); 22) no estarían apoyando al gobierno colombiano en materia contrainsurgente; 23) no habrían apoyado a Israel hasta la saciedad en su represión contra palestinos y otros pueblos árabes (libanés, egipcio, sirio,...; 24) no habrían apoyado a las guerrillas islamistas contra el gobierno comunista de Afganistán.
Esta lista es un resumen escueto de las largas atrocidades que el anticomunismo ha cometido en nombre de la libertad. Con ello no estamos diciendo que el comunismo no haya cometido sus masacres y genocidios (Stalin, Pol Pot (10) y Sendero Luminoso, son ejemplos bien crueles). Ni siquiera entramos en una valoración comparativa de quiénes fueron peores. Ante vidas humanas es absurdo hacer comparaciones cuantitativas sobre el número de víctimas. En lo que sí enfatizamos es en el carácter no democrático de las políticas exteriores de las “democracias” occidentales y que es precisamente su condición no democrática la que está conduciendo a tantísima guerra.
En la editorial del New York Times, del 6 de agosto de 1954, tras el derrocamiento de la democracia guatemalteca y sólo un año después de la reinstauración del Sha de Persia, se daba una clara advertencia de la que sería la política de Estados Unidos con su patio trasero y, desgraciadamente, con patios mucho más alejados: “los países subdesarrollados con recursos ricos tienen ahora una lección objetiva en los altos costos que debe pagar uno de ellos que se enloquece de fanatismo nacionalista”[Citado en Chomsky y Herman (1981), p. 76]. Lamentablemente esta doctrina no es del pasado sino que Madeleine Albright, Secretaria de Estado, se encargó de dejarnos bien clara su vigencia: “Uno de los objetivos prioritarios de nuestro gobierno es el de asegurar que los intereses económicos de los Estados Unidos puedan extenderse a escala planetaria” (11).
Por no hablar siempre del principal protagonista anticomunista, veamos el caso de España. Su participación en la guerra del Golfo se hizo por decisión del Ejecutivo sin consultar con el Congreso de los Diputados. Como el resto de Estados, lo hizo por intereses económicos, no para acabar con el imperialismo dictatorial de Sadam Hussein. La reinstauración de la dictadura kuwaití lo reconfirmó. Pero lo que quiero destacar aquí es la falta de consulta con el Legislativo. Es muy probable que, dada la representación parlamentaria, si se hubiera preguntado a la Cámara Baja la respuesta también habría sido favorable a la guerra. Pero lo importante es resaltar que no hubo consulta, que no hubo participación democrática para entrar en esa guerra. Y, yendo más lejos, si en lugar de escuchar a los grupos parlamentarios se hubiese hecho al pueblo (democracia más participativa), en este caso quizá sí que hubiese habido una respuesta pacifista.
Entre las hipocresías del mundo figura el que los mayores exportadores de armamento pertenecen de forma permanente al Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho a veto. A poca visión empresarial que se tenga se supondrá que estos vendedores no van a hacer grandes esfuerzos por paralizar guerras, sobre todo si se dan en zonas suficientemente alejadas de ellos como para hacer tambalear otros intereses económicos. La escasez democrática de la ONU provoca que no se mire por el mismo rasero a Libia, Irak, Somalia que a Israel y Estados Unidos. Las violaciones de derechos humanos cometidas por cascos azules en Somalia o fuerzas internacionales amparadas por la ONU en la guerra del Golfo nunca serán castigadas porque, como dice un proverbio africano, “hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador”, y las actuaciones de la ONU carecerán de transparencia mientras no aumente su democracia interna.
Normalmente cuando se habla de procesos de pacificación se incide únicamente en los comportamientos de los beligerantes pero en un mundo tan interrelacionado también habrá que incidir en las actuaciones de los Estados poderosos y de los exportadores de armas. Campañas como «Hay secretos que matan», realizada por Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón, para dar mayor transparencia al comercio de armas español, supone frenar guerras a la vez que democratizan la propia sociedad española. Una vez más vemos como democracia y pacificación están estrechamente unidas.
Lograr sociedades más democráticas frenarán muchos conflictos. Y en este sentido damos mucha importancia a la necesidad de información de la que hablaba Lindblom. ¿Cuántas veces el pueblo estadounidense se ha justificado por las atrocidades de su Gobierno y de la CIA alegando que no sabía nada?
Concluyendo, podemos asegurar que en situaciones de guerra va a haber una pérdida de democracia (en el caso de que hubiera democracia anteriormente) ya que los aparatos militares (jerárquicos) se van a imponer a los políticos (democráticos). Por otra parte, el fortalecimiento democrático va a dificultar que la solución de los conflictos se haga por la vía armada. Y este fortalecimiento de la democracia deberá hacerse no sólo en los Estados considerados dictatoriales sino en todos, ya que la historia nos está demostrando cómo las “democracias” (12) occidentales tienen frecuentes comportamientos antidemocráticos.
 

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

• Arenas, Clara (1992). ¿Dónde está el futuro?: Procesos de reintegración en comunidades de retornados. Guatemala: AVANCSO.
• Chomsky y Herman (1981). Washington y el fascismo en el tercer mundo. Madrid: Siglo XXI.
• Díaz, Roberto (1997). “Democracia burguesa y democracia popular. Democracia y Pobreza en América Latina”, en VV.AA. Chiapas insurgente. Tafalla: Txalaparta.
• García Ramírez, Sergio (1996). “Los derechos de los indígenas”, en Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas de México. México: Archivo General de la Nación y Fondo de Cultura Económica.
• Girardi,  Giulio (1994). Los Excluidos, ¿construirán la nueva historia?. Madrid: Nueva Utopía.
• Gómez Son, Jaime Eduardo (1997). “Nosotros los Mayas en la Era de la Globalización”, en Exilios, Enero 1998, Nº1, Madrid.
• Gutiérrez, Félix León (1989). “Informe de consultoría, realizada en el marco de PRODERE para el área del Ixcán”. Guatemala.
• Matínez Bullé-Goyri, Víctor (1996).  “Los indígenas y los derechos humanos”, en Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas de México. México: Archivo General de la Nación y Fondo de Cultura Económica.
• Saña, Heleno (1998). “Grandeza y miseria del parlamentarismo: Fuera del Parlamentarismo no hay política”, en Éxodo, enero-febrero 1998, nº 42.
• Schweickart, David (1997). Más allá del capitalismo. Santander-Barcelona: Sal Terrae-Cristianisme i Justicia.
• Torres-Rivas, Edilberto (1992). “Una Sociedad Civil Participativa”, en Tiempo de Paz, verano-otoño 1992, nº 24-25.
• Villoro, Luis (1996).  “En torno al derecho de autonomía de los pueblos indígenas”, en Cultura y Derechos de los Pueblos Indígenas de México. México: Archivo General de la Nación y Fondo de Cultura Económica.