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Asistimos a un conflicto radicalmente asimétrico, que causa sufrimiento a israelíes y palestinos pero en el que éstos últimos son, sin duda ninguna, la víctima principal, un pueblo entero sometido a opresión, a dispersión, a desarraigo y a manifiestas formas de apartheid en la tierra donde nacieron. Ni la Autoridad palestina ni el gobierno de Israel pueden dar garantías absolutas sobre los actos brutales que puedan realizar individuos o grupos aislados extremistas, como no puede hacerlo ningún gobierno del mundo. Escudarse tras ellos para justificar políticas de Estado crueles y colonialistas es un acto de hipocresía y falsedad que no puede ser aceptado ni dado por bueno, como tampoco puede difuminarse como "terrorismo" cualquier acto de defensa armada ante la invasión israelí. Por descontado, ni ética ni políticamente es lo mismo volar un tanque ocupante o resistir con las armas en Jenin que poner una bomba en un supermercado de Tel Aviv o en una cafetería de Jerusalén.
En los acuerdos de Oslo de 1993, los palestinos, en marcada inferioridad de condiciones, aceptaron que Israel se quedaría con el 78% del territorio de la Palestina anterior a 1948. El gobierno de Barak y la coalición Sharon-Peres han roto las expectativas creadas para un acuerdo de paz y convivencia. Nunca hubo una "generosa oferta" de Barak a la Autoridad palestina. Muy por el contrario, su propuesta recortaba en un 20% el territorio ofrecido a los palestinos, pues quedaban excluidos de la soberanía palestina los asentamientos -cuya instalación se aceleró durante el mandado de Barak- y las denominadas zonas de "Temporary Israeli Control", que se mantendrían bajo control civil y militar israelí por tiempo indefinido, dando por resultado un territorio cuya continuidad era sólo aparente, pues en realidad era un espacio inviable, fragmentado, en el que las distancias efectivas a recorrer llegan a multiplicar por diez las distancias reales. La oferta de Barak fue una provocación, el punto de partida para la situación actual, en la que Sharon y los sectores más reaccionarios de la sociedad israelí vuelven a pensar en la posibilidad de expulsar a una gran parte de la población palestina y fundar el "Gran Israel" sobre el 100% de la Palestina pre-1948.
La Unión Europea debe asumir una responsabilidad ante lo que está ocurriendo, por razones históricas inequívocas, por coherencia con los valores en que se funda y por intereses en su propia seguridad y cohesión social. Cuando, pese a la oposición de la mayor parte de la derecha europea, incluyendo al PP español, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el conflicto en Oriente Próximo en el que, entre otras cosas, se pedía "que se prevean medidas para el envío de una fuerza internacional de interposición y de observación a la región bajo la égida de las Naciones Unidas; pide a los Estados miembros que empiecen ya a preparar su contribución a dicha fuerza", se estaba dando, potencialmente, un importante paso hacia adelante, tanto de cara a la solución de la crisis como para colocar a la Unión Europea en el lugar destacado que debe corresponderla en el marco de la política internacional.
Pero la Europa política sigue siendo la Europa de los gobiernos. Y éstos han vuelto la espalda a las resoluciones de los representantes electos de la soberanía europea, han hecho caso omiso de sus demandas y recomendaciones.
Ha perdido todo sentido que sigamos haciendo manifestaciones cuyo contenido sea mera denuncia de la brutalidad de la intervención israelí o proclamaciones de apoyo al pueblo palestino y a su Intifada. Nuestra responsabilidad, como ciudadanos europeos que disponemos de derechos políticos y de voto, es, ante todo, presionar sobre nuestros gobiernos para que adopten, como Estados y en el ámbito común de la Unión Europea, medidas efectivas para lograr la retirada israelí de los territorios ocupados y crear las condiciones para un diálogo, internacionalmente tutelado y vigilado, que lleve en el más corto plazo posible a la existencia de dos Estados viables y seguros, uno israelí y otro palestino, con capital en Jerusalén ambos. No hay otro futuro.
Por ello, sugerimos a todas las organizaciones solidarias de la sociedad civil y, muy en particular, a los grupos políticos que apoyaron la resolución del Parlamento Europeo, que pongan en marcha la urgente convocatoria de manifestaciones en todos los países de la Unión Europea y en el mismo día con un objetivo preciso común: reclamar al Consejo y a la Comisión de la UE, así como a cada uno de los gobiernos, que pongan en marcha de forma inmediata los acuerdos adoptados por el Parlamento Europeo, entre los que cobra particular urgencia el envío de una fuerza internacional de interposición así como la suspensión del acuedo de asociación con Israel y la adopción de sanciones comerciales.
Intervenir es nuestro deber, bajo el manto de la ONU si es posible, sin ella si no queda otro remedio. Lo fue en Bosnia, lo fue en Kosovo y lo es en Oriente Próximo, aunque no sea territorio europeo. ¿Hasta cuándo seguiremos justificando la inacción alegando "complejidad", limitándonos a aprobar o a condenar, según nuestro sesgo político, cuando otros lo hacen?
Madrid, 25 de abril de 2002
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