Un sistema político rezagado
respecto a la sociedad civil
Roger Sue
Roger Sue es sociólogo, profesor
en la Universidad de París V-Sorbonne. Autor de Renouer le lien
social, Odile Jacob, 2001. Publicado en Iniciativa Socialista 66, otoño
2002.
Tal y como se nos quiere hacer creer, ¿es cierto que vivimos en
un periodo de regresión democrática? (1). Bastantes indicadores
apuntan en ese sentido: abstención record, desprestigio de la clase
política, falta de civismo, débil cohesión social, incremento
de la violencia, ascenso de los extremismos (2)... Sin embargo, hay que desconfiar
de las falsas evidencias y de los juicios apresurados. Pues podría
ser que la crisis de lo político y el sentimiento de desazón
en el seno de la democracia no fuesen tanto efectos de una regresión,
sino más bien efectos de una progresión de la exigencia democrática
en la sociedad civil, a la que las actuales instituciones políticas
no saben ni pueden dar ya respuesta.
En lo esencial, esta carencia de perspectivas de la democracia representativa
se explica por dos grandes evoluciones sociológicas. Por un lado, la
política pierde su poder a causa de la mundialización, del
economicismo triunfante y de la deserción de los grandes relatos e
ideologías que daban todo su poder al discurso político. Por
otra parte, la sociedad civil ha ganado en madurez política y en autonomía.
Los valores de la democracia se han difundido progresivamente en ella, elevando
considerablemente el nivel de exigencia ante lo político. Así,
la denuncia de los escándalos políticos, de los privilegios,
de los atropellos y del nepotismo en el entorno político no se debe
a que ahora haya una clase política especialmente corrompida. Las
costumbres en este entorno no se han hecho súbitamente nefastas (3),
pero el nivel de conciencia alcanzado por la opinión pública
prohibe a partir de ahora aquello que se ha practicado durante largo tiempo
con total impunidad, sin que nadie se conmoviese por ello, ni el ciudadano
ni tampoco el magistrado o el periodista.
Esta creciente distancia entre sociedad civil y representación política,
que toma la forma de un divorcio entre ambas, nos invita a volver a plantearnos
la cuestión democrática. Ha pasado el tiempo en el que para
calificar como democrático a un régimen bastaba con la regular
elección de representantes por sufragio universal. Nuestra percepción
de la democracia es marcadamente más avanzada, exigente y compleja.
Hay que recordar que el régimen democrático, a diferencia de
otros regímenes, no es un estado (¡ni el Estado!) en el que
se satisfacen normas institucionales y procedimientos jurídicos, por
justos que sean, sino que es un proceso continuo e histórico de democratización,
del que cada época se deba dar una versión más avanzada
y más conforme a su imaginario inicial: el autogobierno de la sociedad
por sí misma.
En una sociedad en movimiento, una democracia que no progresa, retrocede.
El cuestionamiento de la política resulta de su creciente incapacidad
para cumplir las funciones que eran tradicionalmente las suyas, de forma muy
particular las del poder, el discurso, la representación y la legitimidad.
Es indiscutible la pérdida de poder de lo político en razón
de la relativización del lugar del Estado-nación. Mundialización
(4) y localismo desafían por arriba y por abajo ese lugar esencial
de la legitimidad política, en cuyo interior se ha forjado la identidad
de los regímenes democráticos. Ciertamente, no estamos ante
el fin de los Estados-nación, sino, más bien, ante su banalización
en una especie de balcanización de los poderes, sin que emerja una
verdadera gobernanza mundial a la altura de la globalización de las
cuestiones políticas actuales (medio ambiente, salud, pobreza, regulaciones
económicas, terrorismo, etc.) (5). Lo que el poder político
ha perdido con el declive de la autonomía de las naciones no lo ha
recuperado en otras instancias que puedan reivindicar para ellas una auténtica
legitimidad democrática y un ejercicio efectivo del poder.
De la sociedad política a la sociedad de mercado
Este vacío relativo ha dejado campo libre al despliegue de un mercado
sin fronteras, que usa y abusa de las ventajas comparativas entre las naciones,
del dumping social y del chantaje de la deslocalización, un mercado
que hoy trata de ocupar progresivamente los dominios “reservados” del Estado
y de las políticas públicas, como es el caso de la salud, la
educación, los servicios sociales, la información, etc. En
este sentido, hemos pasado de una sociedad política a una sociedad
de mercado, consagrando lo que cabe denominar como una derrota de la política.
Se puede medir la extensión de esta derrota por el crecimiento del
paro y de la precariedad y por la fuerte progresión de las desigualdades.
La exclusión social, es decir, en su sentido propio, la denegación
de ciudadanía, así como la desinserción social o la desafiliación
(6), ponen directamente en cuestión la responsabilidad política
en lo que hace a su deber de integración. La recrudescencia de las
desigualdades mina el suelo sobre el que se apoya el consenso democrático
de la postguerra en torno a un progreso que debía beneficiar a todos,
pero particularmente a las más desfavorecidos. Exclusión, pobreza
y aumento de las desigualdades han sido los reveladores ante la opinión
pública de una impotencia política que ya ha sido consumada
en gran medida.
El poder no reside solamente en la acción gubernamental, sino también
en el discurso y en la adhesión que suscita. La palabra política
es ante todo un discurso social, una representación general en torno
a la cual cada uno se reconoce y posiciona.
Hoy, las grandes ideologías mesiánicas han caducado, y la distinción
entre derecha e izquierda provoca creciente perplejidad. Pero, además
de este agotamiento de los contenidos ideológicos, lo que se manifiesta
de forma más prosaica es la incapacidad para suscitar la adhesión
por medio del discurso, para “hacer soñar”, como se suele decir acertadamente.
Una sociedad de individuos (7) más instruidos y más autónomos
es menos receptiva a un discurso global que llega desde arriba. Salvo caso
de grave crisis, ningún discurso político puede provocar ya
una adhesión tal que lo tome como “verdadero”.
La relajación de las relaciones, antes estrechas, entre los intelectuales
y el medio político ha contribuido igualmente a la desideologización
del discurso político, que cada vez se inspira menos en nuevas corrientes
de pensamiento. Este discurso proviene, con mucha más frecuencia,
de temas sociales puestos de relieve y orquestados por un puñado de
periodistas que “crean opinión” (8). Así, el poder del discurso,
donde residía la fuerza de la política, no es más que
un simple discurso del poder. Con programas electorales poco o nada cumplidos
(9), lo político ha perdido también algo de su credibilidad.
Como se sabe, el discurso político tiende a convertirse en una especie
de espectáculo de variedades, que se autocaricaturiza en las emisiones
que le ofrecen refugio. Lo político se hace representación
espectacular, cada vez más apartado de la verdadera representación
de la sociedad civil.
Ya nadie puede representar a nadie de forma duradera
Con la modernidad y el nacimiento del Estado-nación, la cuestión
democrática se enfrenta a una doble paradoja (10): ¿cómo
conciliar lo numeroso con la razón?, ¿cómo justificar
que el individuo soberano pueda desprenderse del pleno ejercicio de su libertad
en beneficio de una asamblea de representantes?
Al comienzo de la Revolución francesa, democracia y régimen
de representación son considerados incompatibles. Después, se
instala un compromiso en torno a la noción híbrida de democracia
representativa, régimen que, más tarde, pasará a ser
considerado como una fase superior de la democracia, para ser finalmente asimilado
y confundido totalmente con la democracia misma. La aceptación de
tal régimen supone que se encuentren reunidas ciertas condiciones sociológicas.
Muy en particular, la relajación de las dependencias comunitarias
en beneficio de una identificación del individuo-ciudadano con la
patria y la nación, así como una relación de reconocimiento
entre elector y elegido que favorezca la proyección y la encarnación
del cuerpo social en el cuerpo político. Evidentemente, estas condiciones,
que han presidido la legitimidad de la democracia representativa y asegurado,
con altibajos, su continuidad, no son ya las mismas.
El individualismo, en particular, ya no tiene el mismo sentido que antes.
Del individualismo de “liberación” de las comunidades de pertenencia,
del que el Estado-nación ha sido crisol y palanca, hemos pasado a
un individualismo de “afirmación” cada vez más autorreferencial
e indiferente (incluso opuesto) a toda identificación de orden institucional.
Este individuo, que cada vez es más “él mismo”, no se reconoce
ya en ninguna forma de representación. En este caso no se trata tanto
de un repliegue sobre sí mismo como de un despliegue del sí
mismo, que puede ser indiferente a los otros pero que también puede
comprometerse en acciones colectivas. Estos compromisos son diversificados,
limitados en el tiempo, y el individuo cada vez acepta menos el perder o
alienar su libertad o transigir contra sus convicciones personales.
Ya nadie puede tener la pretensión de representar a cualquier otro,
de manera duradera y sobre la mayor parte de los temas que le conciernen.
Y la representación política, que sacaba de ello su legitimidad,
no puede pretender que sigue siendo así, tanto menos que con ella compiten
otras formas de representación, a las que se supone más próximas
al individuo: asociaciones, foros de debate, coordinaciones o movimientos
sociales, a los que se considera como representativos de la espontaneidad
y de la verdad de los colectivos de individuos asociados agrupados por una
situación, y no por una organización. Y eso sin tomar en cuenta
los sondeos de opinión, que compiten directamente con la política
en el ámbito de la representación de la opinión pública.
Cara a esta profunda mutación de lo “representable” de la sociedad
civil, la representación política, por su parte, apenas ha
evolucionado en sus procedimientos: el mismo mandato discrecional, el mismo
carrerismo, la misma pretensión de hablar en nombre de los demás,
los mismos intereses de “clase”, etc. En resumen, la representación
política genera cada vez menos ilusión... lo que plantea un
gran problema a una democracia que se califica como “representativa”.
Una política plenamente legítima consistiría en cumplir
estas grandes funciones -ejercicio del poder, enunciación de un discurso
en el sentido fuerte, capacidad de representación de la sociedad civil-
y en obtener reconocimiento por hacerlo. Pero como no es ese el caso, o lo
es cada vez con menos frecuencia, la clase política tiende a justificar
su legitimidad, en última instancia, por el sufragio universal (11).
Como si la elección, por sí misma y con independencia de cualquier
otra función, equivaliese a legitimación. En realidad, lo único
que hace es dar los derechos para ejercer las funciones políticas
que fundamentan la realidad de la legitimidad política. Dado que la
elección se ha transformado en el primer y último argumento
de la legitimidad de lo político, hace falta precisar todo aquello
que encubre. Desde el punto de vista del elector, se plantea la triple pregunta
por su calidad, su participación y su libertad de escoger. Los límites
impuestos al sufragio “universal” han sido siempre un buen indicador de la
evolución de nuestra concepción del régimen democrático.
En la actualidad, se ha hecho imprescindible avanzar en tres aspectos.
- la edad electoral, en sociedades en las que se pide a los jóvenes
una madurez cada vez más temprana;
- el voto de los extranjeros residentes regulares en las diversas elecciones;
- la organización de votaciones directas en los espacios territoriales
políticamente pertinentes, tal como los “países”, Europa y
otras áreas geográficas.
Se vota con más frecuencia “en contra” que “a favor”
El problema de la libertad de escoger por parte del elector debe llamar nuestra
atención cuando sabemos el poco crédito concedido a los partidos
que filtran, seleccionan y deciden las candidaturas presentadas. ¿Cómo
otorgar credibilidad a las criaturas de organizaciones que carecen de ella?
En consecuencia, la opción electoral escogida es con mucha frecuencia
el resultado de un descarte: se vota con más frecuencia “en contra”
que “a favor”... El resultado de las urnas, más que respuesta a una
demanda social, es respuesta forzada a una oferta restringida de antemano.
En cuanto al candidato, ¿qué decir de su legitimidad cuando
quizá sólo está inscrito en el censo el 90% del potencial
cuerpo electoral, cuando la participación es del orden del 60% y los
votos que recoge el ganador, en el mejor de los casos, está en torno
al 30%, siendo finalmente elegido con el apoyo de un 16% de los potenciales
electores? De hecho, el hacer del proceso electoral la única medida
de la legitimidad representativa tiende en ocasiones a volverse contra aquellos,
cada vez más numeroso, que han resultado electos con muy escaso apoyo
real. El presidente de la República, en Francia, no escapa a la regla,
ya que en la primera vuelta de las últimas presidenciales Chirac obtuvo
5.665.855 votos, un 12,5% del cuerpo electoral potencial. No se trata, claro
está, de cuestionar el uso de las elecciones, sino de reconocer que
no basta para garantizar la legitimidad del elegido ni para compensar el
preocupante déficit de las funciones de lo político ante la
sociedad civil.
Para muchos observadores, la crisis de la política es solamente una
faceta de la desagregación del vínculo social en su conjunto.
Esta apreciación es, no obstante, muy discutible. Por una parte, si
bien algunos índices apuntan hacia una disolución de los vínculos
sociales, otros indican la emergencia de nuevas formas de socialización.
Por otra parte, no puede exonerarse a la política de la primera de
sus responsabilidades: reforzar el vínculo, la cohesión y el
contrato social, y darle una traducción pública. En todo caso,
es cierto que el vínculo social están cambiando profundamente
de naturaleza.
Al vínculo instituido, prisionero de las costumbres, de las condiciones
y de los lugares, le sustituye hoy un vínculo más centrado
sobre el individuo y sus deseos, un vínculo más construido
que sufrido. El individuo, cuanto más se considera como tal, no semejante
a ningún otro, y cuando más se considera igual a todos (12),
libre y autónomo, apto para construir sus propias redes, más
se aproxima también al modelo originario de la libre asociación.
En ello reside una de las claves de la actual dinámica social. Por
asociación entendemos casi siempre una organización regida
por la ley de 1901, al modo de las grandes asociaciones caritativas, como
el Socorro popular, la Cruz Roja, los Restaurantes del corazón, el
Socorro católico...
El vínculo asociativo progresa allá donde el individuo se afirma
como persona
Mas esos símbolos de la asociación como organismo han ocultado
su realidad primera, la del vínculo social que surge “milagrosamente”
según Castoriadis (13), sin la que no pueden ser pensados ni el individuo
ni los valores de libertad e igualdad, ni el régimen democrático
ni la autoinstitución de la sociedad por sí misma. Repensar
la singularidad de la relación de asociación nos ayudaría
a librarnos de la oposición estéril entre individuo y sociedad,
superando sus respectivas filosofías políticas, por un lado
el individualismo contractualista del liberalismo y, por otro, la clausura
comunitarista de la que surgen los totalitarismos.
De hecho, el vínculo asociativo progresa primero en las relaciones
interpersonales, en los vínculos informales, en redes que escapan a
las instituciones, por los márgenes de la sociedad, donde el individuo
puede afirmarse como persona. No obstante, cuando las relaciones entre individuos
se transforman en la base, anticipan siempre desarrollos posteriores de los
marcos sociales, económicos o políticos. En este sentido, a
cierto tipo de vínculo social corresponde cierto régimen histórico.
Así, cuando en la historia se opone el antiguo y el nuevo régimen,
no se está designando solamente una mutación del régimen
político e institucional, sino también una ruptura y una profunda
recomposición del conjunto de las relaciones sociales, desde la base
hasta la cumbre.
Sería aventurado decir que estamos abordando actualmente un nuevo
régimen, en un sentido tan amplio. Pero parece claramente que la evolución
hacia el individualismo relacional y la asociación comienza a manifestarse,
tanto en lo económico como en lo político.
Esta potencial dinámica del vínculo asociativo no se traduce
en una evolución institucional que se corresponda con ella ni en un
discurso político que muestre cierta toma de conciencia. Respecto
al vínculo social de base, la representación de la sociedad
parece bloqueada, lo que provoca ese sentimiento de endurecimiento de las
relaciones sociales, resultado de la incapacidad de reconocer y responder
a este movimiento social (14) procedente de las profundidades de la sociedad.
Así, esto explica la amplitud de la desautorización de la política.
La clase política no es capaz de dar cuerpo -social, económica
y políticamente- a la demanda de asociación; más aún,
representa su antítesis. Nada hay más alejado de la asociación
que esa política fundada sobre la separación entre gobernantes
y gobernados, “civiles” y “políticos”. En este sentido, la fractura
política y la fractura social marchan de la mano.
Entones, el riesgo reside en que, ante estas tensiones, la respuesta tienda
hacia más orden, seguridad, control y penalización. Dicho de
otra forma, la demanda de una democracia más acompasada con la evolución
del vínculo social se volvería contra la democracia y provocaría
su regresión institucional. No sería la primera vez que una
mayor democracia en la base suscitase miedo y engendrase una nueva toma de
las riendas en el marco de la realidad institucional e incluso una deriva
totalitaria, que ya es algo más que una amenaza en Europa (15).
En ello hay un verdadero peligro. Inconscientemente o siguiendo intereses
inmediatos, los poderes instituidos prefieren estigmatizar una sociedad pretendidamente
delicuescente y minada por nuevas “clases peligrosas”, antes que admitir
la demanda profunda de una democracia más conforme al estado de la
sociedad. La explotación del discurso de la seguridad, por la derecha
y por la izquierda, durante la última campaña electoral francesa
es una buena ilustración.
El final de los grandes sistemas ideológicos favorece el retorno a
la utopía democrática
Al mismo tiempo, la evolución del vínculo social crea las condiciones
inéditas de un avance democrático y de una salida positiva
de la crisis. El ascenso de los valores asociativos difunde, en efecto, un
nuevo imaginario de la democracia del que podemos indicar algunas de sus
grandes líneas.
La primera tiene algo de paradoja. El fin de los grandes sistemas ideológicos
favorece el retorno de la utopía democrática. Cada vez son menos
numerosos los que creen en las virtudes de un gran sistema ideológico,
ya sea liberal o socialista, para realizar la felicidad en la tierra y la
democracia ideal. La democracia es una exigencia del presente y no una lejana
proyección en el porvenir. Por sí misma, conforme a sus orígenes,
es su propio “sistema”, su propio principio, su propio régimen social,
económico y político. Volvemos simplemente a las fuentes de
la democracia, tan resplandecientes en el Siglo de las Luces y tan genialmente
condensadas en el Contrato social (16). La gran diferencia es que hoy estamos
mucho más cercanos a la relación de asociación entre
individuos, de la que Rousseau hacía primera condición del
régimen democrático (17).
El movimiento social y ciudadano reintroduce la economía en el
debate político
En ausencia de un gran sistema, ya no hay sumo sacerdote o élite que
trace el camino. La democracia, que cada vez depende más de la contribución
de cada uno, echa raíces en lo cotidiano. Lo que explica el desafecto
hacia la política y motiva otras formas de compromiso. Los partidos
retroceden, las asociaciones progresan. No sólo los movimientos sociales
y ciudadanos tipo ATTAC están en plena expansión a lo largo
y ancho del mundo, sino que, además, cuentan con una opinión
pública favorable, que percibe que se está jugando en gran
medida el provenir de la democracia.
Actualmente, estos movimientos encarnan el nuevo imaginario democrático,
no un partido político o tal o cual personalidad. Cada uno tiene
la sensación de que la reconstrucción de lo político,
en el sentido de una gobernanza democrática de la ciudad, pasa por
este tipo de movimientos e intervenciones. El aumento de la potencia de la
sociedad civil transforma la sociedad en sociedad política, en cuerpo
político, reconciliándose con el imaginario de una sociedad
que se autogobierna.
Esta sociedad política emergente no busca prioritariamente ocupar el
campo del poder. Sus acciones apuntan más bien hacia la economía,
hacia el verdadero poder ante el que parece estar sometido el político
en tanto que clase dirigente, sea cual sea su orientación. A diferencia
de lo que quiere la tradición, lo que estimula el imaginario democrático
no es tanto la conquista del poder político como el cuestionamiento
de los efectos de la omnipotencia de la economía liberal a escala planetaria.
La búsqueda de nuevas regulaciones del mercado están en el
corazón de la cuestión de la democracia. El movimiento social
y ciudadano reintroduce los asuntos económicos en el debate político.
Por último, el ascenso de la sociedad civil y el declive de la clase
política plantean en términos novedosos el problema del espacio
público. Con la modernidad, la esfera político-mediática,
a la que se atribuye ser reflejo de la opinión pública, se ha
impuesto ocupando el lugar del agora de los antiguos. Sin embargo, sea cual
sea la calidad de los medios de comunicación y el grado de supuesta
independencia de los periodistas, no tienen ninguna particular legitimidad
para representar a la opinión pública. Por el contrario, contribuyen
a formarla y ejercen un papel importante en la construcción del espacio
público. Pero este espacio no puede ser reducido a la acción
de los medios de comunicación ni a una vaga opinión pública,
objeto de todas las manipulaciones (18). La sociedad civil debe encontrar
sus propios modos de regulación y de expresión, haciendo del
espacio público aquello que debe ser en una democracia: un espacio
del público.
Pese a la dinámica actual del vínculo asociativo, aún
estamos lejos de una participación masiva, regular y continua de las
poblaciones (19), formando un espacio público digno de ese nombre.
El gran desafío de los próximos decenios reside en el cambio
de escala de esta participación y en los medios a utilizar para alcanzarla.
¿Cómo ayudar y favorecer la auto-organización de la
sociedad civil cuando se sabe que, más allá de los interesados
en ella, nadie la desea verdaderamente? Ninguno de los poderes constituidos
-políticos, mediáticos o sindicales- tienen el menor deseo
de que un nuevo agente, con la pretensión de dar una representación
del cuerpo social, venga a inmiscuirse en un reparto de territorio y de poder
ya muy disputado.
Las organizaciones asociativas deben “contaminar” a la clase política,
no a la inversa
Se dará un gran paso el día en que se admita que la participación
de cada uno en la vida democrática es una actividad integral que no
puede ser sustituida de forma satisfactoria por la elección o la delegación.
Las formas controladas de delegación y representación sólo
son legitimadas por el sentimiento de contribuir directamente, por sí
mismo, a una obra colectiva. En este sentido, es erróneo contraponer
democracia participativa y democracia representativa: la democracia es necesariamente
una participación de la que los procesos de elección son solamente
una modalidad ente otras muchas.
Reforzadas, legitimadas, reconocidas, las asociaciones podrían jugar
plenamente el papel de partenaires sociales que por ahora sólo se
reconoce a los sindicatos (que no disponen sin embargo de la misma superficie
de contacto, ni del mismo impacto o el mismo crédito en la opinión
pública). Mejor aún, en tanto que animadores privilegiados del
espacio público, las asociaciones pueden dar una representación
sociopolítica a la sociedad civil. Precisemos las palabras: lo que
las asociaciones pueden expresar, confrontar y, si es posible, conciliar,
no es tanto una representatividad cuantitativa, sino una representación
de la diversidad. Sobre la base de una agenda y de las deliberaciones propuestas
por las asociaciones, corresponderá entonces a los políticos
electos, yendo más allá de las infuencias partidistas, elaborar
prioridades y programar unas orientaciones. En eso también nos encontramos
con un retorno a los orígenes de la función política:
el ejercicio de una magistratura suprema donde quienes ejecutan no son los
mismos que los que proponen.
¿Pero este recentramiento sobre funciones de arbitraje no desposeerá
a la clase política de todo su poder? Me parece que, por el contrario,
esto daría un verdadero papel al personal político, del que
hoy está privado en beneficio de los mercados y de los que los manipulan
y dominan. Dando el poder a la sociedad civil por medio de nuevos mecanismos
de representación, la política reencontrará una legitimidad
de la que sólo quedan algunos símbolos. No tenemos otra alternativa:
o la clase política sigue aferrándose a los escasos poderes
que la quedan, especialmente los poderes de policía (en sentido amplio),
y estigmatizando a una sociedad civil a la que se atribuye estar en disolución
y ser infantil, violenta por naturaleza e incontrolable, con lo que no tardará
en confirmarse el retorno de los totalitarismos en Europa, o bien la clase
política acepta la superación de una visión estrechamente
electoralista y corporativa, y favorece el “rearme” político de la
sociedad civil haciendo lugar a sus representantes naturales -las asociaciones
de interés general- y encontrando los mecanismos de participación,
expresión y representación adecuados.
La centralidad política de las asociaciones de interés general
les impone, recíprocamente, el estricto respecto a las reglas básicas
de la democracia e incluso un deber de ejemplaridad. Así, los representantes
asociativos deberían estar más vigilantes sobre la calidad,
la frecuencia y la transparencia de los procedimientos democráticos.
Por ejemplo, no se comprendería que a la hora de discutir sobre la
acumulación de mandatos, la limitación de su duración
y el carrerismo político, las asociaciones no estuviesen a la vanguardia
de estas reformas. Las asociaciones de interés general, fieles a su
tradición y dignas del imaginario que el público proyecta a
través de ellas, deben ser verdaderos laboratorios de avanzadillas
democráticas. En una palabra, las organizaciones asociativas deben
“contaminar” a la clase política, no a la inversa.
Toda una serie de reformas que hoy parecen ser meras maniobras políticas
o debates entre expertos constitucionales serían comprendidas y admitidas
por estar acompasadas con la lógica social de participación
de la sociedad civil. Una VI República que no sea simple lavado de
cara institucional sólo tiene sentido si corresponde a un cambio de
“régimen” en el sentido fuerte de transformación del vínculo
social, aquello precisamente que la política debería encarnar.
Ciertamente, la democracia será siempre un régimen ideal, “un
régimen de Dios”, como la calificaba Rousseau. Pero al medir mejor
lo que hoy nos separa de ella, hacemos un retorno a sus fundamentos y aumentan
las posibilidades de acercarnos a ella. La democracia es por naturaleza asociativa
o no existe.
NOTAS
1. Alain-Gérard Slama, La Régression démocratique, París,
Perrin, 2002
2. Francia, que se creía más o menos excluida del ascenso de
la extrema derecha en Europa, acaba de conocer un terremoto con la presencia
de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
3. Mirando hacia atrás, y pese a las apariencias, esas costumbres han
mejorado, antes incluso de las leyes sobre financiación de partidos
políticos y campañas electorales.
4. La palabra induce a error, ya que no refleja ninguna realidad geopolítica,
sociocultural ni económica, ya que numerosos países quedan al
margen de los flujos comerciales. Traduce la aceleración de una vieja
tendencia hacia la multiplicación de intercambios de todo tipo, pero
que afecta de forma muy desigual a las diversas regiones del mundo.
5. Bertrand Badie, Un Monde sans souveraineté, Fayard 1999
6. Robert Castel, Les Métamorphoses de la question social, Fayard 1995
7. Norbert Elias, La Société des individus, Fayard 1991
8. Pierre Bourdieu, Sur la télévision, París, Raisons
d’agir, Éditions Liber, 1976
9. Burla y cinismo se conjugan cuando una personalidad política declara
en voz alta lo que otros hacen en silencio: “Las promesas electorales sólo
comprometen a quienes se las creen”.
10. Pierre Ronsavallon, La Démocratie inachavée. Histoire de
la souveraineté du peuple en France, Gallimard, 2000, y Dominique Schnapper
con la colaboración de Christian Bachelier, Qu’est-ce que la citoyenneté?,
Gallimard, 2000
11. Recordemos la exclamación de un diputado socialista en la Asamblea:
“Estáis jurídicamente en el error porque sois políticamente
minoritarios”
12. Sin darnos cuenta, hemos pasado de una igualdad por similitud y parecido
a una igualdad por diferencia, de una identidad como comunidad a una identidad
como singularidad. Paradójicamente, el ego genera igualdad.
13. Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société,
Le Seuil, 1975
14. Es significativo que “movimiento social” designe de hecho a los diversos
movimientos sociales, como si se percibiese la unidad profunda que sobrepasa
las simples reinvidicaciones puntuales o corporativas.
15. Tras Suiza, Austria e Italia, la extrema derecha ha tenido acceso al
poder en Dinamarca y Holanda.
16. Jean-JacquesRousseau, Du contrat social (1762), Le livre de poche, 1996
17. Para Rousseau, la relación asociativa en torno a los valores de
libertad e igualdad es algo previo al contrato social, no un efecto suyo.
Sin esta relación, todo contrato, dice, es “un contrato de engaños”.
18. Jürgen Habermas, L’Espace public, Payot, 1978
19. Aunque el 80% de los franceses dicen estar implicados, de una u otra
manera, en la vida asociativa (Credoc, febrero 1999)