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Cuba: reflexiones sobre

socialismo y democracia

 Francisco T. Sobrino

Ponencia ante el VI Encuentro Latinoamericano de Revistas Marxistas, septiembre de 2000. Francisco T. Sobrino es miembro del Consejo de Redacción de HERRAMIENTA, Revista de debate y crítica marxista, Buenos Aires, Argentina.
 

En un trabajo reciente(1) Antonino Infranca afirmaba:

"El embargo norteamericano contribuye a reducir no sólo el nivel de vida, sino también la evolución democrática de la isla. Es cierto que Castro está intentando abrir lentamente su régimen a los capitales occidentales y está democratizándolo, permitiendo elecciones con más candidatos (...)

De tal forma, los EE.UU. no colaboran con el surgimiento de una verdadera alternativa democrática en Cuba y la izquierda latinoamericana, a gusto o sin él, debe apoyar a Fidel Castro. Así, la resistencia de Cuba es la lucha de todo el continente por la propia emancipación y toda la izquierda latinoamericana está comprometida con ésta porque es evidente que los EE.UU., si bien insisten sobre los derechos civiles y políticos, olvidan los derechos materiales de los cubanos"(2).

En estos párrafos el autor refleja, a nuestro entender, con sus aciertos y errores, la posición hacia Cuba por parte de un considerable segmento de la izquierda latinoamericana y sus intelectuales. El presente trabajo aspira a aportar a una reflexión colectiva sobre este problema, y el problema más general de la aparentemente conflictiva relación entre el socialismo y la democracia.

La Constitución cubana de 1976 y el poder popular.

La sanción de la Constitución y el primer Congreso del Partido Comunista Cubano (1975) tuvieron lugar durante lo que ha sido conocido como "el período de la institucionalización", ubicado a grandes rasgos entre 1971 y 1986(3). Este período también se caracterizó por la alineación política con la URSS y la integración de Cuba al mercado del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) integrado por la Unión Soviética y su esfera de influencia. El carácter del PCC como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista", fue sancionado constitucionalmente (Art. 5). Al mismo tiempo, en el Art. 4, se estableció que "todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las asambleas del poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, o bien directamente".

El mismo Fidel Castro tuvo su propia "institucionalización": fue nombrado Primer Secretario del Comité Central del PC, presidente del Consejo de Estado, Presidente del Consejo de Ministros y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Las Asambleas del Poder Popular, de acuerdo a Fidel, darían a las masas "el poder de decidir sobre muchos problemas que existen a todo nivel, en las ciudades y en el campo (...) Esto implica el desarrollo de una nueva sociedad y de principios genuinamente democráticos, reemplazando los hábitos administrativos de trabajo de los primeros años de la Revolución. Debemos reemplazar a los métodos administrativos, que corren el riesgo de volverse burocráticos, por métodos democráticos"(4).

De alguna manera el discurso oficial comenzó a revertir la teoría en boga en la década del 60, de la que el Che Guevara había sido un alto exponente, respecto a las fuentes de la burocratización de la revolución. El Che planteaba que la creación de instituciones formales de gobierno acarreaba el peligro de la burocratización. Por el contrario, ahora el acento pasó a ser puesto en la afirmación de que la burocracia crece en ausencia de canales que permitieran al pueblo tener cada vez más participación en las decisiones que afectan a sus vidas(5).

En el ámbito municipal los delegados eran elegidos por votación secreta entre más de dos (y hasta 8) candidatos. Éstos eran nominados en reuniones de vecinos organizadas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El PCC no nominaba oficialmente candidatos. Se entiende que los mismos lo eran con carácter personal. Sin embargo, la descentralización del poder que implicaba la elección en el ámbito municipal, contrastaba con la centralización en los escalones superiores del sistema. La elección de los miembros de las Asambleas Provinciales y Nacional no era hecha directamente por las bases, sino por los delegados de las Asambleas Municipales, sobre candidatos propuestos por comités formados por los funcionarios del Partido y de las "Organizaciones de Masas", controladas también por el Partido. En la Constitución de 1976, estas organizaciones tenían un status especial: eran nombradas específicamente en el Art. 7, donde "El estado socialista cubano reconoce, protege y estimula a las organizaciones sociales y de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba (...) los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de Pioneros de Cuba"

Así, pues, si bien el 55% de los diputados a la Asamblea Nacional debían ser delegados de las Asambleas Municipales, el 45% restante provenía de otros orígenes distintos del mandato popular, e incluían a Fidel y a todo el gobierno central. A través de este ambiguo mecanismo se institucionalizaba la superposición del Partido Comunista (la proximidad entre las fechas del Primer Congreso del PCC y la puesta en marcha del Poder Popular no se debió a una mera coincidencia) y la nueva estructura estatal. Así las estadísticas reflejaban que un 75% de los delegados municipales elegidos cada dos años y medio eran miembros del Partido. Y de los diputados nacionales, elegidos cada cinco años, los miembros del Partido y de la Juventud (UJC) eran prácticamente el 100%.

¿Cómo se articulaba la relación entre "la fuerza dirigente superior de la sociedad" y "el poder (que) pertenece al pueblo trabajador, que lo ejerce por medio de las asambleas del Poder Popular"? Raúl Castro lo explicó detalladamente:

"El Partido deberá utilizar como vía principal para asegurar que sus orientaciones y criterios sean puestos en práctica por los órganos del Poder Popular, la labor de los militantes que forman parte de dichos órganos como delegados o como miembros de sus Comités Ejecutivos. Los militantes del Partido "cualquier sea el lugar donde trabajen y el cargo que ocupen están obligados a cumplir y a aplicar las decisiones del Partido, y a convencer (no a imponer ni obligar) a los no militantes de la justeza de esas decisiones y de la necesidad de cumplirlas". Si luego de agotado el uso de todos los métodos y recursos que son propios de su actividad y de sus relaciones con las demás instituciones, el organismo dirigente del Partido en una instancia dada (la municipal, por ejemplo) no logra que los órganos de Poder Popular de esa instancia sigan una recomendación u orientación que considere importante, debe dirigirse a la instancia inmediata superior del Partido (la regional en este caso) para que ésta discuta el asunto con la instancia regional del Poder Popular; si ésta tampoco estuviese de acuerdo con el Partido, el organismo partidista de dirección regional (si la cuestión tiene la suficiente envergadura), deberá dirigirse a la instancia provincial de dirección del Partido para que ésta discuta el problema con la instancia provincial del Poder Popular. En el supuesto caso (que no es lógico que se dé en la práctica) de que tampoco a este nivel hubiese acuerdo, el asunto se elevaría a la Comisión Nacional de Constitución de los Organos del Poder Popular en Matanzas y, en última instancia, al Buró Político y al Consejo de Ministros"(6)

Ciertamente, "no es lógico que se dé en la práctica" un supuesto caso tan extremo, porque, si nos atenemos a las estadísticas de la composición política de los delegados municipales y diputados nacionales citadas más arriba, no es lógico que alguien discuta consigo mismo; al menos, por mucho tiempo.

El funcionamiento de las Asambleas incluye la obligación de reuniones periódicas de "rendición de cuentas" de los delegados hacia sus electores, y la posibilidad por parte de éstos de llegar a la revocación de mandatos. De acuerdo al Art. 102 de la Constitución, las Asambleas del Poder Popular estaban investidas "de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas. (...) ejercen gobierno y (...) dirigen entidades económicas, de producción y de servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas para satisfacer necesidades (...) de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una".

No obstante, cuando las asambleas locales del poder popular trataron de paliar los graves problemas derivados de la crisis de la vivienda, por citar uno de los problemas más sentidos por los cubanos en esa década, terminaban chocando con la falta de recursos y de control real sobre los organismos centrales del estado, que tenían otras prioridades, fijadas en niveles que no respondían a las bases. Evidentemente, la "subordinación" que constitucionalmente dichos organismos debían al poder popular, no iba más allá de las páginas bienintencionadas de la carta magna. A su vez, importantes rubros quedaban excluidos de la discusión y decisión del Poder Popular: la política exterior y la política económico-social, por ejemplo.

Estas falencias del "sistema más democrático del mundo", terminaron siendo percibidas por todo el pueblo. De acuerdo a una serie de encuestas publicadas por la revista Bohemia en julio de 1990, un 40% de los entrevistados sentía que no jugaba ningún rol en el gobierno del país, y no tenía confianza en su delegado local. El 50% afirmaba que sus delegados no tenían autoridad para resolver los problemas con los que se enfrentaban y que eran considerados como poco más que mensajeros entre el pueblo y una administración central sobre la que no tenían ningún control efectivo. Las asambleas de rendición de cuentas hacia las bases por parte de los delegados también sufrieron bajas en las concurrencias. De las muy altas concurrencias en los primeros años, bajaron a un 50-60 % a fines de la década del 90, reflejando la creciente desconfianza hacia la eficacia de la institución del Poder Popular.

Estos problemas se reflejaron tempranamente en la misma Asamblea Nacional, en sus sesiones de junio de 1978, a los dos años de vida de la nueva institución. En los acalorados debates de esos días subyacía la conciencia de que el grado de participación y el interés en el Poder Popular había disminuido dramáticamente. Ante la afirmación de que había "falta de interés e iniciativa" por parte de los delegados de la base en el ámbito municipal, éstos respondieron vehementemente que el problema se debía a la falta de recursos con que contaban para responder a las demandas populares. Sobre todo con el problema de la vivienda. Ante la exigencia de satisfacer estas demandas, Fidel Castro respondió que "todo el rosario de quejas" se debía al subdesarrollo, que primero se debía construir el socialismo, para ello había un camino ya planificado, y que ni la dirección ni la naturaleza de ese camino serían materia de debate:

"No podemos simplemente hacer cosas porque el electorado dice que es lo mejor, que es bueno, realmente hermoso. Hay muchas cosas hermosas en el mundo que tienen que esperar para ser realizadas. Incuestionablemente hay un plan anual de trabajo, construcción, y cuando se hace este plan, los deseos del electorado no pueden ser tomados en cuenta... Las estadísticas y las necesidades concretas serán las que determinen donde debe ser construido un hospital"(7).

Fidel continuó enfatizando que los delegados debían diferenciar entre "problemas subjetivos y objetivos". Los problemas objetivos quedaban fuera del campo de las resoluciones del Poder Popular: sólo podían resolverse mediante el desarrollo, y la asignación de los recursos a invertir para el desarrollo económico era facultad de los organismos centrales. Entonces, el Poder Popular debía concentrarse en la solución de los problemas descriptos como "subjetivos", o sea, los que tenían que ver fundamentalmente con la naturaleza y la provisión de los servicios.

Esta concepción sobre la capacidad del "centro" para decidir lo mejor o más conveniente para la población, siguió siendo un elemento clave de continuidad entre la gestión gubernamental "sin instituciones formales" en la década del 60 y la "participativa" de la década del 70.

La reforma constitucional de 1992.

La caída del Muro de Berlín en 1989, el posterior colapso soviético y la disolución del COMECON en 1991, sumados al endurecimiento del bloqueo yanqui, pusieron a Cuba al borde de la catástrofe. Ello obligó al gobierno a llevar adelante la política del "período especial en tiempos de paz". Fueron tomadas urgentes medidas para procurar el autoabastecimiento de alimentos, la movilización militar del "trabajo voluntario", el racionamiento generalizado, la descentralización de la gestión en las fábricas y las granjas estatales, recortes drásticos en el consumo de petróleo y otras fuentes energéticas, estímulos al turismo y la biotecnología, promoción de la inversión de capitales extranjeros en todos los ámbitos productivos, una participación militar creciente en la gestión económica y la despenalización de la tenencia de dólares por parte de la población.

En cuanto al funcionamiento del Poder Popular, que como hemos visto, estaba formalmente revestido de cualidades como las recomendadas por los clásicos del marxismo, tal como las interpretaba la dirección cubana -a saber, la fusión del poder ejecutivo y el legislativo, la revocabilidad inmediata de los elegidos, los delegados electos continuaban trabajando y cobraban salarios de trabajadores- no logró un objetivo fundamental: erradicar la burocratización (tal como la entendía dicha dirección: como una cuestión cuantitativa). El mismo Fidel Castro reconocía que "en 1973 había 90.000 empleados administrativos en el país, y para 1984, la cifra subió a 250.000"(8).

Ya antes de la caída del muro, había comenzado la campaña de "Rectificación de Errores". Se procedió al desmantelamiento de los mecanismos económicos copiados de la URSS y al "revival" de las motivaciones de la década del 60: el voluntarismo, la capacidad de las masas para lograr lo aparentemente imposible, y vuelta al pensamiento del Che. El llamado en marzo de 1990 al Tercer Congreso del PCC fue acompañado por la condenación de "la búsqueda irreal de la unanimidad, que a menudo es falsa, mecánica y formal", y la necesidad de una "discusión democrática en el Partido y la Revolución, como parte de la búsqueda de soluciones". A pesar del carácter positivo de este reconocimiento al admitir que las prácticas anteriores (a marzo de 1990, o sea, a 31 años de la asunción del poder y a 14 años de vigencia del Poder Popular) habían sido antidemocráticas, nuevamente era notable el hecho de que toda iniciativa democratizadora seguía partiendo, en los hechos, de la cumbre del régimen, o sea del mismo Fidel Castro.

En las casi 90.000 reuniones de discusión previas al Tercer Congreso del Partido (de acuerdo a la información oficial) se reflejaron en alguna medida la envergadura de los problemas. Abundaron las quejas sobre ineficacias ridículas, procedimientos burocráticos, y duras críticas a las instituciones que supuestamente serían los medios por los que el pueblo participaría en la toma de decisiones que afectaban a sus vidas. En cierto modo, recordaban a las críticas que siguieron al fracaso de la cosecha de los 10 millones de toneladas de azúcar de 1970. También fue similar la respuesta que se proponía como solución: la descentralización. Pero justamente la descentralización fue lo que se había tratado de poner en práctica a través de la institucionalización del Poder Popular, con el resultado que entonces se criticaba tan vivamente. Es evidente que la descentralización no es sinónimo de democratización, como la dirección pretendía hacer creer.

Hubo reformas, dentro de ciertos límites: se instituyó el procedimiento del voto secreto para la elección de autoridades partidarias, se renovó drásticamente el Comité Central (en un 53 %), incorporando miembros más jóvenes, y se eliminó al ateísmo como requisito para ser miembro del Partido.

Este movimiento se reforzó con los cambios a la Constitución Cubana propuestos por el PCC, y adoptados por la Asamblea Nacional en julio de 1992. A pesar de la envergadura de los cambios constitucionales, no se convocó a referéndum, como establecía la misma Carta Magna, porque "el gobierno no se podía dar el lujo de paralizar el país".

En la nueva Constitución se suprimieron las referencias a la "dictadura del proletariado" y la pertenencia a una "comunidad socialista" ya inexistentes, y se dejó de identificar por su nombre a las organizaciones de masas. No obstante, Cuba sigue siendo un estado unipartidista. Se creó la institución del Consejo Nacional de Defensa, que se encargaría de "dirigir a la nación en condiciones de estado de guerra, o de movilización general, o de emergencia". La tendencia a concentrar todo el poder en la persona de Fidel Castro se acentuaba aún más: como presidente, encabeza al nuevo Consejo.

Respecto al Poder Popular, hubo cambios sustanciales. En primer lugar, los delegados provinciales y nacionales también serían elegidos por el voto popular directo. Sin embargo, la forma en que la Ley Electoral de noviembre de 1992 reglamentaba esta decisión limitaba considerablemente su contenido democrático. Los candidatos para las asambleas provinciales y nacionales no serían nominados por la base, como en el caso de los candidatos municipales. Antes bien, serían propuestos por las "comisiones de candidaturas", integradas por las "organizaciones de masas" y dirigidas por la Central de Trabajadores de Cuba. Como ya hemos dicho, todas estas organizaciones de masas se hallan dirigidas por el PCC. De la lista así propuesta las distintas asambleas municipales armarían la lista definitiva, seleccionando la cantidad exacta de candidatos que se requirieran para llenar los puestos vacantes. En consecuencia, el derecho del elector a elegir directamente está limitado a poder votar por el total de los candidatos, por sólo algunos de ellos, o por ninguno. A su vez, cada candidato debía superar el 50% de los votos para ser elegido.

De esta manera, las recomendaciones del Cuarto Congreso del PCC para las elecciones directas por la base de los delegados y diputados de las Asambleas Provincial y Nacional del Poder Popular, habían sido manipuladas en un sistema que canalizaba la elección a través de controles que en realidad terminaban negando el carácter democrático y directo del proceso electoral.

En consecuencia, el hecho de que el Partido como tal dejara de participar en la nominación de los candidatos para las Asambleas Nacional y provincial, no eliminaba el virtual entrelazamiento entre el Partido y el Poder Popular, fuente de la principal ambigüedad y el principal factor que socava la legitimidad y autoridad de dicho poder como una institución democrática genuina. La fusión entre el Partido y el Estado se encuentra en la base de esta ambigüedad, reflejada en que a medida que se escala en los niveles del Poder Popular la participación de los miembros del Partido crece hasta virtualmente el 100%.

La cuestión de los derechos democráticos en Cuba.

En el amplio espectro de los defensores de la Revolución Cubana (para hablar con mayor precisión, diremos del régimen pos-revolucionario cubano), hay quienes comparan el sistema del Poder Popular con el vigente en los países con sistemas democráticos burgueses. En esta comparación, los últimos, por supuesto, no salen bien parados. Como bien sabemos, la democracia burguesa da igualdad de oportunidades sólo en el papel, pues las candidaturas quedan principalmente al alcance de los políticos profesionales, quienes a su vez dependen de quienes les financian sus campañas, y por lo tanto los ricos tienen muchísima mayor voz y voto que los trabajadores. A este hecho le podemos agregar la corrupción, el uso desvergonzado de la demagogia y la mentira en las campañas, la compra-venta de votos y otros rasgos que en nuestra Argentina conocemos demasiado bien. La alternancia en el gobierno entre los partidos políticos termina siendo una alternancia entre los distintos encargados de llevar adelante una misma política, favorable a las grandes corporaciones comerciales, industriales y financieras.

Siguiendo esta argumentación, en cambio, en Cuba, si bien hay un sistema unipartidista, el PCC "no es un partido electoral". No nombra ni apoya oficialmente a ningún candidato para los puestos. No hace las leyes ni elige al jefe de Estado, pues estos roles son jugados por la Asamblea Nacional, que es elegida por el pueblo, y para ser miembro de la misma no se requiere el carnet del partido. Es verdad, la mayoría de los delegados también son miembros del PCC, pero hay muchos que no lo son. Además, el partido no está abierto para cualquiera. Cerca de un 15 % de la población adulta son afiliados al PCC. Su ingreso es seleccionado en un proceso que incluye entrevistas con compañeros de trabajo y vecinos. Deben ser ciudadanos modelos, fuertes defensores de la revolución, buenos trabajadores, queridos y respetados por sus compañeros y vecinos, haber tenido participación y roles de dirección en algún organismo de masas, buenos esposos y padres de familia, con un comportamiento intachable, evitando el abuso del alcohol, etc. De esta manera, el partido es visto como la vanguardia de la revolución, y tiene una enorme influencia, pero su autoridad es moral, no legal.

De acuerdo a esta línea argumental, es irónico que en los países capitalistas se diga que Cuba no protege los derechos políticos, pues en realidad en Cuba se está desarrollando un sistema que está deliberadamente diseñado para asegurar que el derecho del pueblo a votar no sea manipulado en un proceso controlado por los ricos. Tomemos el caso de la prensa. Se suele decir que en Cuba el estado controla los periódicos. En verdad, la propiedad privada de los mismos está prohibida. Pero los periódicos son hechos por las distintas organizaciones: el PCC, las federaciones de trabajadores, la de los pequeños agricultores, la de asociaciones de estudiantes, etc. En cambio, en EE.UU. y en el resto del mundo capitalista, los principales periódicos y demás medios de comunicación masiva son propiedad de las grandes corporaciones y grupos económicos. Así en Cuba hay un sistema que propugna el principio de la libertad de prensa a un nivel más avanzado que lo que ocurre en el capitalismo, donde la misma sólo es un derecho abstracto para la gran mayoría de los trabajadores.

Esta manera de presentar la realidad cubana, si bien tiene bastante razón en la crítica de la situación de los países capitalistas, adolece de las mismas fallas en que caían hasta hace algo más de una década los defensores del así llamado "socialismo realmente existente" (más adecuado habría sido llamarlo "socialismo realmente imaginario"). Esta línea argumental parte de aceptar la retórica oficial en forma totalmente acrítica. Los dirigentes de las organizaciones de masas son todos miembros del PCC. Por lo tanto el peso del partido en las comisiones electorales es abrumador, si no total. En la vida cotidiana es una práctica aceptada que las "sugerencias" del PCC son obedecidas, aunque esto se haga de manera informal, pues no está "establecido por la constitución", y por lo tanto, los candidatos propuestos por el partido son los elegidos. El ser miembro del partido es un requisito ineludible para todo cargo de cierta responsabilidad. En el terreno de esta práctica cotidiana no hay represión, ni conspiración, ni rol formal escrito del PCC; tan sólo se trata de una práctica establecida y legitimada por 40 años de dominación y control político.

Con respecto a la libertad de prensa, sabemos muy bien quiénes disfrutan en ese derecho en las "democracias". Pero en los principales medios de comunicación de Cuba no hay prácticamente espacio para opiniones críticas a las medidas del gobierno. Este es un hecho reconocido por intelectuales y militantes revolucionarios cubanos, en los últimos años, en artículos aparecidos en nuevas publicaciones de poco tiraje, como "Acuario", "Temas" y "Contracorriente".

En los últimos años parece haberse abierto algún espacio libre en los medios académicos y universitarios, pero también se sigue reprimiendo a los intelectuales comunistas y revolucionarios que se alejen del pensamiento vigente en la cumbre del partido, como ocurrió con el ataque público y la posterior dispersión de los investigadores del Centro de Estudios sobre América (CEA) en 1996, por haber cometido el error de enfocar su estudio crítico a los problemas de la propia Cuba.

Hay otro tipo de defensa incondicional del régimen pos-revolucionario cubano, que cae también en un error muy extendido en la izquierda: la distinción -a menudo, la contraposición- entre la democracia formal y la democracia sustancial, o de contenido. En la primera se gozaría de los derechos políticos, y en la segunda, de los derechos materiales. Esta distinción puede ser útil en la medida en que identifiquemos y critiquemos como "democráticos formales" a aquellos regímenes que pretenden ser democráticos porque hacen uso de ciertos mecanismos formales, aunque en realidad éstos carecen de todo contenido democrático significativo, debido a la desigualdad social en los hechos, o a la vigencia de restricciones que terminan viciando los principios democráticos, como es el caso de los estados burgueses que hemos analizado anteriormente.

Pero de allí no se desprende que pueda existir una democracia sustancial o de contenido (con rasgos verdaderamente igualitarios), que no sea también formal. Por ejemplo, la Comuna de París había establecido un mecanismo formal de elección y revocatoria de los delegados. En forma parecida, los soviets rusos (hasta que comenzaron a perder su carácter democrático por las medidas adoptadas en la guerra civil), habían establecido mecanismos formales de representatividad y de elecciones cada tres meses de sus delegados(9). Pensar que la democracia formal puede ser ignorada en aras de la democracia sustancial o de contenido significa pensar que la masa de la población puede de alguna manera tener dirigentes "democráticos" sin tener derecho a votar por otros y sin protección para las opiniones de las minorías. De acuerdo a esta línea de pensamiento, el régimen pos-revolucionario de Castro aunque no fuera formalmente democrático, sí lo sería en su contenido. O sea, a pesar de que el pueblo cubano carece totalmente de un poder político independiente, de algún modo, gracias a la benevolencia de sus dirigentes, goza de una democracia sustancial, muy superior a la de los explotados en los países capitalistas.

Habría otro motivo, de acuerdo a los defensores incondicionales, para restringir los derechos políticos en Cuba, es decir, para no permitir la existencia de otros partidos o corrientes políticas, e incluso condenar penalmente a quienes se atrevan a publicar posiciones opositoras. Este motivo es la formidable presión de su poderoso vecino, el imperialismo yanqui. Las libertades democráticas podrían ser rápidamente aprovechadas por el gobierno de EE.UU. y sus agentes para atacar al régimen pos-revolucionario desde una cabecera de playa política. Como dijera Fidel en la época de la perestroika, "Nosotros no estamos en el Mar Negro, sino en el Caribe. No a 90 millas de Odessa, sino a 90 millas de Miami"(10).

Sin embargo, aparte de la geografía, Cuba tenía otras diferencias con la URSS y sus estados satélites, producto de su propia historia, que contaban y cuentan a su favor, como es la de una revolución antiimperialista y anticapitalista con innegable apoyo popular, que sigue manteniendo en gran medida aún hoy.

No podemos estimar la verdadera magnitud de ese apoyo, debido al control y manipulación gubernamental de esa información, pero aceptemos por un momento las cifras oficiales de la última elección a la Asamblea Nacional del Poder Popular, con un 98 % de asistencia y un 95 % de aprobación por la lista única completa, y donde Fidel y su hermano Raúl lograron más del 99 % de los votos; ese apoyo abrumador de la población podría contrabalancear generosamente cualquier presión foránea que quiera atacar al régimen por medios políticos.

La cuestión del socialismo.

El argumento de la defensa del "régimen socialista" fue utilizado para aplastar los levantamientos de Hungría en 1956, la primavera de Praga en 1968 y las movilizaciones de Solidarnosc en Polonia en 1981, por citar los hitos más importantes. Sin embargo, llegó la década del 90, cayeron los "regímenes socialistas" como fichas de dominó, y la restauración capitalista entró de la mano de grandes sectores de la nomenclatura estatal, que hasta el día anterior estaba al frente de dichos regímenes, con los antiguos burócratas transformados ahora en nuevos burgueses.

Claramente, la situación de Cuba no es esa. Salvando importantes diferencias, su régimen se asemeja hoy más al de China o el de Vietnam. ¿Qué tipo de régimen es el cubano?

Primeramente, cabría una distinción. Coincidimos con la socióloga Marifeli Pérez-Stable cuando afirma que:

"A pesar de mi convencimiento de que sociológicamente la categoría de revolución no es aplicable a la Cuba actual, no se pueden ignorar tres realidades: primero, los gobernantes cubanos son básicamente revolucionarios de 1959; segundo, lo alcanzado durante la revolución y el socialismo hace que un porcentaje importante de la población mantenga una apuesta sicológica-emocional por 'la revolución'; y tercero, revolución y nación han estado íntimamente ligadas"(11)

No podríamos hablar de fechas exactas, pero ubicaríamos el fin de la Revolución Cubana como tal, hacia fines de la década de 1960 aproximadamente. Lo que siguió fue la consolidación de un régimen pos-revolucionario que en un anterior trabajo hemos calificado de bonapartista. Para una discusión más detallada, nos remitimos al mismo(12).

Verdaderamente, las realidades que la socióloga no puede ignorar, llevan, en el caso de Cuba, a la confusión entre los conceptos de revolución y socialismo. No obstante discrepamos con la autora en cuanto a la calificación de socialista al régimen pos-revolucionario. Luego de las experiencias de la última década es más necesario que nunca aclarar sobre el significado del socialismo y si pueden calificarse de socialistas tanto a los regímenes que sucumbieron arrastrados por la caída del muro de Berlín como a los sobrevivientes.

Para ello debemos remontarnos a la Revolución Rusa de 1917, primer y único caso de revolución obrera socialista triunfante. Los acontecimientos posteriores, como el agotamiento en la guerra civil de la clase obrera urbana y de su vanguardia, el atraso secular del país, con una población mayoritariamente campesina, el aislamiento de la URSS en medio de un cerco internacional hostil, el fracaso de la revolución europea, la aparición de capas sociales relativamente privilegiadas, la burocratización del partido y la presión de las viejas estructuras estatales heredadas del zarismo condujeron a la misma a un régimen pos-revolucionario donde las medidas, en un primer momento, excepcionales, de dominación y de control aplicadas por el Partido Bolchevique se transformaron en permanentes. Así, la dictadura del proletariado, definida por Marx como "el proletariado erigido como clase dominante", devino en una dictadura del partido único, cuya culminación, no sin traumas y dramáticos conflictos, que incluyeron la liquidación física de la misma dirección bolchevique que había encabezado la revolución, fue el estalinismo.

Los primeros pasos adoptados, como la nacionalización de la tierra y los medios de producción y el monopolio estatal del comercio exterior, que debían ser seguidos de otras medidas tendientes a la verdadera socialización de la estructura productiva, junto al creciente control de la producción y la distribución por parte de los trabajadores autoorganizados, quedaron congelados, dando lugar a la erección y consolidación de un estado crecientemente divorciado del resto de la sociedad, con rasgos cada vez más totalitarios. Sin embargo esta evolución fue enmascarada permanentemente con las banderas del socialismo, cuyas ideas fueron vaciadas, ritualizadas y transformadas en una ideología justificadora del dominio burocrático. De esta forma, se consolidó el "estado socialista", fórmula que creemos que habría llenado de pavor al mismo Marx, pero que, sin embargo, utilizaron los marxistas de todo el mundo como algo natural y acorde con "la doctrina marxista".

En su simplificación extrema, "la doctrina" afirmaba que el Estado era sólo una superestructura jurídica y política que se levantaba sobre la estructura económica de la sociedad, de acuerdo a la apresurada lectura de un célebre texto, tantas veces citado como vapuleado(13). El Estado entonces sólo podía ser un Estado burgués o un Estado obrero. No cabían híbridos. Salvo para algunas voces aisladas, la URSS, y los demás Estados que se formaron luego por su influencia o a su semejanza, eran Estados obreros. Los marxistas críticos en general, con distintos matices, sólo agregaban (perdón! Hay muchos que aún agregan) a sus definiciones diferentes grados de degeneración o deformación, debido al dominio burocrático de dichos estados.

Sin embargo, es sabido que el plan de Carlos Marx para su obra sobre El Capital incluía un punto sobre el Estado. Así por ejemplo, en uno de sus bosquejos del plan de investigación, en el "Cuaderno II", el Estado era una de las seis partes de su plan:

"Concepto general de capital... Después del capital habría que ocuparse de la propiedad de la tierra. Tras ésta, del trabajo asalariado... Luego el estado... El estado volcado al exterior: colonias. Comercio exterior... Por último, el mercado mundial"(14)

No pudo completar su plan, y el del Estado fue uno de los puntos que no llegó a desarrollar. No obstante, a lo largo de su obra las referencias al Estado no escasean. En su obra teórica, Marx, antes que la alegoría de una infraestructura como el suelo, y una superestructura como la casa y el techo (como reza "la doctrina" antes descripta), utilizaba la "Metáfora del círculo: un punto de la circunferencia determina a otro, pero es por su parte determinado, aunque cada tipo de determinación sea diferente"(15).

Podemos suponer, sólo suponer, entonces, que si elEestado era el tema de una de las seis partes en que se dividía su trabajo sobre EL CAPITAL, evidentemente Marx no consideraba al estado como una mera superestructura. Lamentablemente, no llegó a desarrollar este tema. Probablemente en su desarrollo habríamos aprendido mucho sobre las mutuas determinaciones entre el Estado y el Capital. Quién sabe, hasta entender cómo una determinada estructura estatal surgida de una revolución anticapitalista podía llegar a generar, en ciertas condiciones de autonomía respecto a la sociedad de la que emanaba, formas de explotación y alienación inéditas, íntimamente emparentadas a esa relación social que es el capital. Dentro de ese camino hipotético, comprenderíamos mejor cómo se articulan las restauraciones capitalistas con los "Estados socialistas". Y dentro de esa visión general, nos ayudaría a comprender mejor a un caso especial del "socialismo realmente imaginario". Nos referimos al Estado y la sociedad que surgieron de la Revolución Cubana. Queda pendiente para los marxistas de hoy este menudo trabajo.

 

NOTAS

(1) Antonino Infranca: El Otro Occidente, Colección Herramienta, Editorial Antídoto, Buenos Aires, 2000.

(2) Id., pp. 40 a 42.

(3) Ensayos de Interpretación de la Revolución Cubana, F. T. Sobrino, Revista Herramienta Nro. 10, Invierno de 1999, Buenos Aires.

(4) Fidel Castro, discurso del X Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas.

(5) Nelson Valdés, "Revolution and Institucionalization in Cuba", Cuban Studies-Estudios Cubanos, Vol. VI, Nro. 1, Enero 1976, p. 20.

(6) Raúl Castro, Discurso en la Clausura del Seminario a los Delegados del Poder Popular, Matanzas, 22/08/74.

(7) Fidel Castro, intervención ante la sesión vespertina del 29/06/78 de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

(8) Granma Semanal, 06-07-86.

(9) Samuel Farber, "Cuba: the One-Party State Continues", New Politics, Summer 1995.

(10) Fidel Castro, "Discurso en el 35 aniversario del ataque al Moncada", 26/07/88.

(11) Marifeli Pérez-Stable, "La Cuba pos-revolucionaria: Sociedad y cultura en la década de los noventa" (Ponencia presentada en la XIV Reunión del Instituto de Estudios Cubanos, Rollins College, Winter Park, Florida, 14-27/06/92).

(12) F. T. Sobrino, ob.cit.

(13) Carlos Marx, Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Ediciones Estudio, Buenos Aires, 1970, p. 9.

(14) Citado por Enrique Dussel: "La Producción Teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse" , Siglo XXI, México, 1985, p. 62.

(15) Enrique Dussel, ob.cit., p. 47.
 
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